Pese a que todavía no se conoce una decisión formal del TSE, todo indica que en las elecciones del 7 de marzo el país no contará todavía con un sistema de resultados preliminares. Es una lástima, pues no habrá una fuente oficial de datos rápidos de la votación. Al igual que en octubre pasado, estaremos a merced de conteos de empresas encuestadoras y medios de comunicación.
Uno de los aprendizajes de los comicios generales de 2020, asumido por los propios vocales, es la necesidad de conciliar el requisito de seguridad con la necesidad de celeridad en torno al cómputo y la difusión de resultados. Con apego al principio de preclusión en las diferentes etapas del proceso, el sistema electoral boliviano, cuyo cómputo está basado en actas físicas, es bastante seguro. El problema es su lentitud. El porcentaje de datos oficiales la noche de la votación suele ser insignificante.
Desde la transición a la democracia hace cuatro décadas, la declaración de resultados en elecciones y consultas demora varios días (a veces demasiados). Así, priman datos no oficiales. Durante un largo período, a las 18:00 de la jornada electoral se conocían sondeos a boca de urna, en general poco fiables. Luego la normativa movió el plazo a las 20:00, privilegiando los conteos rápidos. La esencia es la misma: son entidades privadas, y no un órgano público, quienes brindan resultados.
Esa historia tuvo un importante pero muy breve paréntesis. En el referéndum constitucional de 2016 el TSE estrenó un sistema de “aseguramiento de actas”, que en los hechos era un sistema de resultados preliminares. Y funcionó bien. Se lo replicó con certidumbre en las elecciones judiciales de 2017 y en sucesivas consultas sobre documentos autonómicos. Luego, bautizado como TREP, tuvo su primera experiencia en una elección general, en octubre de 2019. El fallido desenlace, que significó su fin, es conocido.
Que el TREP se haya suicidado en los comicios de 2019 por obra de sus gestores no significa, en absoluto, que no sea necesario. Así lo entendieron las actuales autoridades electorales que, durante varios meses de 2020, con amplio apoyo de la cooperación internacional, encargaron la elaboración de un sistema: el Direpre. Ampliamente promocionado, el sistema se cayó un día antes de los comicios. Fue un gran retroceso, como lo demostró el espectáculo del demorado conteo rápido en varios canales de televisión.
A reserva de una decisión en contrario, ese retroceso permanece en las elecciones subnacionales de este año. Varios países de la región cuentan con sistemas de resultados preliminares, lo que otorga confianza en torno a la difusión rápida de datos de la votación. Bolivia terminará el actual ciclo electoral con rezago en la materia. Habrá que esperar que en los comicios de 2025 el equilibrio entre seguridad y celeridad, que constituye una necesidad democrática, deje de ser una asignatura pendiente.