Uno de los grandes problemas que suele recibir poca atención de la opinión pública es el de la tenencia y propiedad de tierras en Bolivia. Habitualmente requeridas para proyectos agrarios y ganaderos, pero también para amasar fortuna y poder, particularmente en el oriente, grandes extensiones de tierra son objeto de la codicia de terratenientes y grupos agroindustriales.
El fenómeno no es nuevo y se remonta hasta los tiempos de la Reforma Agraria, luego de la Revolución Nacional de 1952. Uno de los momentos de mayor presión ilegal sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria se produjo en la década de 1980 e inicios de la de 1990, cuando la corrupción rampante dio paso a una intervención de la institución y una nueva Ley INRA; en 2006, se produjo una segunda reforma normativa, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Al parecer, es tiempo de una nueva revisión de la normativa agraria vigente pues, según la Fundación Tierra, durante el gobierno transitorio menudearon las malas prácticas en el INRA, al extremo que se entregó casi dos millares de títulos agrarios, de los cuales no se conocen beneficiarios, extensión ni ubicación.
La evidencia recolectada por la Fundación Tierra les permite afirmar que hubo actos irregulares para la dotación de tierras, con ayuda desde los tribunales Constitucional y Agroambiental, así como del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El Director de la Fundación asegura que estas evidencias serán reveladas en las próximas semanas.
Entre esos trámites irregulares está la consolidación de 33.800 hectáreas a favor de la familia del exministro de Economía Branko Marinkovic Jovicevic. Los predios entregados a la familia del exministro incluyen la región conocida Tierras Bajas del Norte y la Laguna Corazón, que estaban en litigio desde hace al menos tres lustros, pues los indígenas de la región reclaman la propiedad comunitaria de esas tierras.
La principal observación, al margen de la celeridad con que el caso fue tratado en el INRA mientras el principal interesado fungía como Ministro de Estado, está en que el Artículo 398 de la Constitución Política del Estado prohíbe el latifundio y especifica que en el caso de la propiedad “la superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”.
El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras anunció que se hará “un estudio continuo, rígido” para identificar a las personas responsables de esa titulación de tierras y también se sabe que la Comisión de Tierra y Territorio, de la Cámara de Diputados, pidió al INRA información sobre el caso para iniciar un proceso de fiscalización.
Sin embargo, el caso que aquí se comenta es apenas el síntoma de un problema mayor, que demanda soluciones estructurales.
En la Fundación Tierra opinan que debe intervenirse el INRA y revisarse la normativa vigente, pues de otro modo el país sufrirá un gran daño en materia de seguridad jurídica y equidad en el acceso a la tierra.