Opinión

jueves 16 sep 2021 | Actualizado a 21:11

Contrabando

Poner freno al contrabando demanda mucho más que las exitosas tareas de interdicción que se conocen.

Por La Razón

/ 18 de diciembre de 2020 / 02:59

Como todos los años, la llegada de la fiesta de Navidad y la tradición de intercambiar regalos que trae asociada, demanda mercados bien abastecidos de toda clase de bienes de consumo. Si bien el proceso dinamiza la economía y pone en circulación el dinero, en el caso boliviano se distorsiona debido a que gran parte del comercio está alimentado por el contrabando.

Si bien las fronteras bolivianas son vulnerables todo el año a los intentos de clanes de contrabandistas, es durante el último trimestre del año cuando más activas son las operaciones de internación ilegal de mercadería. El negocio implica mucho más que propietarios y transportistas del contrabando, pues demanda servicios de abastecimiento y cobijo, que se brindan en las poblaciones fronterizas.

Así, la intensa lucha contra el contrabando, que desarrolla el Viceministerio del ramo a través de fuerzas especiales de las FFAA, se ve obstaculizada no solo por temerarios transportistas capaces incluso de cruzar un campo minado a bordo de sus camiones de alto tonelaje, sino también de la población de aquellas localidades cercanas a los pasos fronterizos, capaz de poner en riesgo la vida de quienes combaten el ilícito negocio.

Además del ya señalado incremento estacional en la demanda, favorece a la buena salud del contrabando el hecho que durante el gobierno transitorio la lucha contra este crimen no fue tomada como prioridad y, según el actual Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, incluso se desmanteló parte de la capacidad instalada en las fronteras. A ello debe agregarse el cierre de fronteras a causa de la pandemia, que incrementó el uso de pasos ilegales.

Por otra parte, la devaluación de las monedas de países vecinos favorece la importación ilegal de productos de origen animal y vegetal, lo cual, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), produce pérdidas de hasta Bs 30 millones solo para el sector porcícola y merma hasta en 20% la producción de las granjas nacionales.

Por su parte, el Presidente del Estado, en un acto de entrega de automóviles incautados para reforzar la lucha contra el contrabando, recordó que cuando se comercia y se consume productos importados se afecta de manera directa a la industria nacional, mucho más si es de contrabando, pues en ese caso ni siquiera produce ingresos en calidad de impuestos y mucho menos es sometido a controles de calidad.

Poner freno al contrabando demanda, pues, mucho más que las exitosas tareas de interdicción que se conocen, ya que es evidente que como modus vivendi está muy extendido en poblaciones menores y hasta ciudades intermedias, cuyas poblaciones se han mostrado dispuestas a conservar su fuente de ingresos por cualquier medio. Sin alternativas al contrabando como medio de subsistencia para quienes trabajan en este ilícito negocio, las mafias que mueven millonarios negocios seguirán gozando de la complicidad de la población tanto en la frontera como en los mercados urbanos.

 

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¿Referéndum 2022?

Es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2021 / 01:59

En medio del malogrado debate sobre la imprescindible reforma de la justicia en el país, se plantea realizar un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El objetivo principal, entre otros, es modificar la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales. El tema no es nuevo (se discute desde hace una década), pero resulta impostergable.

Un tema de coincidencia entre oficialismo y oposición, además por supuesto de la ciudadanía, es que la administración de justicia en el país afronta una crisis severa, de larga data. Se requiere, por tanto, una reforma estructural. Ello no se limita a la forma de elegir y distribuir magistrados y jueces, sino también a cuestiones normativas, de transparencia, presupuestarias. Claro que el tema de fondo es garantizar la independencia del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

La última reforma sustantiva de la administración de justicia en Bolivia se produjo en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Entre otras importantes innovaciones, la nueva Constitución Política, en su Título III, estableció la elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La votación popular está precedida de una fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Luego de dos experiencias de elecciones judiciales (2011 y 2017), cuestionadas por la oposición que alentó la nulidad del voto, uno de los temas de discusión tiene que ver precisamente con la modalidad de elección de los magistrados. ¿Se mantiene la elección popular en dos fases, vistos sus malos resultados? ¿O se la cambia por otra fórmula, que no implique volver al cuoteo partidario? Este último camino requiere la reforma parcial de la Constitución Política, que debe ser aprobada en referéndum constitucional.

Al inicio de la gestión del actual Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso realizar dicho referéndum junto con las elecciones subnacionales. La idea fue rápidamente desechada por varias razones, empezando por los plazos. Ahora el camino del referéndum es planteado por un grupo de juristas de la oposición, que están diseñando una propuesta de reforma. Y plantean hacerlo por iniciativa popular, esto es, con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Parece complicado.

Más allá de la decisión que se tome sobre la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, y de si ello implica o no un referéndum constitucional, es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación, que conduzca a un acuerdo nacional. Cualquier camino de imposición o atajo decisorio, sin consensos, nacerá con la legitimidad magullada. El desafío es demasiado complejo como para dejarlo librado a la voluntad de unos pocos.

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Porvenir en la memoria

El gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

Por La Razón

/ 13 de septiembre de 2021 / 01:32

El 11 de septiembre es una fecha cargada de recuerdos, y los medios de comunicación del mundo la asocian con los ataques perpetrados en 2001 en Estados Unido; otros, con mejor memoria, con el ataque al Palacio de la Moneda y el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973. Los menos recuerdan que ese día en 2008 hubo una balacera fatal en Pando.

El 11 de septiembre de 2008 fue un día de tragedia motivada por un odio desatado a propósito de la resistencia de las élites al gobierno instalado en 2006, el que por primera vez en la historia había obtenido más del 50% de los votos, que había resultado fortalecido en un referéndum revocatorio meses antes y que impulsaba contra viento y marea una nueva Constitución Política del Estado.

Entonces, identificados con el nombre de “media luna”, los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, apoyados por sus respectivos comités cívicos, articulaban medidas de resistencia contra las decisiones gubernamentales empleando como acicate de la movilización ciudadana el regionalismo y el racismo. En Pando, particularmente, se había creado las condiciones para rechazar en la capital a los campesinos, asociados con una supuesta ola migratoria de colonizadores “de occidente”.

Ese día trágico, los campesinos de varias regiones del departamento tenían planeado llegar hasta la capital, Cobija, para tomar las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, supuestamente amenazadas; los ánimos se habían ido caldeando durante los días previos a la movilización y el entonces prefecto, Leopoldo Lopez dispuso el uso de maquinaria del gobierno departamental para cavar zanjas que impidiesen el paso de los movilizados; a uno de los puntos llegó un grupo armado, que fue el que luego disparó contra la columna de campesinos y terminó causando 13 muertes.

Días después, el Prefecto fue arrestado en la puerta de su oficina y trasladado hasta La Paz para ser sometido a juicio, acusado de haber sido el autor intelectual de lo que desde entonces se conoce como Masacre de Provenir. El proceso duró casi nueve años, al cabo de los cuales el imputado ya había logrado el beneficio de la prisión domiciliaria; la sentencia lo condenó a 15 años de prisión. En diciembre de 2019, a pocos meses de cumplirse la sentencia, el gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

La abogada de las víctimas sostiene que el caso no solo ha terminado sin brindar verdadera justicia, sino que, lo que es peor, cada vez menos gente lo recuerda, y es posible que para las nuevas generaciones nunca haya existido. El problema no es solo que las víctimas terminarán en el olvido, lo cual ya es inaceptable, sino que en el futuro serán pocos quienes recuerden esta tragedia y puedan alertar de su posible repetición. Las causas que produjeron la matanza están todavía presentes entre la población.

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CC a la deriva

El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

Por La Razón

/ 12 de septiembre de 2021 / 00:20

El caso de la senadora Andrea Barrientos, hasta el viernes pasado jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), muestra en vitrina pública lo que era evidente puertas adentro: una “alianza” a la deriva. En este caso se castiga no solo el derecho a la disidencia, sino también la libertad de opinión. Se trata de una práctica autoritaria presente en todas las organizaciones políticas.

En una intervención en el marco del debate legislativo, dirigiéndose al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la senadora opositora afirmó: “Yo le he dicho, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos”. Si lo dijo mil veces, ciertamente no se trata de un desliz verbal o de un “error”, sino de una convicción. Barrientos fue más lejos al declarar que quiere que “al presidente Luis Arce le vaya superbién”, y que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien.

Lo que pudo pasar como una expresión democrática propia del intercambio entre actores políticos, pronto se convirtió en una feroz campaña de condena en redes sociales y en algunos medios de la oposición. Hubo reprobación y censura también de dirigentes políticos, como Luis Fernando Camacho, que dedicó un largo hilo en Twitter “sobre las coincidencias entre CC y el MAS” (sic). Incluso algún diputado de CC, de manera airada y vulgar, descalificó a su colega de bancada. Se trató de un asedio en forma.

En lugar de reafirmar su derecho a expresarse libremente y, en su caso, a plantear una posición no necesariamente compartida por la cúpula de su organización política, la senadora Barrientos cedió a la presión y pasó a desdecirse: señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, difundió mensajes de ataque contra el MAS y, asumiendo que había cometido “errores”, renunció a la jefatura de bancada. Vaya autosanción, consagrada pronto por CC en un comunicado apartándose de las declaraciones de Barrientos.

Más allá del revelador episodio, surgen al menos dos cuestiones para el debate. La primera es que la “alianza” Comunidad Ciudadana (en realidad hoy el grupo de Mesa con la sigla del FRI) está a la deriva, sin presencia territorial en gobernaciones y municipios, sin proyección como partido político, sin liderazgo y restringida al activismo en la Asamblea Legislativa. Es una mala noticia para la oposición y para la competencia democrática. Más aún con estas muestras de intolerancia y autoritarismo.

La otra cuestión es que, por supuesto, la ausencia de democratización y de debate interno marca no solo a CC, sino en general a todas las organizaciones políticas, empezando por el gobernante MAS-IPSP y la alianza Creemos. Todos ellos han demostrado que cualquier expresión contraria a la línea oficial del patriarca o de la cúpula dirigencial es rápidamente descalificada, condenada e incluso penalizada por “traición”. El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

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Retiro de aportes a las AFP

La ley aprobada en Bolivia contiene limitaciones prudenciales positivas. Es una acción razonable.

Por La Razón

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:08

El Gobierno está trabajando en la reglamentación de la devolución total o parcial de aportes a las AFP. Esta es una medida justificada por las urgencias económicas que muchas personas tienen debido a la contracción provocada por la crisis sanitaria. Sin embargo, se recomienda mucha prudencia en su aplicación por sus impactos futuros en la estabilidad financiera del Estado y de los propios ciudadanos.

Hace unos días se ha promulgado la ley que establece una devolución total o parcial de aportes que las personas habrían realizado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La norma ha establecido ciertas limitaciones prudenciales que impiden que esos retiros desestabilicen el sistema de jubilaciones. No se trata, por lo tanto, de un retiro indiscriminado de fondos.

El objetivo de esta decisión es aliviar las necesidades financieras de los que habrían sido afectados por la disminución de actividades económicas o pérdida de empleo debido a la crisis del COVID-19. La idea básica es que esos recursos frescos podrían ser utilizados para reactivar emprendimientos o cubrir algunos gastos urgentes de los ciudadanos. Aunque estas justificaciones son entendibles, se trata de una medida de emergencia que no debería repetirse debido a sus posibles impactos en la estabilidad macroeconómica y en la sostenibilidad de largo plazo de las jubilaciones de las personas.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cualquier disminución de los montos ahorrados en las cuentas individuales de los aportantes a las AFP repercutirán en el mediano o largo plazo en jubilaciones más bajas para esos ciudadanos. Es decir, alivio financiero en el corto plazo, pero posibles problemas en el futuro.

Por otra parte, tampoco se debe olvidar que esos recursos están siendo utilizados para financiar a algunas empresas en la bolsa de valores y al propio Estado mediante la compra de bonos de deuda pública. Es decir, disminuirlos drásticamente podría complicar la disponibilidad de financiamiento que es indispensable para la reactivación o para solventar el gasto público contra la pandemia.

Por tanto, excederse en esta política únicamente para responder a las demandas de apoyo de algunos sectores podría tener costos elevados ahora y en el futuro. Es el caso de Chile, donde ya están discutiendo un cuarto retiro de aportes que podría dejar a millones de personas sin jubilación y afectar negativamente todo el mercado de capitales en el vecino país. Varios economistas, de diversas orientaciones políticas, han alertado ante esa posibilidad.

En resumen, la ley aprobada en Bolivia contiene limitaciones prudenciales positivas. Es una acción razonable. Sin embargo, no parece recomendable que se prolongue por mucho tiempo ni que se amplíe sin una evaluación muy seria de sus implicaciones. De igual manera, es crucial que los propios ciudadanos reflexionen más de una vez antes de decidir retirar sus fondos. Lo aconsejable es que solo se lo haga si existe una verdadera emergencia o una posibilidad de inversión productiva viable.

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Defensa de los DDHH

Quienes sí celebran el estado de postración de la APDHB son las fuerzas políticas y el Estado.

Por La Razón

/ 10 de septiembre de 2021 / 01:40

La situación de los derechos humanos (DDHH) en Bolivia es preocupante. No solo porque las garantías constitucionales a menudo son ignoradas y vulneradas por los agentes del Estado, sino también, y sobre todo, porque las instituciones llamadas a defender y promover derechos entre la población están fallando en su misión. El caso de Amparo Carvajal es apenas un síntoma de este mal.

Ya en noviembre de 2019, después de los sangrientos sucesos ordenados (o al menos permitidos) por el gobierno de transición, llamó la atención que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) no hubiese emitido ningún tipo de pronunciamiento. Este silencio cómplice con los excesos de un gobierno de constitucionalidad dudosa se extendió durante todo el periodo de transición y solo terminó cuando la presidenta de la Asamblea publicó, de manera inconsulta, un pronunciamiento en defensa de los militares responsables de las masacres.

Más tarde, la misma presidenta (cuyo mandato a la cabeza de la APDHB debía durar de 2016 a 2018 y sin embargo sigue vigente) salió en defensa de la ahora detenida preventiva expresidenta transitoria, incluso con solitarias manifestaciones callejeras, y hasta viajó a Cochabamba a dar su apoyo a la Resistencia Juvenil Cochala, claramente identificada como grupo irregular en el informe del GIEI sobre los trágicos hechos de noviembre de 2019. En ningún momento mostró lástima ni solidaridad con las víctimas de quienes ahora defiende.

Pero el problema no es solo de la ahora polémica activista, que como personaje mediático le pone rostro, pero también simplifica un debate mucho más extenso y profundo, sino de toda la institución, fundada a inicios de la década de 1970 por Carvajal, junto al asesinado Luis Espinal y otros activistas de enorme talla moral. Es inexplicable que toda la Asamblea haya permitido que el mandato de su presidenta se haya extendido por más de dos años y mucho más que hubiese guardado el ya señalado silencio cómplice.

El “vicepresidente en funciones” de la Asamblea lleva meses insistiendo en que Carvajal usurpa funciones, aparentemente sin darse cuenta de que él está en la misma situación. La solución, evidente para cualquiera, es convocar a la brevedad posible a una reunión nacional de la APDHB y sus asambleas departamentales, para elegir nuevas autoridades y reconducir el trabajo, pues lo sucedido en los últimos dos años será visto como un agujero negro en la historia de la benemérita institución.

Quienes sí celebran el estado de postración de la APDHB, y sacan provecho de la situación, son las fuerzas políticas y el Estado; las unas porque emplean el discurso de DDHH como arma de combate y el otro porque no hay quién le ponga freno a sus pequeños y grandes excesos. En el camino, es la población la que queda desprotegida y a merced de los apetitos de unos cuantos que tienen poder e influencia, pero no respeto por las y los demás.

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