El miércoles, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Paz fue blanco de un ataque protagonizado por personas que la tomaron de manera violenta y que expresándose con palabras soeces exigieron la renuncia de la Defensora del Pueblo interina, y en el intento amedrentaron a las y los trabajadores de la institución y, lo que es peor, a las personas que esperaban para ser atendidas.
No es la primera vez que la institución nacional de derechos humanos de Bolivia es blanco de ataques de grupos civiles en los últimos meses. Es evidente desde 2019, y con diversos argumentos, no siempre claramente expresados, que hay una voluntad manifiesta de amedrentar a las y los defensores de DDHH en el país. A este preocupante escenario se añade el sospechoso silencio de las asambleas permanentes de DDHH de La Paz y de Bolivia, antes tan activas para denunciar los excesos del gobierno depuesto a fines del año pasado.
Por hechos violentos similares ocurridos el 27 de noviembre de 2019, la Defensoría interpuso una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo; tras los actos del miércoles, la institución considera añadir a la denuncia los delitos de sedición y amenazas.
La Defensora interina exigió ayer al Ministerio de Gobierno que garantice la seguridad e integridad física del personal de su entidad y el resguardo de sus instalaciones, con la ayuda de la Policía, cosa que no sucedió el miércoles a pesar de las llamadas de auxilio de las y los trabajadores de la institución y de los efectivos del Batallón de Seguridad Física Estatal allí destinados y que seguramente fueron sobrepasados por los atacantes.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —institución también en crisis desde que el Secretario General de la OEA ignoró la decisión de este cuerpo de ratificar a su máxima autoridad— condenó el ataque en La Paz y exigió al Gobierno una investigación, recordando además que ya emitió una medida cautelar que obliga al Estado boliviano a proteger los derechos a la vida e integridad personal de la Defensora interina y del delegado defensorial de Cochabamba.
El ataque del miércoles abona a un aparente propósito de limitar la defensa de los DDHH en el país, que se alimenta además de cotidianas agresiones contra la Defensora, ignorando que la Ley 870, de la Defensoría del Pueblo, establece que ésta solo podrá ser reemplazada por una decisión de la Asamblea Legislativa.
Son, pues, tiempos oscuros para la democracia, y como ya ha sucedido en otros países y otros tiempos, el peor síntoma es el ataque contra las instituciones llamadas a proteger y promover el ejercicio de los derechos de todas las personas y, en última instancia, el estado de derecho, que debe ser la principal preocupación de cualquiera que se considere demócrata.