Opinión

sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 21:43

El factor dos tercios

Uno de los principios constitutivos de la democracia, además de la soberanía popular y la representación política, es el principio de la mayoría con reconocimiento de las minorías.

Por La Razón

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:35

La intempestiva reforma de los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, que alteró la regla decisoria en varios artículos, repuso en el debate político el tema de los dos tercios y la relación entre mayoría y minorías. El polémico legado de la saliente bancada del MAS sigue en agenda, aunque la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional ya asumió los reglamentos modificados.

Uno de los principios constitutivos de la democracia, además de la soberanía popular y la representación política, es el principio de la mayoría con reconocimiento de las minorías. Ello implica que, en ausencia de unanimidad o consenso, las decisiones se toman por mayoría. Si bien en principio este criterio, bastante lógico, puede verse como una cuestión aritmética, en el fondo expone diferentes “modelos” de democracia. No es lo mismo que decida solo la mayoría a que lo haga el mayor número posible de voces.

Respecto a las reglas decisorias, la mayoría puede adoptar diferentes formas: mayoría relativa o simple (el mayor número de votos respecto a los obtenidos por otras opciones), mayoría absoluta (la mitad más uno de los que eligen o deciden) o alguna mayoría especial o calificada (dos tercios, tres quintos, cuatro séptimos). Si bien la mayoría absoluta es la regla más utilizada, se espera que decisiones estructurales se tomen por mayoría especial. Ello se instituye en el marco constitucional y normativo.

En la legislación electoral boliviana se establece la regla de mayoría simple para la elección de alcaldes, en tanto que la mayoría absoluta es aplicada para la elección del binomio presidencial y los gobernadores. En el ámbito de la ALP, por mandato constitucional, algunas autoridades son elegidas por dos tercios: vocales electorales, contralor general, defensor del pueblo, fiscal general del Estado. La mayoría especial rige también para otras decisiones sustantivas, como la ley de reforma constitucional.

En general, es evidente que las decisiones en democracia y en un Estado de Derecho, como la aprobación y sanción de leyes, se toman por mayoría absoluta. Las decisiones que requieren mayoría especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como los dos tercios, están señaladas de manera específica e inequívoca en 13 artículos de la Constitución Política. Todos ellos, sin excepción, se mantienen inalterables en los reglamentos camarales. No procede, pues, ningún recurso de inconstitucionalidad.

Como sea, más allá de las reglas, lo esencial en democracia es que la mayoría (siempre circunstancial) respete y reconozca los derechos y expresiones de las minorías. Es fundamental también que la mayoría pueda decidir sin el bloqueo o veto de las minorías. Se juegan en ello criterios de eficacia decisoria y de representatividad. En temas relevantes, antes que imponer, siempre será preferible la deliberación, el equilibrio, la construcción de acuerdos. Mayoría (relativa, absoluta, especial) es democracia.

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Diálogo con los empresarios

Nadie gana nada con un sector privado debilitado y por tanto hay necesidad de reflexionar seriamente sobre las difíciles situaciones financieras que muchas empresas están enfrentando en un año para el olvido.

Por La Razón

/ 5 de diciembre de 2020 / 01:25

El sector privado es uno de los actores centrales del desarrollo nacional que ha tenido que enfrentar, como todos, un contexto muy difícil debido a la larga paralización de la actividad durante los conflictos y la pandemia. Hay urgencia por un diálogo honesto y constructivo con las nuevas autoridades de gobierno sobre las condiciones y apoyos que requiere para su reactivación.

La discusión sobre una amplia agenda de trabajo conjunto entre el sector empresarial privado y el Gobierno nacional fue uno de los procesos que se frustró por la inestabilidad política y la ruptura institucional del año pasado. Pese a su lentitud y limitaciones, se estaba logrando identificar ámbitos en los que se perfilaba una mayor colaboración pública-privada para incentivar el crecimiento, la creación de empleos y una mayor formalización de la economía.

No hay que ocultar las obvias diferencias que existen entre una administración pública de izquierda y las representaciones del sector privado, natural y legítimamente favorables a una aproximación liberal en muchas cuestiones. Sin embargo, en el marco del respeto mutuo parecía posible diseñar muchas acciones que podían apoyar a los emprendedores en la creación de empleos de mejor calidad, de más ingresos y, en consecuencia, de más recaudaciones tributarias que podrían ser redistribuidas mediante políticas sociales.

Durante su larga gestión, el MAS ha demostrado bastante pragmatismo y ha insistido siempre en que el sector privado es un componente crucial de la economía y que su expansión es un objetivo deseable. Nadie gana nada con un sector privado debilitado y por tanto hay necesidad de reflexionar seriamente sobre las difíciles situaciones financieras que muchas empresas están enfrentando en un año para el olvido. Los funcionarios no deberían perder de vista tampoco que este sector es extremadamente heterogéneo y que los empleadores no son sinónimo de insensibles potentados con grandes recursos preocupados solo de explotar a los trabajadores. Esa es una caricatura irrealista y dañina.

Por su parte, los gremios empresariales tienen el reto de entender y adaptarse al cambio legítimo en las prioridades y las orientaciones de ciertas políticas públicas que implica el retorno del MAS al poder. Asumidas esas diferencias con realismo, el espacio de acuerdo podría ser grande si hay voluntad de escuchar al otro y de buscar soluciones imaginativas a las dificultades que están enfrentando todos.

En ese sentido, las recientes controversias sobre el futuro de FUNDEMPRESA, el pago del aguinaldo o la necesidad de apoyos, no solo financieros sino también regulatorios, para una reactivación de muchas actividades privadas podría transformarse más bien en una oportunidad para volver a encontrarse y colaborar por el bien de la nación.

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Una tarea urgente

La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:48

La necesidad de reforma de la justicia parece haber entrado en un buen cauce esta semana gracias a los anuncios hechos tanto por el Gobierno como por la oposición parlamentaria. Ya se habla de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, así como de leyes que además de posibilitar este cambio introducirán otras medidas sobre la administración de justicia.

El Ministro de Justicia, en entrevista en nuestro programa Piedra, papel y tinta, adelantó que los temas que se pretende cambiar en el texto constitucional son la elección de juezas y jueces por voto popular; el papel del Tribunal Agroambiental y la inclusión de alguna cláusula que garantice la independencia de las y los jueces designados. Entre las leyes, se pretende introducir una que norme la carrera judicial.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y el excandidato a la presidencia por esa agrupación anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el mismo espíritu que el anunciado por el ministro y señalaron que el anteproyecto está siendo consultado con la sociedad civil; entre las innovaciones que se proponen está establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. En cualquiera de los casos, ya se menciona un referéndum para aprobar las reformas que se hagan.

Sin embargo, tal reforma, incluso si imprescindible y urgente, no será sino el primero de muchos pasos para transformar no solo el Órgano Judicial, sino sobre todo la idea de justicia que tiene la sociedad boliviana, donde algunos sectores creen que es un servicio en venta para favorecer a quienes puedan pagarlo; otros, por el contrario, que le tienen un profundo temor por ser todo menos justa; así como otros más que la consideran una utopía a la que casi nadie accede. Todos ellos tienen su parte de verdad.

En un país donde los políticos de uno y otro lado inician procesos penales no con el objeto de buscar justa sanción, sino escarnio público y en algunos casos habilitación moral, no es de extrañar que tantas y tantos profesionales del derecho hayan olvidado no solo los límites éticos de su profesión, sino también las reglas del debido proceso, lo cual depaupera todavía más el sistema, pues procesos mal presentados y peor llevados únicamente sirven para desperdiciar recursos, ya escasos en el Órgano Judicial.

Urge, pues, transformar formalmente al Órgano Judicial, pero sobre todo hacer un cambio en la mentalidad que sigue creyendo que la justicia sirve para encontrar venganza, para dañar al otro, y no para restablecer la paz en la sociedad, o para sancionar crímenes y delitos sin preocuparse de las víctimas, que así no obtienen ni resarcimiento ni restitución de sus derechos. La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

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SECTOR MINERO METALÚRGICO

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2020 / 10:28

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Retórica de unidad

Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Por La Razón

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:21

Casi como un rito, las oposiciones políticas están agitando nuevamente la bandera de la unidad. Esta vez es para postular candidaturas a las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Hasta ahora, los intentos han sido declarativos, parciales o directamente fallidos. Según el calendario electoral, el plazo para el registro de alianzas vence este sábado.

De manera recurrente, al menos desde las elecciones generales de 2009, las fuerzas políticas opositoras al MAS-IPSP plantean la necesidad de unirse en busca de condiciones para mejorar sus resultados electorales. Esa divisa se expresó en propuestas para lograr una “candidatura de unidad” o, al menos, un “frente amplio”. En ningún caso se superó la sola intención. Hubo resultados más bien modestos con algunas alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas, reiteradamente derrotadas en las urnas.

En principio, la bandera opositora a favor de la unidad ante el gobernante MAS-IPSP es no solo necesaria, sino razonable. Es innegable que el oficialismo se beneficia, tanto en la gestión de gobierno como en los procesos electorales, de la pauta divisoria y hasta fragmentaria de las oposiciones. Pero la unidad por la unidad, en sí misma, la unidad anti, no parece suficiente. Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Dado el resultado de la votación del 18 de octubre, que otorgó al MAS-IPSP el “premio mayor” con la holgada elección de su binomio presidencial y representación mayoritaria en ambas cámaras legislativas, los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo expresan la posibilidad de una mayor redistribución del poder en el ámbito de los gobiernos departamentales y municipales. Son políticamente relevantes las gobernaciones y las alcaldías de las ciudades capitales, El Alto y algunas ciudades intermedias.

¿Qué podrán hacer las oposiciones, en términos de unidad o al menos de acuerdos territoriales, para la disputa electoral 2021? De acuerdo con el calendario electoral emitido por el TSE, las fuerzas políticas solo tienen hasta este sábado para realizar el registro de alianzas. Es decir, los esfuerzos de acercamiento impulsados por actores cívicos y políticos, junto con sus operadores mediáticos, tendrían que formalizarse muy pronto. La evidencia, en cambio, muestra la multiplicación de candidaturas.

Como van las cosas, es probable que la renovada búsqueda de unidad opositora, una vez más, se quede en solo retórica. Ello ciertamente incrementa las posibilidades del MAS-IPSP de obtener algunas victorias electorales más allá de su muy amplia presencia territorial a nivel municipal. Pero también contribuye a un mayor pluralismo político, con liderazgos regionales y locales en disputa. Ojalá sea con renovación. Lo sabremos el 19 de diciembre, cuando vence el plazo para la inscripción de candidaturas.

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TRASLADO – AGENCIA «SAGARNAGA»

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2020 / 00:00

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