Tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas del país han descartado la cuarentena rígida como respuesta a la segunda ola del COVID-19. Las estrategias de contención tienen que ver, más bien, con restricciones y la fundamental invocación a la ciudadanía para el autocuidado. El reto es conciliar la emergencia sanitaria con medidas anticrisis económica.
Es comprensible que algunos actores que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, como el personal médico, demanden un nuevo confinamiento de la población. El desborde de contagios sumado al precario sistema de salud pública plantea una situación crítica que requiere un conjunto de acciones. Claro que pensar hoy en una cuarentena rígida es inviable por diversas razones, en especial porque se está avanzando con dificultad en mejorar las condiciones socioeconómicas en medio de una crisis global.
Es evidente que no se trata de plantear el falso dilema entre cuidar la salud o cuidar la economía (tan falaz como el dilema entre el derecho a la vida o el derecho a elegir en democracia). El reto es gestionar todo ello de manera eficaz y con legitimidad, lo que implica alentar acuerdos y la más amplia participación ciudadana en torno a políticas públicas. En ese marco, no hay posibilidad de encerrar a las personas como se hizo a tientas en 2020 en casi todos los países. Son necesarias medidas alternativas.
Tras el brote del coronavirus el año pasado, la reacción del Gobierno provisorio en Bolivia, pocos días después del registro oficial de dos casos importados, fue decretar la cuarentena total. Hubo 10 semanas de confinamiento y otros tres meses de “cuarentena dinámica”. La medida permitió contener los contagios y “ganar tiempo”, pero no estuvo acompañada con testeo masivo, fortalecimiento del sistema de salud ni provisión de insumos (la corrupción con los respiradores es emblemática en ese sentido).
Como se ha visto a nivel global, las obligadas medidas de cuarentena, unas más prolongadas que otras, con mayor o menor rigidez, provocaron elevados costos socioeconómicos. El aumento del desempleo y de la pobreza, por ejemplo, son incontestables. En ese contexto, el posconfinamiento tuvo que conciliar el cuidado de la salud con el desarrollo de las actividades laborales, productivas y económicas (la “nueva normalidad”). En eso llegaron con fuerza la segunda y luego la tercera ola de la pandemia.
Hoy es evidente que la apuesta mayor para enfrentar y mitigar el COVID-19 tiene que ver con la gestión de la vacuna. Claro que hay aprendizajes en torno al autocuidado, la necesidad de pruebas masivas, el aislamiento de personas contagiadas, algunos medicamentos, la mejora en la capacidad de respuesta sanitaria. Se esperan meses duros y, ante la inviabilidad de una nueva cuarentena en el país, son necesarias las restricciones (asentadas más en la conciencia ciudadana que en la fuerza pública).