Opinión

lunes 8 mar 2021 | Actualizado a 14:43

Felipe Quispe, ‘el Mallku’

Hará falta ‘El Mallku’ por su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2021 / 01:21

La muerte del líder indígena, dirigente campesino, intelectual e historiador Felipe Quispe Huanca ha provocado una oleada de manifestaciones de respeto y duelo tal que da cuenta de su importancia en la historia contemporánea de Bolivia. Las luchas indígenas, particularmente la aymara, tuvieron en él un líder capaz de avanzar tanto en reivindicaciones como en transformaciones.

Su sobrenombre, El Mallku (cóndor en aymara, la mayor ave de los Andes, y rango que reciben los jefes), no fue casual ni fruto de un capricho, sino resultado de un liderazgo que ejerció a lo largo de su vida, pues fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari en 1978, lo que le valió el exilio durante la dictadura de García Meza, cuando conoció parte de América Latina y sus movimientos indígenas; a su regreso se convirtió en Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera Departamental, puestos de mando que confirmaban su vocación.

A inicios de la década de 1990 decidió ingresar a la lucha armada, intento que lo llevó a la cárcel durante cinco años hasta que el caso en su contra prescribió; en 2000 organizó y dirigió el mayor bloqueo de caminos que se recuerde en el Altiplano paceño, y aunque el costo fue muy alto, prevaleció ante el entonces Presidente, dando lugar a sucesivos conflictos en todo el país que abrieron una senda para la participación indígena que no ha hecho más que ensancharse desde entonces.

En 2003, fue un actor central en los sucesos de Octubre Negro, que obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y huir del país, luego de lo cual decidió intentar suerte en la política institucional, con el Movimiento Indígena Pachakuti, sigla con la que se convirtió en diputado, pero renunció antes del fin de su mandato, pues dijo sentirse asqueado de los modos de la política parlamentaria.

Su impronta indianista fue fundamental para obligar a la sociedad boliviana a mirarse en el espejo y reconocer el racismo inherente a sus relaciones, tragedia que aún hoy, a pesar de las muchas condolencias por su muerte, está lejos de ser superada. Es deseable que su producción bibliográfica, tres libros en clave personal y doctrinaria, merezca la atención debida y sea objeto para las más actuales corrientes de la historiografía crítica, pues de El Mallku debe rescatarse, antes que la anécdota, la razón detrás del acto.

Hará falta El Mallku, no solo porque deja huérfana a su agrupación ciudadana Jallalla La Paz y vacío el puesto de candidato a la Gobernación, sino porque su sola presencia, y mucho más su vigorosa personalidad, su actitud polémica y su inclinación al sarcasmo hiriente pero certero, servía de constante recordatorio de que el país todavía está lejos de superar sus heridas y traumas coloniales, sus absurdas divisiones y exclusiones, y, lo que es peor, que una parte de la sociedad persiste en aferrarse a ellos.

    

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Nada que celebrar

Triste 8 de marzo en un país donde en dos meses ya se ha registrado cuarta centena de asesinatos de mujeres solo por su género.

Por La Razón

/ 8 de marzo de 2021 / 04:02

El 8 de marzo convoca, como todos los años, a mujeres y varones a evaluar los avances y retrocesos en materia de igualdad en el acceso a recursos y goce de derechos para ellas y ellos, y a reclamar en diversas manifestaciones, como las que tendrán lugar hoy en varias ciudades del país, por más y mejor justicia. Este año en Bolivia es difícil encontrar razones para la esperanza.

Podrá decirse que Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que ha superado la barrera de 50% de mujeres en la Asamblea Legislativa, lo cual podría interpretarse como la posibilidad de que sean ellas quienes conduzcan la agenda legislativa, y sin embargo las noticias no hacen más que dar cuenta de unos pocos varones decidiendo el rumbo y el tono del debate parlamentario, a menudo en un juego de acción y reacción que deja mal parados a los actores.

Difícil celebrar algo cuando gracias a la valentía de un puñado de jóvenes cansadas de vivir en la vergüenza y la humillación se descubrió una organización de varones dedicados a convocar fiestas en las cuales reclutar víctimas a las cuales drogaban para luego violarlas, durante muchos años, sin que nadie pudiera o quisiera hacer algo al respecto.

Imposible celebrar la cotidiana reafirmación del pacto patriarcal del que hablan las teorías feministas que se produce cada vez que un varón encubre o justifica a otro, o pone en cuestión las afirmaciones de las denunciantes, y mucho peor cuando son las instituciones las que, de manera consciente o no, evidencian la poca voluntad que existe de apoyar a las víctimas de los excesos y abusos de los varones.

No inspira alegría ni confianza ver que hay más varones (y a menudo mujeres) dispuestos a defender con gran energía la pureza de la lengua, amenazada por las expresiones de lenguaje inclusivo, que a condenar las cotidianas manifestaciones de violencia criminal contra las mujeres y las muchas formas que la sociedad tiene de naturalizar la desigualdad y los abusos.

No se puede ya señalar como avance la existencia de la Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, si los operadores de justicia, por lenidad o por ignorancia, cuando no por simple machismo, siguen favoreciendo a los victimarios, encontrando razones para dejarlos en libertad o siquiera disminuir su pena; cuando las medidas ideadas para evitar que los violentos ingresen a trabajar en el servicio público se ignoran y pasan a la lista de las normas que existen pero no se cumplen.

Triste 8 de marzo en un país donde en apenas dos meses ya se ha registrado cuarta centena de asesinatos de mujeres solo por su género, o cientos de violaciones e incontables niñas y adolescentes embarazadas. Urge, pues, que la sociedad entera escuche, comprenda y apoye las demandas de quienes se movilizarán hoy por las calles y las redes sociales exigiendo para la mitad de la humanidad seguridad, justicia y otros derechos reclamados desde hace siglos.

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Votar y elegir

Con apego a nuestra tradición electoral, que haya una jornada de votación tranquila y ordenada.

Por La Razón

/ 6 de marzo de 2021 / 23:43

Tras un calendario electoral de 120 días, las y los bolivianos volvemos hoy a las urnas. Esta vez para elegir gobernantes y representantes locales, regionales y departamentales. Con este proceso concluye el ciclo que nos ocupó varios años en medio de una fuerte crisis político-institucional. Se espera una jornada tranquila y participativa, con resultados aceptados por todos.

Postergados durante cerca de un año con prórroga de mandato de las autoridades electas el año 2015, los comicios subnacionales 2021 completan la conformación del tablero político-institucional en el país. Más de 7,1 millones de personas están habilitadas para votar este domingo. 122 organizaciones y alianzas políticas, nada menos, compiten por casi cinco mil cargos (entre titulares y suplentes) en todo el país. Se han impreso para ello 14 millones y medio de papeletas. Es la hora de la decisión ciudadana.

La elección directa de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y algunas autoridades regionales es resultado de un doble proceso de democratización y distribución del poder. Por un lado, la ampliación de la democracia representativa, que más allá de la elección del binomio presidencial y de los representantes nacionales, ahora llega a los territorios. Por otro lado, el proceso autonómico en el marco del nuevo modelo de Estado asumido en la Constitución Política.

Los comicios de esta jornada, pues, son importantes por varias razones. Primero porque reafirman la voluntad ciudadana expresada en las urnas como fuente de legitimidad del ejercicio del poder político. Segundo, pues amplían el escenario de la representación política más allá de los partidos, con la inclusión de agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas. Y tercero, entre otras cuestiones, porque configuran la división vertical del poder, en tanto contrapeso del nivel central del Estado.

¿Qué podemos esperar hoy? Con apego a nuestra tradición electoral, que haya una jornada de votación tranquila y ordenada. Es deseable también una amplia participación ciudadana, seguramente menor que la registrada el año pasado. En el actual contexto, se espera el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad implementado por el TSE. Al final del día, es necesario un cómputo transparente de los votos. Y, como principio democrático, que los resultados se respeten.

Hoy estamos convocados a las urnas. Más de 200 mil ciudadanas y ciudadanos como nosotros, seleccionados por sorteo, tendrán la responsabilidad de garantizar el proceso en las mesas de votación. Habrá observación electoral nacional (la “misión” de la deslegitimada OEA no cuenta). Y, lamentablemente, no tendremos un sistema oficial de resultados preliminares. Pensemos bien en los cinco votos que debemos emitir. Y cuidemos, entre todas y todos, la competitividad del proceso, que es cuidar la democracia.   

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Crédito y turbulencias financieras

Aunque Bolivia es una economía pequeña y poco sofisticada, debe tomar muy en cuenta estas variaciones en el contexto mundial.

Por La Razón

/ 6 de marzo de 2021 / 00:28

Aparecen señales contradictorias en los escenarios financieros globales, mientras la pandemia sigue sembrando incertidumbre sobre el futuro de la recuperación de la economía mundial. Hay que estar atentos a esos movimientos debido a la necesidad que tiene Bolivia de financiamiento en divisas para reforzar su estabilidad macroeconómica.

A comienzos de año, parecía que se perfilaba un escenario de lenta pero robusta recuperación de la actividad en la mayoría de las economías centrales. En casi todos los países desarrollados se ejecutaron desde el año pasado agresivas políticas monetarias expansivas para mitigar los impactos de la crisis pandémica, que abarataron el crédito, inundaron con liquidez la economía y alimentaron una notable efervescencia en los mercados bursátiles.

Para los países en desarrollo, como Bolivia, esta situación auguraba, por ejemplo, buenas posibilidades para emitir deuda a tasas de interés razonables o acceder a crédito de organismos multilaterales que fortalecieran el financiamiento de las políticas de reactivación productiva y de cobertura de los gastos adicionales que implica la vacunación masiva y la mitigación de la pandemia.

Sin embargo, en los últimos días, el temor por un rebrote inflacionario por exceso de liquidez y la perspectiva de un endurecimiento de las políticas monetarias hasta fines de este año, han puesto paños fríos al optimismo de los mercados financieros. Las tasas de interés han aumentado levemente, las bolsas han retrocedido y los indicadores de riesgo se han deteriorado.

Es decir, las opciones de financiamiento externo se han complicado para todos los países. Obviamente, esta situación es aún volátil, varios especialistas sugieren que es un movimiento coyuntural y que el contexto de “dinero barato” se extenderá hasta bien entrado 2022. Pero, claramente hay más consciencia que en algún momento del mediano plazo, todas las economías tendrán que mejorar poco a poco sus balances fiscales y externos.

Aunque Bolivia es una economía pequeña y poco sofisticada, bastante desvinculada de los mercados bursátiles y de activos financieros, debe tomar muy en cuenta estas variaciones en el contexto mundial, sobre todo en un momento en el que tiene que completar el financiamiento de su déficit fiscal y fortalecer sus reservas de divisas.

La estrategia del Gobierno para dialogar con las entidades multilaterales que podrían ampliar sus líneas de crédito para el país o con los operadores externos de mercados de deuda pública que podrían comprar nuevas emisiones de bonos soberanos, tiene que considerar estas nuevas incertidumbres de manera que el país pueda aprovechar algunas oportunidades, pero también protegerse de los riesgos que empiezan a emerger.

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La tragedia de la UPEA

Mientras sigan esas prácticas solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.

Por La Razón

/ 5 de marzo de 2021 / 01:29

El martes, una asamblea estudiantil realizada en el edificio de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) terminó en tragedia cuando la baranda del pasillo del quinto piso se rompió, dejando caer a 11 personas, de las cuales siete murieron. La tragedia no es solo la muerte de esos jóvenes, sino las condiciones en las que el accidente se produjo.

 Minutos después de ocurrida la tragedia, las redes sociales se inundaron de fotos y videos del accidente, y diversos noticiarios televisivos pasaron repetidamente las imágenes en las que se ve el momento en que la baranda cede y las y los jóvenes caen al vacío; no hubo el menor intento de ahorrarle al espectador la macabra escena en que los cuerpos llegan al piso de la planta baja. Las reacciones de indignación por esta forma de “periodismo” no fueron pocas, pero es difícil pensar en que esta forma de hacer noticia vaya a cambiar pronto.

Inmediatamente después de ocurrido el trágico suceso, la Policía y el Ministerio Público comenzaron su labor investigativa; la consigna, expresada por el Comandante General policial es que “no se puede dejar sin sanción la muerte de estos jóvenes estudiantes”, y entre las primeras personas aprehendidas con fines de investigación están los porteros del campus y al menos siete de los ocho dirigentes estudiantiles que convocaron a la reunión, que aparentemente estaba prohibida por las autoridades universitarias debido al contexto de la pandemia.

Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron saber que el mitin había sido convocado a causa de un interminable conflicto por acceder a los puestos de la dirigencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo nuevo Decano debe ser elegido este mes. También se sabe que la calidad del material y de la ejecución de la obra eran garantía de un accidente como el sucedido, pues la baranda estaba fijada con masilla y soldaduras deficientes.

Las autoridades de la UPEA trataron de deslindar toda responsabilidad y anunciaron que la universidad se constituirá en parte demandante. Sin embargo, más pronto que tarde se multiplicaron las voces que no solo exigen la renuncia del actual Rector, sino que acusan a las autoridades universitarias de promover actividades políticas como la que dio paso al accidente.

En los hechos, el accidente del martes iba a suceder tarde o temprano. No solo por la defectuosa calidad de la construcción de la infraestructura, sino sobre todo por el modo de hacer política que tienen tanto los dirigentes estudiantiles como las autoridades, que implica tratar al estudiantado como un rebaño dócil que se lleva a mítines, votaciones o peleas callejeras. Mientras sigan esas prácticas, que alejan a la universidad de su función principal, que es producir y brindar conocimiento, solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.  

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Cuidado, vacunas, paro

Si el optimismo gubernamental deviene en gestión exitosa, a fines de año toda la población boliviana estaría vacunada.

Por La Razón

/ 3 de marzo de 2021 / 03:19

En medio de la persistente pandemia por el coronavirus, cuya segunda ola en el país parece haber ingresado en fase de meseta, predominan diferentes lógicas, unas complementarias, otra contradictoria. Las complementarias son el esfuerzo por el autocuidado y la esperanzadora —aunque todavía incierta— vacunación. La lógica contradictoria es el paro médico en plena emergencia sanitaria.

Tras varias semanas de rebrote de contagios por COVID-19, que desnudaron nuevamente las precarias condiciones de nuestro sistema de salud, marzo llegó con menos casos y con centro en el arribo parcial de vacunas y el anuncio del inicio de la “vacunación masiva”. Si el optimismo gubernamental deviene en gestión exitosa, a fines de año toda la población boliviana estaría vacunada. Es la apuesta mayor, digamos estructural, a nivel global, para enfrentar la pandemia en sus siguientes olas y sus nuevas cepas.

Más allá del insuficiente esfuerzo del gobierno de Arce por mejorar las condiciones de salud pública en la renovada emergencia sanitaria, y del disímil acompañamiento de las entidades territoriales autónomas, la invocación principal tiene que ver con la responsabilidad ciudadana del autocuidado. Con pocas y deplorables excepciones, incluidos algunos actos de campaña electoral, las hoy elementales medidas de uso de barbijo, distanciamiento social e higiene de manos han sido asumidas por la población.

La necesaria, aunque limitada, voluntad estatal; la apuesta por la vacunación masiva, cuya gestión logística es compleja; y la responsabilidad asumida del autocuidado, configuran en lógica complementaria un núcleo de esperanza en el país ante la violenta pandemia. Y contribuyen a sustentar en democracia la “nueva normalidad” en un contexto de delicada crisis socioeconómica. Que sea sin cuarentenas rígidas, sin militares en las calles, sin compras con sobreprecio, sin vuelos de helicóptero con agua bendita.

A contramano, en lógica contradictoria, la dirigencia médica y sus organizaciones optaron por el paro, hoy prolongado por otros 15 días. ¡En plena emergencia sanitaria! Es evidente que algunas de sus observaciones a la vigente Ley de Emergencia Sanitaria son atendibles y pueden ser moduladas en la reglamentación correspondiente, pero resulta innegable que también están defendiendo prebendas corporativas e intereses privados, como lucrar con la salud y cuidar sus privilegios excluyentes de gremio.

A favor de los médicos, que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, puede decirse que, en su más reciente comunicado, decidieron apoyar el proceso de vacunación ( faltaría que no lo hagan, tras haber recibido la vacuna). Optaron también por reforzar los servicios de emergencia y atención de COVID-19. Pero insisten en el paro, en convocar marchas, en dejar sin personal los servicios de salud pública. No es la primera vez. Ojalá pronto converjan en el compromiso de cuidar el derecho a la vida.

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