Días atrás, el Tribunal Constitucional Primero de La Paz decidió dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Educación que determina la clausura del año escolar en todo el país. La respuesta del ministerio consistió no solo en rechazar la decisión del tribunal paceño y anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sino también en tratar de desacreditar a los tribunos.
Fue una acción popular presentada por una diputada del Movimiento Al Socialismo la que impulsó al Tribunal Constitucional paceño a conminar al Gobierno a retroceder en su decisión de suspender el año escolar y a generar, en un plazo de 10 días, una nueva estrategia para garantizar la continuidad de la educación en el país. El ministerio identificó en este fallo “un trasfondo político”, aparentemente olvidando que lo que está en juego es el derecho establecido, entre muchos otros, en el Art. 77 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde se establece que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”.
A su vez, la Defensora del Pueblo, que participó de la audiencia en la que se decidió conminar al ministerio a reconsiderar su decisión de hace dos semanas, aclaró que esta resolución del tribunal no obliga a los estudiantes a volver a las aulas, sino que insta al Órgano Ejecutivo a ejecutar una política pública integral, en consenso con los sectores involucrados, es decir, padres y madres, maestros y estudiantes. La respuesta fue un amargo ataque personal del Ministro de Educación a través de Twitter.
En todo caso, el ministerio señaló en un comunicado que la determinación no es definitiva y que solicitará a la Sala Plena del TCP en Sucre una revisión, porque considera que la decisión adoptada en La Paz es política, ambigua, con contradicciones y poco clara. Por su parte, el Ministro de Gobierno salió en defensa de su colega y anunció que no se retornará a las clases presenciales en la actual coyuntura de pandemia aunque las autoridades tengan que ir a la cárcel por asumir esa decisión.
En todo caso, aunque la intención gubernamental parezca ser llevar el debate al ámbito de la política, lo que debe tenerse en cuenta es el hecho que ningún Estado puede desentenderse de su responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de toda su población, tema en el que el Ministerio de Educación mostró severas limitaciones al no poder elaborar en más de cuatro meses una estrategia que permita implementar las modalidades educativas establecidas en el Decreto Supremo 4260.
Es, pues, imprescindible poner en el centro del debate el derecho a la educación establecido en la CPE y no la querella política, que por la acción de unos y otros está produciendo la precarización del ejercicio de derechos en el país.