Opinión

viernes 30 oct 2020 | Actualizado a 11:50

Encuestas electorales

Si bien casi todas ellas expresan tendencias similares, hay todavía un trecho por delante, empezando por el efecto de la baja de Áñez.

Por La Razón

/ 23 de septiembre de 2020 / 02:25

En las últimas semanas se han difundido varias encuestas electorales en el marco de los comicios del 18 de octubre. Son percepciones cuantitativas acerca de la intención de voto en el país. Si bien casi todas ellas expresan tendencias similares, hay todavía un trecho por delante, empezando por el efecto de la baja de Áñez. Los datos de las encuestas y su uso instrumental están en debate.

Los estudios de opinión son un componente ineludible de los procesos electorales y referendarios en democracia. Además de brindarnos datos sobre las preferencias electorales de la ciudadanía en diferentes momentos, proporcionan información relevante acerca de la agenda política. Estos datos en sí mismos forman parte del debate público. Y son utilizados instrumentalmente por los actores políticos y sus operadores mediáticos (unos declarados, otros encubiertos) para fines de la campaña electoral.

Hay muchos lugares comunes respecto de las encuestas electorales. El más recurrente es el escepticismo de las fuerzas políticas y candidaturas cuando los datos no les favorecen (“tenemos nuestras propias encuestas”, “la calle dice otra cosa”, “la verdadera encuesta será el día de la votación”). Otro lugar común es calificar estos estudios cuantitativos como “fotografías”, con pretensión comparativa. Y se discute también su alcance y fiabilidad respecto del resultado electoral (“las encuestas se equivocan”).

¿Qué nos dicen las recientes encuestas electorales en el país? Los tres estudios de opinión más o menos serios (CiesMori, Tu voto cuenta y Focaliza S.R.L.) coinciden en las tendencias generales: Arce lleva la delantera bordeando la posibilidad, en votos útiles, de ganar en primera vuelta; Mesa disputa en solitario, por ahora, el segundo lugar; y Camacho ya está tercero, con centro en Santa Cruz. La excandidata Áñez, que pretendía disputar la presidencia, fue cayendo hasta forzar su baja.

Las encuestas muestran también que una parte de los consultados no decidió todavía, no quiere declarar su preferencia electoral (“voto oculto”) o no tiene ninguna (se abstendrán o votarán blanco o nulo). De ese dato se cuelgan algunos operadores políticos para vender la idea de que “los indecisos decidirán la elección” (sic). No es error o casualidad. Forma parte de la renovada campaña por el “voto útil”, como se vio en los comicios 2019. Menos mal que esta vez no están abonando la narrativa del “fraude”.

Según la normativa vigente, el plazo para la difusión de estudios de opinión en materia electoral vence el domingo 11 de octubre. Hasta entonces se elaborarán y difundirán, con gran despliegue mediático, unas cuatro o cinco encuestas con diferente metodología y alcance. Habrá datos entonces, a beneficio de inventario, sobre el efecto de la renuncia de Áñez/Juntos, las secuelas de la campaña (con probable guerra sucia) y la firmeza de las adhesiones personales, partidarias y programáticas (en ese orden).

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Dos tercios

En los hechos no es más que un ejercicio de ajustes procedimentales, pero es evidente que da una mala señal cuando se realiza en el último día de la legislatura.

Por La Razón

/ 30 de octubre de 2020 / 02:31

El debate sobre la necesidad o no de dos tercios de la votación legislativa para la adopción de algunas decisiones más o menos trascendentes, ha vuelto a tener protagonismo en el escenario político esta semana. En el actual contexto, el esfuerzo puesto en mostrar que se trata de cuestiones procedimentales languidece frente a las voces que hablan de un atentado a la democracia.

El martes 27, la Cámara de Senadores, en su última sesión con la composición de las elecciones de 2014, es decir dos tercios del total de asambleístas, aprobó la modificación de 11 artículos de su Reglamento de Debates, eliminando la necesidad de tal mayoría en las votaciones para la adopción de decisiones sobre asuntos administrativos y procedimentales, además de ascensos para generales de las FFAA y la Policía, así como designación de embajadores. La Cámara de Diputados hizo lo mismo al día siguiente.

Una docena de otros asuntos legislativos seguirán necesitando este tipo de voto mayoritario para ser aprobados, en correspondencia con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). Las voces que, en su versión más extrema, claman que se dio un “golpe mortal” a la democracia, ignoran deliberadamente este hecho: no se ha eliminado la necesidad de los dos tercios para decidir sobre asuntos trascendentes.

Previsiblemente, la reacción desde la opinión opositora, que además de una gran presencia en las redes sociales digitales goza de acceso y cobertura en gran parte de los medios de comunicación masiva, fue confirmar una vez más los bien extendidos prejuicios sobre el modo “masista” de hacer política. La manera y el momento en que se tomó la decisión de modificar los reglamentos abona a esa percepción tan extendida.

En los hechos no es más que un ejercicio de ajustes procedimentales, pero es evidente que da una mala señal cuando se realiza en el último día de la legislatura, como imponiéndose sobre quienes serán sus sucesores y sucesoras en unos días más. Pero en el debate, los argumentos van desde el evidente hecho que hará falta menos esfuerzos de concertación allí donde no sean necesarios dos de cada tres votos, hasta los abiertamente manipuladores, que afirman que los dos tercios han desaparecido por completo o que se trata de una disposición inconstitucional.

Desde el otro frente se afirma que hay inconsistencia entre la indignación que causa esta decisión y la aceptación que hubo cuando la Presidenta interina ascendió a generales militares y policiales mediante Decreto; sin embargo el decir “tú también” no es más que una falacia, útil para descalificar al oponente, pero no para resolver el conflicto.

Recuperar la democracia implica en estos tiempos mucho más que ratificar la preferencia electoral de una evidente mayoría; debiera implicar además principios de construcción de escenarios de diálogo y acuerdo, de vocación y comportamientos democráticos, hoy tan necesarios cuando todavía hay gente dispuesta a creer cualquier mentira y, peor, añorar una dictadura militar.

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‘Gobierno militar’

Puede preverse que la acción irregular de estos grupos extremistas que acuden a los cuarteles, se extinguirá en sí misma.

Por La Razón

/ 28 de octubre de 2020 / 04:29

Algunos grupos extremistas y oscuros personajes, que se niegan a respetar el resultado de las elecciones, no solo están agitando la narrativa del “megafraude” y alientan movilizaciones, sino que han dado un paso francamente sedicioso: buscan un “gobierno militar”. Las fuerzas democráticas del país y de la comunidad internacional deben estar atentas ante semejante desvarío.

Como fue advertido con anterioridad, grupos radicales vinculados con el Comité Cívico pro Santa Cruz —en particular la Unión Juvenil Cruceñista— no quieren aceptar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Sin importar que el proceso electoral haya sido incuestionable en su transparencia, ni que el MAS-IPSP haya ganado con mayoría absoluta de votos (muy lejos del segundo), estas personas cantan “fraude”, piden anular los comicios y, por si faltaba algo, van a tocar las puertas de los cuarteles.

El hecho plantea varias cuestiones. Una es la ausencia de cultura democrática en estos grupos, con predominio de jóvenes, que dicen defender la democracia, pero están dispuestos a echarla abajo si el resultado de las elecciones no les gusta. Otra cuestión, más preocupante, es que no tienen memoria de las dictaduras y de lo que implica un “gobierno militar”. Y sin duda es terrible la señal, más bien marginal, de una actitud autoritaria y antidemocrática que incluso puede vincularse con el fascismo.

Más allá de estos afanes aislados orientados a provocar un quiebre del régimen democrático boliviano en nombre del “orden” y con la bendición de Dios, es sintomático que quienes se atribuyeron la “defensa de la democracia” en los hechos de octubre y noviembre del año pasado, sean ahora los abanderados de un golpe de Estado. No otra cosa significa alentar, con pedidos, vigilias, oraciones, la instauración de un gobierno militar en el país. La buena noticia es que, siendo peligrosos, son grupos marginales.

Por mandato de la Constitución Política, además de defender la soberanía nacional y la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”. La Policía, por su parte, tiene la misión de “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”. En democracia ninguna de ellas como institución delibera ni participa en acción política. Incitar lo contrario es no solo antidemocrático e inconstitucional, sino sedicioso.

A pocos días de la posesión del binomio presidencial y de los asambleístas electos, puede preverse que la acción irregular de estos grupos extremistas que, derrotados en las urnas, acuden a los cuarteles, se extinguirá en sí misma. En todo caso, queda como tema de agenda pública la necesidad de blindar las instituciones democráticas, enseñar cultura política, impulsar una profunda e impostergable reforma de la fuerza pública y dejar de llamar “activistas” a quienes alientan salidas autoritarias.

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Conozca los itinerarios tras la ampliación del horario de servicio del La Paz Bus

Los Pumakatari y Chikititis atenderán de lunes a viernes hasta las 22.00 y en fin de semana hasta las 20.00.

El servicio del La Paz Bus amplió sus horarios de atención.

Por La Razón

/ 26 de octubre de 2020 / 17:20

El servicio de transporte municipal de La Paz Bus cumplirá desde este lunes un servicio con horario ampliado en sus siete rutas, en el marco de las nuevas flexibilizaciones autorizadas por la Alcaldía.

Los Pumakatari y Chikititis atenderán hasta las 22.00 de lunes a viernes y en fin de semana hasta las 20.00, pero la población debe tomar los recaudos para acceder a las últimas rutas que deberán partir con itinerarios diferenciados para cumplir el circuito y terminar a tiempo.

De acuerdo con el informe de La Paz Bus el cronograma será:

La ruta Irpavi comenzará a las 06.00 con la salida del primer bus desde la calle 2 de esta zona del sector sur de la ciudad de La Paz y el último partirá de allí a las 20.24. En tanto, desde la parada de la avenida Simón Bolívar, del centro paceño, el primer bus podrá salir a las 06.53 y el último a las 21.23.

En la ruta Villa Salomé, los primeros buses saldrán a las 06.30 desde Cosmos 85 y el último a las 20.40. En la parada de la avenida Simón Bolívar, el primer bus partirá a las 07.10 y el último del día a las 21.22.

La ruta Caja Ferroviaria comenzará su servicio a las 06.30 desde 7 Lagunas y el último partirá desde ese sitio a las 21.00. En la parada Alonso de Mendoza la primera carrera comenzará a las 07.01 y la última a las 21.33.

En la ruta Integradora, el servicio empezará a las 06.00 desde la parada de la calle Bueno y Alonso de Mendoza; en ambas los últimos buses saldarán a las 21.03 y 21.04, respectivamente.

En la ruta Chasquipampa el horario de salida del primer bus será a las 06.00 desde la calle 46 y el último a las 20.44. En la parada de la plaza Camacho, la primera ruta arrancará a las 06.41 y el último a las 21.30.

La ruta Inca Llojeta comenzará a las 06.30 desde la calle Tupac Katari y desde la avenida Simón Bolívar a las 07.11; en la primera parada se cerrará el servicio a las 20.31 con el último bus y en Simón Bolívar será a las 21.10.

En la ruta Achumani el servicio comenzará a las 06.00 desde la calle México y el último viaje será a las 20.14. Por último, en la parada Campo Verde la primera salida será a las 06.30 y el último a las 21.19.

(26/10/2020)

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Lecciones de la votación

Será deseable que los ganadores realmente encarnen la personalidad que han mostrado en la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores.

Por La Razón

/ 26 de octubre de 2020 / 02:27

Pasada la euforia de la elección presidencial, con sus resultados que ahora deberían comenzar a resonar en clave de gestión y no de campaña, han comenzado a menudear los análisis de por qué la ciudadanía votó de manera tan clara a favor del candidato que en la encuestas siempre figuró como primero, pero nunca con la enorme diferencia que obtuvo el 18 de octubre.

Desde especialistas en sociología política hasta usuarios de redes sociales han ensayado diversas explicaciones al “fenómeno”, que, en general, no son excluyentes entre sí y que, por una parte, evidencian por sí mismas la incapacidad de un sector “ilustrado” de la sociedad para comprender el país por fuera de los prejuicios generalizados y, por otra, hacen visible la existencia de dichos prejuicios, que ora impiden una comprensión cabal de la complejidad de las razones del voto de hace días, ora imponen una visión del mundo reducida y reduccionista.

El mapa que permite visualizar la distribución geográfica del voto muestra la presencia nacional del MAS, lo cual en efecto ha sido reconocido por quienes señalan que se trata, actualmente, de la única fuerza política con presencia nacional. Pero también que dicha distribución señala la indiscutible raigambre campesina e indígena del Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos, la misma que ha posibilitado estereotipar y racializar al votante masista hasta los peores extremos, como se ha visto en el último año.

También se ha señalado la clara identificación de los sectores nacional populares con el partido, su ideario y, sobre todo, sus prácticas políticas, algunas muy virtuosas y otras en lo absoluto; lo cual debiera también servir como recordatorio de que hace falta también formación política y madurez en la sociedad, no porque vaya a producirse la rotación de partidos que habilita la competencia democrática, como señala el ideario liberal, sino porque las y los votantes habrán de ser cada vez más demandantes, lo cual debería obligar a desarrollar mejores liderazgos.

La mirada delirante de quienes han insistido en la narrativa del fraude y las voces que la han hecho pública es también un recordatorio de que incluso la evidencia de las urnas es insuficiente para grupos que, lejos de buscar explicaciones razonables, apuestan a negar los hechos y mantener a su base engañada. No es que se trate de grandes grupos humanos, pero sí que pueden terminar siendo peligrosos debido a ese fervor.

Será deseable, pues, que los ganadores de la elección del 18 de octubre realmente encarnen la personalidad que han mostrado durante la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores. Allí donde evidentemente hay grandes brechas y el interés de unos cuantos por mantenerlas o incluso ampliarlas se trata menos de ser el opuesto del neoliberalismo y más de ser su alternativa, evitando gobernar de espaldas a la sociedad civil o fundar el gobierno en la confrontación con los grupos minoritarios.

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El comodín ‘fraude’

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2020 / 06:54

Pese a la victoria contundente (26 puntos de diferencia), una elección participativa, el aval de todas las misiones de observación y un proceso en general transparente, algunas voces antidemocráticas, sin ninguna evidencia, insisten en cantar “fraude”. Los resultados de la votación, por otra parte, ponen en cuestión la narrativa del “fraude monumental” de los comicios de 2019.

Varias razones explican el triunfo del binomio Arce-Choquehuanca con el 55% de votos. El asunto permite diferentes análisis y está hoy en el centro del debate político. Lo cierto es que 11 meses después de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, el MAS-IPSP ganó nuevamente las elecciones generales, como ya lo había hecho en 2005, 2009, 2014 y 2019. Esta vez lo hizo sin su tradicional binomio. Y sin duda marca un nuevo ciclo en el sistema político y en el propio “proceso de cambio”.

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Recurren para ello al fácil expediente del “fraude”. Y lo hacen con base en deseos, supuestos, falsedades. Ellos mismos confeccionan su narrativa y sus “pruebas”, ¡y se las creen! Más allá de un serio problema de falta de cultura política, demuestran así un rasgo autoritario peligroso para la democracia.

En relación a los comicios del pasado 18 de octubre, que concluyeron con el cómputo nacional realizado por el TSE, no existe ninguna evidencia de alguna irregularidad que comprometa la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, grupos de choque juveniles —que algunos medios llaman “activistas”— y algunos dirigentes cívicos proclaman que hubo “mega fraude” (sic). Se trata, para decirlo de manera elegante, de un disparate. ¿Se puede decir lo mismo del discurso de “fraude monumental” del año pasado?

Diferentes organismos y medios de comunicación internacionales, como el diario español El País, sostienen que los resultados de las elecciones 2020 “cuestionan la tesis del fraude electoral de 2019”. Y ponen en la mira la operación realizada por la OEA de Almagro, mediante su misión de observación y el posterior informe de “integridad electoral”, para instalar la idea de “acciones dolosas” que habrían afectado el resultado. Varios estudios independientes demuestran la inconsistencia de tales “hallazgos”.

Ha quedado en evidencia que el grueso del informe de la OEA se concentra en el TREP, que como vimos con el fallido Direpre, tiene carácter exclusivamente informativo e incluso es prescindible. Con la votación del pasado domingo se demostró que el supuesto “cambio de tendencia” es una falacia, que el “patrón de adulteraciones de actas” expresa en realidad la votación histórica en determinados recintos y, lo más grave, que los “auditores” no se ocuparon de revisar actas ni del cómputo oficial. Un fraude.

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