Opinión

sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 02:57

Derechos amenazados

El ataque del miércoles abona a un aparente propósito de limitar la defensa de los DDHH en el país, que se alimenta además de cotidianas agresiones contra la Defensora.

Por La Razón

/ 28 de agosto de 2020 / 02:08

El miércoles, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Paz fue blanco de un ataque protagonizado por personas que la tomaron de manera violenta y que expresándose con palabras soeces exigieron la renuncia de la Defensora del Pueblo interina, y en el intento amedrentaron a las y los trabajadores de la institución y, lo que es peor, a las personas que esperaban para ser atendidas.

No es la primera vez que la institución nacional de derechos humanos de Bolivia es blanco de ataques de grupos civiles en los últimos meses. Es evidente desde 2019, y con diversos argumentos, no siempre claramente expresados, que hay una voluntad manifiesta de amedrentar a las y los defensores de DDHH en el país. A este preocupante escenario se añade el sospechoso silencio de las asambleas permanentes de DDHH de La Paz y de Bolivia, antes tan activas para denunciar los excesos del gobierno depuesto a fines del año pasado.

Por hechos violentos similares ocurridos el 27 de noviembre de 2019, la Defensoría interpuso una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo; tras los actos del miércoles, la institución considera añadir a la denuncia los delitos de sedición y amenazas.

La Defensora interina exigió ayer al Ministerio de Gobierno que garantice la seguridad e integridad física del personal de su entidad y el resguardo de sus instalaciones, con la ayuda de la Policía, cosa que no sucedió el miércoles a pesar de las llamadas de auxilio de las y los trabajadores de la institución y de los efectivos del Batallón de Seguridad Física Estatal allí destinados y que seguramente fueron sobrepasados por los atacantes.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —institución también en crisis desde que el Secretario General de la OEA ignoró la decisión de este cuerpo de ratificar a su máxima autoridad— condenó el ataque en La Paz y exigió al Gobierno una investigación, recordando además que ya emitió una medida cautelar que obliga al Estado boliviano a proteger los derechos a la vida e integridad personal de la Defensora interina y del delegado defensorial de Cochabamba.

El ataque del miércoles abona a un aparente propósito de limitar la defensa de los DDHH en el país, que se alimenta además de cotidianas agresiones contra la Defensora, ignorando que la Ley 870, de la Defensoría del Pueblo, establece que ésta solo podrá ser reemplazada por una decisión de la Asamblea Legislativa.

Son, pues, tiempos oscuros para la democracia, y como ya ha sucedido en otros países y otros tiempos, el peor síntoma es el ataque contra las instituciones llamadas a proteger y promover el ejercicio de los derechos de todas las personas y, en última instancia, el estado de derecho, que debe ser la principal preocupación de cualquiera que se considere demócrata.

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Nueva política de tierra

El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 01:35

La cuestión de la tierra está generando nuevamente conflictos políticos, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un error enfrentar estos problemas sin considerar los importantes cambios en la estructura de la tenencia y la seguridad jurídica de la tierra que ya se han producido en el país en los últimos años. Hay un nuevo escenario al cual se debe responder con ideas renovadas.

A veces hay conflictos recurrentes que dan la impresión de que nada habría cambiado en el país. Los conflictos por la tierra podrían caer en esa categoría. En las últimas semanas, se ha desatado una aguda controversia entre el oficialismo y las fuerzas que apoyan al gobernador de Santa Cruz en torno a esa cuestión. Se habla de avasallamientos o de ausencia de seguridad jurídica, por un lado, mientras en el otro se llama a una férrea defensa de la política de redistribución de la tierra. Discursos que se parecen a los que se escuchaban allá por 2000 o en los años del conflicto autonómico de 2007-2008.

Sin embargo, este zafarrancho se produce en un contexto profundamente transformado por más de 10 años de aplicación de una política de saneamiento de tierras que ha logrado avances innegables: en 2008 faltaba sanear casi el 70% de la tierra en Santa Cruz, hoy en día solo falta titular el 10% en esa región. A nivel nacional, la superficie saneada y titulada sería del 87%.

Por otra parte, los datos contradicen la idea de que ese proceso habría sido injusto: el 28% de las tierras fueron atribuidas a campesinos e interculturales, el 27% a comunidades indígenas, el 15% a empresarios medianos y el 30% serían tierras fiscales. No únicamente se ha beneficiado a sectores tradicionalmente olvidados por el Estado, sino que también se ha dado seguridad jurídica al sector agroempresarial que obtuvo títulos por cerca de 13,6 millones de hectáreas. Es decir, las razones objetivas de los conflictos en ese sector se han reducido gracias a una acción institucional y pacífica que ha favorecido, dentro de lo que cabe, a todos los sectores.

Por supuesto, eso no quiere decir que no hay problemas. El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos. Pero, dado su reducido número y su focalización en ciertas zonas, la respuesta parece tener que ver más con reforzar la capacidad institucional del INRA y de las instituciones locales para resolver las controversias caso por caso, en terreno, que con grandes gesticulaciones y discursos políticos.

Los verdaderos desafíos de largo plazo en este ámbito están por otro lado: en mecanismos para garantizar un uso sostenible de esas tierras por productores y comunidades, en el establecimiento de modernos sistemas de catastro o en la ineludible tarea de repensar a partir de esa nueva realidad el ordenamiento territorial de grandes zonas del país.   

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Bolivia (no) Verifica

Preocupa que Bolivia Verifica se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es ‘falsa’.

Por La Razón

/ 23 de julio de 2021 / 01:28

A reserva de cómo evolucionen las investigaciones acerca del material antidisturbios que llegó al país desde Argentina un día después de la autoproclamación presidencial de Áñez, hay la necesidad de un debate sustantivo sobre la veracidad (o falsedad) de los hechos y sus evidencias. En ello, la plataforma Bolivia Verifica cometió un error lamentable que lastima su credibilidad.

En conferencia de prensa, el canciller Rogelio Mayta difundió una carta, de fecha 13 de noviembre, en la que el comandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros agradece al embajador argentino en Bolivia por el envío de “material bélico de agentes químicos” (sic). Y acusa recibo. Para entonces, junto con el Alto Mando, Terceros había puesto su cargo a disposición de Áñez. La carta tiene sello de recepción del 15 de noviembre. Con esa carta, Mayta acusó al gobierno de Macri de haber apoyado la represión.

Mayta hizo pública una carta sin haber contrastado previamente información para verificar su autenticidad. Es un acto de ligereza estatal. Ahora sabemos, ex post, que la carta de marras consta en los archivos de la Fuerza Aérea Boliviana, hay confirmación del diplomático argentino que la recibió y que las armas en efecto llegaron al país. Al respecto, hay una denuncia formal en Argentina contra Macri y los suyos. Del otro lado está el abogado defensor de Terceros, asegurando que la carta es apócrifa.

Más allá del debate político, la precocidad del Canciller y el oportunismo del abogado defensor, preocupa que un muy valioso medio digital como Bolivia Verifica, creado hace más de dos años para verificar noticias y “luchar contra la desinformación”, se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es “falsa”. La evidencia para esa calificación es tan endeble (el abogado como fuente principal) que la propia Bolivia Verifica tuvo el buen tino de rectificar y “retirar la categoría de falso”.

El problema son los efectos, en especial dos de ellos. El primero es que con el aval de Bolivia Verifica, que en general hace un gran y apreciable trabajo, los operadores mediáticos de la oposición asumieron como “verdad” que la carta es “falsa”. Y lo difundieron ampliamente. No ocurrió lo mismo con la rectificación, asumida tímidamente por esos mismos medios. Es decir, se aprovechó el error de verificación para manejar políticamente la agenda informativa en la disputa de relatos que hoy polarizan el país.

El otro efecto tiene que ver con Bolivia Verifica. El precoz veredicto, sin suficiente contrastación de fuentes, en un asunto sensible y altamente politizado como la carta, tiene un costo en credibilidad. De ahí la interrogante, más allá de versiones interesadas sobre filiación política y fuentes de financiamiento de la plataforma, sobre quién verifica el trabajo de los verificadores de noticias falsas. Ojalá este excepcional traspié contribuya a cuidar la calidad del trabajo periodístico y sus verificaciones.

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Mujeres invisibles

Según el informe para Bolivia, solo el 18%de las noticias tiene a una mujer como protagonista.

Por La Razón

/ 21 de julio de 2021 / 00:47

Los mecanismos de monitoreo del avance de las mujeres en el mundo se han multiplicado en las últimas dos décadas y gracias a ello la precisión de investigaciones e informes al respecto no hizo más que aumentar; lo malo es que los datos muestran algunos, a veces tímidos, avances, pero mucho estancamiento en las cuestiones que determinan la situación de sometimiento al patriarcado.

Uno de ellos, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por su nombre en inglés), es la investigación más extensa y de mayor duración del mundo sobre género en los medios de comunicación; comenzó en 1995 y cada cinco años monitorea, el mismo día en todo el mundo, las noticias para dar cuenta de cuántas mujeres aparecen en las noticias y cómo, además del número de mujeres que trabajan en los medios produciendo esas noticias.

Bolivia ha participado en todos los estudios, excepto en 2005, y el monitoreo de 2020, realizado el 29 de septiembre, no fue la excepción. Días atrás se ha presentado el informe completo de la investigación y sendos informes locales para los 116 países que participaron del esfuerzo. Los datos que arroja el trabajo en Bolivia, realizado por un equipo de voluntarias y voluntarios del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (SECRAD) de la Universidad Católica Boliviana, no son para alegrarse.

Según el informe para Bolivia, el monitoreo muestra que “se mantiene la invisibilización y discriminación de la mujer en los medios de difusión (periódicos, radios, televisión, plataformas digitales y Twitter)”: solo el 18% de las noticias tiene a una mujer como protagonista; también se ha descubierto que la presencia de mujeres en las noticias “disminuyó en temas políticos e incrementó visiblemente en cuanto a información social, económica, sobre ciencia, salud, deporte y farándula”; finalmente, se observó que persiste en los contenidos “el carácter estereotipado y doméstico de la mujer como ama de casa, madre de familia y bajo un modelo occidental de belleza femenina (mujer alta y esbelta)”.

Considerando que en las facultades de comunicación de las universidades bolivianas casi dos de cada tres estudiantes son mujeres, llama la atención, también, que la proporción se invierte en las salas de redacción: solo una de cada tres periodistas es mujer. El dato, que no es menor, puede ayudar a dar cuenta de por qué es tan difícil cambiar el modo en que se procesa la información excluyendo a las mujeres que pueden ser protagonistas o fuentes.

La importancia de estudios como el que se comenta radica menos en confirmar una y otra vez la existencia de techos de cristal o la dificultad de moverlos y más en la llamada de atención que eso significa para quienes hacemos periodismo e interpretamos la realidad. Mientras no eliminemos la sistemática invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, pocos avances habrá para reportar. Es un gran desafío y lo asumimos en esta redacción.

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Montañas de plástico

Los esfuerzos por reusar y reciclar el plástico deben ser acompañados de constantes mensajes educativos.

Por La Razón

/ 19 de julio de 2021 / 00:38

Aun año y cuatro meses de iniciada la pandemia por el virus COVID-19, la vida social se ha transformado en todo el mundo, y Bolivia no es la excepción; lo que a inicios de 2020 era apenas una tendencia hoy es parte de la vida cotidiana, desde los modos de consumo y de circulación del dinero, pasando por los servicios de entrega a domicilio, hasta los mayores volúmenes de desperdicio.

Cierto es que el salto a las formas digitales de la economía llevaba algo de retraso en el mercado boliviano, más a causa de la poca confianza que el sistema inspiraba en personas acostumbradas a manejar el dinero en efectivo que por falta de ofertas de toda clase para hacer transacciones bancarias y toda clase de intercambios comerciales, y por tanto la necesidad de reducir al mínimo el contacto entre personas al momento de la compraventa favoreció a la introducción de nuevos servicios financieros.

Así también ocurrió con la venta de bienes y servicios, que antes obligaba a la clientela a visitar el comercio en persona; luego de la cuarentena rígida el que más y el que menos hace compras a través de las aplicaciones de su teléfono inteligente; no pocos negocios que supieron adecuarse a las nuevas circunstancias remontaron la crisis con más o menos éxito; y muchos más fueron los negocios emergentes que despegaron viajando en las espaldas de repartidores en motocicleta.

Pero todo ese intercambio vino acompañado de un creciente uso de envases de plástico, envoltorios de película plástica y bolsas de todo tamaño y color, también de plástico. Así, si durante la primera ola de la pandemia, cuando el confinamiento forzoso obligó a muchas personas a depender de las entregas de alimentos en envases envueltos y embolsados, solo en la ciudad de La Paz se produjo casi 11 toneladas de plásticos en apenas dos meses, mayo y julio de 2020; en la tercera ola, casualmente durante los mismos meses de 2021, se produjo casi 20 toneladas de desperdicios plásticos.

El incremento de 85% en la cantidad de desechos plásticos que se produce en la ciudad es un peligro para el medio ambiente, pues indica que la conciencia ambiental respecto de los desechos plásticos, si alguna vez la hubo, está en franco retroceso. Más graves que las consecuencias morales en la sociedad, son las que se producirán en el ambiente, dado que todo plástico tiene un proceso de descomposición extremadamente lento.

El Gobierno Municipal tiene en funcionamiento algunas iniciativas para clasificar, separar, aprovechar y reciclar los residuos plásticos, particularmente los livianos como botellas PET y otros envases desechables, lo mismo que algunas fábricas de objetos plásticos y de PVC, pero de seguro son insuficientes para lidiar con las montañas de plásticos que se generan diariamente. Los esfuerzos por reusar y reciclar el plástico deben ser acompañados de constantes mensajes educativos que pongan freno a la cultura del desperdicio.

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Almagro interpelado

Lo que se cuestiona no es el gesto en homenaje a las víctimas de Sacaba y Senkata, sino el mutismo y la incoherencia.

Por La Razón

/ 17 de julio de 2021 / 23:10

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, generó polémica al pedir un minuto de silencio por las víctimas de Sacaba y Senkata, hechos que ahora reconoce como masacres. Fue un acto demagógico. Luego del minuto de silencio, el embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce, calificó de “gravísima impostura” las palabras de Almagro, recordando su papel en la crisis del 2019.

El episodio se produjo durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA. Al respecto, son llamativas dos cosas. La primera es que Almagro se distancie en el tema del régimen provisorio de Áñez, cuya instalación y desempeño saludó y apoyó activamente. La segunda es que se refiera a los hechos violentos de Sacaba y Senkata como masacres, como lo hizo en su momento un informe preliminar de la CIDH. En Bolivia, algunos actores políticos y operadores mediáticos aún hablan de “enfrentamiento” (sic).

Más allá del minuto de silencio, Almagro expresó su verdadero rostro al intentar diluir en una generalidad la exigencia de justicia por los muertos de Sacaba y Senkata producidos por acción de la fuerza pública amparada en un Decreto de Áñez. “Queremos justicia y una investigación ajustada al estado de derecho para todas las masacres que ocurrieron en Bolivia, estas últimas y las anteriores también”, sostuvo el cuestionado secretario general de la OEA. Y luego habló de “todos los hechos de corrupción”.

Recordemos que, en marzo de este año, Almagro propuso formar una comisión internacional que investigue hechos de corrupción, remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad (como los “casos” de Sacaba y Senkata) a la Corte Penal Internacional y liberar a todos los detenidos (léase expresidenta Áñez). La Cancillería boliviana acusó al secretario general de “injerencia e intromisión”. Y doce expresidentes de la región denunciaron y rechazaron la nueva “maniobra unilateral” de Almagro.

Volvamos al minuto de silencio. Lo que se cuestiona no es el gesto en homenaje a las víctimas de Sacaba y Senkata, sino el mutismo y la incoherencia. Almagro calló ante el Decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares y se tomó casi dos años para reconocer que en noviembre del 2019 hubo dos masacres en Bolivia. Claro que el mismo día de la masacre en Sacaba, 15 de noviembre, Almagro llamó a “la presidenta del gobierno provisional” para reconocerla y expresar su respaldo a la ruta electoral.

Desde el gobierno se cuestiona que Almagro se pronuncie hoy sobre las víctimas sin asumir su responsabilidad en la crisis poselectoral. “Hay indicios de que él coadyuvó al golpe de Estado de 2019 en Bolivia, por lo que su actitud constituye una grave impostura”, escribió el presidente Arce. Se exige también al secretario general que —en palabras del ministro de Justicia— responda “por su acusación improbada de ‘fraude’ que sirvió de justificativo para el Gobierno de facto”. Hay silencios que provocan ruido.

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