El TSE reafirmó que las elecciones subnacionales 2021 se realizarán, como estaba previsto, el domingo 7 de marzo, en cumplimiento de la ley y de la convocatoria. Quedan atrás, pues, los pedidos de algunos actores políticos orientados a postergar los comicios por el rebrote del COVID-19. En su lugar, está en mesa una propuesta de “Acuerdo para una campaña electoral segura”.
Entre otros efectos, la segunda ola de la pandemia trajo consigo el renovado debate sobre la pertinencia de proseguir con el proceso electoral en curso. No es algo nuevo, ni exclusivo de Bolivia. El año pasado los comicios se postergaron tres veces, nada menos, por esta razón. Con esa experiencia, y los aprendizajes en materia de bioseguridad, esta vez no habrá aplazamiento de la votación. La responsabilidad principal ahora está en el terreno de las organizaciones políticas. Y de la ciudadanía.
La novedad radica en la formalización de un acuerdo para garantizar que la campaña electoral, en las seis semanas que restan antes de la jornada de sufragio, se realice de forma segura. En octubre pasado se comprobó que la votación puede hacerse de manera ordenada, con apego a protocolos que limitan los contagios. El reto es llegar al 7 de marzo. De eso se trata el documento elaborado por el TSE, que debiera ser suscrito en los siguientes días por las fuerzas políticas y candidaturas.
En 18 puntos, el acuerdo plantea algunas cuestiones necesarias de ser asumidas en el actual proceso electoral. Hay también aspectos inherentes a toda elección, con o sin pandemia. La premisa es respetar la normativa vigente en materia de salud pública, por un lado, y cumplir las medidas de bioseguridad aprobadas por el TSE, por otro. Sobre esa base, el núcleo de cuidado tiene que ver con el modo en que se desarrollen las campañas: privilegiando eventos virtuales en lugar de grandes encuentros presenciales.
De hecho, ya algunas organizaciones políticas, incluido el MAS-IPSP a nivel nacional, optaron por suspender los actos públicos de campaña. El acuerdo del TSE no plantea suprimirlos, sino reducirlos y, cuando se hagan, proteger a la población, su militancia y los candidatos ante posibles contagios. En pocas palabras: evitar aglomeraciones de gente, cuidando en todo momento la bioseguridad. Parece bastante razonable y plausible, aunque más de una caravana proselitista se empeña en demostrar lo contrario.
Pero la campaña electoral segura no tiene que ver únicamente con el COVID-19. El reto principal radica en “desarrollar una campaña de propuestas”, respetuosa, libre de violencia política. Una campaña con amplio debate público sobre los planes de gobierno. Una campaña, en fin, con transparencia. ¿Algo más? Dados los antecedentes, el último punto subrayado en el documento del TSE es fundamental: “aceptar los resultados electorales”. Que el 7 de marzo no se repita la narrativa del “fraude monumental”.