La irresuelta crisis múltiple y la creciente polarización política en el país se complican con una sensación cada vez más penosa de parálisis estatal. Existe un bloqueo mutuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El nivel central del Estado coordina poco y mal con las entidades territoriales autónomas. Y el propio Gobierno provisorio demuestra fragilidad e incoherencia interna.
Hay varias experiencias de gobiernos que carecen de bancada mayoritaria en el Legislativo. En tal escenario, existe la tradición de coaliciones entre dos o más fuerzas políticas. Cabe también la posibilidad de construir acuerdos puntuales sobre determinadas normas y políticas públicas. En ausencia de gobierno mayoritario o de pactos, surgen el bloqueo institucional y la parálisis decisoria. Lo vivimos en Bolivia en el gobierno de la UDP, en la gestión de Mesa y con el actual Gobierno provisorio.
Más allá de la relación armónica o conflictiva entre los órganos del poder público, incluido el Judicial, el Tribunal Constitucional y, en algunos casos, el organismo electoral, es fundamental en democracia preservar la razonable y necesaria lógica de pesos y contrapesos. El problema surge cuando ese principio de coordinación e independencia de poderes se convierte en desencuentro sistemático. Cuando cada órgano va por su lado, con arreglo a intereses irreconciliables, no hay horizonte común posible.
La situación hoy en Bolivia es más complicada y crítica porque el bloqueo institucional se produce entre un gobierno provisorio sin la legitimidad de las urnas, y una asamblea cuya composición no representa la actual correlación de fuerzas políticas. Ambos con mandatos sobradamente prorrogados y ya improrrogables. Dos órganos sin ninguna voluntad política e institucional para coordinar acciones mínimas para enfrentar la crisis. Si ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en escucharse el 6 de agosto.
Es evidente también la ausencia de coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Así, decisiones del Gobierno provisorio no necesariamente son acompañadas por gobernaciones departamentales y gobiernos municipales. Ello ocurre por varias razones, entre otras, decisiones verticales que no se consultan, falta de recursos, disputa política. La mala gestión pública de la pandemia por el COVID-19 es una muestra de ello, con la actual sensación de colapso sanitario.
Dada esta insostenible situación, que parece irremediable en el corto plazo, es fundamental garantizar un gobierno y una Asamblea Legislativa resultantes de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Cierto que las elecciones por sí mismas no resuelven la crisis múltiple (político-institucional, sanitaria, socioeconómica, ambiental), pero brindarán al menos mejores condiciones, en especial de legitimidad, para enfrentarla. Empezando por la posibilidad de construir acuerdos y evitar escenarios de violencia.