Opinión

lunes 19 abr 2021 | Actualizado a 02:08

Ilusión de verdad

/ 7 de abril de 2021 / 01:09

Acabamos de ser testigos de un proceso en el que una mentira se intenta convertir en verdad. La experiencia gira en torno al libro de Evo Morales Volveremos… (primera edición, septiembre 2020) y que en la tapa también dice El golpe de Estado, el exilio y (…) Refleja las reflexiones del autor en las horas cruciales de noviembre de 2019, cuando ni Policía ni Fuerzas Armadas respondían a su mando y grupos civiles irregulares tomaban rehenes a sus partidarios, colaboradores o familiares, les incendiaban la casa y quemaban tribunales electorales, para presionarle a renunciar. Morales escribe que sopesó el costo de vidas humanas si se intentaba resistir con sectores populares primero a civiles, pero también a militares y policías armados. Y concluye que era mejor renunciar. Escribe: “Antes de renunciar bien lo medité”. “Y para que no haya muertos renuncié”, “… para evitar masacre, mejor renunciar…” “Entonces dormí con la conciencia tranquila, la decisión de renunciar era un buen cálculo para evitar una masacre. Renuncié el domingo”. Y dos líneas más abajo: “Domingo renuncié, les repito”.

Esas reflexiones fueron tituladas como que no hubo golpe porque Evo “renunció” un día antes de que las FFAA se lo sugirieran, con el añadido de que en el libro no menciona una sola vez las palabras “golpe de Estado”. Con esas dos “pruebas”, resuelto el asunto: no hubo golpe de Estado. El problema es que el libro menciona más de cien veces “golpe de Estado”, y no dice que renunció el sábado. Se intentó, entonces, arreglar con que había pensado renunciar un día antes y, como no fue suficiente, que había pensado renunciar, pero ahora no lo admite. Incluso se llegó a publicar como prueba de que renunció el sábado, la página donde dice dos veces que renunció el domingo. Y nada, la mentira no convence. Entonces los insultos al autor del libro y a quienes no aceptan la manipulación.

Lo extraordinario es que sus promotores (algunos medios y redes sociales la difunden), son los mismos que ofrecen un acuerdo pacificador: no se hable de fraude electoral (en casi un año que estuvieron en el gobierno no lo demostraron y en los procesos judiciales abiertos no presentaron pruebas) ni de golpe de Estado. Y tampoco se investigue nada hasta contar con un poder judicial perfecto. Se cierren los procesos judiciales y se libere a los detenidos. Es el discurso de la OEA, de los comités cívicos, de los obispos católicos, de la oposición legislativa y de otros que también promovieron el golpe de Estado y callaron durante casi un año de excesos y abusos del gobierno que instalaron y que, entre otras varias cosas, persiguió y reprimió a quienes rechazaron sus mentiras, por ejemplo, de sucesión constitucional:

Constitución: Art. 161- 3, Reunión en Asamblea Legislativa: “Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”.

Reglamento del Senado: “Capítulo III de la Directiva. Artículo 35. (Composición y Elección). II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría”.

No hubo reunión de Asamblea Legislativa, lo que fue aprovechado para que la minoría se autoproclame en la presidencia del Senado (cargo al que, legalmente, no podía acceder).

*Los psicólogos definen el intento de imponer una mentira como Ilusión de verdad.

Freddy Morales es periodista.

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Entonces, cuándo es cuándo

/ 24 de marzo de 2021 / 01:29

La OEA tiene al país enfrentado, otra vez. En 2019 dio el santo y seña para que sus aliados ejecuten el golpe de Estado al “confirmar” lo que visionariamente medios de comunicación y dirigentes políticos conservadores habían anunciado por lo menos 20 días antes de las elecciones: fraude electoral (hasta ahora no probado). Fracasado el golpe de Estado por la derrota democrática de la derecha en las elecciones de octubre del año pasado, ahora la OEA nos ofrece, otra vez, resolver el asunto. Sin ruborizarse, los líderes de la derecha que perdieron en las elecciones de octubre del año pasado, casi todos otra vez aliados en los Comités Cívicos, hicieron suyas las directrices extranjeras:

OEA, 15 de marzo: “Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último periodo de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad (…)

“La reforma de la justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente…

“La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales…”

Comités Cívicos, 16 de marzo: “Pedimos que se conforme de manera inmediata una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política, hasta lograr la independencia del sistema judicial de Bolivia.

“Exigir la liberación inmediata para todos los presos y perseguidos políticos…”

Pudo ser a la inversa para intentar algo de dignidad: que primero se pronuncien los Comités Cívicos y un día después la OEA apoye sus demandas. Pero ahí tenemos a la derecha defendiendo la posición de la OEA, y a otro sector de la población, incluido el gobierno de Luis Arce, en campaña de denuncia de inaceptable injerencia en los asuntos internos.

Lo mismo ocurre con las demandas de justicia para las víctimas de la violencia de la administración de la señora Jeanine Áñez: las propias víctimas y gente en las calles que pide justicia y gente en las calles que exige impunidad, incluidas buenas gentes de un sector del activismo feminista que ahora salen a apoyar el acoso sexual y el intercambio de trabajo por sexo durante el gobierno de Áñez.

Trece meses después, un Obispo católico revela que por iniciativa de su gremio el golpe de Estado se resolvió en una reunión realizada en la Universidad Católica, lo que incluyó designar a la senadora Jeanine Áñez presidenta transitoria. Si era lícito, legal, ¿por qué se mantuvo oculta esa información? La respuesta parece demasiado simple: porque el único lugar donde se podía resolver en democracia ese tema, era en una reunión de las Cámaras del Legislativo, incluso para concretar los supuestos “acuerdos políticos de la Cato”. Lo contrario era golpe. Y esa reunión de senadores y diputados nunca se realizó porque alguien ordenó a los paramilitares que tenían a su cargo la plaza Murillo y alrededores que no dejen ingresar a los legisladores del MAS (tenían dos tercios en ambas Cámaras).

Quienes profetizaban fraude mucho antes de las elecciones dicen que no es momento (en coincidencia con la OEA) para que las víctimas procuren justicia. Entonces, siguiendo la lógica de las protestas de calle, a la OEA y a su derecha boliviana habría que preguntarles: “¡¡¡cuándo es cuándo…!!!”

Freddy Morales es periodista.

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Cabos sueltos

La fábrica de mentiras debe convencernos que el gobierno de Áñez no tomó por asalto el Estado.

/ 12 de diciembre de 2020 / 23:48

La fábrica de mentiras trabaja laboriosamente para convencernos de que en noviembre del año pasado no hubo golpe de Estado en Bolivia. A sus testigos los prefiere masistas, y mejor si tienen o tuvieron algún alto cargo. Cuando les hacen decir que lo de noviembre de 2019 no fue golpe, festejan con grandes titulares. Por un instante, supongamos que tienen razón, pero dejan varios cabos sueltos. Por ejemplo, deberían demostrarnos que un mes antes de las elecciones de octubre de 2019 no hicieron una campaña para convencernos que habría fraude. Que sus candidatos presidenciales no anunciaron que no reconocerían el resultado, que el informe de la OEA y su secretario Luis Almagro, que los aupó en su campaña, demostraron el fraude. 

Deberían convencernos de que Luis Fernando Camacho y otros dirigentes de comités cívicos no desconocieron el resultado de la elección antes de que se realice. Que Camacho no dijo que su papá arregló con policías y militares para que desconozcan de hecho la autoridad del gobierno de Evo Morales, y que es falso que los uniformados no hicieron nada para evitar el incendio de edificios de los tribunales electorales de varias ciudades y que el mismo Camacho dijo que personalmente pagó a los movilizados.

Deben convencernos que es mentira que, en la Universidad Católica, personas sin ninguna representación designaron a la senadora Jeanine Áñez como presidenta “transitoria”, y que es mentira que los grupos paramilitares no dejaron ingresar a los parlamentarios del MAS a las sesiones legislativas que debían debatir y resolver la crisis. Que es falso que a la senadora Adriana Salvatierra, del MAS, la atacaron en el ingreso al Legislativo. Y que es falso que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta y que un general de Ejército le impuso la Banda Presidencial en el Palacio de Gobierno. Y que es falso que el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas pidió la renuncia al presidente constitucional y que es falso que la Policía se amotinó para exigir se les nivele el salario y la jubilación al mismo nivel que ganan los militares, un pretexto, más que reclamo.

También deberían convencernos que es falso que en Potosí y Oruro se tomaron rehenes a familiares o militantes de dirigentes del MAS y de organizaciones sociales para obligar la renuncia, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputados cuyo hermano, en Potosí, fue torturado durante varias horas hasta finalmente anunciar que sería ejecutado. Que no sucedió el incendio de varias viviendas de masistas, incluida la casa de Esther (+), la hermana de Evo Morales.

Si no hubo golpe, también es falso que Arturo Murillo, apenas asumió como ministro de Gobierno, anunció que estaba de cacería y cientos fueron detenidos y torturados bajo la repetida acusación de “terrorismo y sedición”. Y que es falso que el gobierno de transición aprobó un decreto que eximía a policías y militares de responsabilidad por sus acciones represivas.

La fábrica de mentiras debe convencernos que el gobierno de Áñez no tomó por asalto el Estado. Ejemplo: que no compró con sobreprecio casi 500 respiradores de España y China que resultaron inútiles, que su gerente de Entel no contrató un avión privado a tiempo completo para que lo lleve y traiga de Santa Cruz, ni se aumentó el sueldo de unos Bs 26.000 a 100.000, ni se pagó junto a su plana mayor sueldos y aguinaldos adelantados.

Deberían convencernos que decenas de personas no fueron heridas de bala y que otras 37, asesinadas, retornarán esta Navidad a casa, porque todo fue un invento o una broma. Tan mentira como el mismo golpe de Estado.

*Es periodista

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Bloqueo de guante blanco

/ 7 de septiembre de 2020 / 10:32

El bloqueo del hospital gigante, estatal, de tercer nivel ya lleva casi tres meses. No se presta atención de consulta externa a los 150 pacientes que hasta antes del bloqueo acudían cada día y fueron suspendidas las internaciones, cirugías y otros servicios que ofrecía. Unos 20.000 pacientes eran internados, por año, antes del bloqueo. La inédita situación ocurre en un marco de pandemia, cuando los hospitales habilitados para atender pacientes por coronavirus están colapsados desde hace meses. Precisamente este hospital bloqueado, ha sido asignado para atender casos de COVID-19, pero el tiempo pasa y sigue bloqueado, inutilizado.

El 15 de junio se hizo el anuncio oficial de suspensión de servicios cuando se detectó que parte de su personal había sido infectado por coronavirus. De inmediato suspendió la atención de consulta externa y fueron dando de alta a los pacientes internados. El hospital quedó vacío.

En casi un mes, los Comités de Emergencias y demás organismos creados para enfrentar la pandemia, no hicieron nada para desinfectarlo, de modo que siguió cerrado y vacío. Hasta que un buen día decidieron habilitarlo para pacientes con coronavirus. El personal del hospital ronda las 320 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares, de los que, según su director Édgar Pozo, en este tiempo, por lo menos 150 enfermaron y cinco fallecieron.

Para la atención de coronavirus, el personal del hospital solicitó lo básico: equipos de bioseguridad. La primera entrega se hizo dos meses y medio después del cierre, el jueves 2 de septiembre. Se prometió ítems para sustituir al personal contagiado pero aún no llegan. Se solicitó que se les pague una deuda de más de Bs 2 millones que les adeuda el Estado por el primer semestre del año y tampoco se les paga.

Solicitaron equipos para habilitar más salas de terapia intensiva, y en tres ocasiones les enviaron cuatro respiradores inservibles. Los últimos cuatro, la pasada semana. Sometidos a prueba de 24 horas de funcionamiento se comprobó que no soportan un funcionamiento continuo. Estos equipos deben estar encendidos por un mes o más, sin parar, porque sustituyen la función de los pulmones. Lo peor, tienen el software defectuoso, lo que hace que se programe para la necesidad de un paciente, pero el equipo se descontrola con la consecuencia obvia, en vez de ayudar a vivir, provoca la muerte. Los últimos cuatro son parte de 324 respiradores chinos comprados por el Gobierno nacional con sobreprecio de $us 22.000 cada uno, según documentos que ya son públicos. Y éstos se suman a los 170 respiradores también con sobreprecio e inútiles comprados por el Gobierno nacional a España. Son, solo en estos dos casos, 494 pacientes privados por la corrupción de acceder a un respirador en circunstancias de vida o muerte. Si se multiplica por las semanas y meses que estos respiradores no prestan atención a quien los necesita con urgencia, se tiene una idea del daño que produce este bloqueo, el oficial, el de guante blanco. Y los Colegios Médicos y los Comités Científicos, ni chis ni mus. Silencio total.

El hospital gigante, estatal, de tercer nivel que aquí se refiere, es el Instituto Nacional del Tórax, uno de los ocho de especialidades del complejo de salud de Miraflores. Pero hay otros de esos ocho en la misma situación: cerrados. Y hay otros hospitales, construidos por el anterior gobierno, también cerrados o que tardaron en ser habilitados solo por el cálculo político, mientras gritos desgarradores clamaban que les abran las puertas de los dos hospitales COVID colapsados para dar una oportunidad al familiar enfermo.

Freddy Morales es periodista.

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Comité de Sabios

/ 24 de agosto de 2020 / 01:17

Se dice que antes y durante la pandemia, deliberaban en la Casa del Pueblo junto a su líder, el científico Mohammed Mostajo, que llegó arropado por supuestos sesudos estudios y su relación con la hija de la Presidenta. Pero nos abandonó apenas se supo que debía ser incluido en las investigaciones de la estafa de los 170 respiradores españoles que, desde mediados de mayo, no funcionan. Los Sabios forman un “Comité Científico”, que nunca se enteró que esa compra no solo estaba viciada de corrupción, sino que era inútil.

El Comité Científico, cada vez que se habló de culminar el proceso electoral, nos aterrorizó con el crecimiento apocalíptico de la pandemia. Pontificaban desde los medios: la gran contaminación será en agosto, será en septiembre, será en octubre. Pero no se enteraron que las que realmente multiplicaban eran las farmacias con los precios de las medicinas básicas que el Ministerio de Salud sugirió como tratamiento del COVID-19 en sus dos primeras fases. No se supo que pidieran control a las farmacias, será por eso que a casi seis meses de la pandemia no existe control de precios. Pero tampoco se enteraron que ante la gran demanda que ellos mismos anunciaban, podría haber escasez y no hicieron nada para evitarla.

No se les ocurrió que un hospital COVID con menos de 50 camas y otro con menos de 100, para un millón de habitantes (un 5% puede necesitar internación hospitalaria, dicen los expertos), colapsarían en un dos por tres y rechazan enfermos hace cuatro meses. Ni se les ocurrió la compra de tests o pruebas. Uno de ellos me dijo que son muy caras y que podrían haber llegado a costar $us 32 millones. Y para no dejar dudas de su inteligencia que ve al resto como alta expresión de la estupidez, me dijo que Perú es uno de los países que más pruebas aplicó y más contagios tiene, porque la prueba no mata el virus.

Los Sabios del Comité Científico tampoco se enteraron que hospitales del Complejo de Miraflores, como el del Tórax, están más de dos meses cerrados, primero por contagio de su personal, luego porque no se hizo la desinfección y ahora porque deben atender enfermos de COVID. Pero eso está en veremos porque no les pagan una deuda superior a los Bs 2 millones. Tampoco instruyeron previsiones para evitar que los sospechosos de contagio estén horas en filas frente a las filiales de la Caja de Salud, en la calle, sufriendo por su situación y convertidos en espectaculares focos de contagio. Ni que en la administración pública se obliga a los enfermos contagiados a tramitar por horas su baja médica. Y que se les obliga a volver al trabajo así no tengan el certificado negativo de haber superado la enfermedad. Y menos se les ocurrió, pese a sus cálculos terroríficos de muertes, que el cementerio, como los hospitales, iba a colapsar y seis meses después se sigue buscando otro lugar para los entierros.

Nuestros Sabios hacen campaña contra las elecciones y contra el dióxido de cloro, pero no se oponen a que se pague con seis meses de adelanto el aguinaldo para la población más sensible, cuando sobre todo los bancos estatales tienen dos tercios de su personal enfermo, lo que alarga las filas y el contagio. Tampoco tomaron previsiones contra la escasez de oxígeno medicinal cuya importación, por algo fue autorizada el 30 de julio, días antes de los bloqueos. Porque son Sabios no actúan solos, tienen Ministros, Comité de Emergencia Nacional, Comités Departamentales, los Sedes y un largo etcétera de colaboradores.

Freddy Morales es periodista.

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Falso afán

Solo en Santa Cruz, el Cenetrop reportó una demora de 20 días para emitir resultados. Más de 4.000 pruebas rezagadas. Capacidad de procesar 500 por día cuando le llegan 1.500.

/ 5 de julio de 2020 / 17:40

En Riberalta, ciudad intermedia del departamento el Beni, se instaló un centro para atención de pacientes con COVID-19 con capacidad de 40 camas. Esta semana, se anunció el colapso de ese centro pero también de otros de atención de otras dolencias en esa ciudad.  Los datos proporcionados por la doctora Mauren Cuba, de la Red de Salud de Riberalta, son reveladores: la ciudad supera los 100.000 habitantes. Es previsible que el 5% de la población requiera atención hospitalaria, lo que supondría unas 5.000 personas, durante todo el periodo de la pandemia. Si se internaran cada 15 días 40 pacientes, se necesitarían 65 meses, unos cinco años para mantener un nivel de lleno completo de la escasa infraestructura. Si hay más de 40 pacientes cada 15 días el centro COVID-19 colapsa. Y eso es lo que está sucediendo. Queda en evidencia que no se tomaron las mínimas medidas para garantizar la atención de enfermos, sin tomar en cuanta si esos 40 tienen lo básico: respiradores, unidades de terapia intensiva y un largo etcétera. Un problema adicional es el contagio del personal de salud por no contar con los equipos de bioseguridad. En la última semana se reportaron 56 médicos y 81 de otro personal en salud infectados, lo que provoca escasez de profesionales para atender a víctimas de la pandemia y de otras enfermedades.

La misma fórmula se puede aplicar para cualquier otra ciudad del país. La Paz, con un millón de habitantes, tiene dos centros COVID. Uno con 90 camas “colapsado” que obligó a abrir otro con casi 60 camas. Unas 150 camas para un millón de habitantes, de los que, según estadísticas, un 5% podrá necesitar recibir atención en un hospital.  Esto al margen de médicos y personal de salud infectados en otros centros de otras especialidades. Según el Sindicato de Ramas Médicas, Sirmes, más de 300 profesionales están infectados, lo que obligó al cierre temporal de atención de otras especialidades, por ejemplo, en varios de los hospitales de especialidades del complejo de salud de Miraflores. 

Estos datos demuestran que es muy fácil llegar al colapso porque no se tomaron las mínimas previsiones. Otro botón de muestra es que el requisito de las pruebas o test como método de conocimiento y control de casos positivos es en extremo escaso y lo poco que hay también colapsó. Solo en Santa Cruz, el Cenetrop reportó una demora de 20 días para emitir resultados. Más de 4.000 pruebas rezagadas. Capacidad de procesar 500 por día cuando le llegan 1.500.

Se supone que, en algún momento, éstos y otros datos nos revelarán con crudeza la inconsistencia de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria. Mucho ruido y pocas nueces, dicen los sabios. Falso afán dicen los abuelos cuando se refieren a quien hace alarde de que hace pero que, en los hechos, no hace nada que no sea escándalo. Además de falso afán, zancadillas, como la corrupción en la compra de los 170 respiradores que derivó en el precintado de la oficina estatal que autoriza las compras de insumos médicos contra la pandemia y echó por tierra el anuncio de, por ejemplo, el Alcalde de La Paz, de compra de 500.000 pruebas,  reducidas luego a 250.000 y que, finalmente quedaron en cero. Falso afán.

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