La frecuente vulneración del derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia es quizás la herencia más nefasta del agitado proceso político que estamos empezando a dejar atrás. Hay responsabilidades en esos abusos que se deben absolver, pero lo más importante es que asumamos, como sociedad, que eso no puede repetirse bajo ninguna justificación.
Ha sido noticia en estos días la denuncia de que el Segip habría entregado las “tarjetas prontuario” de 592 ciudadanos al Viceministerio de Transparencia del gobierno de Jeanine Áñez con el argumento de que se presumían “actos de corrupción” de esas personas. Es decir, se estaría evidenciando una vulneración del derecho a la privacidad de datos personales sin que haya existido de por medio denuncias o cargos formalizados y/o tratados por una autoridad jurisdiccional.
Este hecho ratifica la posición, compartida por varias instituciones prestigiosas de defensa de los derechos humanos, de que en el gobierno transitorio se habrían llevado a cabo acciones de persecución judicial y administrativa a un número significativo de ciudadanos por la sola razón de pertenecer al MAS o haber sido funcionario del anterior gobierno. En su momento, algunas autoridades declararon públicamente que se iba a investigar a todas las familias de exfuncionarios que estuvieren implicados en actos de corrupción de sus parientes.
No está demás decir que para este medio no debe existir impunidad en ningún caso de corrupción o mala praxis estatal. El problema surge cuando a partir de esa legítima preocupación se criminaliza a personas, “presumiendo” su culpabilidad, sin distinción, por su pertenencia a algún grupo, obviando que cualquier responsabilidad penal o administrativa siempre es personal y requiere pruebas concretas que la sustenten y un proceso con garantías para justificar cualquier restricción o sanción. Esos son principios universales aplicados en cualquier país que se precie de tener un Estado republicano y de derecho.
Hay pues necesidad de investigar estos abusos y sancionar a quienes faltaron a las normas y principios de justicia. Y es aún más necesario que se reflexione, como sociedad, sobre las razones por las que hubo tanta permisividad, cuando no declarado apoyo, a estas irregularidades en ciertos círculos sociales, en determinados espacios mediáticos tradicionales o en redes sociales no con el objeto de buscar culpables, sino de comprometerse colectivamente a que estos hechos no vuelvan a pasar. Por supuesto, eso pasa también por respetar el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la posibilidad de defenderse en libertad, si no hay razones de peso para que esto no sea posible, de todos los involucrados en esas violaciones de garantías constitucionales y derechos humanos.