Desorden estatal
No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.
Aunque la actual gestión gubernamental está en su fase menguante, no es admisible el espectáculo de desorden, descoordinación y abierto conflicto que se observa en varias acciones y situaciones en estos días. No se puede seguir erosionando la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y el imprescindible acatamiento de las autoridades a las leyes que nos rigen a todos.
En esta semana se está produciendo un nuevo “choque de trenes” entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a la promulgación de algunas normas y la censura a varias figuras del gabinete. Más allá de las razones de fondo de tales controversias, sobre las cuales quizás hay razones válidas que podrían argumentar sus protagonistas en un lado y el otro, lo preocupante es el espectáculo de ausencia de diálogo, de coordinación y de respeto por las formas en la manera como se están desenvolviendo estos conflictos.
De igual manera, es preocupante la cantidad de renuncias y renovaciones de altas autoridades de Estado faltando semanas para la transición hacia un nuevo gobierno, cuyo objetivo no parece evidente en un momento en el que lo prioritario es preparar la entrega ordenada de grandes asuntos a las autoridades que serán elegidas. Algunas de ellas, además, operadas en medio de controversias y hasta episodios insólitos, como los acontecidos en la Procuraduría hace unas semanas y ahora en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La institucionalidad estatal, tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre, no se construye únicamente con normas impecables y diseños constitucionales exquisitos, sino sobre todo con prácticas, actitudes y el respeto de ciertas formas. Cuando estas últimas se rompen o no importan, suele ser una señal de disfuncionamientos aún más graves al interior de las instituciones.
¿Cómo exigir a la ciudadanía común y corriente respeto y acatamiento a las decisiones del Estado si los propios altos dignatarios confunden, a veces, autoridad con prepotencia o si no hay códigos de respeto y cumplimiento de las normas básicas en las altas esferas de decisión?
A todas luces es desaconsejado no ser críticos ante la desmesura o a un “todo vale” justificado en la confrontación política de este momento de transición. La preocupación de fondo es que en ese trajín de pugna por el poder en detrimento de la búsqueda del bien común estamos perdiendo todos y haciendo más difícil la resolución de los problemas urgentes que hoy aquejan al país, que sigue bajo la emergencia sanitaria. Estamos, lamentablemente, llegando al punto de pedir a algunas autoridades ya no una gestión a la altura de las actuales circunstancias, sino un mínimo de compostura.