Opinión

domingo 27 sep 2020 | Actualizado a 08:48

Derechos amenazados

El ataque del miércoles abona a un aparente propósito de limitar la defensa de los DDHH en el país, que se alimenta además de cotidianas agresiones contra la Defensora.

/ 28 de agosto de 2020 / 02:08

Por La Razón

El miércoles, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Paz fue blanco de un ataque protagonizado por personas que la tomaron de manera violenta y que expresándose con palabras soeces exigieron la renuncia de la Defensora del Pueblo interina, y en el intento amedrentaron a las y los trabajadores de la institución y, lo que es peor, a las personas que esperaban para ser atendidas.

No es la primera vez que la institución nacional de derechos humanos de Bolivia es blanco de ataques de grupos civiles en los últimos meses. Es evidente desde 2019, y con diversos argumentos, no siempre claramente expresados, que hay una voluntad manifiesta de amedrentar a las y los defensores de DDHH en el país. A este preocupante escenario se añade el sospechoso silencio de las asambleas permanentes de DDHH de La Paz y de Bolivia, antes tan activas para denunciar los excesos del gobierno depuesto a fines del año pasado.

Por hechos violentos similares ocurridos el 27 de noviembre de 2019, la Defensoría interpuso una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo; tras los actos del miércoles, la institución considera añadir a la denuncia los delitos de sedición y amenazas.

La Defensora interina exigió ayer al Ministerio de Gobierno que garantice la seguridad e integridad física del personal de su entidad y el resguardo de sus instalaciones, con la ayuda de la Policía, cosa que no sucedió el miércoles a pesar de las llamadas de auxilio de las y los trabajadores de la institución y de los efectivos del Batallón de Seguridad Física Estatal allí destinados y que seguramente fueron sobrepasados por los atacantes.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —institución también en crisis desde que el Secretario General de la OEA ignoró la decisión de este cuerpo de ratificar a su máxima autoridad— condenó el ataque en La Paz y exigió al Gobierno una investigación, recordando además que ya emitió una medida cautelar que obliga al Estado boliviano a proteger los derechos a la vida e integridad personal de la Defensora interina y del delegado defensorial de Cochabamba.

El ataque del miércoles abona a un aparente propósito de limitar la defensa de los DDHH en el país, que se alimenta además de cotidianas agresiones contra la Defensora, ignorando que la Ley 870, de la Defensoría del Pueblo, establece que ésta solo podrá ser reemplazada por una decisión de la Asamblea Legislativa.

Son, pues, tiempos oscuros para la democracia, y como ya ha sucedido en otros países y otros tiempos, el peor síntoma es el ataque contra las instituciones llamadas a proteger y promover el ejercicio de los derechos de todas las personas y, en última instancia, el estado de derecho, que debe ser la principal preocupación de cualquiera que se considere demócrata.

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Canillas, aliados clave de La Razón y Extra

Más de un millar de canillas permiten la llegada de estos periódicos a las nueve capitales departamentales y a otras 54 localidades del mapa nacional, sin duda, la mayor red del rubro.

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:38

Por La Razón

Son los aliados clave de La Razón y Extra. Son quienes permiten que ambos periódicos hermanos, parte de la familia de Comunicaciones El País S.A., puedan llegar a sus lectores. También son los voceros de éstos a la hora de recoger sugerencias, evaluaciones. Son los canillas, y más de un millar permiten la presencia de los dos diarios en el país.

María Paola Salazar es parte de este ejército de distribuidores. Tiene su punto de venta en la zona de Bajo San Antonio de La Paz, en la plaza Luis Tapia, y la venta de periódicos corre por sus venas, por generaciones. Sigue la tradición de su abuela María y de su padre Mario. “Hemos visto crecer a La Razón y Extra”, comenta. El primero cumplió 30 años de vida este 2020, el otro, lleva 21 velas apagadas.

“Somos los que llevamos los diarios a la gente, se los entregamos en sus manos. La Razón pisa fuerte en el ámbito nacional, es imparcial, no se va a ningún bando. Siempre ha sido así. Yo recuerdo que de pequeña madrugábamos con mis padres para vender el periódico. Esta crisis nos ha afectado tremendamente, pero estamos saliendo adelante, hay que luchar para que el impreso no se pierda”.

Para Salazar no solo hay que apuntar a salvar la vigencia de los diarios, sino los centenares de trabajos, directos e indirectos, que permiten los medios impresos. “Con esto vivimos más de 500 familias solamente en La Paz”, remarca. Según los datos de Comunicaciones El País S.A., el 97% de su sistema de distribución de La Razón y Extra se sostiene en los canillas, el restante 3% tiene como comercializadores a supermercados, tiendas de barrio, entre otros.

Más de un millar de canillas permiten la llegada de estos periódicos a las nueve capitales departamentales y a otras 54 localidades del mapa nacional, sin duda, la mayor red del rubro. Solo en los municipios de La Paz y El Alto hay 461 vendedores de los cuatro sindicatos que toman las riendas de la distribución en domingo, cuando su número se triplica con relación a los que operan desde lunes hasta sábado. (Ver infografía)

Pastor Guillermo Coaquira tiene su puesto en la zona Central paceña. Al igual que Salazar, heredó este oficio, como la mayoría de sus colegas. “Para mí, el periódico es un documento histórico que no se compara con internet, por eso en este último tiempo hemos tratado de reunir todas las fuerzas con la empresa para salir a las calles. La Razón lidera las ventas y eso no ha cambiado desde antes”.

Eso sí, para Coaquira hay una “competencia desleal” contra La Razón y Extra. “Hay ataques terribles, de otro medio, del Gobierno, no se dan cuenta de que estos impresos están enraizados en La Paz y Bolivia. Con La Razón ya son 30 años de altas y bajas y hemos sabido sobrellevar, salir adelante, junto a periodistas y trabajadores de la prensa, de la administración”.

“Una de las alianzas estratégicas que coadyuvó al crecimiento de La Razón y Extra como periódicos nacionales fue con los sindicatos de voceadores del país. Sus miembros son gente humilde, digna, muy trabajadora, siempre comprometida para brindar un buen servicio a los lectores”, remarca el gerente de Distribución de ambos diarios, Yamil Bustillos.

Arturo Onorio Calle es ejecutivo departamental de los canillas paceños y ofrece los periódicos en su puesto de la calle 6 de Mallasa, incluso sus compradores se extienden hasta Mecapaca, sobre todo los domingos. Lleva 35 años en el oficio. “Somos agradecidos porque vendiendo La Razón y Extra podemos hacer estudiar a nuestros hijos. Somos felices de hacerlo”.

Salazar, Coaquira y Calle tienen plena confianza de que los periódicos saldrán a flote pese a la actual adversidad. “La Razón y Extra van a seguir, son referentes y la gente los necesita para estar bien informada”, dice Salazar. “Son 30 años de La Razón pero hay que seguir, por muchas décadas más”, subraya Coaquira. Son los canillas, la punta de lanza en el sistema de distribución de este proyecto.

Este es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que nos ha tocado vivir en este tiempo. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.

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Narrativa del ‘fraude’

La narrativa del “fraude” es temeraria y grave. Lo fue el año pasado, lo es ahora. Los principios democráticos no deben izarse según las circunstancias, sino siempre.

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:02

Por La Razón

Un principio constitutivo de la democracia representativa es el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Ello significa que, conforme a reglas de elección y decisión, en procesos transparentes y competitivos, el resultado del voto es aceptado por todos. Ese principio está siendo vulnerado en el país, desde el año pasado, con la peligrosa narrativa del “fraude”.

La práctica de “cantar fraude” ante un resultado electoral adverso, con el propósito de desacreditar los comicios y restar legitimidad a las autoridades electas, no es nueva ni privativa de Bolivia. Al contrario, es un recurso antidemocrático más frecuente y extendido de lo que podría pensarse. Claro que una cosa es declarar “fraude” después de la votación y otra, más crítica aún, hacerlo por anticipado. Si gana tal candidato o pierde tal otro, es porque habrá fraude. La narrativa es deplorable.

En el referéndum de febrero de 2016, tanto los partidarios del Sí a la reelección como los que votaron por el No, hablaron de fraude. En un caso, porque se habría manipulado la voluntad ciudadana con el “caso Zapata”. En el otro, porque la estrecha victoria del No habría sido más abultada. Resulta curioso e insostenible en ambos casos. La guerra sucia puede incidir en las preferencias electorales, pero no es sinónimo de fraude. Del otro lado, sería inédito hacer fraude para “perder por poco” (sic).

La narrativa del “fraude” tuvo centralidad en las fallidas elecciones de 2019. Fue sistemáticamente construida por algunos actores políticos y sus operadores mediáticos, encuestas incluidas. Así, durante meses se tejió la idea de que una nueva victoria electoral de Evo sería “solo con fraude”. Cierto que Morales y el MAS desconocieron el resultado vinculante del referéndum constitucional, lo cual es un antecedente funesto. Pero también es antidemocrático e irresponsable desconocer el voto en cabildo previo.

Hoy la detestable narrativa está de regreso. Ahí están los que hablan de “fraude estructural” por imaginarios problemas en el padrón biométrico; por la falacia del “mayor peso” del voto rural; por invenciones respecto al voto en el exterior. Otros dudan de la transparencia de los comicios por la relación de amistad del presidente del TSE con Mesa o su designación por la excandidata Áñez. Peor todavía, están voceros del MAS asegurando que “la única posibilidad” de no ganar en primera vuelta es ¡por fraude!

La narrativa del “fraude” es temeraria y grave. Lo fue el año pasado, lo es ahora. Los principios democráticos no deben izarse según las circunstancias, sino siempre. Por ello, es fundamental reafirmar el principio de que el resultado de la votación debe ser respetado por todos. Así pues, asumiendo la premisa de una elección transparente, exijamos que los actores relevantes, empezando por los candidatos presidenciales, respeten la voluntad ciudadana y se pronuncien democráticamente la noche del 18 de octubre.

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Municipios en crisis

De ahí que por ahora la esperanza de los gobiernos municipales esté puesta en las elecciones y el gobierno legítimo que habrá de emerger de las urnas en octubre; la idea es que el gobierno electo revise el presupuesto 2021.

/ 25 de septiembre de 2020 / 03:23

Por La Razón

Si este año será deficitario para los gobiernos locales en el país, debido a una significativa merma en sus ingresos, especialmente por coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en 2021 será todavía peor. La pandemia global y el efecto del COVID-19 en las actividades productivas y comerciales, sumados a un entono político volátil, tendrán un enorme costo para el país.

En efecto: solo en los primeros ocho meses de este año, las transferencias del Gobierno nacional a los gobiernos locales cayeron en 26% en comparación con idéntico periodo en 2019, eso equivale a una merma de Bs 1.446 millones en los ingresos de los 339 gobiernos municipales. La proyección es que hasta fin de año esa merma sea de 33%, equivalente a Bs 2.014 millones.

Asimismo, el presupuesto del Estado para 2021 incluye una merma total de las transferencias de Bs 2.267 millones, es decir 28% menos que lo programado para este año. Debe añadirse a esta cifra la disminución, todavía no conocida, en los ingresos propios (impuestos, tasas, patentes y otros), producto de una evidente desaceleración económica y el cierre de innumerables emprendimientos productivos y comerciales en todas las ciudades.

Asimismo, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) advierte de que la precaria situación en la que están cayendo los gobiernos autónomos municipales (GAM) es mucho peor de lo previsible, debido a que son éstos los que deben afrontar la mayor parte de las tareas de contención de los efectos del COVID-19 en la población: se presupuestó un gasto de hasta 15% para salud y en muchos casos se ha superado el 20%.

Añádase a los problemas objetivos planteados por la crisis económica, problemas de gestión por parte del Gobierno transitorio, que incluyen una aparente incapacidad para coordinar y lograr acuerdos con los gobiernos locales del país; el ejecutivo de la FAM lamenta que “las autoridades nacionales plantean soluciones parciales y parece no haber la intención de trabajar en forma conjunta para resolver los problemas”.

De ahí que por ahora la esperanza de los gobiernos municipales esté puesta en las elecciones y el gobierno legítimo que habrá de emerger de las urnas en octubre; la idea es que el gobierno electo revise el presupuesto 2021, pues “los municipios esperamos que haya una reactivación económica que beneficie a las autonomías”, según el citado presidente de la FAM.

Pero es evidente que no bastará con un incremento en las transferencias, pues los ingresos del Estado en su totalidad están mermando; un economista consultado por este diario considera que hay dos caminos: o reducir los gastos, con todo lo que implica en materia de prestación de servicios, o conseguir financiamiento, que a su vez implica contar con fuentes de ingreso que permitan afrontar las obligaciones propias de cualquier crédito. Hará falta, pues, mucha creatividad para afrontar la crisis que recién comienza a mostrarse.

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Una historia de compromiso con la comunidad

/ 23 de septiembre de 2020 / 15:14

Por La Razón

Allá por 1963, cuando las poblaciones periféricas de la ciudad de La Paz aún no estaban siquiera medianamente pobladas, llegan voluntarios del Obispado de Bérgamo para iniciar su obra social con un alto grado de compromiso y desprendimiento.

Apoyan el crecimiento de la zona con Capillas, Escuelas y se plantan un objetivo ambicioso. La creación de un Hospital. Entre los logros alcanzados se pueden mencionar el Colegio Mendez Arcos, la ciudad del Niño. El emblemático Colegio Marian Garten y muchas otras iniciativas.

El Juan XXIII se inaugura en 1973 como policonsultorio; en 1976 corno hospital, mientras la primera generación de enfermeros profesionales se diploma en 1978. El último, pero no menos importante, sector en el cual encontramos bergamascos desde sus llegada es el seminario de La Paz, donde en el curso de los años varios sacerdotes han trabajado como maestros y rectores hasta hoy.

Luego de una larga historia en la que atendió por casi 40 años a miles de pacientes, actualmente enfrenta una crisis por la falta de recursos, recorte de ingresos de las fuentes de financiamiento estatales y víctima de decisiones políticas que la ponen en Terapia Intensiva.

A pesar de esta fuerte crisis, la voluntad de médicos, enfermeras, vecinos y voluntarios, se convierten en un respirador que le permite tomar aires nuevos y la posibilidad de renacer y ofrecer una vez más servicios médicos a favor de la sociedad.

Un Pabellón para contagiados COVID 19

Gracias al apoyo de bolivianos en el exterior, empresas privadas, voluntarios y la junta de vecinos, todos encabezados por el Director del Hospital Juan XXIII Dr. Nelson Patiño, se encara un proyecto dirigido de manera exclusivo al personal de Salud en general que no tengan acceso a otros centros médicos.

Con una instalación para 14 pacientes y algunos equipos básicos, es el principio de una tarea que recién se inicia. “Necesitamos el apoyo de todas las personas que puedan colaborarnos a seguir construyendo este sueño. Hay que apoyar a los médicos que sirven en primera línea, muchos de ellos sufren contagios y no cuentan con un centro dedicado y exclusivo para ellos. Tenemos que prepararnos porque la crisis no ha pasado” manifestó el Dr. Patiño a momento de agradecer por el apoyo prestado.

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Encuestas electorales

Si bien casi todas ellas expresan tendencias similares, hay todavía un trecho por delante, empezando por el efecto de la baja de Áñez.

/ 23 de septiembre de 2020 / 02:25

Por La Razón

En las últimas semanas se han difundido varias encuestas electorales en el marco de los comicios del 18 de octubre. Son percepciones cuantitativas acerca de la intención de voto en el país. Si bien casi todas ellas expresan tendencias similares, hay todavía un trecho por delante, empezando por el efecto de la baja de Áñez. Los datos de las encuestas y su uso instrumental están en debate.

Los estudios de opinión son un componente ineludible de los procesos electorales y referendarios en democracia. Además de brindarnos datos sobre las preferencias electorales de la ciudadanía en diferentes momentos, proporcionan información relevante acerca de la agenda política. Estos datos en sí mismos forman parte del debate público. Y son utilizados instrumentalmente por los actores políticos y sus operadores mediáticos (unos declarados, otros encubiertos) para fines de la campaña electoral.

Hay muchos lugares comunes respecto de las encuestas electorales. El más recurrente es el escepticismo de las fuerzas políticas y candidaturas cuando los datos no les favorecen (“tenemos nuestras propias encuestas”, “la calle dice otra cosa”, “la verdadera encuesta será el día de la votación”). Otro lugar común es calificar estos estudios cuantitativos como “fotografías”, con pretensión comparativa. Y se discute también su alcance y fiabilidad respecto del resultado electoral (“las encuestas se equivocan”).

¿Qué nos dicen las recientes encuestas electorales en el país? Los tres estudios de opinión más o menos serios (CiesMori, Tu voto cuenta y Focaliza S.R.L.) coinciden en las tendencias generales: Arce lleva la delantera bordeando la posibilidad, en votos útiles, de ganar en primera vuelta; Mesa disputa en solitario, por ahora, el segundo lugar; y Camacho ya está tercero, con centro en Santa Cruz. La excandidata Áñez, que pretendía disputar la presidencia, fue cayendo hasta forzar su baja.

Las encuestas muestran también que una parte de los consultados no decidió todavía, no quiere declarar su preferencia electoral (“voto oculto”) o no tiene ninguna (se abstendrán o votarán blanco o nulo). De ese dato se cuelgan algunos operadores políticos para vender la idea de que “los indecisos decidirán la elección” (sic). No es error o casualidad. Forma parte de la renovada campaña por el “voto útil”, como se vio en los comicios 2019. Menos mal que esta vez no están abonando la narrativa del “fraude”.

Según la normativa vigente, el plazo para la difusión de estudios de opinión en materia electoral vence el domingo 11 de octubre. Hasta entonces se elaborarán y difundirán, con gran despliegue mediático, unas cuatro o cinco encuestas con diferente metodología y alcance. Habrá datos entonces, a beneficio de inventario, sobre el efecto de la renuncia de Áñez/Juntos, las secuelas de la campaña (con probable guerra sucia) y la firmeza de las adhesiones personales, partidarias y programáticas (en ese orden).

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