Opinión

lunes 10 may 2021 | Actualizado a 00:25

Debido proceso

Hay, pues, aparente incapacidad entre los gobernantes para comprender la delicada relación entre las formas y los contenidos.

Por La Razón

/ 31 de agosto de 2020 / 02:50

El Gobierno ha intentado evitar que dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y luego promulgadas por la presidenta de la Cámara de Senadores entren en vigencia a través de un proceso de consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El resultado no solo es un revés en la pulseta del Gobierno con sus opositores, también es indicador de su capacidad.

Concebida casi al inicio de la cuarentena, la Ley Excepcional de Arrendamientos se mostró polémica desde su planteamiento: el candidato a vicepresidente de la actual Presidenta interina fue el primero en manifestar su desacuerdo; su tratamiento fue suspendido hasta hace pocas semanas, tal vez porque el lazo de las deudas se estaba cerrando para quienes menos poseen, para luego ser aprobada y sancionada sin mayor debate ni mucho menos coordinación con las instituciones y agentes involucrados.

La segunda ley, de Donación de Plasma Hiperinmune, debería ser política pública, pues implica no solo la obligatoriedad de donar una sustancia que salva vidas, sino sobre todo, generar incentivos para que las personas, además de verse obligadas, aprendan en cuerpo propio la solidaridad como valor; su promulgación llega cuando la sociedad civil ya ha logrado organizarse para acceder a las y los donantes voluntarios y más bien el obstáculo es la falta de capacidad para extraer y procesar todo el plasma disponible.

En ninguno de los dos casos la respuesta del TCP ha tenido que ver con la constitucionalidad o no de las normas puestas a su consideración, sino con el hecho de que el Ejecutivo no estaba habilitado para hacer la consulta al ser otro el Órgano que había elaborado la propuesta normativa. La respuesta, ya habitual en las autoridades, fue descalificar al Constitucional señalando que sus miembros fueron elegidos a dedo, olvidando no solo que ese cuerpo colegiado es fruto de una elección popular, sino que es el mismo que hizo posible la posesión de la actual Presidenta interina en el cargo.

Los errores cometidos por el equipo dedicado a estos asuntos incluyen no solo la estrategia equivocada, sino también excesos, de ahí que el Fiscal General del Estado haya ganado una acción de libertad presentada contra quien en diciembre le denunció por manipulación informática y que el juez que dictó la sentencia instruya que el caso sea puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de DDHH.

Hay, pues, aparente incapacidad entre los gobernantes para comprender la delicada relación entre las formas y los contenidos, y para entender la importancia de observar el debido proceso, no solo porque es su deber constitucional, sino también porque debería ser el primer elemento diferenciador con el gobierno depuesto a fines de 2019. También pareciera que hay incapacidad para darse cuenta de que la mejor manera de prevenir la “desestabilización del Gobierno” que tanto denuncian y lamentan las autoridades a cargo es llegando cuanto antes a las elecciones.

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Ascensos por decreto

Es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan.

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2021 / 00:34

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 4291, mediante el cual el régimen provisorio de Áñez ascendió a generales de las Fuerzas Armadas sin contar con la ratificación de la Cámara de Senadores. La sentencia constitucional otorgó un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa para que sancione una ley regulatoria en la materia.

En el primer semestre de 2020, entre otras disputas, el Gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional (presidida por Eva Copa del MAS) se enfrentaron por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Como establece la Constitución Política del Estado (inciso 8 del artículo 160), el Ejecutivo propuso los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada. Para hacerse efectiva, esta medida debía ser ratificada por el Senado. Pero hubo observaciones, que no fueron subsanadas.

En ese accidentado recorrido, el Ejecutivo llegó a interponer una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. Lo perdió. El momento más crítico, y también el más bochornoso, se produjo en mayo, cuando el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana (hoy prófugo de la justicia), se presentó en traje de campaña en la Asamblea Legislativa junto con otros militares. Su inaceptable intimidación, propia de regímenes autoritarios, no dio resultado.

En lugar de subsanar las observaciones de la comisión legislativa, el régimen de Áñez, violando la Constitución, impuso los ascensos por Decreto (N° 4291, del 15 de julio de 2020). “Frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad interna y externa”, justificó dramatizando el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López (hoy también prófugo de la justicia). La presidenta del Senado recurrió al TCP con un recurso directo de nulidad.

Transcurridos casi diez meses desde entonces, el TCP finalmente se pronunció sobre los ascensos del año 2020, que estaban “congelados”. La sentencia fue inequívoca: el mencionado Decreto es inconstitucional. Claro que hay un déficit que debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa. Se requiere una ley específica que regule los plazos y procedimientos de los ascensos, que involucran a dos órganos del poder público. El mismo Tribunal Constitucional señaló un plazo de 180 días para sancionar dicha norma.

Más allá del cauce constitucional y legal que siga este episodio, es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo en vigencia. En ello no puede haber paréntesis, ni desviaciones autoritarias, ni “estados de necesidad”. La misión constitucional de defensa y conservación de la seguridad, la estabilidad y la soberanía debe cumplirse con pleno respeto a la Constitución y los derechos humanos.

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Liberación de patentes

Hay buenos augurios en medio del temor a nuevas olas de contagio y la desigualdad global en el acceso a las vacunas.

Por La Razón

/ 8 de mayo de 2021 / 03:08

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 ha acelerado el movimiento global en favor de esa histórica decisión. Ese objetivo, que estuvo siendo impulsado activamente por el Gobierno nacional entre otros, parece ahora viable, abriendo un escenario inédito de cooperación global en tiempos de crisis.

Desde que empezó la carrera por la creación y producción de vacunas contra el nuevo coronavirus, fue emergiendo una discusión sobre la necesidad de que esos fármacos sean considerados un “bien público” global, de manera que se democratice y facilite su distribución a todos los seres humanos, debido a que están asociados a un derecho universal esencial como es la preservación de una vida saludable.

Esa visión, para muchos utópica, implicaba, en la práctica, que la fórmula y los procedimientos para su fabricación pudieran estar disponibles para los que las requirieran sin que tengan que pagar para ello. Decisión que iba a contramano de los intereses financieros de las empresas farmacéuticas que los desarrollaron, gracias a subvenciones de los Estados más ricos, y que pretendían rentabilizar ese control.

Hay un debate sobre si esa liberación desincentiva la futura creación de nuevos fármacos. Sin embargo, hay que considerar que en ese proceso no solo intervinieron las farmacéuticas privadas sino un amplio despliegue de recursos e incentivos públicos. Por otra parte, frente a los escalofriantes costos de la pandemia y la imposibilidad de normalizar la economía sin una vacunación masiva en todo el planeta, la flexibilización de las reglas del mercado en este caso parece no solo ética, sino incluso económicamente rentable a mediano plazo.

La decisión estadounidense, acompañada por similares expresiones de la Unión Europea, Rusia y otros países, abre la puerta a un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio que la formalice. Será, si se concreta, un momento histórico de una inédita cooperación internacional frente a un problema global.

Este impulso no hubiera sido posible sin la amplia movilización de científicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de países del sur, entre ellos Bolivia, que fue uno de los que más impulsó la idea en la región. Pero hay que reconocer también el talante del nuevo gobernante de los Estados Unidos que, a contracorriente de su poderosa industria farmacéutica, dio un paso decisivo a tono con su anunciado retorno a una política exterior multilateralista.

Hay, pues, buenos augurios en medio del temor a nuevas olas de contagio y a la desesperante carestía y desigualdad global en el acceso a las vacunas. Si se logra un acuerdo, el camino no será tampoco rápido ni fácil, no bastará con tener las patentes, habrá que crear una capacidad industrial para producirlas masivamente. Habrá que esperar, pero es una buena noticia.

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Colombia en llamas

Lo que queda claro en este caso es que la protesta contra la reforma fiscal es apenas un síntoma de algo más grave.

Por La Razón

/ 7 de mayo de 2021 / 02:49

Desde hace poco más de una semana, Colombia se ha sumado a la lista de países cuya población ha salido a las calles a protestar contra el gobierno y las condiciones sociales y económicas en que vive. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal se transformó en la más grave movilización de los ultimos años.

A mediados de abril, el presidente Iván Duque envió al Congreso un proyecto titulado “Ley de solidaridad sostenible” que incluía el aumento del IVA del 16% al 19%, la ampliación de la base tributaria incluyendo a población de las clases media y baja, y un nuevo impuesto sobre la renta. Los reportes periodísticos señalan que incluso los legisladores del partido del gobernante se mostraron poco entusiastas, si no escépticos.

Días después comenzaron las movilizaciones, que debido a la presencia de agentes vinculados con grupos armados y no poca población inclinada a la violencia y el vandalismo dadas sus condiciones de vida, y que a su vez fueron reprimidos con violencia excesiva por parte de la Policía, degeneraron en actos violentos y algunos enfrentamientos, lo cual permitió al Presidente y su Ministro de Defensa señalar que se trata de movimientos desestabilizadores, justificando de esta manera el recrudecimiento de la represión.

Una semana después de iniciadas las movilizaciones, y con varias ciudades militarizadas, una organización de defensa de los DDHH reportó 31 muertos y más de 1.443 casos de violencia policial, incluyendo decenas de casos confirmados de violencia sexual contra mujeres; a su vez, la Defensoría del Pueblo reportó un número de 88 desaparecidos, mientras que las ONG hablan de más de 170. Todas esas cifras han aumentado en los últimos días.

Si bien el Presidente logró durante el fin de semana pasado que el proyecto normativo sea retirado y anunció uno nuevo, que eliminará los aspectos conflictivos, la protesta no disminuyó y mucho menos la violencia estatal, al extremo que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales, con la evidente excepción de la OEA, cuyo Secretario General prefiere hablar de la democracia en Bolivia y no de lo que sucede en Colombia.

Lo que queda claro en este caso, al igual que lo sucedido en Chile meses atrás, es que la protesta en contra de la reforma fiscal es apenas un síntoma de algo mucho más grave y profundo. En un país donde solo en 2020 se registraron más de 200 asesinatos de líderes sociales, que desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC no ha visto disminuir la violencia y donde entre 2019 y 2020 se ha multiplicado el número de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hasta superar el promedio latinoamericano, era inevitable el estallido social. Es posible, sin embargo, que el resultado de las movilizaciones incluya el fin del poder del expresidente Álvaro Uribe.

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Gestión y acuerdos

La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2021 / 02:35

Los actos de posesión e inicio de funciones de las autoridades y representantes electos en los departamentos y municipios del país mostraron no solo variedad de rostros y estilos, sino también importantes señales para la gestión pública. Es evidente que la preocupación principal es la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. En tal contexto se requieren acuerdos de amplio alcance.

Concluido el largo ciclo electoral y el periodo de transición para la posesión de las nuevas autoridades y representantes, llegó la hora de la gestión. Los primeros mensajes, como es natural, son de reafirmación de compromisos. En general, la situación en las entidades territoriales autónomas no es la mejor: los recursos son escasos, se heredan deudas abultadas y hay múltiples demandas. Todo ello puede generar conflictos. Es previsible asimismo un periodo de ajustes internos y remoción de funcionarios.

Más allá de disputas y diferencias de estilo, así como de la especificidad de agendas en cada territorio, es evidente que el desafío común radica en impulsar políticas públicas de corto plazo para enfrentar la crisis socioeconómica, así como un esfuerzo especial a fin de adoptar medidas eficaces contra la pandemia del COVID-19. Para ello, los gobiernos departamentales y municipales requieren no solo recursos, sino también acuerdos amplios entre los diferentes actores políticos, sociales e institucionales.

Es claro asimismo que para avanzar en la agenda de gestión pública en las entidades territoriales es fundamental que exista sintonía con las políticas anticrisis del nivel central del Estado. Ello implica voluntad de diálogo, de coordinación y de construcción de acuerdos. Las diferentes solicitudes de reunión con el presidente Luis Arce van en ese sentido. Debe esperarse que el Gobierno central, más allá de diferencias políticas y sin exclusiones, garantice la convergencia de capacidades y esfuerzos.

En general, con la excepción de una bravata marginal de Luis Fernando Camacho en su primer discurso como gobernador de Santa Cruz, las autoridades electas manifestaron disposición para concertar. Es lo que necesita el país. El escenario económico y sanitario es demasiado crítico como para desperdiciar energía en prolongar una inútil polarización política. Se requiere pues que todos los gobiernos (central, departamentales, municipales) concentren trabajo y recursos en afrontar y superar la emergencia.

Cierto que en el horizonte hay temas estructurales que no pueden ignorarse. Ahí está el postergado pacto fiscal, que es uno de los componentes centrales del lento proceso autonómico. Se hace referencia también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y debe lograrse que haya justicia como condición de paz y reconciliación. La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

  

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Proteger el empleo

En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse

Por La Razón

/ 3 de mayo de 2021 / 00:49

La celebración del Día de las y los Trabajadores, como ya se ha hecho una costumbre en la última década y media (exceptuando 2020, durante el gobierno transitorio), ha llegado con anuncios de diversas medidas en favor de la clase trabajadora, al menos la asalariada. La actual situación de crisis, sin embargo, obliga a mirar la compleja temática de un modo más abarcador.

En efecto, el acto desarrollado el sábado 1 de mayo en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra sirvió para que el Presidente del Estado, además de anunciar el incremento de 2% al salario mínimo nacional, recibiera la reafirmación de la lealtad de la Central Obrera Boliviana (COB), que en su condición de institución miembro del Pacto de Unidad (o lo que queda de él) a menudo antepone los intereses del partido en función de gobierno y los grupos que lo componen a los de la clase trabajadora a la que dice representar.

También sirvió el multitudinario acto para que se anuncie la emisión de la Resolución 431/21, del Ministerio de Trabajo, ratificando lo establecido en normas de rango superior: el derecho de las y los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo a la continuidad y estabilidad laboral; además de estipular que la fuerza mayor y el caso fortuito no constituyen causas legales de retiro, lo cual en los hechos dificulta los procesos de despido y cambio de personal en las empresas privadas.

Otros anuncios importantes fueron la presentación de un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, con el cual se busca proteger a los trabajadores de 12 conductas que impongan los puestos jerárquicos contra los trabajadores y prevenir figuras como el abuso de poder, así como el anteproyecto de Ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo, para ayudar a jueces laborales a tomar decisiones en favor de la clase trabajadora.

Sin embargo, las normas y proyectos de norma presentados cubren únicamente a un porcentaje relativamente pequeño de la población económicamente activa del país. La población que trabaja en las instituciones del Estado, por tratarse de servidoras y servidores públicos, no está protegida por la Ley General del Trabajo, como tampoco lo están las trabajadoras y trabajadores informales, que viven completamente al margen de las garantías y derechos establecidos en la normativa nacional.

De ahí que dos expertos laboralistas consultados por nuestro suplemento Animal Político en su edición de ayer pusieran sobre la mesa de debate el dilema de proteger el empleo ya existente y a la población asalariada o ampliar la base de trabajadoras y trabajadores cubiertos por una legislación incluyente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Es evidente que por lo pronto se asegura la primera opción y queda en el fondo de la lista de pendientes la segunda. En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse.  

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