A solo 32 días de las esperadas elecciones generales 2020, las y los bolivianos que acudiremos a las urnas para reponer la legitimidad de los órganos del poder público, disponemos de muy poca información sobre las plataformas programáticas de las ocho fuerzas políticas que compiten en los comicios. Abundan, en cambio, la descalificación, la frivolidad, la guerra sucia.
Un ideal en democracia, una asignatura pendiente, es la participación informada de la ciudadanía. Ello implica que las preferencias electorales se definan no solo por consigna o con arreglo a las candidaturas u organizaciones políticas, sino también considerando las visiones de país, los programas de gobierno, las propuestas de políticas públicas. Estamos lejos de ello. En su mayoría, los documentos programáticos que presentan los partidos y alianzas en una elección solo buscan cumplir el requisito.
Pese a encomiables iniciativas y esfuerzos por impulsar debates y espacios de diálogo sobre temas de la agenda pública, predomina en la campaña electoral una lógica centrada en descalificar al adversario político, golpearlo, declararlo enemigo. Así, la conversación pública se degrada, al extremo de caer en la frivolidad. No es casual que el intercambio en redes sociales, por ejemplo, tenga que ver menos con ideas que con TikTokers, gorras, preparados de locro… La deliberación democrática en su mala hora.
Lo crítico es que los problemas principales del país no se están discutiendo. ¿Cuáles son las propuestas de las candidaturas presidenciales para enfrentar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del COVID-19, además de la mala administración de la economía? ¿Cómo superar la parálisis estatal en un escenario post-electoral que sin duda exigirá acuerdos amplios de gobernabilidad? ¿Qué debemos hacer, en estos tiempos inciertos, para atenuar la polarización política y la división social?
Este domingo, según el calendario electoral, se inicia el periodo de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación. Es probable que la ausencia o debilidad de planes de gobierno sea reemplazada por mensajes de propaganda negativa (o “guerra sucia”). Sería no solo deplorable, sino inútil. En medio de semejante situación de crisis, la gente quiere soluciones, no mugre. Desde este domingo rige también la prohibición para difundir propaganda gubernamental de cualquier tipo en todos los niveles del Estado.
Un último aspecto esencial para garantizar condiciones de participación en las elecciones del 18 de octubre es la tolerancia mínima que debe existir para la realización de campaña electoral en cualquier parte del territorio nacional. Recientes acciones violentas en Potosí, Santa Cruz, Sucre y El Alto contra adversarios políticos están reñidas con la democracia. Urge pues que, más allá de observar, el TSE se manifieste con una exhortación y, en su caso, sanciones drásticas contra los intolerantes.