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¿Y los estatutos?

Pese a que están ausentes del debate político y relegadas en la agenda pública, las autonomías (en plural) continúan siendo un componente fundamental en la construcción del nuevo modelo de Estado. Y cuando decimos autonomías estamos pensando, para empezar, en normas propias. La falta de estatutos autonómicos en cinco departamentos es una muestra de la lentitud del proceso.

El carácter plurinacional, por un lado, y el modelo de autonomías, por otro, están en la esencia del proceso de refundación estatal trazado en la Constitución Política aprobada en referéndum hace más de una década. Poco se ha avanzado en ambas cualidades del Estado. La plurinacionalidad está más presente en los símbolos que en la estructura y en las instituciones. Y las autonomías, por debilidad propia y por falta de voluntad política, siguen rindiéndole tributo a un renovado centralismo.

En el lento avance hacia las autonomías (departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas), la elaboración y la aprobación de estatutos autonómicos (cartas orgánicas en el caso de los gobiernos municipales) se convirtieron en un evidente obstáculo. Si bien hubo un ímpetu inicial y se redactaron documentos propios en varios municipios, regiones y departamentos, los tiempos políticos e institucionales derivaron en su abandono o, peor, su rechazo en las consultas realizadas.

Así ocurrió en septiembre de 2015, hace más de cinco años, en el referéndum aprobatorio de estatutos departamentales realizado en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. En los cinco casos se impuso el No por amplia mayoría. Así, dichos estatutos no fueron aprobados ni entraron en vigencia. El resultado fue asumido por las oposiciones y sus operadores mediáticos, que hicieron campaña en contra, como una derrota del Gobierno. En realidad, fue un gran traspié para el proceso autonómico.

Antes de dicho referéndum, actores políticos, dirigentes cívicos, alcaldes y gobernadores opositores rechazaron la aprobación de los estatutos prometiendo que en pocos meses serían reformados y puestos nuevamente en consulta. Un lustro después, el proceso está congelado. Hoy solo están en vigencia los estatutos autonómicos de Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni, que en su momento fueron aprobados en consultas ilegales y tuvieron que pasar por un largo proceso de adecuación constitucional y aval del TCP.

A pocas semanas de las elecciones departamentales, regionales y municipales, las organizaciones políticas y candidaturas debieran decir claramente a la ciudadanía cuál es su visión y propuestas acerca del proceso autonómico en general y respecto a la implementación y en su caso aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Las autonomías no se limitan a la exigencia de un hoy difícil y austero pacto fiscal. Tampoco a la sola bandera del federalismo, con mucho ruido y escaso contenido.