Según el Observatorio Global de Bosques, Bolivia ocupó en 2019 el tercer lugar en la deshonrosa lista de los países que más rápido deforestan sus bosques tropicales. Si bien la tasa boliviana de deforestación es muy inferior a la de Brasil o Congo, los dos primeros en la lista, sigue siendo preocupante la velocidad con que la desaparición de bosques ocurre en el territorio nacional.

El alarmante dato se ilustra con lo revelado por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a LA RAZÓN días atrás, cuando afirmó que solo en 2020 se registraron 3,4 millones de hectáreas (ha) incendiadas y que entre 2015 y 2020 se ha deforestado 1,44 millones de ha. Según el ejecutivo, 42% de ese total fue desmonte legal y el restante 58%, ilegal.

Un reportaje de la Agencia France Presse (AFP) también publicado en este diario días atrás señala que la enorme pérdida de superficies boscosas se debe principalmente a la agricultura, pero también a incendios causados por las olas de calor extremo y las sequías; síntomas evidentes, estos últimos, del calentamiento global. Entre los datos más preocupantes señala la quema de al menos un tercio del Pantanal compartido entre Bolivia y Brasil.

La deforestación trae aparejada consigo la pérdida de biodiversidad (y se sabe que los bosques tropicales albergan hasta el 90% de las especies del planeta) y, sobre todo, del hábitat de numerosos pueblos indígenas, condenándolos a una lenta y dolorosa desaparición, como sucede particularmente en Brasil. La principal causa en el ámbito global se encuentra en la voracidad de los países ricos.

Allí donde en países como Bolivia empresarios de todo tamaño invierten en el incremento de la producción de soya o de carne vacuna, que demandan la incesante expansión de la frontera agrícola, hay un exigente mercado global de países que consumen más y más productos cuya producción en sus territorios sería considerada insostenible. El negocio parece deseable en términos financieros, pues ayuda a transformar en dinero los ubérrimos recursos naturales de muchos territorios del sur global, pero el costo es, irónicamente, la pérdida de esa fertilidad y diversidad y de gran parte de la vida a su alrededor.

El sueño decimonónico del progreso infinito ha producido el demonio de un presente que pone en cuestión la viabilidad de la humanidad a mediano y largo plazos, y por lo general la distribución de culpas cae en el lado equivocado: no son los países necesitados de recursos, o los campesinos pobres necesitados de tierras para cultivar quienes amenazan las selvas y bosques, sino el voraz agronegocio, que rara vez es nombrado. Está llegando un tiempo en el que inevitablemente habrá que preguntarse en nombre de qué o de quiénes se está quemando y eliminando la superficie boscosa del país, y con ello hipotecando la vida de las futuras generaciones.

Con escaso debate, poca información sobre programas de gobierno, ausencia de encuestas de intención de voto y evidente agotamiento, cuatro departamentos van nuevamente a las urnas para elegir gobernadores en segunda vuelta. Así, finalmente, concluye el prolongado y complejo ciclo electoral (2018-2021) en el país. Claro que la agenda democrática y de reforma normativa continúa.

Como está previsto en la Ley del Régimen Electoral (2010), si ninguna candidatura a la gobernación departamental obtiene mayoría absoluta de votos, o al menos 40% con una distancia de 10 puntos sobre el siguiente, procede el balotaje entre los dos candidatos más votados. Este mecanismo de segunda vuelta es igual al vigente en la elección del binomio presidencial. Y fue estrenado en Bolivia en los comicios subnacionales de 2015. Hoy se aplica en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.

Si ya llegamos a las elecciones departamentales, regionales y municipales del pasado 7 de marzo con sensación de cansancio, la segunda vuelta de esta jornada pareciera una formalidad. En todo caso, su importancia no es menor. La elección de cuatro gobernadores completará el mapa de las autoridades y representantes electos en las entidades territoriales autónomas. Es la llamada “distribución vertical del poder”. En este caso cuatro candidatos del oficialismo competirán contra igual número de opositores.

A diferencia de anteriores comicios, en este proceso de segunda vuelta no existe información sobre las preferencias de los votantes: no se hicieron, o al menos no se difundieron, encuestas electorales. Hay pues incertidumbre sobre el resultado. Como se sabe, tampoco habrá un sistema oficial de datos preliminares. Por ello, habrá que esperar el cómputo en los cuatro departamentos para saber quiénes ganaron en esta jornada. Ojalá la proclamación de resultados sea más rápida y cierta que en marzo.

Con esta jornada electoral concluye formalmente el ciclo electoral que, en medio de un escenario de crisis y polarización política, permitió elegir democráticamente gobernantes y asambleístas en los diferentes niveles del Estado. El ciclo, por supuesto, deja no solo aprendizajes, sino también importantes retos. Uno de ellos, fundamental e impostergable, es el examen integral de la normativa electoral y sobre organizaciones políticas para su posterior reforma. Quedan en agenda también tareas institucionales.

Claro que el cierre del actual ciclo electoral no significa que la democracia y el ejercicio de derechos políticos queden en suspenso. Desde ya, el TSE anunció que antes de fin de año se realizará un nuevo referéndum de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, con varios casos. También está en calendario, para 2023, la tercera elección de autoridades judiciales. Y será un buen tiempo para fortalecer la institucionalidad electoral, blindar futuros comicios y, ojalá, volver a hablar de democracia intercultural.

Con los balotajes para la elección de gobernadores en cuatro departamentos, este domingo se cierra el largo ciclo electoral que empezó a mediados de 2019. Desde el lunes se iniciará otra fase que se caracterizará por una mayor preocupación de los ciudadanos por la resolución de los graves problemas socioeconómicos que se han abatido sobre esta nación en este tiempo de pandemia.

El país ha estado concentrado por más de un año en sus problemas políticos. Este domingo se realizarán las segundas vueltas para elegir gobernador en varios departamentos y con ese proceso se habrán renovado democráticamente la totalidad de autoridades políticas, tanto en el nivel nacional como en las autonomías departamentales y municipales. Este es un logro pues ahora se tendrá liderazgos ejecutivos y espacios legislativos que gozarán de legitimidad y de legalidad para gobernar y resolver los graves desafíos que aquejan en el presente.

Esta renovación coincide con una coyuntura histórica muy delicada caracterizada por la persistencia de la pandemia, con su lote de fallecimientos y contagios por miles, por una economía que se está reactivando lentamente y con una lamentable tendencia de desmejoramiento de las condiciones de vida de cientos de miles de compatriotas. No son tiempos fáciles, el temor por el retroceso social se ha instalado en muchos.

Frente a este delicado panorama, más que nunca, la sociedad está buscando liderazgos políticos que se hagan cargo de enfrentar esos desafíos y devolverle confianza en el futuro. Después de muchos meses inquietos por el conflicto, se percibe una gran ansiedad por volver a trabajar, tener la certeza de que sus hijos tendrán una educación que les permita superarse o sobrevivir a la cruel enfermedad que ha enlutado a tantas familias.

Es el tiempo de la gestión, entendida como la capacidad de todos los poderes públicos para resolver los problemas económicos y sociales de los ciudadanos, de facilitarles la vida, de proveerles de servicios públicos que funcionen y demostrarles que el Estado está ahí para servirles. Tareas que siempre son importantes pero que se vuelven vitales cuando hay crisis e incertidumbre.

El Gobierno central y las nuevas autoridades departamentales y municipales deberán mostrar estar a la altura de estas demandas populares. Para ello, no estaría demás que hagan un esfuerzo para cooperar entre sí y concentrar todos sus esfuerzos en las cuestiones socioeconómicas que son las que exige la ciudadanía. Hacer una buena gestión pública es hoy la mejor estrategia política.