Opinión

viernes 18 sep 2020 | Actualizado a 15:35

‘Fraude estructural’

Es un imperativo democrático desmontar las falsedades del “fraude estructural”, cuidar la institucionalidad electoral y asumir que los comicios son la única salida pacífica y democrática a la crisis.

/ 23 de agosto de 2020 / 00:13

Por La Razón

Quienes buscan todavía algún atajo para aplazar nuevamente las elecciones del 18 de octubre, blindadas por ley, están abonando la narrativa del “fraude estructural” (sic), quizás como anticipo para un eventual desconocimiento del resultado de la votación en caso de que no les guste. La democracia boliviana no merece esas oscuras narrativas, plenas de falacias y con voceros interesados.

Luego de tres postergaciones sucesivas, las elecciones generales 2020 en Bolivia se realizarán finalmente el domingo 18 de octubre. Esta fecha, en palabras del presidente del TSE, Salvador Romero, es “definitiva, inamovible e impostergable”. Hay razones constitucionales para ello. Por tanto, cualquier intento por impedir sine die el derecho ciudadano a votar y elegir, venga de donde venga, es una expresión antidemocrática y, por tanto, inaceptable. Las diferencias deben resolverse en las urnas.

Desde hace algún tiempo, algunos actores políticos y sus operadores mediáticos están empeñados en desacreditar no solo los comicios, sino todo el sistema electoral boliviano. Lo hacen con el propósito declarado de lograr mejores condiciones para sus candidatos, hoy con apoyo mínimo en las preferencias electorales. Peor todavía: quieren proscribir por fuerza actores políticos. En tal apuesta, más bien marginal, parece no importarles desportillar la democracia o echar abajo al organismo electoral.

Una muestra de ello es la narrativa del “fraude estructural”, en la que caben varias falsedades. Ahí está por ejemplo el ataque renovado contra el padrón biométrico, supuestamente “contaminado”. No es algo nuevo. La guerra sucia contra el padrón electoral lleva más de una década. No importa que una auditoría integral realizada por expertos de la OEA haya certificado la confiabilidad del registro electoral. Tampoco el esfuerzo de transparencia que realiza el TSE mediante un Laboratorio de Integridad Electoral.

Otra falacia es la supuesta desproporcionalidad en la representación de las diputaciones. O planteado de manera ramplona: que “el voto rural vale más que el voto urbano”. Diversos estudios independientes demuestran lo contrario. También puede leerse el amplio reporte del TSE sobre distribución y asignación de escaños que, con arreglo a la normativa y varios datos en torno al sistema electoral mixto en Bolivia, concluye que “la premisa un ciudadano un voto se respeta en los procesos electorales”.

Un reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert muestra la percepción de riesgo por el posible desconocimiento de los resultados de la votación. Otra vez. Eso implica violencia y confrontación. Por ello es un imperativo democrático desmontar las falsedades del “fraude estructural”, cuidar la institucionalidad electoral y asumir que los comicios son la única salida pacífica y democrática a la crisis. Que no haya paso para quienes buscan otros escenarios desde sus sombrías trincheras autoritarias.

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TSE: Desde el 18 de septiembre hasta las 20:00 del 18 de octubre queda restringida la difusión de propaganda gubernamental

/ 18 de septiembre de 2020 / 08:41

Por La Razón

El Tribunal Supremo Electoral comunica que desde el viernes 18 de septiembre hasta las 20:00 horas del 18 de octubre queda restringida la difusión de propaganda gubernamental. Ninguna institución pública, empresa estatal o entidad en la que el Estado tenga participación podrá difundir mensajes que promuevan la gestión gubernamental.

Durante este período de difusión no será considerada propaganda gubernamental  la difusión de mensajes estrictamente informativos referidos a campañas educativas, de salud, deportes, servicios públicos o promoción turística y aquellos destinados a la protección civil en situaciones de emergencia, así como la información de carácter técnico que sea indispensable e impostergable para la población.

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Legislar

Hay, pues, desprecio por las leyes para rato, y casi nada de fuerza para hacerlas cumplir.

/ 18 de septiembre de 2020 / 03:02

Por La Razón

Entre las muchas señales de depauperación del espíritu democrático y decadencia de las instituciones del estado de derecho está el divorcio entre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Ejecutivo, que no solo profundiza la ingobernabilidad, sino que además está creando adefesios normativos cuyo objeto no es ordenar la vida del país sino afectar al adversario político.

La creciente pugnacidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, predecible desde el inicio del accidentado Gobierno transitorio, ha obligado a los conductores del primero a recurrir, como tantos otros gobierno anteriores, al uso (y posiblemente abuso) de la figura del decreto supremo y la resolución ministerial; al margen del efecto político que pudiera tener cualquiera de esas órdenes ejecutivas, en los hechos se trata de normas de corto alcance y más corta vida.

Un ejemplo de este aparente desprecio del sistema normativo se encuentra en que una decisión trascendente como el suspender, a causa de la pandemia, el derecho a la educación, consagrado en la Constitución Política del Estado; fue instruido mediante una resolución ministerial y no mediante ley, que es lo que dicta la doctrina. Falta ver cuáles serán los efectos jurídicos para los autores de esta determinación.

Por su lado la ALP, en constante muestra de creatividad y celeridad legislativa, produce y aprueba en tiempo récord leyes que el Ejecutivo no solo se rehúsa a promulgar, sino también a cumplir y hacer cumplir. El más reciente ejemplo es el de la ley que dispone la entrega del Bono contra el Hambre, que según la Presidenta interina no tiene financiamiento. Casi inmediatamente, la Mandataria transitoria ha pedido a los candidatos que siguen en carrera que “mantengan los bonos”. En cualquier caso, se trata de normas ideadas con el fin de poner piedras en el camino del Gobierno antes que hacer avances en favor de la población.

Para terminar de agravar el complicado panorama legislativo del país, donde históricamente se puede identificar desprecio por las normas tanto entre gobernantes como gobernados, es inevitable notar cierta torpeza de las personas a cargo de los procesos judiciales que impulsa el Ejecutivo, como ya se ha comentado antes en este mismo espacio.

De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya rechazado, con el mismo argumento, sendas consultas de constitucionalidad de tres leyes propuestas y aprobadas por la bancada del MAS. Ninguna de ellas fue avalada por el TCP, y en el mejor de los casos, la situación ha provocado una incertidumbre útil para hacer inviable la aplicación de las normas.

La lección de este momento es particularmente peligrosa: si las autoridades de los dos poderes del Estado llamados a proponer, discutir, aprobar y sancionar leyes muestran tal desprecio por la forma, el fondo y la función de las leyes, es imposible que la población adopte una actitud diferente. Hay, pues, desprecio por las leyes para rato, y casi nada de fuerza para hacerlas cumplir.

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Soluciones, no mugre

Urge pues que, más allá de observar, el TSE se manifieste con una exhortación y, en su caso, sanciones drásticas contra los intolerantes.

/ 16 de septiembre de 2020 / 01:15

Por La Razón

A solo 32 días de las esperadas elecciones generales 2020, las y los bolivianos que acudiremos a las urnas para reponer la legitimidad de los órganos del poder público, disponemos de muy poca información sobre las plataformas programáticas de las ocho fuerzas políticas que compiten en los comicios. Abundan, en cambio, la descalificación, la frivolidad, la guerra sucia.

Un ideal en democracia, una asignatura pendiente, es la participación informada de la ciudadanía. Ello implica que las preferencias electorales se definan no solo por consigna o con arreglo a las candidaturas u organizaciones políticas, sino también considerando las visiones de país, los programas de gobierno, las propuestas de políticas públicas. Estamos lejos de ello. En su mayoría, los documentos programáticos que presentan los partidos y alianzas en una elección solo buscan cumplir el requisito.

Pese a encomiables iniciativas y esfuerzos por impulsar debates y espacios de diálogo sobre temas de la agenda pública, predomina en la campaña electoral una lógica centrada en descalificar al adversario político, golpearlo, declararlo enemigo. Así, la conversación pública se degrada, al extremo de caer en la frivolidad. No es casual que el intercambio en redes sociales, por ejemplo, tenga que ver menos con ideas que con TikTokers, gorras, preparados de locro… La deliberación democrática en su mala hora.

Lo crítico es que los problemas principales del país no se están discutiendo. ¿Cuáles son las propuestas de las candidaturas presidenciales para enfrentar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del COVID-19, además de la mala administración de la economía? ¿Cómo superar la parálisis estatal en un escenario post-electoral que sin duda exigirá acuerdos amplios de gobernabilidad? ¿Qué debemos hacer, en estos tiempos inciertos, para atenuar la polarización política y la división social?

Este domingo, según el calendario electoral, se inicia el periodo de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación. Es probable que la ausencia o debilidad de planes de gobierno sea reemplazada por mensajes de propaganda negativa (o “guerra sucia”). Sería no solo deplorable, sino inútil. En medio de semejante situación de crisis, la gente quiere soluciones, no mugre. Desde este domingo rige también la prohibición para difundir propaganda gubernamental de cualquier tipo en todos los niveles del Estado.

Un último aspecto esencial para garantizar condiciones de participación en las elecciones del 18 de octubre es la tolerancia mínima que debe existir para la realización de campaña electoral en cualquier parte del territorio nacional. Recientes acciones violentas en Potosí, Santa Cruz, Sucre y El Alto contra adversarios políticos están reñidas con la democracia. Urge pues que, más allá de observar, el TSE se manifieste con una exhortación y, en su caso, sanciones drásticas contra los intolerantes.

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FINALIZA EL SANEAMIENTO DEL PADRÓN BIOMÉTRICO

/ 14 de septiembre de 2020 / 11:10

Por La Razón

El Padrón Electoral Biométrico está en condiciones de garantizar una elección segura y transparente después del intenso trabajo de saneamiento realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Desde diciembre de 2019, el TSE dispuso una serie de medidas para resguardar la confiabilidad del registro de votantes en Bolivia y en el exterior del país. Entre los ajustes más importantes están:

  • Inhabilitación de ciudadanos que no votaron consecutivamente en el Referendo Constitucional de 2016 y las elecciones judiciales de 2017 (en el exterior, el criterio se aplica a quienes no sufragaron en la presidencial 2014 y el referéndum 2016 pues no se votó en el exterior en el proceso judicial 2017).
  • Depuración de votantes fallecidos mediante el cruce de la base de datos del Registro Civil y del Padrón
  • Actualización permanente del registro de personas fallecidas hasta la fecha de cierre del Padrón
  • Revisión integral del registro dactilar de los ciudadanos empadronados desde 2009
  • Revisión integral de la base de datos de la biometría facial de votantes registrados desde 2009.
  • Refuerzos al empadronamiento permanente para los nuevos votantes que cumplen la mayoría de edad hasta el 18 de octubre de 2020
  • Registro de cambio de domicilio de ciudadanos que retornaron a Bolivia o cambiaron de departamento como consecuencia de la emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19.

Adicionalmente, el TSE dispuso el funcionamiento de tres versiones del Laboratorio de Integridad Electoral. A través de este mecanismo, organizaciones políticas, expertos, instituciones académicas, movimientos sociales y regionales, y ciudadanos interesados pudieron conocer las características del Padrón Biométrico, la información estadística y las medidas de seguridad e inviolabilidad que cumplen con los estándares internacionales más exigentes. El resultado de los laboratorios mostró la ausencia de observaciones significativas.

El equipo técnico del TSE trabajó también en el cumplimiento de las cinco recomendaciones formuladas por la Auditoría general realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el año 2017. La mencionada auditoria estableció un nivel de confiabilidad y consistencia muy elevado y con el cumplimiento de las recomendaciones técnicas, se incrementó aún más la confiabilidad, que puede ser verificada por ciudadanos, partidos y delegaciones de observación electoral.

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El BID, tomado

Queda, así, la evidencia de que los sistemas multilaterales están bajo permanente asedio de las grandes potencias.

/ 14 de septiembre de 2020 / 01:47

Por La Razón

Por primera vez en 60 años, un estadounidense acaba de ser electo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dato, que podría pasar por un llamativo hito considerando que la sede del organismo está en la capital de Estados Unidos, representa la ruptura de un pacto fundacional en la institución multilateral, mediante el cual la presidencia siempre debió estar en manos de un país latinoamericano.

El estadounidense Mauricio Claver-Carone, nacido en Cuba y exasesor del presidente Donald Trump, ganó la votación realizada el sábado último, en una sesión virtual debido a la circunstancia impuesta por la pandemia, gracias a que era el único candidato al puesto luego de que Argentina decidiera meses atrás retirar la postulación de su representante ante el organismo como forma de protesta por la polémica decisión del Departamento de Estado estadounidense.

Semanas atrás, un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Juan Manuel Santos (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y el exjefe del Gobierno de España Felipe González, alertaron en una carta abierta que la nominación de Claver-Carone era “una grave falta de respeto hacia las reglas de convivencia hemisférica e internacional y ciertamente una seria agresión a la dignidad latinoamericana”.

Al igual que Argentina, Chile, Costa Rica y México argumentaron que la votación, ya aplazada meses atrás debido a la emergencia por el COVID-19, debía volver a posponerse ya que la pandemia impidió el debate adecuado entre los Estados miembro del organismo financiero multilateral. No fue el caso de Bolivia, cuya Presidenta había anunciado ya en junio que apoyaría al candidato de EEUU, sin argumentar nada más que su expectativa en el personaje.

Un experto entrevistado por la agencia de noticias France Presse afirmó que la elección, en la que un tercio de los Estados miembro se abstuvo de votar, puede considerarse una “victoria diplomática” para el país sede del BID, pero también una sorpresa “humillante” para el resto de los países que participan en el organismo, particularmente luego de que “la Casa Blanca insultara y faltara el respeto a los ciudadanos de esos países”. Otro experto coincidió en señalar que la decisión adoptada el sábado era “evitable” y que ahora será “no tan fácil de revertir”.

Queda, así, la evidencia de que los sistemas multilaterales están bajo permanente asedio de las grandes potencias, que a través del control financiero que poseen sobre estas han comenzado a tomarlas por las buenas o por las malas, o a retirarles los fondos en caso de no lograrlo, tal y como ha sucedido ya con la Unesco y la OMS, causando un retroceso de décadas en la construcción de un mundo en el que las diferencias, lejos de ser motivo de orgullo para los más aventajados, eran un obstáculo a superar.

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