Uno de los principios fundamentales en democracia es que la voluntad ciudadana expresada en las urnas debe ser plenamente respetada. Ello implica garantizar condiciones de participación y un proceso electoral plural, transparente y competitivo. Así, todas las fuerzas políticas que compiten en los comicios asumen la premisa de reconocimiento y respeto del resultado de la votación.
Hay algunas experiencias en la región, en especial cuando la elección se define por estrecho margen de votos, en las que candidaturas derrotadas rechazan y a veces impugnan el resultado. Así, no es extraño que algunos actores políticos “canten fraude” y exijan revisiones, recuentos e incluso repetición del proceso. Ello genera disputas políticas, cuestionamientos a la autoridad electoral, movilizaciones y a veces hasta enfrentamientos. Hay quienes buscan ganar en mesa lo que perdieron en cancha.
Más allá de la necesidad, como premisa, de que los comicios se realicen conforme a la normativa vigente, buenas prácticas y estándares de integridad electoral, se espera que todos los actores importantes acepten el veredicto de las urnas en función de la calidad del proceso, y no según su grado de satisfacción con el resultado. La legislación electoral es clara en cuanto a las reglas, de mayoría y/o de representación proporcional, para la conversión de votos en puestos de gobierno y de representación.
Sin embargo, algunos actores políticos y sus operadores mediáticos insisten en el expediente, tan fácil como irresponsable, de objetar el resultado de la votación. Alegan así una narrativa sin ninguna evidencia, como hizo por ejemplo el candidato Reyes Villa en las elecciones de 2002, declarando “fraude informático” (sic). Este recurso se utiliza a veces incluso antes de que se realice la votación. Esperan así dañar la legitimidad de origen de quienes tienen más probabilidades de ganar los comicios.
Esta sensible cuestión se plantea a propósito de algunos estudios que muestran la percepción de riesgo de que no todos acepten el resultado de la votación del 18 de octubre. Una vez más. Ello es crítico porque puede generar escenarios de conflicto. A ello apuntan acciones como la carta enviada por un puñado de “abajo firmantes” que, en su afán antidemocrático de impedir las elecciones, ponen en duda la neutralidad del enviado especial del Secretario General de la ONU, que facilitó valiosos acuerdos en el país.
En ese marco, es una buena noticia que el TSE esté procurando un acuerdo para garantizar la paz social y asegurar el respeto a los resultados electorales. Ello implica que todas las fuerzas políticas habilitadas para competir en los comicios se comprometan públicamente a reconocer la voluntad ciudadana en las urnas, sea cual sea. También sería de gran valía que se sumen actores como los comités cívicos y las organizaciones sociales. El reto democrático es ganar elecciones, no vetarlas ni desconocerlas.