El martes, una asamblea estudiantil realizada en el edificio de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) terminó en tragedia cuando la baranda del pasillo del quinto piso se rompió, dejando caer a 11 personas, de las cuales siete murieron. La tragedia no es solo la muerte de esos jóvenes, sino las condiciones en las que el accidente se produjo.
Minutos después de ocurrida la tragedia, las redes sociales se inundaron de fotos y videos del accidente, y diversos noticiarios televisivos pasaron repetidamente las imágenes en las que se ve el momento en que la baranda cede y las y los jóvenes caen al vacío; no hubo el menor intento de ahorrarle al espectador la macabra escena en que los cuerpos llegan al piso de la planta baja. Las reacciones de indignación por esta forma de “periodismo” no fueron pocas, pero es difícil pensar en que esta forma de hacer noticia vaya a cambiar pronto.
Inmediatamente después de ocurrido el trágico suceso, la Policía y el Ministerio Público comenzaron su labor investigativa; la consigna, expresada por el Comandante General policial es que “no se puede dejar sin sanción la muerte de estos jóvenes estudiantes”, y entre las primeras personas aprehendidas con fines de investigación están los porteros del campus y al menos siete de los ocho dirigentes estudiantiles que convocaron a la reunión, que aparentemente estaba prohibida por las autoridades universitarias debido al contexto de la pandemia.
Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron saber que el mitin había sido convocado a causa de un interminable conflicto por acceder a los puestos de la dirigencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo nuevo Decano debe ser elegido este mes. También se sabe que la calidad del material y de la ejecución de la obra eran garantía de un accidente como el sucedido, pues la baranda estaba fijada con masilla y soldaduras deficientes.
Las autoridades de la UPEA trataron de deslindar toda responsabilidad y anunciaron que la universidad se constituirá en parte demandante. Sin embargo, más pronto que tarde se multiplicaron las voces que no solo exigen la renuncia del actual Rector, sino que acusan a las autoridades universitarias de promover actividades políticas como la que dio paso al accidente.
En los hechos, el accidente del martes iba a suceder tarde o temprano. No solo por la defectuosa calidad de la construcción de la infraestructura, sino sobre todo por el modo de hacer política que tienen tanto los dirigentes estudiantiles como las autoridades, que implica tratar al estudiantado como un rebaño dócil que se lleva a mítines, votaciones o peleas callejeras. Mientras sigan esas prácticas, que alejan a la universidad de su función principal, que es producir y brindar conocimiento, solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.