Opinión

viernes 30 jul 2021 | Actualizado a 08:39

Geografía electoral

El análisis desagregado de resultados en los comicios de octubre brinda valiosos insumos para entender cómo votamos en elecciones presidenciales.

Por La Razón

/ 23 de diciembre de 2020 / 04:20

Uno de los campos más interesantes y fecundos de análisis en torno a los procesos democráticos tiene que ver con el comportamiento electoral. ¿Cómo votan las y los ciudadanos? ¿Con arreglo a qué variables, motivaciones e intereses? ¿Cómo incide el factor territorial en las preferencias de votación? De éstos y otros asuntos se ocupa la geografía electoral.

Desde hace un buen tiempo, varios estudios exploran y muestran el comportamiento electoral de las y los bolivianos en democracia. Estos ejercicios se han ido ampliando y afinando con nuevos instrumentos, que permitan analizar de manera interactiva la orientación del voto según diferentes niveles de desagregación. Así podemos identificar en cada elección, y también en perspectiva comparada, cómo se pintan los departamentos, los municipios, las circunscripciones uninominales, los recintos urbanos.

Con el propósito de indagar y analizar la geografía electoral en los recientes comicios generales en el país, la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) y La Razón unieron voluntades y capacidades para la elaboración y difusión de una separata de prensa, publicada en nuestras páginas. Se trata sin duda de un aporte valioso —con datos, mapas y una propuesta de interpretación— para alentar la reflexión y el debate público respecto al comportamiento electoral registrado el pasado 18 de octubre en Bolivia.

De los varios mensajes que contiene esta publicación, sin duda el más relevante e ineludible es la necesidad de asumir la complejidad territorial del voto. Puede parecer algo obvio, pero hay que insistir en ello dada la fuerte tendencia, en algunos operadores mediáticos y sus “analistas”, a simplificar la exposición de resultados e incluso mostrar una caricatura de ellos. Así ocurre por ejemplo con la mirada binaria que opone como bloque el voto de las ciudades capitales y de las zonas rurales.

Asumiendo la historia larga de ocupación del territorio, en la separata sobre la geografía electoral 2020 en el país se analizan diferentes factores que inciden en las preferencias electorales de la ciudadanía. Se exploran así las dinámicas territoriales del voto por el MAS-IPSP, así como del voto por las oposiciones. Es interesante el análisis comparado del voto en los municipios (2005 al 2020). Y en especial una aproximación al comportamiento electoral en las cruciales metrópolis del eje central.

El análisis desagregado de resultados en los comicios de octubre brinda valiosos insumos para entender cómo votamos en elecciones presidenciales. ¿Podemos esperar algo similar o gran variación en los comicios subnacionales del próximo año? Si bien pueden asumirse algunas orientaciones territoriales del voto, hay importantes diferencias. Para empezar, el sistema de representación política se amplía de manera sustantiva con organizaciones y liderazgos regionales y locales. Será importante hacer la comparación.

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El gran cambio en Perú

Los gobiernos de izquierda y progresistas de la región han sido los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo.

Por La Razón

/ 30 de julio de 2021 / 01:13

El miércoles 28, día del bicentenario de la independencia del Perú, juró a la presidencia de ese país el maestro rural Pedro Castillo, vencedor de una elección con segunda vuelta y prolongada polémica por los resultados; y en la posesión, en la sede del Congreso peruano, confirmó su intención de realizar una Constituyente. Aunque de izquierdas, su programa tiene algo de conservador.

Luego de varias semanas de incertidumbre causada por la impugnación de los resultados, hecha por Keiko Fujimori, la perdidosa candidata de derecha e hija del expresidente encarcelado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori, finalmente la Junta Nacional Electoral de ese país allanó el camino a la posesión desestimando las denuncias de fraude por carecer de fundamento, en un proceso que hizo imposible no ver similitudes con lo sucedido en Bolivia en octubre de 2019.

Luego de la posesión, los medios de comunicación del continente y las agencias de noticias se llenaron de notas y artículos relievando el origen campesino del nuevo mandatario peruano, su notable carrera como profesor rural y líder de una movilización, hace cuatro años, en defensa de los derechos adquiridos por su gremio y, sobre todo, el anuncio de que cumplirá su promesa electoral de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar el texto que reemplazará la actual Constitución de ese país, promulgada en 1993 por Fujimori.

Han sido los gobiernos de izquierda y progresistas de la región los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo, y no pocos medios han señalado el nuevo “giro a la izquierda” que se estaría produciendo luego de un desastroso periodo de gobiernos derechistas en Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, destacando el hecho que por primera vez en su historia Perú tiene un “Presidente pobre”, como señaló un comentarista en los medios de ese país.

Sin embargo, del discurso de posesión es posible extraer indicios de que el nuevo Presidente planea ejecutar reformas que pongan límites al neoliberalismo que ha caracterizado al Perú durante las últimas décadas, pero también de fuerte conservadurismo social. “No más pobres en un país rico”, repitió durante su campaña, y ese parece ser su principal propósito, que se lograría con “cambios, no parches o reformas”. Pero también usó en su dicurso inaugural citas bíblicas para justificar su rechazo al aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia; asimismo, ha planteado restablecer la pena de muerte para combatir la inseguridad.

Es previsible que el nuevo mandatario peruano afrontará infinidad de obstáculos que le pondrá la oposición, mayoritaria en el Congreso, tanto como las instituciones del capitalismo nacional y transnacional, que de seguro mucho han aprendido acerca de lidiar con gobiernos progresistas en las últimas dos décadas. Por ello es de desear que esta transformación radical que se promete en Perú no quede en promesas ni se extravíe en el camino.   

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Sustituir a la OEA

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región.

Por La Razón

/ 28 de julio de 2021 / 02:21

En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en un discurso en ocasión de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por un nuevo horizonte de integración, empezando por la sustitución de la OEA. La propuesta fue respaldada por el presidente boliviano, Luis Arce.

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región: “construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades”. Claro que la propuesta no es solo de unidad latinoamericana, sino de interpelación al papel hegemónico e intervencionista de Estados Unidos durante los últimos dos siglos. “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”.

En ese espíritu de integración, que encuentra en la CELAC un espejo promisorio, el presidente mexicano propuso de manera categórica que no debe descartarse la sustitución de la OEA. Es un cambio drástico. La OEA fue creada hace más de siete décadas, en 1948, con la suscripción de su Carta constitutiva. Su objetivo declarado por los Estados miembros es “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

La propuesta de sustituir a la OEA por otro organismo regional plantea dos interrogantes. La primera es por qué es necesario tal desplazamiento. La segunda tiene que ver con cuál sería la naturaleza de la entidad que reemplace a la OEA. Es evidente que la posibilidad planteada por López Obrador responde al hecho de que, en esencia, en especial en el último tiempo, la Organización de los Estados Americanos sirve más a los intereses hegemónicos estadounidenses que a la integración en la región.

Con esa premisa, el nuevo organismo, en palabras del presidente de México, debiera ser “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Un organismo —añadió poco después el presidente de Bolivia, Luis Arce— “que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado”. La necesidad y el horizonte son inequívocos.

A reserva de la viabilidad de la propuesta de sustituir a la OEA, quizás hoy los Estados miembros, desde América Latina, debieran impulsar como primer paso un cambio de timón para devolver al organismo su espíritu original de convivencia. Para ello es imprescindible, lo menos, sustituir al actual secretario general, Luis Almagro, que desde su llegada en 2015 ha llevado a la deriva, de manera vergonzante, un modelo desde hace tiempo agotado, “que no tiene futuro, ni salida, (que) ya no beneficia a nadie”.

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Censo 2022

En varios gobiernos subnacionales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán.

Por La Razón

/ 26 de julio de 2021 / 00:44

Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.

Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.

Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.

Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.

Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.

Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.  

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Escaños ‘traidores’

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 23:25

A pocos días del Congreso del MAS-IPSP, convocado para el 4 de agosto luego de haberse postergado por la pandemia, el jefe del partido político oficialista, Evo Morales, anunció que se implementarán medidas “contra los traidores”. No es la primera vez que lo dice. Si bien la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) regula el transfugio político, no menciona la figura de “traición”.

Más allá de las evaluaciones y ajustes de cuentas que seguramente serán objeto del encuentro masista en su máxima instancia decisoria, lo sustantivo tiene que ver con la reforma de sus documentos constitutivos, en especial el estatuto orgánico, a fin de adecuarse a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas. Todas las organizaciones políticas deben hacerlo, por mandato legal, hasta el 31 de diciembre. Y en ello el MAS-IPSP lleva la delantera a los otros nueve partidos reconocidos en el país.

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna. Ello alcanza a la elección de sus dirigencias; la nominación de candidaturas, representaciones y delegaciones; la toma de decisiones orgánicas. Incluye asimismo la definición de derechos y deberes de los militantes. Y también el establecimiento de faltas y sanciones, que deben guardar proporcionalidad y ser tratadas en una instancia específica, como un Tribunal de Ética.

¿La adecuación a las disposiciones de la LOP incluye la sanción del transfugio político, que en el caso de los representantes electos puede significar quedarse sin curul? Al respecto, la ley establece con claridad que todos los puestos de representación obtenidos en una elección “corresponden a la organización política”. No es algo extraño en la legislación comparada. El problema son los criterios e instancias para determinar el transfugio de un representante y, en consecuencia, la pérdida de su escaño.

Hay tres causas legales para incurrir en transfugio político. La primera es cuando un representante electo asume una militancia distinta. La segunda es cuando declara públicamente su independencia respecto a la organización que lo postuló. Y la tercera es cuando asume una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o el programa de gobierno de la organización con la cual fue electo. Es verificable en los dos primeros casos y más bien subjetivo en el tercero.

En su estatuto orgánico, el MAS-IPSP establece que cualquier transfugio debe ser denunciado para recuperar el curul a favor del partido. Al parecer por ahí van las medidas disciplinarias anunciadas por Morales “para los traidores”. Si bien todos los partidos adoptan acciones orgánicas para cuidar la disciplina interna, es fundamental que no se confunda la normal y a veces necesaria diversidad de visiones dentro de una organización política, lo cual hace a su democracia interna, con disidencia o “traición”.

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Nueva política de tierra

El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 01:35

La cuestión de la tierra está generando nuevamente conflictos políticos, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un error enfrentar estos problemas sin considerar los importantes cambios en la estructura de la tenencia y la seguridad jurídica de la tierra que ya se han producido en el país en los últimos años. Hay un nuevo escenario al cual se debe responder con ideas renovadas.

A veces hay conflictos recurrentes que dan la impresión de que nada habría cambiado en el país. Los conflictos por la tierra podrían caer en esa categoría. En las últimas semanas, se ha desatado una aguda controversia entre el oficialismo y las fuerzas que apoyan al gobernador de Santa Cruz en torno a esa cuestión. Se habla de avasallamientos o de ausencia de seguridad jurídica, por un lado, mientras en el otro se llama a una férrea defensa de la política de redistribución de la tierra. Discursos que se parecen a los que se escuchaban allá por 2000 o en los años del conflicto autonómico de 2007-2008.

Sin embargo, este zafarrancho se produce en un contexto profundamente transformado por más de 10 años de aplicación de una política de saneamiento de tierras que ha logrado avances innegables: en 2008 faltaba sanear casi el 70% de la tierra en Santa Cruz, hoy en día solo falta titular el 10% en esa región. A nivel nacional, la superficie saneada y titulada sería del 87%.

Por otra parte, los datos contradicen la idea de que ese proceso habría sido injusto: el 28% de las tierras fueron atribuidas a campesinos e interculturales, el 27% a comunidades indígenas, el 15% a empresarios medianos y el 30% serían tierras fiscales. No únicamente se ha beneficiado a sectores tradicionalmente olvidados por el Estado, sino que también se ha dado seguridad jurídica al sector agroempresarial que obtuvo títulos por cerca de 13,6 millones de hectáreas. Es decir, las razones objetivas de los conflictos en ese sector se han reducido gracias a una acción institucional y pacífica que ha favorecido, dentro de lo que cabe, a todos los sectores.

Por supuesto, eso no quiere decir que no hay problemas. El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos. Pero, dado su reducido número y su focalización en ciertas zonas, la respuesta parece tener que ver más con reforzar la capacidad institucional del INRA y de las instituciones locales para resolver las controversias caso por caso, en terreno, que con grandes gesticulaciones y discursos políticos.

Los verdaderos desafíos de largo plazo en este ámbito están por otro lado: en mecanismos para garantizar un uso sostenible de esas tierras por productores y comunidades, en el establecimiento de modernos sistemas de catastro o en la ineludible tarea de repensar a partir de esa nueva realidad el ordenamiento territorial de grandes zonas del país.   

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