El Gobierno ha intentado evitar que dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y luego promulgadas por la presidenta de la Cámara de Senadores entren en vigencia a través de un proceso de consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El resultado no solo es un revés en la pulseta del Gobierno con sus opositores, también es indicador de su capacidad.
Concebida casi al inicio de la cuarentena, la Ley Excepcional de Arrendamientos se mostró polémica desde su planteamiento: el candidato a vicepresidente de la actual Presidenta interina fue el primero en manifestar su desacuerdo; su tratamiento fue suspendido hasta hace pocas semanas, tal vez porque el lazo de las deudas se estaba cerrando para quienes menos poseen, para luego ser aprobada y sancionada sin mayor debate ni mucho menos coordinación con las instituciones y agentes involucrados.
La segunda ley, de Donación de Plasma Hiperinmune, debería ser política pública, pues implica no solo la obligatoriedad de donar una sustancia que salva vidas, sino sobre todo, generar incentivos para que las personas, además de verse obligadas, aprendan en cuerpo propio la solidaridad como valor; su promulgación llega cuando la sociedad civil ya ha logrado organizarse para acceder a las y los donantes voluntarios y más bien el obstáculo es la falta de capacidad para extraer y procesar todo el plasma disponible.
En ninguno de los dos casos la respuesta del TCP ha tenido que ver con la constitucionalidad o no de las normas puestas a su consideración, sino con el hecho de que el Ejecutivo no estaba habilitado para hacer la consulta al ser otro el Órgano que había elaborado la propuesta normativa. La respuesta, ya habitual en las autoridades, fue descalificar al Constitucional señalando que sus miembros fueron elegidos a dedo, olvidando no solo que ese cuerpo colegiado es fruto de una elección popular, sino que es el mismo que hizo posible la posesión de la actual Presidenta interina en el cargo.
Los errores cometidos por el equipo dedicado a estos asuntos incluyen no solo la estrategia equivocada, sino también excesos, de ahí que el Fiscal General del Estado haya ganado una acción de libertad presentada contra quien en diciembre le denunció por manipulación informática y que el juez que dictó la sentencia instruya que el caso sea puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de DDHH.
Hay, pues, aparente incapacidad entre los gobernantes para comprender la delicada relación entre las formas y los contenidos, y para entender la importancia de observar el debido proceso, no solo porque es su deber constitucional, sino también porque debería ser el primer elemento diferenciador con el gobierno depuesto a fines de 2019. También pareciera que hay incapacidad para darse cuenta de que la mejor manera de prevenir la “desestabilización del Gobierno” que tanto denuncian y lamentan las autoridades a cargo es llegando cuanto antes a las elecciones.