Opinión

Thursday 18 Jul 2024 | Actualizado a 23:11 PM

Cansadas de la violencia

Debería ser inaceptable que la mitad de la población humana sea considerada “grupo vulnerable”, y sin embargo es así desde hace milenios.

Por La Razón

/ 27 de noviembre de 2020 / 01:19

El miércoles se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en muchas ciudades del mundo se ha producido toda clase de manifestaciones, protagonizadas por mujeres, pero no únicamente, reclamando por el derecho de la mitad de la población a vivir libre del miedo, del acoso, de las múltiples manifestaciones del patriarcado moderno.

Iniciada en América Latina, la conmemoración en recuerdo de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana, fue reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, y desde entonces el organismo multilateral invita cada año a gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.

Este año no ha sido la excepción, y en Bolivia, desde la plaza Murillo en la sede de gobierno hasta muchos otros lugares en toda la geografía nacional, se realizaron actos y otras manifestaciones de repudio a la violencia que afecta a las mujeres, y una vez más las autoridades del Estado se comprometieron a luchar por la causa de erradicar ese mal que afecta a más de siete de cada 10 mujeres en algún momento de su vida.

Pero los resultados tardan en llegar. La existencia de más de una ley dirigida a prevenir y sancionar las diferentes formas de violencia contra las mujeres, desde la más evidente, los golpes, hasta las más sutiles, como el privarles de dinero, alimentos o dignidad, no ha servido para detener o siquiera disminuir su práctica. Pareciera, más bien, que estas normas y los muchos discursos que las acompañan han provocado una suerte de reacción machista que se ensaña aún más con las mujeres.

Es porque la boliviana es una sociedad acostumbrada a vivir en violencia (por supuesto, nada comparable con otros países de la región y el mundo), y por esa causa se asume como normal o, peor, natural que los grupos más débiles o vulnerables reciban el mayor peso de esa violencia, la padezcan más y de más formas; de ahí que la doctrina de los Derechos Humanos señala la obligación de priorizar el cuidado de personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y otros, además de las mujeres.

Debería ser inaceptable que la mitad de la población humana sea considerada “grupo vulnerable”, y sin embargo es así desde hace milenios; por suerte, ahora, tal vez como nunca antes en la historia, las mujeres (y no pocos varones) están en permanente movilización para cambiar este estado de cosas.

El primer paso es ver las múltiples manifestaciones de violencia que se viven cotidianamente en la sociedad, reconocer que las mujeres son las primeras afectadas por ellas, para luego repudiar tales manifestaciones, activamente, tanto en reacciones, comentarios y publicaciones personales en las redes sociales digitales, como en la vida real, donde cualquier forma de abuso debe ser vista como inaceptable e injustificable.

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Golpe y dictadura

Lo mismo puede decirse de los hechos del 26 de junio, todavía envueltos en un manto de confusión

Por La Razón

/ 18 de julio de 2024 / 06:44

Ayer se han recordado 44 años del sangriento golpe de los militares Luis García Meza, Luis Arce Gómez y sus socios y cómplices, dentro y fuera de los cuarteles. El amargo recuerdo del golpe de Estado no solamente sirve para valorar la importancia crucial de la democracia en la vida de todas las personas, sino también para considerar apropiadamente sucesos de reciente data en la historia.

El trabajo de la Comisión de la Verdad, creada en diciembre de 2016 para indagar las graves violaciones de los derechos humanos producidas por los gobiernos de facto entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, señala inequívocamente que en el gobierno de García Meza, iniciado con el derrocamiento de Lidia Gueiler, presidenta transitoria, hubo “múltiples agresiones” por motivos políticos e ideológicos.

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Tales agresiones se tradujeron en “apresamientos, torturas, asesinatos, desapariciones, no solo a dirigentes políticos y sindicales, también a miembros universitarios, miembros de las Iglesias, particularmente católica, metodista y luterana que desarrollaban actividades sociales. La persecución no tenía límites”, según revela el documento. El saldo, según la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), fue de al menos 29 desapariciones forzadas y 500 personas asesinadas, torturadas, heridas y detenidas.

El recuerdo de tales atrocidades, asociado a la imagen de militares en traje de campaña, o de gala para las transmisiones televisivas y radiales, sirvió para poner en cuestión lo sucedido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando un grupo de civiles, amparados por la Iglesia Católica, decidió de manera inconsulta con el pueblo boliviano el modo en que se produjo la sucesión presidencial, al margen de cualquier consideración constitucional (el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, presente en el discutible evento, reconoció que se trató de una solución apenas “cercana” a la Constitución).

En el gobierno que se instaló luego tampoco faltaron las persecuciones y encarcelamientos sin debido proceso (instruidos por quien hoy todavía funge como fiscal general) y asesinatos, comandados por el hoy prófugo Luis Fernando López, que entonces ocupaba el puesto de ministro de Defensa y hoy aguarda que Paraguay le conceda refugio político, y su colega Arturo Murillo, que cumple condena en Estados Unidos, donde intentó lavar el dinero robado de las arcas públicas bolivianas. 

Hoy, desafortunadamente, sigue faltando mucho para conocer la verdad histórica de lo sucedido antes y durante los casi 12 meses de gobierno de Jeanine Áñez, pero también para desmontar el sentido común que no puede distinguir un golpe de Estado, que se produce para tomar el poder, de una dictadura, que es el modo de gobierno que suele aplicarse. Lo mismo puede decirse de los hechos del 26 de junio, todavía envueltos en un manto de confusión.

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Comicios sin primarias

Dependerá de la voluntad política, y la correlación de fuerzas, de las bancadas en las cámaras legislativas.

Por La Razón

/ 14 de julio de 2024 / 00:03

Con algún debate y condiciones, la reunión multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE acordó suspender las elecciones primarias para binomios presidenciales. El proyecto de ley para el efecto ya está en la ALP. La prioridad para este año son las judiciales, nuevamente paralizadas. Y el compromiso esencial es garantizar las elecciones generales de 2025.

Como era previsible, las diferentes fuerzas políticas que aspiran a competir en los próximos comicios aceptaron la propuesta de omitir las primarias de forma excepcional, como se hizo en 2020. Así ganan tiempo para la definición de sus candidaturas y alianzas. La idea opositora de primarias abiertas quedó atrás. Incluso el jefe del MAS-IPSP está de acuerdo si el TSE asegura su candidatura. Se impone pues la visión instrumental de un mecanismo pensado para la democratización interna de los partidos.

No realizar primarias en las próximas elecciones es el resultado más concreto del encuentro entre actores políticos e institucionales del pasado miércoles (en el que, por mano del TSE, se metieron de contrabando dirigentes de organizaciones sociales). En principio, las primarias no son esenciales, peor si no se garantiza que sean competitivas. Más bien, en el actual contexto, resultan problemáticas y hasta inviables. En consecuencia, las cúpulas de los partidos y alianzas decidirán sus candidaturas.

Lo que sigue en torno a las primarias puede ser simple o conflictivo. Dependerá de la voluntad política, y la correlación de fuerzas, de las bancadas en las cámaras legislativas. No parece inviable que la unión de arcistas y opositores asegure la mayoría absoluta necesaria para aprobar la ley enviada por el TSE. Habrá que ver la posición de los evistas, en especial en el Senado. Debe considerarse también el factor tiempo: la norma excepcional tiene que sancionarse como máximo la segunda semana de agosto.

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Asumiendo la suspensión de las primarias, la agenda electoral se concentrará estos meses en las elecciones judiciales, obstaculizadas y bloqueadas desde el año pasado por operadores políticos y judiciales. No habrá primarias para asegurar las judiciales. Está bien. Cuidado que tampoco se vote para renovar a las autoridades de los altos tribunales, hoy autoprorrogadas en su mandato. Por otro lado, está en mesa para fines de 2024 la sensible redistribución de escaños con arreglo a los datos del Censo.

En cuanto a las elecciones generales de agosto de 2025, la “cumbre” del TSE abordó la necesidad de garantizar la confiabilidad del padrón electoral (no habrá nuevo padrón). Debe implementarse también un sistema de resultados electorales preliminares. Hay otras declaraciones sobre el transfugio, los derechos indígenas y la inaceptable persistencia de hechos de acoso y violencia política contra las mujeres. Y está la cuestión esencial: ningún órgano del Estado puede vulnerar las atribuciones del TSE.  

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Mercosur: oportunidades y retos

La adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico

Por La Razón

/ 11 de julio de 2024 / 06:32

El lunes, después de años de preparación, adaptación y, sobre todo, negociaciones bilaterales y multilaterales con los miembros del bloque, iniciadas en 2015, Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur). Para el Estado es una gran noticia, pero, al margen del optimismo que inspira por los previsibles beneficios que producirá, también hay que considerar las amenazas.

En efecto, el Mercosur, bloque económico que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahora a Bolivia, representa un mercado de más de 295 millones de habitantes y un PIB combinado de alrededor de $us 2,2 billones. Este gigante económico regional ha impulsado el comercio intra-bloque, que en 2023 alcanzó los $us 80.000 millones, demostrando su potencial como motor de crecimiento para sus miembros.

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Sin embargo, el Mercosur no está exento de contradicciones. Según análisis publicados en los últimos días en diversos medios, entre sus fortalezas destacan la ampliación del mercado para las empresas de los países miembros y el aumento de su poder de negociación en foros internacionales, pero, por otro lado, sus debilidades incluyen las asimetrías económicas entre los países miembros y la rigidez de algunas de sus normativas comerciales.

La pertenencia al Mercosur trasciende lo económico, adquiriendo una dimensión política crucial. Formar parte del bloque implica alinearse con ciertas posiciones geopolíticas y participar en la toma de decisiones regionales, lo que puede fortalecer la voz de Bolivia en el escenario internacional, pero también producir contradicciones como se ha podido ver, por ejemplo, en la ausencia del presidente de Argentina a la cita del lunes, evidentemente por razones ideológicas.

Para Bolivia, la adhesión al Mercosur ofrece beneficios significativos. El acceso a un mercado ampliado podría impulsar sus exportaciones, especialmente en sectores como el agrícola y el de hidrocarburos; además, la integración podría atraer inversiones (si el Estado lo permite) y fomentar la modernización de su aparato productivo. No obstante, los riesgos son igualmente palpables: la economía boliviana, relativamente pequeña y menos diversificada, podría verse abrumada por la competencia de industrias más desarrolladas de otros miembros. Asimismo, la pérdida de cierta autonomía en política comercial podría limitar su capacidad de maniobra económica.

Así, la adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico, pues implica lo político, social y hasta de seguridad. Este paso crucial requiere una visión integral y estratégica para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos en todos los frentes, sin poner en riesgo su propio modelo de desarrollo social comunitario. El desafío para Bolivia no es solo entrar al Mercosur, sino hacerlo de manera que potencie su desarrollo en todas las dimensiones.

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‘Cumbre’ desportillada

Por La Razón

/ 7 de julio de 2024 / 00:02

El encuentro multipartidario e interinstitucional impulsado por el Tribunal Supremo electoral (TSE) corre el riesgo de convertirse en un espacio de desencuentro. Y es que, por alguna extraña razón, en lugar de realizar una convocatoria amplia, incluyente y de alto nivel, los vocales optaron por criterios discrecionales para definir quiénes participan. Mala decisión que puede malograr una buena iniciativa.

Habíamos destacado en este espacio que la reunión convocada por el TSE podía ser un valioso momento de acuerdo que brinde certidumbre sobre el próximo ciclo electoral. Y ello dependía de los participantes. Ahora está en duda la legitimidad de una cita entre fuerzas políticas que de entrada excluye al líder del principal partido. Más allá de su división interna, el MAS-IPSP continúa siendo un actor estratégico en el campo político. Por ello, si el TSE pretendía un equilibrio entre sus dos facciones, le salió mal.

La “cumbre” que se realizará este miércoles tiene el propósito de facilitar las condiciones que viabilicen las elecciones generales. Es algo necesario y saludable en un contexto marcado por las disputas políticas y la incertidumbre. Al ser una elección de mandato fijo, la convocatoria corresponde al TSE. La premisa es inequívoca: el 8 de noviembre de 2025 es la fecha “definitiva, inamovible e impostergable” para la posesión del nuevo binomio presidencial electo. Para ello, los comicios deben realizarse en agosto.

En ese camino, la reunión del miércoles considerará el futuro de las elecciones primarias. El vocal Tahuichi, que con sus excesos verbales funge como vocero del TSE, anticipó que la propuesta es eliminarlas. No es la posición de los actores que decidirán en la Asamblea Legislativa: el hoy excluido evismo quiere primarias cerradas este año, como está previsto en la ley; en tanto que Comunidad Ciudadana, Creemos y voces del arcismo plantean postergarlas y abrirlas para 2025.

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Los otros aspectos que el TSE planteará en la reunión están vinculados a la integridad del proceso electoral y no debieran generan controversia. Se trata de garantizar técnicamente, con acompañamiento de los actores políticos, la redistribución de escaños y delimitación de circunscripciones, la solidez y confiabilidad del padrón electoral biométrico, y la implementación de un sistema oficial de resultados preliminares. Se estima que estos aspectos sean derivados a mesas técnicas.

Ante tan valiosa agenda democrática e institucional, es lamentable que la iniciativa se haya puesto en cuestión antes incluso de su realización. Los vocales del TSE debieran rectificar la convocatoria a fin de lograr que efectivamente sea una cumbre multipartidaria con la participación de los principales líderes políticos y no un evento contaminado por inclinaciones en torno a la disputa interna del masismo. La integridad de las elecciones 2025 es demasiado importante como para dejarla librada al cálculo de intereses.

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Más incertidumbre

La experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables

Por La Razón

/ 4 de julio de 2024 / 06:46

Luego del conato de golpe de Estado, que ha dado, y seguirá dando, tema para la conversación pública y privada, fue una gran noticia saber, el viernes pasado, que el trabajo de selección de postulantes para las elecciones judiciales se reanudaría el lunes; mas un nuevo recurso de amparo puso en suspenso, nuevamente, el proceso. Sin embargo, todo parece estar solucionándose.

Fue a iniciativa de un abogado que se creyó injustamente inhabilitado, que la Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no había emitido una resolución al respecto.

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Ayer, en cuestión de pocas horas ese problema fue resuelto. La Comisión de Justicia Plural decidió habilitar a uno de los postulantes antes descartados y ratificar la inhabilitación de otros cinco, incluyendo al accionante del más reciente amparo. Un séptimo caso será resuelto hoy, pero, aunque no debería, es imposible afirmar que no habrá un nuevo obstáculo jurídico en el proceso.

Fruto de este vaivén que ha causado más de un año de parálisis en el trámite, que debía resolverse en el último trimestre de 2023 con la jornada de votación, el lunes, una abogada, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), retiró su postulación indicando que el motivo es “la desconfianza” en el proceso de preselección, producida por “la dilación y suspensión que han dañado su legitimidad”.

Habrá que ver si otros u otras postulantes deciden retirarse de la carrera en los días sucesivos y, peor, si no inician una campaña de desprestigio al proceso, severamente dañado por sucesivas acciones judiciales (corruptas, según declaraciones de la senadora de CC Silvia Salame) y una evidente intención de dañar el proceso desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde todas las partes tienen intereses en juego y ninguna muestra legítima voluntad política de llegar a la elección.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó, también el lunes, que la ALP debe remitir al Órgano Electoral la lista de 192 postulantes a las elecciones judiciales hasta fines de julio; agregó la alta autoridad electoral que es necesario ampliar el tiempo para el proceso, pues el plazo señalado en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se cumplió el 6 de mayo. A eso debe sumarse el todavía pendiente debate sobre las elecciones primarias, que podrían conflictuar el calendario electoral de este año.

Por ahora, el camino parece allanado, pero la experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables, desde adentro y desde afuera de la ALP, para impedir el mandato constitucional de tener autoridades del Judicial electas por voto popular. La incertidumbre no desaparecerá hasta el día mismo de la votación.

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