Opinión

viernes 5 mar 2021 | Actualizado a 22:37

Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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La tragedia de la UPEA

Mientras sigan esas prácticas solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.

Por La Razón

/ 5 de marzo de 2021 / 01:29

El martes, una asamblea estudiantil realizada en el edificio de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) terminó en tragedia cuando la baranda del pasillo del quinto piso se rompió, dejando caer a 11 personas, de las cuales siete murieron. La tragedia no es solo la muerte de esos jóvenes, sino las condiciones en las que el accidente se produjo.

 Minutos después de ocurrida la tragedia, las redes sociales se inundaron de fotos y videos del accidente, y diversos noticiarios televisivos pasaron repetidamente las imágenes en las que se ve el momento en que la baranda cede y las y los jóvenes caen al vacío; no hubo el menor intento de ahorrarle al espectador la macabra escena en que los cuerpos llegan al piso de la planta baja. Las reacciones de indignación por esta forma de “periodismo” no fueron pocas, pero es difícil pensar en que esta forma de hacer noticia vaya a cambiar pronto.

Inmediatamente después de ocurrido el trágico suceso, la Policía y el Ministerio Público comenzaron su labor investigativa; la consigna, expresada por el Comandante General policial es que “no se puede dejar sin sanción la muerte de estos jóvenes estudiantes”, y entre las primeras personas aprehendidas con fines de investigación están los porteros del campus y al menos siete de los ocho dirigentes estudiantiles que convocaron a la reunión, que aparentemente estaba prohibida por las autoridades universitarias debido al contexto de la pandemia.

Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron saber que el mitin había sido convocado a causa de un interminable conflicto por acceder a los puestos de la dirigencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo nuevo Decano debe ser elegido este mes. También se sabe que la calidad del material y de la ejecución de la obra eran garantía de un accidente como el sucedido, pues la baranda estaba fijada con masilla y soldaduras deficientes.

Las autoridades de la UPEA trataron de deslindar toda responsabilidad y anunciaron que la universidad se constituirá en parte demandante. Sin embargo, más pronto que tarde se multiplicaron las voces que no solo exigen la renuncia del actual Rector, sino que acusan a las autoridades universitarias de promover actividades políticas como la que dio paso al accidente.

En los hechos, el accidente del martes iba a suceder tarde o temprano. No solo por la defectuosa calidad de la construcción de la infraestructura, sino sobre todo por el modo de hacer política que tienen tanto los dirigentes estudiantiles como las autoridades, que implica tratar al estudiantado como un rebaño dócil que se lleva a mítines, votaciones o peleas callejeras. Mientras sigan esas prácticas, que alejan a la universidad de su función principal, que es producir y brindar conocimiento, solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.  

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Cuidado, vacunas, paro

Si el optimismo gubernamental deviene en gestión exitosa, a fines de año toda la población boliviana estaría vacunada.

Por La Razón

/ 3 de marzo de 2021 / 03:19

En medio de la persistente pandemia por el coronavirus, cuya segunda ola en el país parece haber ingresado en fase de meseta, predominan diferentes lógicas, unas complementarias, otra contradictoria. Las complementarias son el esfuerzo por el autocuidado y la esperanzadora —aunque todavía incierta— vacunación. La lógica contradictoria es el paro médico en plena emergencia sanitaria.

Tras varias semanas de rebrote de contagios por COVID-19, que desnudaron nuevamente las precarias condiciones de nuestro sistema de salud, marzo llegó con menos casos y con centro en el arribo parcial de vacunas y el anuncio del inicio de la “vacunación masiva”. Si el optimismo gubernamental deviene en gestión exitosa, a fines de año toda la población boliviana estaría vacunada. Es la apuesta mayor, digamos estructural, a nivel global, para enfrentar la pandemia en sus siguientes olas y sus nuevas cepas.

Más allá del insuficiente esfuerzo del gobierno de Arce por mejorar las condiciones de salud pública en la renovada emergencia sanitaria, y del disímil acompañamiento de las entidades territoriales autónomas, la invocación principal tiene que ver con la responsabilidad ciudadana del autocuidado. Con pocas y deplorables excepciones, incluidos algunos actos de campaña electoral, las hoy elementales medidas de uso de barbijo, distanciamiento social e higiene de manos han sido asumidas por la población.

La necesaria, aunque limitada, voluntad estatal; la apuesta por la vacunación masiva, cuya gestión logística es compleja; y la responsabilidad asumida del autocuidado, configuran en lógica complementaria un núcleo de esperanza en el país ante la violenta pandemia. Y contribuyen a sustentar en democracia la “nueva normalidad” en un contexto de delicada crisis socioeconómica. Que sea sin cuarentenas rígidas, sin militares en las calles, sin compras con sobreprecio, sin vuelos de helicóptero con agua bendita.

A contramano, en lógica contradictoria, la dirigencia médica y sus organizaciones optaron por el paro, hoy prolongado por otros 15 días. ¡En plena emergencia sanitaria! Es evidente que algunas de sus observaciones a la vigente Ley de Emergencia Sanitaria son atendibles y pueden ser moduladas en la reglamentación correspondiente, pero resulta innegable que también están defendiendo prebendas corporativas e intereses privados, como lucrar con la salud y cuidar sus privilegios excluyentes de gremio.

A favor de los médicos, que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, puede decirse que, en su más reciente comunicado, decidieron apoyar el proceso de vacunación ( faltaría que no lo hagan, tras haber recibido la vacuna). Optaron también por reforzar los servicios de emergencia y atención de COVID-19. Pero insisten en el paro, en convocar marchas, en dejar sin personal los servicios de salud pública. No es la primera vez. Ojalá pronto converjan en el compromiso de cuidar el derecho a la vida.

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Pacto fiscal

Es un imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro.

Por La Razón

/ 1 de marzo de 2021 / 00:36

Como se ha mencionado en varias ocasiones en este mismo espacio, uno de los temas principales en el debate de cara a la elección de las y los gobernadores es el referido al pacto fiscal, imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro, y que en gran medida determina la posibilidad de avanzar en la senda autonómica, el resto es voluntad política.

Tres candidatos y una candidata a la gobernación de su respectivo departamento se avinieron a responder algunas preguntas relacionadas con su mirada sobre el rumbo que este trámite debe tomar. Sus respuestas, variadas como su perspectiva y su posición en el tablero ideológico, hacen poco énfasis en la necesidad de alcanzar acuerdos, tarea que demanda diálogo y negociación, pero también y sobre todo, profunda vocación autonómica.

Así, los candidatos a gobernador por el gobernante MAS en La Paz y Cochabamba coinciden en la necesidad de coordinar con el nivel central del Estado para asegurar fuentes de ingreso a sus respectivas gobernaciones; el de Cochabamba además asume que los tiempos no están para aventuras en materia de impuestos o empresas públicas y que conviene asegurar el financiamiento de fuentes nacionales.

Más inclinación al modelo autonómico muestran la candidata por Unidad Nacional a la Gobernación de La Paz y el candidato de Creemos al gobierno departamental de Santa Cruz. Ambos coinciden en subrayar el hecho de que más de ocho de cada 10 dólares de los recursos públicos son administrados por el Gobierno nacional, dejando muy poco para la gestión de gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.

La candidata paceña señala las profundas inequidades que produce el estado actual de cosas, no solo entre departamentos y con relación al nivel central, sino también entre municipios de un mismo departamento a causa de las diferencias en población. Para también el excandidato a la presidencia, el pacto fiscal debe asignar el 60% de los recursos a los gobiernos subnacionales y solo el 40% al nacional. Estos candidatos tampoco muestran inclinación a desarrollar vocación y capacidades para la generación de ingresos propios.

Es posible que por la dificultad inherente a lograr acuerdos que dejen contenta a la mayoría, o que produzcan descontento entre los menos, la posibilidad de reinstalar un consejo autonómico como el que no logró grandes avances en 2018 sea todavía remota y no esté en agenda de nadie, particularmente por la debilidad estructural que acompañará, siquiera al principio de su mandato, a los nuevos gobernantes subnacionales.

Sin embargo es un tema pendiente desde hace mucho, y urgente, pues solo cuando haya acuerdo en el modo en que los recursos deben ser distribuidos, pero además producidos, será posible vislumbrar el modo en que la autonomía puede hacerse realidad. Mientras tanto, el Gobierno central controla los recursos y gran parte de las decisiones, y los subnacionales tienen a quién culpar de sus defectos.

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Nuevo campo político

El panorama del campo político no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política.

Por La Razón

/ 28 de febrero de 2021 / 00:52

Como se sabe, con la realización de las elecciones departamentales, regionales y municipales del próximo domingo concluye un largo e intenso ciclo electoral en el país. Más allá de los resultados de estos comicios y su incidencia en la llamada “división vertical” del poder, será necesario evaluar la reconfiguración del campo político, su rumbo y sus actores relevantes.

Luego de las elecciones generales de octubre del año pasado, que definieron el binomio presidencial y una nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el paisaje político se completará con la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales y algunas autoridades regionales. Se habrá establecido así, tras la prórroga de mandatos, la conformación de gobiernos y órganos legislativos en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.

A reserva del nuevo balance de fuerzas resultante de los comicios subnacionales, bastante similar en tendencia a los años 2010 y 2015 (descenso de votación del MAS respecto a las elecciones presidenciales, victoria opositora en varias gobernaciones y ciudades capitales, tónica de dispersión), la cuestión fundamental tiene que ver con el modo en que se reconfigura el campo político. Parece cambiar el sistema de partidos (hacia una pauta pluralista) y hay señales de crisis de representación política.

En relación al gobernante MAS, autodefinido como “instrumento político”, si bien es hoy la única fuerza política con presencia en todo el territorio nacional y obtuvo una nueva victoria electoral con mayoría absoluta, debe afrontar la fisura entre su dirigencia partidaria, con débil legitimidad, y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La disputa interna, con previsibles efectos de corto plazo y el reto de renovación de liderazgos, debe resolver también el lugar y futuro de Evo Morales.

En el campo de las oposiciones, en tanto, predomina la debilidad orgánica, la fragmentación y la ausencia de un proyecto de país con respaldo popular. Comunidad Ciudadana, alianza nominal, parece dedicada al activismo en la Asamblea Legislativa. Creemos es una fuerza replegada en lo regional. UN y Demócratas no tienen asambleístas nacionales ni tendrán presencia relevante en las entidades autónomas. Y los otros partidos: PAN-Bol, MTS, PDC, MNR, FPV y ADN, deambulan entre lo testimonial y la marginalidad.

Cierto que hay una centena de organizaciones de alcance departamental o local, algunas de las cuales obtendrán cargos de gobierno y de representación, pero salvo excepciones son únicamente siglas con candidato que se activan en elecciones. El panorama del campo político en Bolivia, pues, no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política. Las señales más bien son de crisis. La calidad de la democracia tiene aquí una decisiva asignatura pendiente.

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Denuncias y justicia

Las formas importan mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

Por La Razón

/ 27 de febrero de 2021 / 01:10

En los últimos días salieron a la luz numerosas denuncias y cuestionamientos a funcionarios del anterior gobierno. Entendiendo que hay necesidad de esclarecimientos y eventualmente de procesos jurisdiccionales sobre estas cuestiones, éstos deberían ser realizados siempre con seriedad, respetando los derechos de las personas y sobre todo de manera que estén y parezcan alejados de intereses partidarios.

En los primeros días del gobierno del presidente Arce, la opinión pública observó con aprobación las declaraciones de las nuevas autoridades que afirmaron que el Gobierno no iba a intervenir indebidamente en las investigaciones y decisiones de la Justicia sobre casos en los que estarían involucrados políticos o exfuncionarios públicos.

Esa decisión positiva venía después de un año en el que altos funcionarios del régimen transitorio promovieron y ejecutaron acciones vociferantes, desmedidas y en muchos casos ilegales de persecución y estigmatización de personas que habían pertenecido al gobierno del MAS o que, según ellos, estaban vinculados a esa fuerza política. Este fenómeno fue ampliamente documentado y censurado por respetadas instituciones externas de defensa de los derechos humanos.

Obviamente, la necesaria toma de distancia y respeto escrupuloso de los procedimientos por parte del Poder Ejecutivo en este tipo de casos no significa que se deba desentender de las irregularidades o delitos que podrían haberse producido en la gestión de las instituciones estatales.

Sin duda se debe investigar lo que corresponde si existen indicios de irregularidades o delitos, informar a las instancias competentes y promover acciones administrativas o judiciales en el marco del debido proceso y el respeto de los derechos de los involucrados. Eso incluye, entre otras cosas, tener cuidado en adelantar conclusiones o utilizarlas con ligereza para manchar públicamente el honor de las personas, sin que previamente haya investigaciones sólidas y con posibilidad de los acusados para descargar sus responsabilidades.

Como suele pasar, los excesos al final dañan las mejores intenciones, pues en medio de cuestionamientos de todo calibre y calidad se va instalando la duda en la opinión pública. Al final, todo puede parecer igual, un instrumento más de la lucha política, permitiendo que los grandes delitos y violaciones de derechos humanos se camuflen en ese barullo y tengan oportunidad de ser relativizados o hasta justificados.

El país necesita aclarar y reflexionar colectivamente sobre lo que sucedió el año pasado, esa es la única garantía de que los abusos estatales a ciudadanos por sus ideas políticas no se repitan en el futuro. Y eso pasa por redoblar la prudencia, profesionalidad y respeto de los derechos de todas y todos, desde el actual Estado, cuando se hacen denuncias o investigan situaciones irregulares en la administración pública. Las formas importan y mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

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