Opinión

miércoles 21 abr 2021 | Actualizado a 11:04

Pacto fiscal

Es un imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro.

Por La Razón

/ 1 de marzo de 2021 / 00:36

Como se ha mencionado en varias ocasiones en este mismo espacio, uno de los temas principales en el debate de cara a la elección de las y los gobernadores es el referido al pacto fiscal, imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro, y que en gran medida determina la posibilidad de avanzar en la senda autonómica, el resto es voluntad política.

Tres candidatos y una candidata a la gobernación de su respectivo departamento se avinieron a responder algunas preguntas relacionadas con su mirada sobre el rumbo que este trámite debe tomar. Sus respuestas, variadas como su perspectiva y su posición en el tablero ideológico, hacen poco énfasis en la necesidad de alcanzar acuerdos, tarea que demanda diálogo y negociación, pero también y sobre todo, profunda vocación autonómica.

Así, los candidatos a gobernador por el gobernante MAS en La Paz y Cochabamba coinciden en la necesidad de coordinar con el nivel central del Estado para asegurar fuentes de ingreso a sus respectivas gobernaciones; el de Cochabamba además asume que los tiempos no están para aventuras en materia de impuestos o empresas públicas y que conviene asegurar el financiamiento de fuentes nacionales.

Más inclinación al modelo autonómico muestran la candidata por Unidad Nacional a la Gobernación de La Paz y el candidato de Creemos al gobierno departamental de Santa Cruz. Ambos coinciden en subrayar el hecho de que más de ocho de cada 10 dólares de los recursos públicos son administrados por el Gobierno nacional, dejando muy poco para la gestión de gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.

La candidata paceña señala las profundas inequidades que produce el estado actual de cosas, no solo entre departamentos y con relación al nivel central, sino también entre municipios de un mismo departamento a causa de las diferencias en población. Para también el excandidato a la presidencia, el pacto fiscal debe asignar el 60% de los recursos a los gobiernos subnacionales y solo el 40% al nacional. Estos candidatos tampoco muestran inclinación a desarrollar vocación y capacidades para la generación de ingresos propios.

Es posible que por la dificultad inherente a lograr acuerdos que dejen contenta a la mayoría, o que produzcan descontento entre los menos, la posibilidad de reinstalar un consejo autonómico como el que no logró grandes avances en 2018 sea todavía remota y no esté en agenda de nadie, particularmente por la debilidad estructural que acompañará, siquiera al principio de su mandato, a los nuevos gobernantes subnacionales.

Sin embargo es un tema pendiente desde hace mucho, y urgente, pues solo cuando haya acuerdo en el modo en que los recursos deben ser distribuidos, pero además producidos, será posible vislumbrar el modo en que la autonomía puede hacerse realidad. Mientras tanto, el Gobierno central controla los recursos y gran parte de las decisiones, y los subnacionales tienen a quién culpar de sus defectos.

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Buscando culpables

No hay mecanismos internos ni procedimientos democráticos en las organizaciones políticas para la designación de candidatos.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2021 / 00:49

Entre otros efectos, las recientes elecciones departamentales, regionales y municipales 2021 han generado controversias internas en las organizaciones políticas, en unos casos bajo reflectores mediáticos, en otros más bien replegadas en sus propias estructuras. En general, con poco análisis y escasa autocrítica, se buscan culpables de las derrotas y se anticipan ajustes de cuentas.

Si bien, por su naturaleza, las elecciones subnacionales tienen múltiples ganadores (no son de ganador único, como los comicios presidenciales), la evaluación tiene que ver tanto con los resultados como con las expectativas. El balance será diferente además en función al objeto de análisis: si por ejemplo se considera el número de alcaldías, el MAS puede ostentar sus 240 alcaldes electos de un total de 336; si en cambio se ven gobernaciones y ciudades capitales, predominan victorias opositoras.

En las evaluaciones son importantes asimismo las comparaciones. El resultado de las elecciones de marzo y abril será “bueno” o “malo”, de victoria o derrota, ¿comparado con qué? Habrá diferentes lecturas si el referente de comparación son las elecciones generales de octubre de 2020, los comicios subnacionales de 2015 o —como ya se dijo— las expectativas que tenían y expresaron las fuerzas políticas. Igual un dato relevante tiene que ver con el pluralismo político, que también expresa fragmentación.

Más allá del objeto de análisis, de los ejercicios comparativos y sus interpretaciones, es interesante observar las diferentes dinámicas internas de balance y de ajuste de cuentas. Lo más ruidoso en los últimos días, con amplia cobertura mediática, fueron los cuestionamientos en las filas del MAS, en especial en torno al papel que tuvieron el jefe partidario y las dirigencias departamentales en la designación de candidaturas. Muy lejos de la autocrítica, el oficialismo exhibió fuerza y anunció “purga” (sic).

¿Y qué pasa en el campo de la oposición? ¿Qué balance hicieron luego de los comicios subnacionales? ¿Hubo críticas a la imposición cupular de candidaturas y al “dedazo” del jefe? A diferencia del MAS, en general los opositores no ventilaron públicamente su situación interna. No se sabe por ejemplo cómo discurre la crisis orgánica en Demócratas (con renuncias previas a los comicios), convertida en fuerza marginal en Santa Cruz. O en Comunidad Ciudadana, que no existe en el mapa político subnacional.

A reserva del itinerario que siga el normal balance de resultados después de un proceso electoral, insistimos en este espacio en un problema de fondo que permanece intacto: no hay mecanismos internos ni procedimientos democráticos en las organizaciones políticas para la toma de decisiones y la designación de candidatos. Por ello, luego de los ajustes de cuentas, algunos de ellos exculpatorios, es fundamental que los partidos y alianzas convoquen a sus instancias orgánicas y, en serio, se miren en el espejo.

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El censo en disputa

El Censo de Población y Vivienda es una necesidad imperiosa, así como lo es el pacto fiscal.

Por La Razón

/ 19 de abril de 2021 / 01:43

Días atrás, el Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que dadas las condiciones actuales y los muchos trabajos preparatorios, que demandan hasta “tres años y medio”, el Censo Nacional de Población y Vivienda que debía realizarse en 2022 tendría que ser postergado hasta 2024. El Ministerio de Planificación del Desarrollo tuvo que desmentirlo.

No hace falta ser un gran estadista para comprender la importancia estratégica de cualquier censo de población; se practica de un modo u otro en todas las culturas desde hace milenios, de ahí que, por ejemplo, aparezca nombrado en la historia del nacimiento de Jesucristo. Historias aparte, en Bolivia un decreto ley promulgado durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1976, instruye que el censo se realice cada 10 años; una ley de 2000 instruye realizar este empadronamiento de la población cada año terminado en cero (aunque desde el censo de 1992 es imposible cumplir simultáneamente las dos normas señaladas) para reasignar escaños parlamentarios; finalmente, la Constitución Política del Estado señala que es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

El censo de 2012 se realizó con más de un año de retraso, pese a que un decreto supremo de 2008 declaró el ejercicio como “prioridad nacional”, lo cual podría significar que el Director del INE tiene la razón, a pesar de que sus superiores han tratado de minimizar el impacto de la declaración asegurando que se trata únicamente de una “sugerencia”. No se conoce, sin embargo, ninguna otra “sugerencia” de fecha para el conteo de habitantes.

Lo que sí se conoce es la incomodidad que ha causado el anuncio, siendo el primero en reaccionar el vociferante gobernador electo de Santa Cruz, quien salió nuevamente por sus fueros amenazando y dando al Gobierno “un año” para realizar el nuevo censo; en El Alto, la alcaldesa electa también se ha pronunciado. El motivo de éstas y otras declaraciones está en el hecho de que, como se señala antes, la distribución de recursos (comenzando por el IDH y la coparticipación tributaria) y de escaños en la Asamblea Legislativa depende de los resultados de este conteo de habitantes.

Es posible que la máxima autoridad ejecutiva del INE haya pecado de excesivo candor, así como es perfectamente plausible que el trámite haya sufrido considerable retraso luego de casi un año de nula gestión de éste y otros asuntos estratégicos por parte del gobierno transitorio, sin embargo también es muy posible que pueda señalarse negligencia desde mucho antes de los sucesos de noviembre de 2019.

El Censo de Población y Vivienda es una necesidad imperiosa, así como lo es el pacto fiscal y otros trámites redistributivos basados en los resultados de aquél, que sin duda causarán una nueva temporada de conflictividad social y política en el país, pero también habilitarán el escenario para iniciar un nuevo ciclo político, ojalá que con autonomías.

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Gobiernos divididos

Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria dejó de existir durante los gobiernos del MAS.

Por La Razón

/ 17 de abril de 2021 / 23:31

Entre otros resultados, los comicios subnacionales 2021, cuya segunda vuelta del pasado domingo cierra el actual ciclo electoral, configuraron un mapa diverso de poder en las gobernaciones departamentales. Pero también generaron “gobiernos divididos”, esto es, ejecutivos que no tienen mayoría en las asambleas. Ello puede conducir a situaciones de bloqueo o impulsar pactos.

Uno de los aprendizajes de la transición a la democracia, con la presidencia de la UDP/Hernán Siles Zuazo (1982-85), fue que el gobierno dividido puede generar un escenario de bloqueo y de parálisis institucional. Así ocurrió en ese periodo, cuando los opositores MNR y ADN, mayoritarios en el Congreso Nacional, inviabilizaron todas las leyes propuestas por el Ejecutivo. Se produjo así una crisis de gobernabilidad que, sumada a la hiperinflación y una elevada conflictividad, derivaron en elecciones anticipadas.

Semejante experiencia, que algunos analistas de la época calificaron como “traumática”, sirvió de incentivo para que los partidos políticos optaran por formar coaliciones parlamentarias y de gobierno a fin de evitar, justamente, gobiernos divididos. Esa fue la esencia de la llamada “democracia pactada”, que entre 1985 y 2003 produjo cinco gobiernos de coalición (incluido el acuerdo entre el MIR y la ADN en 1989, que implicó “cruzar ríos de sangre”). Se despejaba así el riesgo de ingobernabilidad.

Tras la crisis de 2003 con renuncia de Sánchez de Lozada y sucesión constitucional, el gobierno de Mesa fue otro caso de gobierno dividido. Sin parlamentarios propios, tuvo que afrontar un Congreso opositor con predominio del conflicto por encima de la concertación. Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria, que formaban coaliciones o terminaban estancados, dejó de existir durante los gobiernos del MAS/Evo Morales. Sus victorias electorales con mayoría absoluta le permitieron gobernar en solitario.

Esa lógica en democracia se mantuvo en las elecciones generales 2020, que otorgaron al gobierno de Arce mayoría absoluta de asambleístas en ambas cámaras: no corre riesgo de bloqueo opositor, no necesita coalición política. Ocurre algo distinto a nivel departamental. Las recientes elecciones conformaron solo tres gobiernos mayoritarios, todos del MAS: Oruro, Cochabamba y Potosí. En los otros seis departamentos hay gobiernos divididos. Los gobernadores electos, para garantizar gobernabilidad, tendrán que pactar.

La novedad sin duda son los asambleístas indígenas, elegidos según normas y procedimientos propios. Son esenciales para formar mayoría en tres asambleas departamentales. En Santa Cruz ya se aliaron con el MAS, presidirán la asamblea y harán mayoría opositora. Pronto se sabrá qué carta juegan en los casos de Tarija y Beni. Si bien no es posible “administrar” un departamento desde la asamblea, se puede obstaculizar la agenda legislativa del Ejecutivo. En ese contexto, los acuerdos políticos importan.

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Una pandemia que no acaba

Se precisa, más que nunca, prudencia, no bajar la guardia, modestia y gran capacidad de adaptación de las políticas.

Por La Razón

/ 17 de abril de 2021 / 00:21

La evolución de la pandemia sigue desbaratando las proyecciones de casi todos los gobiernos en el planeta. La segunda y tercera oleadas de contagios están afectando severamente incluso a países que habían manejado bien la enfermedad el año pasado. Frente al COVID-19, se precisa, más que nunca, prudencia, no bajar la guardia, modestia y gran capacidad de adaptación de las políticas.

El año pasado se mencionaba a Uruguay y Cuba como los países latinoamericanos que habían logrado evitar un contagio masivo de COVID-19 gracias a sus sistemas de salud eficientes. De igual manera, en este 2021, durante varias semanas Chile apareció como un ejemplo mundial de vacunación rápida, mientras la India se transformaba en una usina global capaz de producir y distribuir millones de esos fármacos en todos los continentes.

Lamentablemente, las infecciones se están acelerando en casi todos los continentes, obligando, por ejemplo, al Gobierno cubano a establecer restricciones en La Habana. La situación se ha desbordado particularmente en Uruguay, donde la tasa de contagios se ha vuelto la más alta del mundo. La situación tampoco es muy halagüeña en Chile, que registra un pico de la enfermedad más intenso que el de mediados de 2020 pese a la masiva vacunación.

En India, la intensidad de la enfermedad ha llevado a ese país a prohibir la exportación de vacunas para priorizar su uso doméstico. Decisión que ha complicado los programas de inmunización que se estaban poniendo en marcha en el mundo en desarrollo y que ha casi paralizado los intentos de Naciones Unidas para mejorar el acceso de los países más pobres a esos fármacos mediante el mecanismo COVAX.

En todos los continentes se extiende la insatisfacción y la frustración social con los gobiernos y las políticas aplicadas hasta ahora debido a su incapacidad para estabilizar la situación. Es un momento muy difícil para gobernar en medio de tanta incertidumbre y malestar.

Es evidente que no hay recetas milagrosas, que incluso ciertos éxitos momentáneos pueden revertirse y que todas las políticas sanitarias aplicadas deben revisarse constantemente ante la aparición de nuevas variantes de la enfermedad y/o la imposibilidad social de sostener algunas medidas de contención. Las autoridades no pueden caer en ningún caso en la autosatisfacción y deben estar en todo momento listas para los peores escenarios.

Aunque hoy el panorama es oscuro, hay luz al final del túnel con una vacunación que, tarde o temprano, se irá acelerando. Pero el camino a la normalización es aún difícil y se precisa revisar constantemente las políticas aplicadas, corregirlas o incluso abandonarlas si ya no son efectivas. Pragmatismo, flexibilidad, prudencia y sobre todo autocrítica permanente son la única opción de los gobernantes para navegar en estos tiempos tan difíciles.

   

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La amenaza de la corrupción

No es aceptable que la ética se haya reducido a ser una simple palabra que pronuncian todas las bocas.

Por La Razón

/ 16 de abril de 2021 / 01:32

No son buenos tiempos para el gobierno de Luis Arce y el MAS: pequeños y grandes escándalos de corrupción afectan ya no solo a mandos medios o a personas lejanamente vinculadas con la gestión, sino también a miembros de su gabinete ministerial. El resultado es una suerte de profecía que se cumple a sí misma y que da sustento a los ataques de las oposiciones políticas.

La noche del martes, el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras, y el ex director general de Desarrollo Rural fueron aprehendidos en pleno centro de la ciudad de La Paz al ser sorprendidos con $us 20.000 en efectivo, producto de un supuesto soborno por el saneamiento del fundo El Triunfo, en el departamento de Santa Cruz. No es el primer caso de corrupción en ese ministerio desde que comenzó la gestión, ni esa la única institución gubernamental con observaciones.

La previsible reacción opositora incluye, por supuesto, señalamientos en sentido de que la falta de transparencia y el aprovechamiento ilícito de los recursos públicos, cuando no del cargo, es la moralidad dominante en el Gobierno actual. Olvidan deliberadamente que la corrupción, el uso patrimonial de bienes del Estado y otras prácticas igual de despreciables han estado presentes en todos los gobiernos de las últimas décadas, sin excepción. Basta con recordar que en el gobierno transitorio de 2020, el último de los ministros de Economía se benefició irregularmente con la dotación de miles de hectáreas de tierra a nombre suyo y de su familia.

Desde el lado oficialista se reclama a los medios de comunicación por no dar el mismo destaque a los casos de corrupción que a las medidas adoptadas para sancionarlos. Olvidan estos oficiosos defensores de la imagen del Gobierno y sus autoridades que lo normal y deseable es que desde el Estado se luche contra la corrupción (para eso existe un Viceministerio, unidades de Transparencia en todas las unidades administrativas de los tres niveles gubernativos, así como cuerpos policiales y juzgados especializados), y que lo anormal, y por tanto inaceptable, es que ésta ocurra entre la gente de mayor jerarquía en la gestión.

Por otra parte, debe llamar poderosamente la atención el hecho de que en los pocos meses de gestión que lleva el actual Gobierno van dos ministros de Desarrollo Rural y Tierras defenestrados por presunta corrupción. Súmese a eso no pocas denuncias de tráfico de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se conocen desde hace años y que se multiplican con el paso del tiempo.

No es aceptable, no puede serlo, que la ética se haya reducido a ser una simple palabra que pronuncian todas las bocas, pero que muy pocas personas están dispuestas a aplicar en su vida cotidiana y al trabajo que desempeñan en servicio del Estado y de la población boliviana. Se hace urgente, pues, el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a transformar la moralidad dominante en el sector público.   

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