Opinión

lunes 26 oct 2020 | Actualizado a 14:25

La Razón y Extra bajo ataque

Buscamos garantizar nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.

Por La Razón

/ 30 de septiembre de 2020 / 02:49

Este diario y Extra, y su principal accionista, Carlos Gill Ramírez, enfrentan una incesante campaña de desprestigio hace meses. En varios medios de comunicación se publicaron denuncias falsas y malintencionadas de políticos y periodistas que en los últimos días pretendieron afectar esta empresa y a su propietario, tergiversando el contenido de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), del Ministerio de Economía y Finanzas.

En efecto, sobraron especulaciones y falsos supuestos con la evidente finalidad de desinformar y desprestigiar cuando se denunció hace pocos días que La Razón y Extra habrían sido adquiridos con recursos del programa de inversión social “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, financiado en parte con créditos venezolanos.

Este lunes, esta empresa periodística explicó con pruebas documentales que ambos periódicos se compraron mediante un intercambio de acciones entre empresas privadas, no habiendo existido entrega de dinero de por medio. Se dejó sentado también que PRISA vendió al grupo de Carlos Gill Ramírez en octubre de 2009 únicamente La Razón y Extra, dejando en claro que PRISA no vendió al grupo de Gill Ramírez la televisora ATB. Este último nunca tuvo intención de compra sobre dicha red de televisión, pues cuando se relacionó con el Grupo PRISA, las acciones de la cadena televisiva ya habían sido vendidas en enero de 2009. La Razón y Extra se vendieron en octubre de 2009. Las dos ventas realizadas por el Grupo PRISA no están relacionadas de ninguna forma entre sí.

Asimismo, desmentimos que Carlos Gill Ramírez haya constituido la Fundación Siglo XXI para recibir recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. El informe de la UIF dice que esta Fundación recibió recursos de manera ilegal de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Resulta que de una simple revisión de documentos registrados en la Gobernación del departamento de La Paz, se comprueba que Gill Ramirez no solo no fue socio fundador, sino que en agosto de 2008, cuando renunciaron todos sus asociados y se procede a la inclusión de tres nuevos socios, tampoco figura en los registros. Por tanto, tampoco participó ni pudo haber participado en la disposición de los recursos con los que contaba dicha Fundación.

A estas alturas de tan persistente campaña queda expuesta la violación a los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa. Reiteramos desde este espacio que dicha situación será denunciada ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buscamos garantizar nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.

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Lecciones de la votación

Será deseable que los ganadores realmente encarnen la personalidad que han mostrado en la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores.

Por La Razón

/ 26 de octubre de 2020 / 02:27

Pasada la euforia de la elección presidencial, con sus resultados que ahora deberían comenzar a resonar en clave de gestión y no de campaña, han comenzado a menudear los análisis de por qué la ciudadanía votó de manera tan clara a favor del candidato que en la encuestas siempre figuró como primero, pero nunca con la enorme diferencia que obtuvo el 18 de octubre.

Desde especialistas en sociología política hasta usuarios de redes sociales han ensayado diversas explicaciones al “fenómeno”, que, en general, no son excluyentes entre sí y que, por una parte, evidencian por sí mismas la incapacidad de un sector “ilustrado” de la sociedad para comprender el país por fuera de los prejuicios generalizados y, por otra, hacen visible la existencia de dichos prejuicios, que ora impiden una comprensión cabal de la complejidad de las razones del voto de hace días, ora imponen una visión del mundo reducida y reduccionista.

El mapa que permite visualizar la distribución geográfica del voto muestra la presencia nacional del MAS, lo cual en efecto ha sido reconocido por quienes señalan que se trata, actualmente, de la única fuerza política con presencia nacional. Pero también que dicha distribución señala la indiscutible raigambre campesina e indígena del Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos, la misma que ha posibilitado estereotipar y racializar al votante masista hasta los peores extremos, como se ha visto en el último año.

También se ha señalado la clara identificación de los sectores nacional populares con el partido, su ideario y, sobre todo, sus prácticas políticas, algunas muy virtuosas y otras en lo absoluto; lo cual debiera también servir como recordatorio de que hace falta también formación política y madurez en la sociedad, no porque vaya a producirse la rotación de partidos que habilita la competencia democrática, como señala el ideario liberal, sino porque las y los votantes habrán de ser cada vez más demandantes, lo cual debería obligar a desarrollar mejores liderazgos.

La mirada delirante de quienes han insistido en la narrativa del fraude y las voces que la han hecho pública es también un recordatorio de que incluso la evidencia de las urnas es insuficiente para grupos que, lejos de buscar explicaciones razonables, apuestan a negar los hechos y mantener a su base engañada. No es que se trate de grandes grupos humanos, pero sí que pueden terminar siendo peligrosos debido a ese fervor.

Será deseable, pues, que los ganadores de la elección del 18 de octubre realmente encarnen la personalidad que han mostrado durante la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores. Allí donde evidentemente hay grandes brechas y el interés de unos cuantos por mantenerlas o incluso ampliarlas se trata menos de ser el opuesto del neoliberalismo y más de ser su alternativa, evitando gobernar de espaldas a la sociedad civil o fundar el gobierno en la confrontación con los grupos minoritarios.

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El comodín ‘fraude’

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2020 / 06:54

Pese a la victoria contundente (26 puntos de diferencia), una elección participativa, el aval de todas las misiones de observación y un proceso en general transparente, algunas voces antidemocráticas, sin ninguna evidencia, insisten en cantar “fraude”. Los resultados de la votación, por otra parte, ponen en cuestión la narrativa del “fraude monumental” de los comicios de 2019.

Varias razones explican el triunfo del binomio Arce-Choquehuanca con el 55% de votos. El asunto permite diferentes análisis y está hoy en el centro del debate político. Lo cierto es que 11 meses después de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, el MAS-IPSP ganó nuevamente las elecciones generales, como ya lo había hecho en 2005, 2009, 2014 y 2019. Esta vez lo hizo sin su tradicional binomio. Y sin duda marca un nuevo ciclo en el sistema político y en el propio “proceso de cambio”.

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Recurren para ello al fácil expediente del “fraude”. Y lo hacen con base en deseos, supuestos, falsedades. Ellos mismos confeccionan su narrativa y sus “pruebas”, ¡y se las creen! Más allá de un serio problema de falta de cultura política, demuestran así un rasgo autoritario peligroso para la democracia.

En relación a los comicios del pasado 18 de octubre, que concluyeron con el cómputo nacional realizado por el TSE, no existe ninguna evidencia de alguna irregularidad que comprometa la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, grupos de choque juveniles —que algunos medios llaman “activistas”— y algunos dirigentes cívicos proclaman que hubo “mega fraude” (sic). Se trata, para decirlo de manera elegante, de un disparate. ¿Se puede decir lo mismo del discurso de “fraude monumental” del año pasado?

Diferentes organismos y medios de comunicación internacionales, como el diario español El País, sostienen que los resultados de las elecciones 2020 “cuestionan la tesis del fraude electoral de 2019”. Y ponen en la mira la operación realizada por la OEA de Almagro, mediante su misión de observación y el posterior informe de “integridad electoral”, para instalar la idea de “acciones dolosas” que habrían afectado el resultado. Varios estudios independientes demuestran la inconsistencia de tales “hallazgos”.

Ha quedado en evidencia que el grueso del informe de la OEA se concentra en el TREP, que como vimos con el fallido Direpre, tiene carácter exclusivamente informativo e incluso es prescindible. Con la votación del pasado domingo se demostró que el supuesto “cambio de tendencia” es una falacia, que el “patrón de adulteraciones de actas” expresa en realidad la votación histórica en determinados recintos y, lo más grave, que los “auditores” no se ocuparon de revisar actas ni del cómputo oficial. Un fraude.

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Transición ordenada

Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2020 / 04:31

Ya hay un gobierno electo que en pocas semanas asumirá el mando de la nación. Mientras tanto, sería deseable que la actual administración se concentre únicamente en la preparación de información sobre el estado de las políticas públicas, evitando nuevos conflictos y decisiones tardías en la administración del Estado.

Después de mucho tiempo, el país va a experimentar un proceso de alternancia entre dos administraciones gubernamentales. El objetivo de esta fase, que durará un par de semanas, es que las autoridades salientes cierren su gestión de manera ordenada y que transfieran información precisa y clara a las entrantes sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad.

No es un secreto la existencia de enormes divergencias en la orientación ideológica entre los gestores del gobierno de Áñez y los dirigentes del MAS, y no deja de ser una de las complejidades que se deberá resolver en esta corta etapa. Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional. Hay un adagio que dice que “lo cortés no quita lo valiente”, sugiriéndonos el talante que debería guiar a unos y otros en los próximos días.

En ese marco, sería recomendable que el Gobierno en funciones no asuma ninguna decisión que pueda generar nuevas controversias o que condicione el manejo de las políticas públicas de la próxima administración en el corto o mediano plazo.

Eso no se refiere únicamente a los grandes temas de la coyuntura, como la gestión macroeconómica o la situación de la Justicia, sino a aspectos más cotidianos como el manejo del personal o del presupuesto en las entidades públicas. Se ha indicado, por ejemplo, que se siguen produciendo despidos de funcionarios públicos o nombramientos de autoridades intermedias en ciertas reparticiones, lo cual resulta inapropiado a pocos días de la llegada de un nuevo gobierno. Tampoco sería deseable que las reparticiones estatales asuman compromisos financieros de última hora.

De igual manera, se esperaría que otros poderes autónomos, como el Legislativo o la Justicia, asuman también un comportamiento prudente en los próximos días. Ya tenemos un nuevo Poder Ejecutivo y una Asamblea Legislativa electos, y muy pronto formalmente constituidos, son esas estructuras las que tienen el mandato de encarar los grandes retos de la nación. No hay pues necesidad de complicar los futuros escenarios con acciones intempestivas o apresuradas.  

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‘Autoconvocados’

El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2020 / 03:18

Al parecer, de nada han servido los informes de numerosas organizaciones nacionales e internacionales que hicieron observación electoral el domingo 18: en algunas ciudades del país hay grupos movilizados que intentan convencer al resto de la ciudadanía de que en la elección hubo “fraude”. No tienen evidencia de lo que se afirma, pero sí mucha fe en sus ideas.

En Cochabamba, como imitando el ejemplo de los pobladores de K’ara K’ara, los movilizados se han identificado como “autoconvocados”, quieren mostrar que ninguna organización política o poder económico está detrás de su movilización; algo muy similar sucedió en Santa Cruz, a los pies del Cristo Redentor en el Segundo Anillo: supuestamente nadie los convocó, pero cientos de personas se reunieron a defender el discurso del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Similares movilizaciones se produjeron en Cochabamba y en Sucre, ambas en aparente competencia por causar algún efecto en la opinión pública antes del cierre de los cómputos electorales en las respectivas salas plenas de los tribunales electorales departamentales. En ambos casos, el cierre del cómputo, el de Chuquisaca el martes y el de Cochabamba ayer, ayudó a desinflar la movilización, pero no la eliminó por completo.

Santa Cruz es un caso mucho más complejo: la narrativa de un nuevo fraude es alimentada desde el ya citado Comité Cívico y cada uno de sus comunicados ha tenido eco en los anuncios hechos por Creemos, la agrupación política que llevó al expresidente de los cívicos a la candidatura que finalmente obtuvo la tercera mayoría de los votos válidos computados.

Hasta ayer, de fraude no había ninguna evidencia pública, pero sí discursos maximalistas que no solo demandaban la inmediata suspensión del cómputo, sino también la anulación de la elección del domingo 18, la anulación de la personería jurídica del MAS y demandas delirantes como una nueva auditoría al padrón electoral y la eliminación de la “diferencia” en el valor de los votos rurales y urbanos.

Finalmente, ayer, como muestra de que sí poseen la evidencia nunca exhibida, organizaron una operación mediática para mostrar cómo la gente de Creemos entregaba “miles” de actas observadas, convenientemente encajonadas, al Comité Cívico y no así al TED. Tal operación alimentó una notable oleada de rumores y noticias falsas que menudearon en las redes sociales virtuales causando crispación en la ciudadanía. Notable es que sus observadores en la sala de cómputo del TED no tuvieron ni una sola observación al proceso.

Son tiempos difíciles para la restitución democrática. El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas y estén dispuestas a creer a líderes que ni les representan ni nunca estuvieron en el marco de sus afectos. La confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral está bajo asedio; con ella, también la democracia.

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Del TREP al Direpre

Se reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región.

Por La Razón

/ 21 de octubre de 2020 / 03:02

La tensión y la larga espera la noche del domingo plantean la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema seguro, rápido y confiable de resultados preliminares. La caída del Direpre anunciada por el TSE pocas horas antes de los comicios fue un gran retroceso. La certidumbre sobre el resultado no puede estar a merced de empresas privadas y medios de comunicación.

Desde la transición a la democracia, el sistema electoral boliviano ha privilegiado la seguridad por encima de la celeridad. Así, el cómputo oficial de votos, basado en actas físicas, puede tardar hasta una semana. Eso era aceptable el siglo pasado. Pero ahora resulta un exceso, además de un factor de riesgo, que la noche de la votación sean empresas encuestadoras, y no el organismo electoral, quienes nos brinden datos no oficiales. Se trata de un componente clave para la integridad electoral.

Durante casi cuatro décadas, la democracia en el país no supo dotarse de un sistema para agregar y proporcionar resultados preliminares. Eso cambió en 2016, en el referéndum constitucional, cuando por primera vez el TSE implementó un “sistema de aseguramiento de actas”. El sistema, luego bautizado como TREP, permitía contar con imágenes y datos de las actas desde las propias mesas de sufragio. Sobre esa base se proporcionaban resultados preliminares, a la espera del cómputo oficial.

Dicho sistema funcionó como factor de seguridad y de confianza, sin cuestionamientos, en el referéndum 2016, las elecciones judiciales 2017 y más de una treintena de referendos departamentales y locales sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Se trató sin duda de un gran avance para dar información oficial, con carácter informativo, la misma noche de los comicios. Se utilizó también en las fallidas elecciones del año pasado, hasta la imperdonable decisión de suspender la difusión de datos.

En marzo de este año, el TSE informó formalmente que se contaría con un nuevo sistema: el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), cuyo diseño fue encargado a una empresa británica. El sistema debía estrenarse en la votación del 3 de mayo, luego postergada tres veces. La innovación fue ampliamente respaldada. Pero no funcionó: primero se decidió no difundir imágenes de las actas y un día antes de la votación se lo canceló. Quedamos así sin resultados preliminares, lo cual es un lamentable retroceso.

El espectáculo que dieron varios canales de televisión el domingo con la proyección de resultados de Ciesmori y Tu voto cuenta, cuyos datos finalmente se difundieron a medianoche bajo presión, reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región. Es importante, pues, que el Órgano Electoral haga su trabajo para que tanto la seguridad como la celeridad, que no son excluyentes, sean parte de nuestro sistema democrático.

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