La nueva ola de encuestas electorales en el país, ahora en torno a los comicios subnacionales, repuso en escena estas “fotografías” sobre la intención de voto. Como es tradición, quienes no comulgan con los datos deploran tales estudios. Los favorecidos, en cambio, los celebran. Hay quienes buscan sancionarlos y hasta prohibirlos. Las encuestas electorales, otra vez, en debate.
Como se ha comprobado sobradamente en diferentes comicios, en especial el de octubre del año pasado, los “estudios de opinión en materia electoral para fines de difusión” (como son definidos en la norma) se han convertido en un factor relevante en los procesos electorales. Ya sea porque muestran las tendencias en las preferencias de votación, ya sea al orientar las estrategias de campaña, o directamente como instrumentos de manipulación, las encuestas están en primera línea en la agenda política.
Más allá de las críticas, es importante subrayar que desde hace más de una década Bolivia tiene una avanzada regulación (Ley del Régimen Electoral) de estudios de opinión en materia electoral. La norma establece requisitos mínimos tanto para la elaboración técnica como para la difusión de las encuestas. Claro que, como se ha visto, dichos requisitos no son suficientes para evitar grandes bochornos de algunos operadores mediáticos (declarar “empate” entre Arce y Mesa en los comicios 2020, por ejemplo).
En ese marco, quienes plantean la necesidad de “normar las encuestas” expresan desconocimiento. Los estudios de opinión en materia electoral ya están normados en su fundamento, tipos, preceptos, período de difusión, responsabilidad, registro y habilitación, características, prohibiciones y sanciones. Cierto que se requieren reformas y adecuaciones para evitar la vulneración de derechos, como cuando se eliminó a todos los candidatos de una organización política en Beni por difundir datos.
¿Las empresas encuestadoras manipulan datos para beneficio de unos candidatos y perjuicio de otros? ¿Serán sancionadas “tarde o temprano”, como sugirió el expresidente Morales? O peor: ¿hay que prohibirlas porque “están haciendo daño a la democracia”? No es para tanto. Las encuestas nutren el derecho a la información y el debate político en democracia. Parece suficiente que se ajuste la regulación y se mejore el seguimiento técnico para garantizar la calidad en su elaboración y en sus usos mediáticos.
Antes que evitar las encuestas electorales, el desafío es promoverlas. Resulta crítico que una sola empresa y un canal de televisión tengan el “monopolio del dato” y, con arreglo al mismo, influyan en la agenda informativa y en la deliberación pública. Los procesos electorales plurales requieren muchas encuestas, muchas entidades especializadas, muchos medios. El aprendizaje es que con varias “fotografías” sucesivas se puede ponderar mejor las tendencias en la intención de voto. Y esperar los resultados.