Opinión

sábado 23 ene 2021 | Actualizado a 21:49

Un daño a la educación

Hay un déficit que las autoridades de educación deben resolver de la manera más creativa posible.

Por La Razón

/ 11 de enero de 2021 / 03:10

Entre los muchos daños que la pandemia por el COVID-19 ha causado en el país, es probable que el más difícil de cuantificar, pero también el más evidente a mediano plazo, sea a la educación. A la decisión, el año pasado, de suspender el año escolar se suman los problemas que la educación superior, técnica y universitaria ha tenido y tendrá que afrontar éste y los próximos años.

Según la estadística oficial, el 41% de las y los estudiantes de 154 institutos técnicos, tecnológicos y artísticos del país reprobaron o dejaron sus estudios por diferentes causas relacionadas con la pandemia, principalmente el deceso de algún familiar, crisis económica e imposibilidad de superar la distancia física luego de que acabó el confinamiento total a mediados del año pasado.

El Director de Educación Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, del Ministerio de Educación, reveló que el departamento más afectado con el abandono de estudios técnicos fue Beni, donde seis de cada 10 estudiantes se vieron impedidos de completar sus estudios durante 2020. El segundo departamento más afectado fue Pando, donde el 57% de las personas inscritas en alguna carrera técnica vieron frustrados sus estudios.

Los departamentos con menos afectación (la diferencia entre quienes iniciaron el año lectivo y quienes lo completaron) fueron, en este orden: Oruro, La Paz, Chuquisaca y Tarija, donde en promedio tres de cada 10 personas vieron afectados su estudios durante 2020. La combinación de clases a distancia a través de las actuales plataformas de videoconferencia, con clases semipresenciales cuando fue posible, es señalada como un factor de éxito en algunos institutos consultados por este diario.

Sin embargo, es evidente que ni las mejor preparadas condiciones para el aprendizaje a distancia pueden compensar la experiencia que se obtiene de poner manos a la obra; piénsese por ejemplo en los institutos de formación agropecuaria, donde las y los estudiantes deben hacerse cargo de cultivos y de la crianza de animales, tareas que ni pueden aprenderse con fotografías o video ni pueden prescindir de la intervención humana.

Ni qué decir de la formación técnica que muchas escuelas ofrecen a sus estudiantes de bachillerato en el marco de la ley educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez: con aulas vacías, las físicas y las virtuales, gracias a que hubo promoción automática al curso siguiente, es imposible que los planes de estudio hayan sido siquiera mínimamente desarrollados.

Hay, pues, un déficit que las autoridades de educación deben resolver de la manera más creativa posible; no solo porque el derecho a la educación fue severamente afectado durante la gestión transitoria de gobierno (con los efectos que aquí se lamenta), sino sobre todo porque mañana se hará evidente la escasez de mano de obra calificada, lo cual puede afectar el desarrollo económico y humano del país.

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Renovación en Washington

La cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad.

Por La Razón

/ 23 de enero de 2021 / 01:26

El gobierno de Joe Biden podría ser una oportunidad para reenfocar la estratégica relación entre los Estados Unidos y América Latina. Para avanzar hacia un enfoque más multilateral y dialogado, no basta con la voluntad de cambio de la nueva administración estadounidense, se precisa también reconstituir un liderazgo colectivo latinoamericano.

No cabe duda de que la naturaleza de los vínculos entre la potencia del norte y los países latinoamericanos ha sido siempre relevante en una amplia gama de cuestiones y problemas. Relaciones que no han estado exentas históricamente de contradicciones, conflictos y fuertes asimetrías entre las partes.

Los últimos cuatro años no han sido un periodo fácil: la administración Trump ha actuado de manera unilateral, poco cooperativa y con una retórica agresiva en muchos de los temas estratégicos de la relación. Abiertamente se ha reivindicado el retorno a la anacrónica doctrina Monroe que asume a la región como una suerte de “patio trasero” de la gran potencia.

Los resultados de esta estrategia tampoco han sido positivos para enormes sectores. La migración sigue descontrolada y se realiza en condiciones más brutales, el bloqueo y la aplicación de medidas unilaterales en nombre de la democracia solo han deteriorado más la vida de los más vulnerables en los países que las están sufriendo, la división fomentada por la polarización política ha paralizado todo el sistema de diálogo interamericano y desde hace mucho no se escucha de alguna medida de cooperación ambiciosa de Estados Unidos que apunte al desarrollo socioeconómico y la reducción de la desigualdad en la región.

Frente a este punto de partida desastroso, se percibe, para empezar, un notable cambio en la retórica y las intenciones de las nuevas autoridades estadounidenses. Se habla de un retorno al multilateralismo, a una lógica de cooperación y de diálogo respetuoso con los países de la región y de la búsqueda de agendas comunes para enfrentar los graves problemas del hemisferio, agravados ahora por la pandemia y la crisis socioeconómica.

Para avanzar sólidamente es necesario que esa buena voluntad inicial se traduzca en una renovación de la retórica y acción diplomática y de cooperación de los Estados Unidos, un primer hito de esta nueva etapa podría concretarse en la próxima Cumbre de las Américas, que justamente tendrá como anfitrión a ese país. Pero eso podría no ser suficiente si no hay en frente un renovado cuerpo de ideas y propuestas, que puedan ser compartidas y promovidas activamente por una mayoría de países latinoamericanos.

En estos tiempos de crisis post pandémica, la cooperación es una necesidad, todos podemos ganar de ella, hay pues una oportunidad si los vientos de renovación se confirman en Washington, pero, al mismo tiempo, eso plantea a los latinoamericanos la necesidad de reorganizarse y volver a hablar con una misma voz.

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Felipe Quispe, ‘el Mallku’

Hará falta ‘El Mallku’ por su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2021 / 01:21

La muerte del líder indígena, dirigente campesino, intelectual e historiador Felipe Quispe Huanca ha provocado una oleada de manifestaciones de respeto y duelo tal que da cuenta de su importancia en la historia contemporánea de Bolivia. Las luchas indígenas, particularmente la aymara, tuvieron en él un líder capaz de avanzar tanto en reivindicaciones como en transformaciones.

Su sobrenombre, El Mallku (cóndor en aymara, la mayor ave de los Andes, y rango que reciben los jefes), no fue casual ni fruto de un capricho, sino resultado de un liderazgo que ejerció a lo largo de su vida, pues fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari en 1978, lo que le valió el exilio durante la dictadura de García Meza, cuando conoció parte de América Latina y sus movimientos indígenas; a su regreso se convirtió en Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera Departamental, puestos de mando que confirmaban su vocación.

A inicios de la década de 1990 decidió ingresar a la lucha armada, intento que lo llevó a la cárcel durante cinco años hasta que el caso en su contra prescribió; en 2000 organizó y dirigió el mayor bloqueo de caminos que se recuerde en el Altiplano paceño, y aunque el costo fue muy alto, prevaleció ante el entonces Presidente, dando lugar a sucesivos conflictos en todo el país que abrieron una senda para la participación indígena que no ha hecho más que ensancharse desde entonces.

En 2003, fue un actor central en los sucesos de Octubre Negro, que obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y huir del país, luego de lo cual decidió intentar suerte en la política institucional, con el Movimiento Indígena Pachakuti, sigla con la que se convirtió en diputado, pero renunció antes del fin de su mandato, pues dijo sentirse asqueado de los modos de la política parlamentaria.

Su impronta indianista fue fundamental para obligar a la sociedad boliviana a mirarse en el espejo y reconocer el racismo inherente a sus relaciones, tragedia que aún hoy, a pesar de las muchas condolencias por su muerte, está lejos de ser superada. Es deseable que su producción bibliográfica, tres libros en clave personal y doctrinaria, merezca la atención debida y sea objeto para las más actuales corrientes de la historiografía crítica, pues de El Mallku debe rescatarse, antes que la anécdota, la razón detrás del acto.

Hará falta El Mallku, no solo porque deja huérfana a su agrupación ciudadana Jallalla La Paz y vacío el puesto de candidato a la Gobernación, sino porque su sola presencia, y mucho más su vigorosa personalidad, su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero, servía de constante recordatorio de que el país todavía está lejos de superar sus heridas y traumas coloniales, sus absurdas divisiones y exclusiones, y, lo que es peor, que una parte de la sociedad persiste en aferrarse a ellos.

    

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Policía quinquenal

El objetivo: una Policía que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda la sociedad y conserve el orden público.

Por La Razón

/ 20 de enero de 2021 / 03:03

En el marco de la aprobación y puesta en vigencia de su Plan Estratégico 2021-2025, la Policía Boliviana afronta una severa crisis institucional derivada de factores estructurales y organizativos. A ello debe añadirse, como agravante, su desempeño en la crisis de octubre y noviembre de 2019. La institución policial, una vez más, ante el fallido reto de su reforma y renovación.

Entre otros puntos, la Constitución Política del Estado establece de manera inequívoca dos aspectos sustantivos respecto a la Policía. El primero es que, como fuerza pública, “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, además del cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. El segundo aspecto es que, como institución, “no delibera ni participa en acción política partidaria”. En el presente, ambas cualidades están en cuestión.

Así las cosas, la necesidad impostergable de una reforma profunda en la institución verde olivo es declarada por todos (Gobierno, ciudadanía, los propios policías). Pero ocurre con la Policía algo similar que con el sistema de administración de justicia: es un lugar común asumir que está en crisis, con magulladuras, carente de legitimidad; pero la reforma no llega. Son recurrentes los ministros de Gobierno y comandantes policiales que arriban prometiendo cambio y terminan cambiados por la realidad.

Desde hace más de dos décadas, diferentes estudios revelan algunos males congénitos de la Policía Boliviana. A saber: la corrupción (en sus diferentes expresiones), las condiciones laborales y el sistema formativo. Demás está decir que el necesario vínculo de confianza entre la institución y la ciudadanía está cada vez más estropeado. Peor todavía si contamos el desempeño político de unidades policiales, como el sincronizado motín de 2019 que derivó en el derrocamiento de un presidente constitucional.

Así se sitúan y entienden las hoy reiteradas interpelaciones a la Policía, empezando por el presidente Luis Arce, quien les recuerda que “nunca más” deben dar la espalda al pueblo para ponerse al servicio de un gobierno de facto. O en palabras del titular de Gobierno: “La Policía Boliviana nunca más puede ir contra un Gobierno constitucional y legítimo”. E incluso, desde sus propias filas, en la expresión firme del Comandante policial: “Nunca más (la Policía) puede asumir acciones partidistas”.

¿Qué hacer para la reforma de la Policía? ¿Cómo revertir su crisis? Es evidente que los planes estratégicos, siempre necesarios, no son suficientes. Tampoco bastan las voluntades de autoridades y comandantes. Ni es solo un problema presupuestario, de lealtades o de disciplina. Todo ello cuenta, pero se necesita una reestructuración de fondo para lograr el objetivo: una Policía Boliviana que, en lugar de cuidar sus intereses, defienda a la sociedad y conserve el orden público. Sin coimas ni motines.   

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Una bomba de tiempo

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto.

Por La Razón

/ 18 de enero de 2021 / 01:55

Luego de varios días se levantó una protesta movilizada, que en este caso consistió de un bloqueo en el camino que une El Alto con Villa Ingenio, donde se emplaza el relleno sanitario de esa ciudad, que hace tiempo debería haber sido cerrado pues ya concluyó su vida útil. La protesta no es la primera y dista mucho de ser la última, pues aparentemente no hay muchas alternativas.

La situación es de una urgencia que no condice con la respuesta de las autoridades municipales, ni de la gestión que está a punto de concluir, ni de las anteriores, que en aquel momento eran aliadas del gobierno de turno. Se trata no solo de los derechos de las y los vecinos de la zona, no todos dedicados a actividades relacionadas con el reciclado de basura, sino también de un asunto de salud pública, como se hace evidente en días de bloqueo, cuando la basura se acumula en las calles con todo el riesgo sanitario que ello implica.

Esta vez se habló de 4.100 toneladas de basura acumuladas luego de seis días de bloqueo, lo cual da cuenta de la cantidad de residuos sólidos que esa ciudad, la segunda más poblada de Bolivia, produce cotidianamente. Súmese a eso iguales cantidades de basura que se producen diariamente en las ciudades vecinas de El Alto, comenzando por La Paz y Viacha, para tener una idea de la magnitud de la necesidad de encontrar nuevas formas de tratar los desechos sólidos, diferentes de simplemente enterrarlos.

La respuesta del gobierno local alteño al conflicto de los últimos días, lo mismo que al de hace semanas, ha sido de negar la gravedad del problema, probablemente por simple incapacidad de darle una respuesta siquiera aceptable, ya que no solo requiere de grandes cantidades de dinero, sino también voluntad política, pues el asunto demanda toda clase de acuerdos.

Entre esos acuerdos está el de la necesaria gestión metropolitana de los residuos sólidos, pues La Paz atraviesa un problema similar y los otros municipios vecinos en algunos casos ni siquiera cuentan con planes de gestión de residuos y, por ahora, se arriesgan administrando simples botaderos que no cumplen con las mínimas condiciones de gestión de la basura y sus derivados.

Súmese a ello la experiencia de la ruptura de uno de los diques en el relleno sanitario de Alpacoma, hace ya dos años, cuando los alcaldes de municipios vecinos vieron su oportunidad para hacer política a costa del Alcalde paceño y sus crisis, cuando no negocios sospechosamente acelerados, en lugar de aprovechar la circunstancia para plantear la necesidad de un gran acuerdo.

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto, pues así como el agua, este es un asunto que ya no puede ni debe ser gestionado por cada gobierno local sin contemplar a los demás.

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Suspender campañas

Las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2021 / 01:34

A reserva de las decisiones que se puedan tomar en las siguientes semanas respecto al proceso electoral en curso en el país, se están cumpliendo en plazo cada una de las actividades previstas en el calendario de los comicios. Continúa en tanto el debate, ya conocido, sobre la pertinencia o no de postergar la votación dada la crítica situación sanitaria por la pandemia.

En respuesta a las voces que piden suspender las elecciones subnacionales, el TSE ha comunicado oficialmente que sigue trabajando en la organización de los comicios convocados para el 7 de marzo. Así, el próximo jueves vence el plazo final para la sustitución de candidaturas por renuncia. Y el 5 de febrero está prevista una actividad fundamental: el sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio. Ese mismo día se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación.

En ese marco, a la espera de informes técnicos acerca de la curva de contagios en la agresiva segunda ola del COVID-19, dentro de siete semanas las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez debemos elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales (en algunos casos se eligen otras autoridades departamentales y regionales). La pregunta nuevamente, como el año pasado, es en qué condiciones de bioseguridad llegaremos a la jornada electoral.

Más allá de las implicaciones de una elección en un contexto de pandemia, es importante plantear algunas inquietudes sobre la calidad del proceso electoral venidero, que cierra un largo y complejo ciclo en el país. Y es que luego del ruido de la selección y registro de candidaturas —con sorpresas, fisuras, alguna renovación y mucho transfuguismo—, las propuestas y el debate programático están prácticamente ausentes del espacio público-político. Así difícilmente podremos esperar un voto informado.

A ello se añade la decisión de algunas organizaciones políticas y cada vez más candidatos de suspender sus actos públicos de campaña —en especial eventos masivos que impliquen riesgos de contagio—. Cierto que esto no significa, por supuesto, que haya un paréntesis en la disputa electoral, sino que la misma tendrá que concentrarse en los medios de comunicación, redes sociales digitales y otras formas de comunicación interpersonal. Siendo limitante, no debería degradar ni menos clausurar el debate.

Considerando la experiencia de las elecciones de octubre, hay quienes sostienen que no es necesario postergar los comicios subnacionales. Se argumenta que la votación, bajo protocolos de bioseguridad, no derivó en el aumento de casos. Es decir, la jornada de votación misma no implica un riesgo sanitario mayor. Pero el desafío democrático no es solo garantizar la participación ciudadana (siempre menor que en una elección general), sino en especial un proceso plural, transparente, programático y competitivo.

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