Opinión

domingo 25 oct 2020 | Actualizado a 03:56

Adolescentes embarazadas

Lo razonable no es ingresar en debates ideológicos y descalificación mutua, sino buscar hasta encontrar soluciones que ayuden a evitar los embarazos no deseados y, en consecuencia, eliminar la necesidad del acto trágico y doloroso de acabar con la gestación.

Por La Razón

/ 28 de septiembre de 2020 / 03:06

Entre los beneficios que el desarrollo ha brindado a la humanidad están, por ejemplo, una visión renovada de la infancia, niñez y adolescencia, con sus derechos específicos, o un sinfín de avances médicos y tecnológicos que ayudan a superar lo que hasta hace un siglo o menos parecía una fatalidad. De ahí que no se pueda entender por qué sigue habiendo embarazo entre las adolescentes.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que a su vez se basa en las estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), en Bolivia, solo entre enero y julio de este año 19.233 mujeres menores de 19 años de edad  resultaron embarazadas. Eso significa que, en promedio, cada día 90 niñas y adolescentes descubren su embarazo.

La cifra es todavía más preocupante cuando se considera que de ese total, casi mil eran niñas menores de 15 años de edad; es decir que en promedio cada día cuatro niñas resultan embarazadas. Es muy difícil imaginar que una sola de ellas hubiese iniciado la gestación por voluntad propia, o siquiera se haya entregado a la actividad sexual con alegría y deseo.

Existen numerosas causas que explican esta situación inaceptable: la pobreza, la desigualdad basada en el género, la violencia, incluida la sexual, la falta de acceso a la educación, incluyendo, sobre todo, la educación para la sexualidad, y la debilidad de los sistemas e instituciones públicas para proteger los derechos de las mujeres, particularmente las menores de edad.

En reacción a estos datos, la Defensoría del Pueblo convocó al Gobierno nacional, gobernaciones y municipios a aplicar políticas prontas y efectivas para precautelar los derechos de esta población, citando como interesantes los resultados del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes, que ha logrado reducir el número de embarazos en mujeres menores de 19 años, de 82.416 en 2015 a 47.212 en 2019.

Aunque falta ver si esos avances se mantendrán este año, no solo por la circunstancia impuesta por la pandemia global por COVID-19 y las medidas de cuarentena y aislamiento —que han posibilitado muchas formas de violencia, especialmente contra mujeres y niños y niñas—, sino también por la incapacidad del Gobierno interino para hacerse cargo eficazmente de las muchas tareas que le corresponden al Estado, el Ministerio de Justicia presentó un plan para brindar información, orientación y atención a la población adolescente y joven.

En un día como hoy, cuando en todo el mundo mujeres y hombres se movilizan demandando la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y emergen toda clase de discursos en contra del aborto, lo razonable no es ingresar en debates ideológicos y descalificación mutua, sino buscar hasta encontrar soluciones que ayuden a evitar los embarazos no deseados y, en consecuencia, eliminar la necesidad del acto trágico y doloroso de acabar con la gestación.

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Transición ordenada

Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2020 / 04:31

Ya hay un gobierno electo que en pocas semanas asumirá el mando de la nación. Mientras tanto, sería deseable que la actual administración se concentre únicamente en la preparación de información sobre el estado de las políticas públicas, evitando nuevos conflictos y decisiones tardías en la administración del Estado.

Después de mucho tiempo, el país va a experimentar un proceso de alternancia entre dos administraciones gubernamentales. El objetivo de esta fase, que durará un par de semanas, es que las autoridades salientes cierren su gestión de manera ordenada y que transfieran información precisa y clara a las entrantes sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad.

No es un secreto la existencia de enormes divergencias en la orientación ideológica entre los gestores del gobierno de Áñez y los dirigentes del MAS, y no deja de ser una de las complejidades que se deberá resolver en esta corta etapa. Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional. Hay un adagio que dice que “lo cortés no quita lo valiente”, sugiriéndonos el talante que debería guiar a unos y otros en los próximos días.

En ese marco, sería recomendable que el Gobierno en funciones no asuma ninguna decisión que pueda generar nuevas controversias o que condicione el manejo de las políticas públicas de la próxima administración en el corto o mediano plazo.

Eso no se refiere únicamente a los grandes temas de la coyuntura, como la gestión macroeconómica o la situación de la Justicia, sino a aspectos más cotidianos como el manejo del personal o del presupuesto en las entidades públicas. Se ha indicado, por ejemplo, que se siguen produciendo despidos de funcionarios públicos o nombramientos de autoridades intermedias en ciertas reparticiones, lo cual resulta inapropiado a pocos días de la llegada de un nuevo gobierno. Tampoco sería deseable que las reparticiones estatales asuman compromisos financieros de última hora.

De igual manera, se esperaría que otros poderes autónomos, como el Legislativo o la Justicia, asuman también un comportamiento prudente en los próximos días. Ya tenemos un nuevo Poder Ejecutivo y una Asamblea Legislativa electos, y muy pronto formalmente constituidos, son esas estructuras las que tienen el mandato de encarar los grandes retos de la nación. No hay pues necesidad de complicar los futuros escenarios con acciones intempestivas o apresuradas.  

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‘Autoconvocados’

El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2020 / 03:18

Al parecer, de nada han servido los informes de numerosas organizaciones nacionales e internacionales que hicieron observación electoral el domingo 18: en algunas ciudades del país hay grupos movilizados que intentan convencer al resto de la ciudadanía de que en la elección hubo “fraude”. No tienen evidencia de lo que se afirma, pero sí mucha fe en sus ideas.

En Cochabamba, como imitando el ejemplo de los pobladores de K’ara K’ara, los movilizados se han identificado como “autoconvocados”, quieren mostrar que ninguna organización política o poder económico está detrás de su movilización; algo muy similar sucedió en Santa Cruz, a los pies del Cristo Redentor en el Segundo Anillo: supuestamente nadie los convocó, pero cientos de personas se reunieron a defender el discurso del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Similares movilizaciones se produjeron en Cochabamba y en Sucre, ambas en aparente competencia por causar algún efecto en la opinión pública antes del cierre de los cómputos electorales en las respectivas salas plenas de los tribunales electorales departamentales. En ambos casos, el cierre del cómputo, el de Chuquisaca el martes y el de Cochabamba ayer, ayudó a desinflar la movilización, pero no la eliminó por completo.

Santa Cruz es un caso mucho más complejo: la narrativa de un nuevo fraude es alimentada desde el ya citado Comité Cívico y cada uno de sus comunicados ha tenido eco en los anuncios hechos por Creemos, la agrupación política que llevó al expresidente de los cívicos a la candidatura que finalmente obtuvo la tercera mayoría de los votos válidos computados.

Hasta ayer, de fraude no había ninguna evidencia pública, pero sí discursos maximalistas que no solo demandaban la inmediata suspensión del cómputo, sino también la anulación de la elección del domingo 18, la anulación de la personería jurídica del MAS y demandas delirantes como una nueva auditoría al padrón electoral y la eliminación de la “diferencia” en el valor de los votos rurales y urbanos.

Finalmente, ayer, como muestra de que sí poseen la evidencia nunca exhibida, organizaron una operación mediática para mostrar cómo la gente de Creemos entregaba “miles” de actas observadas, convenientemente encajonadas, al Comité Cívico y no así al TED. Tal operación alimentó una notable oleada de rumores y noticias falsas que menudearon en las redes sociales virtuales causando crispación en la ciudadanía. Notable es que sus observadores en la sala de cómputo del TED no tuvieron ni una sola observación al proceso.

Son tiempos difíciles para la restitución democrática. El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas y estén dispuestas a creer a líderes que ni les representan ni nunca estuvieron en el marco de sus afectos. La confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral está bajo asedio; con ella, también la democracia.

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Del TREP al Direpre

Se reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región.

Por La Razón

/ 21 de octubre de 2020 / 03:02

La tensión y la larga espera la noche del domingo plantean la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema seguro, rápido y confiable de resultados preliminares. La caída del Direpre anunciada por el TSE pocas horas antes de los comicios fue un gran retroceso. La certidumbre sobre el resultado no puede estar a merced de empresas privadas y medios de comunicación.

Desde la transición a la democracia, el sistema electoral boliviano ha privilegiado la seguridad por encima de la celeridad. Así, el cómputo oficial de votos, basado en actas físicas, puede tardar hasta una semana. Eso era aceptable el siglo pasado. Pero ahora resulta un exceso, además de un factor de riesgo, que la noche de la votación sean empresas encuestadoras, y no el organismo electoral, quienes nos brinden datos no oficiales. Se trata de un componente clave para la integridad electoral.

Durante casi cuatro décadas, la democracia en el país no supo dotarse de un sistema para agregar y proporcionar resultados preliminares. Eso cambió en 2016, en el referéndum constitucional, cuando por primera vez el TSE implementó un “sistema de aseguramiento de actas”. El sistema, luego bautizado como TREP, permitía contar con imágenes y datos de las actas desde las propias mesas de sufragio. Sobre esa base se proporcionaban resultados preliminares, a la espera del cómputo oficial.

Dicho sistema funcionó como factor de seguridad y de confianza, sin cuestionamientos, en el referéndum 2016, las elecciones judiciales 2017 y más de una treintena de referendos departamentales y locales sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Se trató sin duda de un gran avance para dar información oficial, con carácter informativo, la misma noche de los comicios. Se utilizó también en las fallidas elecciones del año pasado, hasta la imperdonable decisión de suspender la difusión de datos.

En marzo de este año, el TSE informó formalmente que se contaría con un nuevo sistema: el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), cuyo diseño fue encargado a una empresa británica. El sistema debía estrenarse en la votación del 3 de mayo, luego postergada tres veces. La innovación fue ampliamente respaldada. Pero no funcionó: primero se decidió no difundir imágenes de las actas y un día antes de la votación se lo canceló. Quedamos así sin resultados preliminares, lo cual es un lamentable retroceso.

El espectáculo que dieron varios canales de televisión el domingo con la proyección de resultados de Ciesmori y Tu voto cuenta, cuyos datos finalmente se difundieron a medianoche bajo presión, reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región. Es importante, pues, que el Órgano Electoral haga su trabajo para que tanto la seguridad como la celeridad, que no son excluyentes, sean parte de nuestro sistema democrático.

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El día después

Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

Por La Razón

/ 19 de octubre de 2020 / 06:52

Aunque no eran pocos quienes apostaban a un final de jornada con inestabilidad y cual agoreros afirmaban que estaban listos para enfrentar la violencia, la votación ayer fue, como ya es tradición en Bolivia, ejemplar y con una masiva asistencia de las y los electores; la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Rápidos (Direpre) fue seguramente el hecho más inesperado del día.

En efecto, aunque hasta el momento de escribirse estas líneas era imposible señalar siquiera cuál de los candidatos llevaba ventaja sobre el resto, sí se hizo posible afirmar que la gran victoria fue para la democracia, pues la ciudadanía asistió a votar y en muchos casos a vigilar el desarrollo de los comicios hasta el conteo de votos y firma del acta. La gran innovación este año estuvo en que en muchas mesas de sufragio hubo muchas personas tomando fotografías del acta.

El interés de muchas y muchos ciudadanos en tener un registro propio del acta tiene varias explicaciones, todas ellas relacionadas: por un lado queda la susceptibilidad producida por la narrativa del fraude, que vincula el sistema de Transmisión Rápida de resultados Parciales (TREP) con la alteración de resultados, pese a que siempre se supo que lo exhibido en este sistema no tenía carácter vinculante.

Precisamente por ello, uno de los mayores empeños del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo en rediseñar dicho sistema, tarea que produjo el sistema Direpre, cuyas bondades y fortalezas fueron señaladas con insistencia, no obstante de lo cual fue súbitamente suspendido pocas horas antes de iniciarse la votación. Tareas que “no podían ejecutarse y era preferible dejarlas” fue la razón esgrimida por el presidente del TSE para esa decisión, que contra lo que se esperaba, produjo un evidente alivio en los diferentes actores políticos, con la clara excepción de Creemos, la agrupación que empujó al expresidente del Comité Civico pro Santa Cruz a la candidatura.

La otra novedad fueron las enormes filas en muchos recintos de votación de las ciudades. Las medidas de bioseguridad para evitar en lo posible los contagios de COVID-19 implicaron distancia social y distribución de las y los votantes por horario según la terminación de la cédula de identidad. Una vez más, la población votante del país demostró que existe disciplina a la hora de ejercer el derecho, que a la vez es deber, de elegir.

Queda, como ha pedido el presidente del TSE al anunciar el sábado la suspensión del Direpre, paciencia para conocer los resultados finales del cómputo, única fuente oficial para publicitar el resultado final de la elección. Mientras tanto, también cabe esperar templanza de los líderes políticos para aceptar el resultado sea cual fuere y, sobre todo, para calmar los ánimos de las bases en la eventualidad de la derrota. Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

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Hoy elegimos

En un escenario de crisis múltiple, polarización política exacerbada y alta incertidumbre, las y los bolivianos tenemos hoy una importante cita con la democracia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2020 / 21:59

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