Opinión

lunes 25 ene 2021 | Actualizado a 13:31

Fisuras e intereses

Igual pese a la fragmentación y las ambiciones de unos y otros, al final es la ciudadanía la que, con su voto, decide.

Por La Razón

/ 30 de diciembre de 2020 / 02:35

Como ya es tradición en el país, la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales exhibió la fragilidad y escasa institucionalización del sistema de representación política. Si bien hubo decisiones orgánicas, aparecieron también ambiciones políticas, intereses (personales y de facciones), “dedazos”, fisuras. La democracia interna continúa siendo una asignatura pendiente.

Cumplido el plazo fijado en el calendario electoral para el registro e inscripción de candidatos que competirán en los comicios departamentales, regionales y municipales del 7 de marzo, la tónica predominante fue de tensión y disputa. Claro que también hubo proclamaciones y festejos. Surgieron o reaparecieron agrupaciones ciudadanas configurando un mosaico variopinto en la geografía nacional. Y hubo acuerdos parciales y candidaturas de última hora. Las elecciones 2021 en su hora determinante.

La buena noticia del proceso electoral en curso es que, en general, expresa indicios de pluralismo y renovación. Miles de candidaturas a cargos de gobierno y de representación muestran nuevos rostros y multiplican el número de organizaciones políticas (más allá de los partidos). Cierto que ello puede leerse también en clave de divisionismo y fragmentación. La sana y necesaria competencia de liderazgos locales y regionales puede derivar en fisuras e incluso en rupturas, como se vio en estos días.

Que haya muchas candidaturas para acceder a una alcaldía o una gobernación expresa el derecho ciudadano, reconocido en la Constitución Política del Estado, a concurrir como elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, en este caso del nivel subnacional. Pero que todas las personas tengan el derecho de postularse en una elección no significa que todas ellas estén en condiciones de hacerlo. Se requiere liderazgo, estructura orgánica, propuestas de gobierno.

Vista la agitada ritualidad en torno a la selección e inscripción de candidaturas, la interpelación principal tiene que ver con el sistema de representación política. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia interna adoptados por los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas para definir sus jefaturas y candidaturas? ¿Los tienen? Y así fuese, ¿cumplen dichos mecanismos? ¿Y en qué instancia orgánica se decide, por ejemplo, ser parte de una alianza o desistir de ella?

Las fisuras e intereses expresados en el actual proceso electoral, como ocurrió en anteriores comicios, muestran que la institucionalización del sistema político es todavía una asignatura pendiente en democracia. La premisa, quizás inalcanzable dada nuestra cultura política, es que las organizaciones que compiten para representar a la sociedad sean, en sí mismas, democráticas. Igual pese a la fragmentación y las ambiciones de unos y otros, al final es la ciudadanía la que, con su voto, decide.

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Metropolización

En Bolivia hay algunas experiencias dignas de estudio: las mancomunidades.

Por La Razón

/ 25 de enero de 2021 / 01:54

A escasas semanas de las elecciones subnacionales y a pocos días del inicio de las campañas para solicitar el voto, es poco o nada lo que se sabe de las diferentes propuestas que harán las y los candidatos a la Alcaldía para conquistar el voto del electorado. Son muchos los temas importantes, y algunos superan con creces los límites de la jurisdicción municipal.

El primero de esos temas es el de la inevitable metropolización. El imparable crecimiento de las ciudades ha provocado que en los últimos años, en muchos lugares, no solo hayan desaparecido los límites entre las jurisdicciones de los gobiernos municipales vecinos, sino que además han aparecido nuevos problemas, muchos de ellos comunes y que pueden ser atendidos de manera conjunta.

Precisamente a causa de la dificultad para señalar límites jurisdiccionales, no deja de ser irónico (cuando no indignante) que en los últimos años hayan habido numerosos casos de emergencias en zonas de la ciudad disputadas por gobiernos municipales vecinos y que fueron atendidas por el personal del gobierno municipal paceño, pese a que los afectados hicieron sus trámites y pagan impuestos en algún otro gobierno local, cuyo personal brilla por su ausencia en casos de necesidad.

El principal obstáculo para siquiera considerar un proceso de evaluación de las posibilidades y caminos para integrar La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Palca, Achocalla y Mecapaca en un gran territorio metropolitano es la falta de voluntad política, agravada por la ausencia de transparencia en algunos gobiernos locales, que por ejemplo, hasta hoy, y pese a que la ley así lo manda, todavía no administran sus recaudaciones a través de cuentas fiscales, sino en efectivo.

Para comprender la necesidad estratégica de un territorio metropolitano considérense únicamente tres ámbitos ejemplares: transporte, agua potable y basura. Estos tres servicios básicos que se brindan en cada uno de los municipios vecinos con diferentes niveles de calidad y eficacia, bien podrían ser tener una administración compartida, con un nivel de calidad similar, mayor población usuaria, lo cual implica disponer de más y mejores recursos y la posibilidad de encarar inversiones en infraestructura que por hoy están totalmente fuera del alcance de cualquier gobierno local solo.

En Bolivia hay algunas experiencias dignas de estudio: las mancomunidades, que si bien no se articulan en torno a necesidades compartidas, sí lo hacen por proximidad geográfica; en cualquier caso, a través de esta forma asociativa logran no solo una mejor gestión de sus recursos, sino también mejora su posición negociadora con los otros niveles gubernamentales y hasta con la cooperación.

Es, pues, deseable que las y los candidatos, por ahora concentrados en darse a conocer, incluso si echando mano de recursos pueriles, comiencen a emplear estrategias de persuasión de las y los votantes basadas en propuestas y no solo en descalificación de los adversarios; y que esas propuestas estén llenas de futuro y no de palabras huecas.

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7 de marzo

Pero la campaña electoral segura no tiene que ver únicamente con el COVID-19.

Por La Razón

/ 24 de enero de 2021 / 00:38

El TSE reafirmó que las elecciones subnacionales 2021 se realizarán, como estaba previsto, el domingo 7 de marzo, en cumplimiento de la ley y de la convocatoria. Quedan atrás, pues, los pedidos de algunos actores políticos orientados a postergar los comicios por el rebrote del COVID-19. En su lugar, está en mesa una propuesta de “Acuerdo para una campaña electoral segura”.

Entre otros efectos, la segunda ola de la pandemia trajo consigo el renovado debate sobre la pertinencia de proseguir con el proceso electoral en curso. No es algo nuevo, ni exclusivo de Bolivia. El año pasado los comicios se postergaron tres veces, nada menos, por esta razón. Con esa experiencia, y los aprendizajes en materia de bioseguridad, esta vez no habrá aplazamiento de la votación. La responsabilidad principal ahora está en el terreno de las organizaciones políticas. Y de la ciudadanía.

La novedad radica en la formalización de un acuerdo para garantizar que la campaña electoral, en las seis semanas que restan antes de la jornada de sufragio, se realice de forma segura. En octubre pasado se comprobó que la votación puede hacerse de manera ordenada, con apego a protocolos que limitan los contagios. El reto es llegar al 7 de marzo. De eso se trata el documento elaborado por el TSE, que debiera ser suscrito en los siguientes días por las fuerzas políticas y candidaturas.

En 18 puntos, el acuerdo plantea algunas cuestiones necesarias de ser asumidas en el actual proceso electoral. Hay también aspectos inherentes a toda elección, con o sin pandemia. La premisa es respetar la normativa vigente en materia de salud pública, por un lado, y cumplir las medidas de bioseguridad aprobadas por el TSE, por otro. Sobre esa base, el núcleo de cuidado tiene que ver con el modo en que se desarrollen las campañas: privilegiando eventos virtuales en lugar de grandes encuentros presenciales.

De hecho, ya algunas organizaciones políticas, incluido el MAS-IPSP a nivel nacional, optaron por suspender los actos públicos de campaña. El acuerdo del TSE no plantea suprimirlos, sino reducirlos y, cuando se hagan, proteger a la población, su militancia y los candidatos ante posibles contagios. En pocas palabras: evitar aglomeraciones de gente, cuidando en todo momento la bioseguridad. Parece bastante razonable y plausible, aunque más de una caravana proselitista se empeña en demostrar lo contrario.

Pero la campaña electoral segura no tiene que ver únicamente con el COVID-19. El reto principal radica en “desarrollar una campaña de propuestas”, respetuosa, libre de violencia política. Una campaña con amplio debate público sobre los planes de gobierno. Una campaña, en fin, con transparencia. ¿Algo más? Dados los antecedentes, el último punto subrayado en el documento del TSE es fundamental: “aceptar los resultados electorales”. Que el 7 de marzo no se repita la narrativa del “fraude monumental”.

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Renovación en Washington

La cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad.

Por La Razón

/ 23 de enero de 2021 / 01:26

El gobierno de Joe Biden podría ser una oportunidad para reenfocar la estratégica relación entre los Estados Unidos y América Latina. Para avanzar hacia un enfoque más multilateral y dialogado, no basta con la voluntad de cambio de la nueva administración estadounidense, se precisa también reconstituir un liderazgo colectivo latinoamericano.

No cabe duda de que la naturaleza de los vínculos entre la potencia del norte y los países latinoamericanos ha sido siempre relevante en una amplia gama de cuestiones y problemas. Relaciones que no han estado exentas históricamente de contradicciones, conflictos y fuertes asimetrías entre las partes.

Los últimos cuatro años no han sido un periodo fácil: la administración Trump ha actuado de manera unilateral, poco cooperativa y con una retórica agresiva en muchos de los temas estratégicos de la relación. Abiertamente se ha reivindicado el retorno a la anacrónica doctrina Monroe que asume a la región como una suerte de “patio trasero” de la gran potencia.

Los resultados de esta estrategia tampoco han sido positivos para enormes sectores. La migración sigue descontrolada y se realiza en condiciones más brutales, el bloqueo y la aplicación de medidas unilaterales en nombre de la democracia solo han deteriorado más la vida de los más vulnerables en los países que las están sufriendo, la división fomentada por la polarización política ha paralizado todo el sistema de diálogo interamericano y desde hace mucho no se escucha de alguna medida de cooperación ambiciosa de Estados Unidos que apunte al desarrollo socioeconómico y la reducción de la desigualdad en la región.

Frente a este punto de partida desastroso, se percibe, para empezar, un notable cambio en la retórica y las intenciones de las nuevas autoridades estadounidenses. Se habla de un retorno al multilateralismo, a una lógica de cooperación y de diálogo respetuoso con los países de la región y de la búsqueda de agendas comunes para enfrentar los graves problemas del hemisferio, agravados ahora por la pandemia y la crisis socioeconómica.

Para avanzar sólidamente es necesario que esa buena voluntad inicial se traduzca en una renovación de la retórica y acción diplomática y de cooperación de los Estados Unidos, un primer hito de esta nueva etapa podría concretarse en la próxima Cumbre de las Américas, que justamente tendrá como anfitrión a ese país. Pero eso podría no ser suficiente si no hay en frente un renovado cuerpo de ideas y propuestas, que puedan ser compartidas y promovidas activamente por una mayoría de países latinoamericanos.

En estos tiempos de crisis post pandémica, la cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad si los vientos de renovación se confirman en Washington, pero, al mismo tiempo, eso plantea a los latinoamericanos la necesidad de reorganizarse y volver a hablar con una misma voz.

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Felipe Quispe, ‘el Mallku’

Hará falta ‘El Mallku’ por su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2021 / 01:21

La muerte del líder indígena, dirigente campesino, intelectual e historiador Felipe Quispe Huanca ha provocado una oleada de manifestaciones de respeto y duelo tal que da cuenta de su importancia en la historia contemporánea de Bolivia. Las luchas indígenas, particularmente la aymara, tuvieron en él un líder capaz de avanzar tanto en reivindicaciones como en transformaciones.

Su sobrenombre, El Mallku (cóndor en aymara, la mayor ave de los Andes, y rango que reciben los jefes), no fue casual ni fruto de un capricho, sino resultado de un liderazgo que ejerció a lo largo de su vida, pues fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari en 1978, lo que le valió el exilio durante la dictadura de García Meza, cuando conoció parte de América Latina y sus movimientos indígenas; a su regreso se convirtió en Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera Departamental, puestos de mando que confirmaban su vocación.

A inicios de la década de 1990 decidió ingresar a la lucha armada, intento que lo llevó a la cárcel durante cinco años hasta que el caso en su contra prescribió; en 2000 organizó y dirigió el mayor bloqueo de caminos que se recuerde en el Altiplano paceño, y aunque el costo fue muy alto, prevaleció ante el entonces Presidente, dando lugar a sucesivos conflictos en todo el país que abrieron una senda para la participación indígena que no ha hecho más que ensancharse desde entonces.

En 2003, fue un actor central en los sucesos de Octubre Negro, que obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y huir del país, luego de lo cual decidió intentar suerte en la política institucional, con el Movimiento Indígena Pachakuti, sigla con la que se convirtió en diputado, pero renunció antes del fin de su mandato, pues dijo sentirse asqueado de los modos de la política parlamentaria.

Su impronta indianista fue fundamental para obligar a la sociedad boliviana a mirarse en el espejo y reconocer el racismo inherente a sus relaciones, tragedia que aún hoy, a pesar de las muchas condolencias por su muerte, está lejos de ser superada. Es deseable que su producción bibliográfica, tres libros en clave personal y doctrinaria, merezca la atención debida y sea objeto para las más actuales corrientes de la historiografía crítica, pues de El Mallku debe rescatarse, antes que la anécdota, la razón detrás del acto.

Hará falta El Mallku, no solo porque deja huérfana a su agrupación ciudadana Jallalla La Paz y vacío el puesto de candidato a la Gobernación, sino porque su sola presencia, y mucho más su vigorosa personalidad, su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero, servía de constante recordatorio de que el país todavía está lejos de superar sus heridas y traumas coloniales, sus absurdas divisiones y exclusiones, y, lo que es peor, que una parte de la sociedad persiste en aferrarse a ellos.

    

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Policía quinquenal

El objetivo: una Policía que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda la sociedad y conserve el orden público.

Por La Razón

/ 20 de enero de 2021 / 03:03

En el marco de la aprobación y puesta en vigencia de su Plan Estratégico 2021-2025, la Policía Boliviana afronta una severa crisis institucional derivada de factores estructurales y organizativos. A ello debe añadirse, como agravante, su desempeño en la crisis de octubre y noviembre de 2019. La institución policial, una vez más, ante el fallido reto de su reforma y renovación.

Entre otros puntos, la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca dos aspectos sustantivos respecto a la Policía. El primero es que, como fuerza pública, “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, además del cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. El segundo aspecto es que, como institución, “no delibera ni participa en acción política partidaria”. En el presente, ambas cualidades están en cuestión.

Así las cosas, la necesidad impostergable de una reforma profunda en la institución verde olivo es declarada por todos (Gobierno, ciudadanía, los propios policías). Pero ocurre con la Policía algo similar que con el sistema de administración de justicia: es un lugar común asumir que está en crisis, con magulladuras, carente de legitimidad; pero la reforma no llega. Son recurrentes los ministros de Gobierno y comandantes policiales que arriban prometiendo cambio y terminan cambiados por la realidad.

Desde hace más de dos décadas, diferentes estudios revelan algunos males congénitos de la Policía Boliviana. A saber: la corrupción (en sus diferentes expresiones), las condiciones laborales y el sistema formativo. Demás está decir que el necesario vínculo de confianza entre la institución y la ciudadanía está cada vez más estropeado. Peor todavía si contamos el desempeño político de unidades policiales, como el sincronizado motín de 2019 que derivó en el derrocamiento de un presidente constitucional.

Así se sitúan y entienden las hoy reiteradas interpelaciones a la Policía, empezando por el presidente Luis Arce, quien les recuerda que “nunca más” deben dar la espalda al pueblo para ponerse al servicio de un gobierno de facto. O en palabras del titular de Gobierno: “La Policía Boliviana nunca más puede ir contra un Gobierno constitucional y legítimo”. E incluso, desde sus propias filas, en la expresión firme del Comandante policial: “Nunca más (la Policía) puede asumir acciones partidistas”.

¿Qué hacer para la reforma de la Policía? ¿Cómo revertir su crisis? Es evidente que los planes estratégicos, siempre necesarios, no son suficientes. Tampoco bastan las voluntades de autoridades y comandantes. Ni es solo un problema presupuestario, de lealtades o de disciplina. Todo ello cuenta, pero se necesita una reestructuración de fondo para lograr el objetivo: una Policía Boliviana que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda a la sociedad y conserve el orden público. Sin coimas ni motines.   

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