Uno de los mayores intentos de hacer una transformación en el Estado boliviano durante el gobierno transitorio iniciado en noviembre de 2019 fue, desafortunadamente, el giro en la doctrina y práctica de las relaciones internacionales. El costo de tal viraje todavía está por verse, pero tanto el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores como el Procurador han hecho un balance negativo.
El Canciller, en entrevista con este diario hace dos semanas, afirmó que la ahora excanciller no solo pretendió dañar las relaciones con países como Cuba, Nicaragua, Irán, Argentina, México y otros, sino que también impuso un viraje en el ámbito multilateral afectando acuerdos y compromisos que el país tenía ante la comunidad internacional y, lo que es peor, se alineó con el Gobierno estadounidense “a cambio de nada”.
Reveló el ministro que pese a informes y declaraciones que hacían referencia a un renovado ímpetu en las relaciones con los demás países del orbe, en los poco más de 11 meses de gestión transitoria no hubo logro alguno a favor del país. Es probable que, por el contrario, haya habido peligrosos retrocesos, incluyendo el hecho que, en palabras del Canciller, el país fue “ninguneado” en la escena internacional.
Similar perspectiva tiene el Procurador General del Estado, cuya institución descuidó el mandato constitucional de defensa del Estado cuando estuvo en manos de dos procuradores que terminaron su mandato cubiertos de sospechas y acusaciones de su propio gobierno. Sostiene que la institución fue convertida en una suerte de apéndice del Ministerio Público y que desde la Procuraduría se ejerció “persecución política a líderes de oposición y a exautoridades”.
Más grave parece el hecho de que, según explicó el Procurador, parecería que hubo una suerte de “boicot” a los juicios que el Estado tiene en el extranjero, comenzando por la defensa en el proceso iniciado por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y terminando en varios otros, cuyo curso se desconoce pues el Estado boliviano dejó de pagar los honorarios a los abogados internacionales que estaban a cargo del seguimiento de dichos trámites jurídicos.
Justificó en su momento la excanciller sus discutibles decisiones señalando que estaba “desideologizando” las relaciones internacionales del país, pero como coinciden en señalar las dos autoridades citadas, lo más probable es que detrás de tal discurso había únicamente intereses ideológicos.
Es bien sabido que la política es la continuación de la guerra por otros medios, y la diplomacia es la punta de lanza en tales intentos. Un país que se declara pacifista, pero sobre todo con un servicio exterior pequeño, necesita de una robusta presencia internacional y las mejores relaciones posibles con todas las potencias extranjeras. Toca a las actuales autoridades demostrar que es posible reconducir esos procesos sin caer en los excesos, los yerros y la demagogia que hoy se critican.