Cada vez más evidencias, testimonios y documentos demuestran que durante el régimen de Jeanine Áñez se instaló en el país una práctica persecutoria de la disidencia (en especial de gente vinculada al MAS-IPSP), con centenares de presos políticos acusados de “sedición y terrorismo”. Según la revelación más reciente, hasta datos personales confidenciales fueron utilizados para esos fines.
En varios mensajes, la expresidenta provisoria y, en especial, su entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo (hoy prófugo de la Justicia boliviana), amenazaron con cárcel a militantes y exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Exhibiendo esposas, Murillo repetía: “Los estamos vigilando”. Y en una ocasión anunció “cacería” (sic). Por su parte, Áñez llegó a calificar de “salvajes” (sic) a sus oponentes políticos. Luego se supo que había más de 1.500 presos resultantes de esa maquinaria persecutoria.
Es evidente que el uso del aparato estatal (Policía, fiscales, jueces) para fines de acoso político, orientado al amedrentamiento o sanción de quienes piensan o actúan diferente al mandato oficial, es una práctica común en nuestra historia. Sin ir muy lejos, hay varios casos y denuncias en la materia durante las gestiones del MAS en el gobierno. Pero quien al parecer llevó más lejos esta práctica en el periodo democrático, a reserva de la investigación de los hechos, fue el régimen transitorio de Áñez.
Acatando las amenazas y órdenes emitidas desde la cartera de Gobierno, ahora se sabe que el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) coronel Iván Rojas (también prófugo de la Justicia) era el encargado de operar los allanamientos y detenciones ilegales, en varios casos con la manipulación o fabricación de “pruebas”. Hay historias oscuras, propias de regímenes autoritarios, de uso excesivo de la fuerza e incluso de torturas. Ni qué decir de los robos producidos en los domicilios allanados.
La diligencia persecutoria de la Policía estaba en sintonía con la acción de fiscales y jueces, que emitían mandamientos de apremio e imputaciones, además de juicios y sentencias veloces. El propio Murillo informó con desparpajo que en pocos días se había condenado a la cárcel, con procesos abreviados, a 35 activistas acusados de “estar haciendo sedición y estar atentando contra la salud”. Nunca se supo las condiciones en las que fueron aprehendidos y enjuiciados, como si fuese algo normal.
Otras instituciones también fueron parte de la persecución política, que alcanzó a personalidades ajenas al MAS. Así se demuestra con el uso de 592 “tarjetas prontuario” proporcionadas ilegalmente por el Segip a solicitud, nada menos, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Con la aberración de que hasta una niña de tres años fue objeto de vigilancia. ¿Se presumía “sedición” o “daño económico al Estado”? A esos límites llegó el régimen de Áñez con muchas complicidades y silencios.