Juicio al golpe
¿Hubo golpe de Estado el año pasado en Bolivia? La discusión puede ser interminable, empezando por establecer qué se entiende hoy por golpe de Estado a diferencia de la época de las dictaduras militares el siglo pasado.
Mediante una acción penal, el MAS-IPSP está llevando a la Justicia su denuncia de “golpe de Estado” por el derrocamiento del expresidente Morales. Se apunta contra el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho y altos mandos militares y policiales. La denuncia ha sido admitida por la Fiscalía, avivando el irresuelto debate sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.
Sin matices ni puntos de encuentro, persisten dos interpretaciones acerca de la crisis político-institucional del año pasado. Una parte del país está convencida de que, por obra del motín policial y un pronunciamiento de las FFAA, bien sincronizados con la intervención de la OEA de Almagro, se produjo una ruptura del orden democrático. La otra parte sostiene con igual convicción que en realidad hubo “fraude monumental” seguido de movilización ciudadana, lo que derivó en una sucesión constitucional.
A reserva de esta disputa política y de cómo quedará registrado el hecho en la historia oficial, la acusación de golpe de Estado, asumida por el gobernante MAS-IPSP y sus organizaciones, ya está en manos del Ministerio Público. La acusación de fraude, en tanto, asumida por el bloque de oposición anti MAS y sus operadores mediáticos, llegó a la Justicia hace más de un año, sin ninguna imputación todavía. Así, la batalla discursiva en el terreno político, ahora se librará también en el campo judicial.
¿Hubo golpe de Estado el año pasado en Bolivia? La discusión puede ser interminable, empezando por establecer qué se entiende hoy por golpe de Estado a diferencia de la época de las dictaduras militares el siglo pasado. Lo evidente es que se derrocó a un presidente electo, que renunció y salió del país, instalándose un gobierno provisorio en una veloz secuencia de autoproclamación. Hay quienes amplían el análisis, y por tanto el debate, planteando el hecho en términos de “revolución-contrarrevolución”.
Como sea, está en curso una denuncia penal contra el actual jefe de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, quien en un encuentro con sus allegados reveló: “Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salieran…; la policía de la misma manera, fue mi padre”. Y contó que la coordinación la hizo Luis Fernando López, luego designado ministro de Defensa “para cumplirles los compromisos”. Tras “cerrar” con militares y policías, se lanzó el ultimátum de 48 horas para la renuncia de Evo Morales.
Así, además de Camacho y su padre, la acusación de golpe de Estado alcanza de manera directa a los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Lo que sigue es la investigación por cuenta de la Fiscalía, que seguramente tomará varios meses, con declaraciones tanto de las víctimas como de los denunciados. Es difícil pensar en un proceso que esté libre de presiones políticas, de uno y otro lado. Ojalá que al menos se garanticen el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.