Opinión

viernes 4 dic 2020 | Actualizado a 20:01

El día después

Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

Por La Razón

/ 19 de octubre de 2020 / 06:52

Aunque no eran pocos quienes apostaban a un final de jornada con inestabilidad y cual agoreros afirmaban que estaban listos para enfrentar la violencia, la votación ayer fue, como ya es tradición en Bolivia, ejemplar y con una masiva asistencia de las y los electores; la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Rápidos (Direpre) fue seguramente el hecho más inesperado del día.

En efecto, aunque hasta el momento de escribirse estas líneas era imposible señalar siquiera cuál de los candidatos llevaba ventaja sobre el resto, sí se hizo posible afirmar que la gran victoria fue para la democracia, pues la ciudadanía asistió a votar y en muchos casos a vigilar el desarrollo de los comicios hasta el conteo de votos y firma del acta. La gran innovación este año estuvo en que en muchas mesas de sufragio hubo muchas personas tomando fotografías del acta.

El interés de muchas y muchos ciudadanos en tener un registro propio del acta tiene varias explicaciones, todas ellas relacionadas: por un lado queda la susceptibilidad producida por la narrativa del fraude, que vincula el sistema de Transmisión Rápida de resultados Parciales (TREP) con la alteración de resultados, pese a que siempre se supo que lo exhibido en este sistema no tenía carácter vinculante.

Precisamente por ello, uno de los mayores empeños del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo en rediseñar dicho sistema, tarea que produjo el sistema Direpre, cuyas bondades y fortalezas fueron señaladas con insistencia, no obstante de lo cual fue súbitamente suspendido pocas horas antes de iniciarse la votación. Tareas que “no podían ejecutarse y era preferible dejarlas” fue la razón esgrimida por el presidente del TSE para esa decisión, que contra lo que se esperaba, produjo un evidente alivio en los diferentes actores políticos, con la clara excepción de Creemos, la agrupación que empujó al expresidente del Comité Civico pro Santa Cruz a la candidatura.

La otra novedad fueron las enormes filas en muchos recintos de votación de las ciudades. Las medidas de bioseguridad para evitar en lo posible los contagios de COVID-19 implicaron distancia social y distribución de las y los votantes por horario según la terminación de la cédula de identidad. Una vez más, la población votante del país demostró que existe disciplina a la hora de ejercer el derecho, que a la vez es deber, de elegir.

Queda, como ha pedido el presidente del TSE al anunciar el sábado la suspensión del Direpre, paciencia para conocer los resultados finales del cómputo, única fuente oficial para publicitar el resultado final de la elección. Mientras tanto, también cabe esperar templanza de los líderes políticos para aceptar el resultado sea cual fuere y, sobre todo, para calmar los ánimos de las bases en la eventualidad de la derrota. Con la votación de ayer, parte de la institucionalidad democrática ha sido recuperada; sin embargo, es todavía mucho lo que resta por hacer.

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Una tarea urgente

La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:48

La necesidad de reforma de la justicia parece haber entrado en un buen cauce esta semana gracias a los anuncios hechos tanto por el Gobierno como por la oposición parlamentaria. Ya se habla de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, así como de leyes que además de posibilitar este cambio introducirán otras medidas sobre la administración de justicia.

El Ministro de Justicia, en entrevista en nuestro programa Piedra, papel y tinta, adelantó que los temas que se pretende cambiar en el texto constitucional son la elección de juezas y jueces por voto popular; el papel del Tribunal Agroambiental y la inclusión de alguna cláusula que garantice la independencia de las y los jueces designados. Entre las leyes, se pretende introducir una que norme la carrera judicial.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y el excandidato a la presidencia por esa agrupación anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el mismo espíritu que el anunciado por el ministro y señalaron que el anteproyecto está siendo consultado con la sociedad civil; entre las innovaciones que se proponen está establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. En cualquiera de los casos, ya se menciona un referéndum para aprobar las reformas que se hagan.

Sin embargo, tal reforma, incluso si imprescindible y urgente, no será sino el primero de muchos pasos para transformar no solo el Órgano Judicial, sino sobre todo la idea de justicia que tiene la sociedad boliviana, donde algunos sectores creen que es un servicio en venta para favorecer a quienes puedan pagarlo; otros, por el contrario, que le tienen un profundo temor por ser todo menos justa; así como otros más que la consideran una utopía a la que casi nadie accede. Todos ellos tienen su parte de verdad.

En un país donde los políticos de uno y otro lado inician procesos penales no con el objeto de buscar justa sanción, sino escarnio público y en algunos casos habilitación moral, no es de extrañar que tantas y tantos profesionales del derecho hayan olvidado no solo los límites éticos de su profesión, sino también las reglas del debido proceso, lo cual depaupera todavía más el sistema, pues procesos mal presentados y peor llevados únicamente sirven para desperdiciar recursos, ya escasos en el Órgano Judicial.

Urge, pues, transformar formalmente al Órgano Judicial, pero sobre todo hacer un cambio en la mentalidad que sigue creyendo que la justicia sirve para encontrar venganza, para dañar al otro, y no para restablecer la paz en la sociedad, o para sancionar crímenes y delitos sin preocuparse de las víctimas, que así no obtienen ni resarcimiento ni restitución de sus derechos. La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

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SECTOR MINERO METALÚRGICO

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2020 / 10:28

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Retórica de unidad

Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Por La Razón

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:21

Casi como un rito, las oposiciones políticas están agitando nuevamente la bandera de la unidad. Esta vez es para postular candidaturas a las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Hasta ahora, los intentos han sido declarativos, parciales o directamente fallidos. Según el calendario electoral, el plazo para el registro de alianzas vence este sábado.

De manera recurrente, al menos desde las elecciones generales de 2009, las fuerzas políticas opositoras al MAS-IPSP plantean la necesidad de unirse en busca de condiciones para mejorar sus resultados electorales. Esa divisa se expresó en propuestas para lograr una “candidatura de unidad” o, al menos, un “frente amplio”. En ningún caso se superó la sola intención. Hubo resultados más bien modestos con algunas alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas, reiteradamente derrotadas en las urnas.

En principio, la bandera opositora a favor de la unidad ante el gobernante MAS-IPSP es no solo necesaria, sino razonable. Es innegable que el oficialismo se beneficia, tanto en la gestión de gobierno como en los procesos electorales, de la pauta divisoria y hasta fragmentaria de las oposiciones. Pero la unidad por la unidad, en sí misma, la unidad anti, no parece suficiente. Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Dado el resultado de la votación del 18 de octubre, que otorgó al MAS-IPSP el “premio mayor” con la holgada elección de su binomio presidencial y representación mayoritaria en ambas cámaras legislativas, los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo expresan la posibilidad de una mayor redistribución del poder en el ámbito de los gobiernos departamentales y municipales. Son políticamente relevantes las gobernaciones y las alcaldías de las ciudades capitales, El Alto y algunas ciudades intermedias.

¿Qué podrán hacer las oposiciones, en términos de unidad o al menos de acuerdos territoriales, para la disputa electoral 2021? De acuerdo con el calendario electoral emitido por el TSE, las fuerzas políticas solo tienen hasta este sábado para realizar el registro de alianzas. Es decir, los esfuerzos de acercamiento impulsados por actores cívicos y políticos, junto con sus operadores mediáticos, tendrían que formalizarse muy pronto. La evidencia, en cambio, muestra la multiplicación de candidaturas.

Como van las cosas, es probable que la renovada búsqueda de unidad opositora, una vez más, se quede en solo retórica. Ello ciertamente incrementa las posibilidades del MAS-IPSP de obtener algunas victorias electorales más allá de su muy amplia presencia territorial a nivel municipal. Pero también contribuye a un mayor pluralismo político, con liderazgos regionales y locales en disputa. Ojalá sea con renovación. Lo sabremos el 19 de diciembre, cuando vence el plazo para la inscripción de candidaturas.

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