Opinión

viernes 7 may 2021 | Actualizado a 08:20

La amenaza de la corrupción

No es aceptable que la ética se haya reducido a ser una simple palabra que pronuncian todas las bocas.

Por La Razón

/ 16 de abril de 2021 / 01:32

No son buenos tiempos para el gobierno de Luis Arce y el MAS: pequeños y grandes escándalos de corrupción afectan ya no solo a mandos medios o a personas lejanamente vinculadas con la gestión, sino también a miembros de su gabinete ministerial. El resultado es una suerte de profecía que se cumple a sí misma y que da sustento a los ataques de las oposiciones políticas.

La noche del martes, el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras, y el ex director general de Desarrollo Rural fueron aprehendidos en pleno centro de la ciudad de La Paz al ser sorprendidos con $us 20.000 en efectivo, producto de un supuesto soborno por el saneamiento del fundo El Triunfo, en el departamento de Santa Cruz. No es el primer caso de corrupción en ese ministerio desde que comenzó la gestión, ni esa la única institución gubernamental con observaciones.

La previsible reacción opositora incluye, por supuesto, señalamientos en sentido de que la falta de transparencia y el aprovechamiento ilícito de los recursos públicos, cuando no del cargo, es la moralidad dominante en el Gobierno actual. Olvidan deliberadamente que la corrupción, el uso patrimonial de bienes del Estado y otras prácticas igual de despreciables han estado presentes en todos los gobiernos de las últimas décadas, sin excepción. Basta con recordar que en el gobierno transitorio de 2020, el último de los ministros de Economía se benefició irregularmente con la dotación de miles de hectáreas de tierra a nombre suyo y de su familia.

Desde el lado oficialista se reclama a los medios de comunicación por no dar el mismo destaque a los casos de corrupción que a las medidas adoptadas para sancionarlos. Olvidan estos oficiosos defensores de la imagen del Gobierno y sus autoridades que lo normal y deseable es que desde el Estado se luche contra la corrupción (para eso existe un Viceministerio, unidades de Transparencia en todas las unidades administrativas de los tres niveles gubernativos, así como cuerpos policiales y juzgados especializados), y que lo anormal, y por tanto inaceptable, es que ésta ocurra entre la gente de mayor jerarquía en la gestión.

Por otra parte, debe llamar poderosamente la atención el hecho de que en los pocos meses de gestión que lleva el actual Gobierno van dos ministros de Desarrollo Rural y Tierras defenestrados por presunta corrupción. Súmese a eso no pocas denuncias de tráfico de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se conocen desde hace años y que se multiplican con el paso del tiempo.

No es aceptable, no puede serlo, que la ética se haya reducido a ser una simple palabra que pronuncian todas las bocas, pero que muy pocas personas están dispuestas a aplicar en su vida cotidiana y al trabajo que desempeñan en servicio del Estado y de la población boliviana. Se hace urgente, pues, el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a transformar la moralidad dominante en el sector público.   

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Colombia en llamas

Lo que queda claro en este caso es que la protesta contra la reforma fiscal es apenas un síntoma de algo más grave.

Por La Razón

/ 7 de mayo de 2021 / 02:49

Desde hace poco más de una semana, Colombia se ha sumado a la lista de países cuya población ha salido a las calles a protestar contra el gobierno y las condiciones sociales y económicas en que vive. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal se transformó en la más grave movilización de los ultimos años.

A mediados de abril, el presidente Iván Duque envió al Congreso un proyecto titulado “Ley de solidaridad sostenible” que incluía el aumento del IVA del 16% al 19%, la ampliación de la base tributaria incluyendo a población de las clases media y baja, y un nuevo impuesto sobre la renta. Los reportes periodísticos señalan que incluso los legisladores del partido del gobernante se mostraron poco entusiastas, si no escépticos.

Días después comenzaron las movilizaciones, que debido a la presencia de agentes vinculados con grupos armados y no poca población inclinada a la violencia y el vandalismo dadas sus condiciones de vida, y que a su vez fueron reprimidos con violencia excesiva por parte de la Policía, degeneraron en actos violentos y algunos enfrentamientos, lo cual permitió al Presidente y su Ministro de Defensa señalar que se trata de movimientos desestabilizadores, justificando de esta manera el recrudecimiento de la represión.

Una semana después de iniciadas las movilizaciones, y con varias ciudades militarizadas, una organización de defensa de los DDHH reportó 31 muertos y más de 1.443 casos de violencia policial, incluyendo decenas de casos confirmados de violencia sexual contra mujeres; a su vez, la Defensoría del Pueblo reportó un número de 88 desaparecidos, mientras que las ONG hablan de más de 170. Todas esas cifras han aumentado en los últimos días.

Si bien el Presidente logró durante el fin de semana pasado que el proyecto normativo sea retirado y anunció uno nuevo, que eliminará los aspectos conflictivos, la protesta no disminuyó y mucho menos la violencia estatal, al extremo que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales, con la evidente excepción de la OEA, cuyo Secretario General prefiere hablar de la democracia en Bolivia y no de lo que sucede en Colombia.

Lo que queda claro en este caso, al igual que lo sucedido en Chile meses atrás, es que la protesta en contra de la reforma fiscal es apenas un síntoma de algo mucho más grave y profundo. En un país donde solo en 2020 se registraron más de 200 asesinatos de líderes sociales, que desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC no ha visto disminuir la violencia y donde entre 2019 y 2020 se ha multiplicado el número de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hasta superar el promedio latinoamericano, era inevitable el estallido social. Es posible, sin embargo, que el resultado de las movilizaciones incluya el fin del poder del expresidente Álvaro Uribe.

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Gestión y acuerdos

La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2021 / 02:35

Los actos de posesión e inicio de funciones de las autoridades y representantes electos en los departamentos y municipios del país mostraron no solo variedad de rostros y estilos, sino también importantes señales para la gestión pública. Es evidente que la preocupación principal es la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. En tal contexto se requieren acuerdos de amplio alcance.

Concluido el largo ciclo electoral y el periodo de transición para la posesión de las nuevas autoridades y representantes, llegó la hora de la gestión. Los primeros mensajes, como es natural, son de reafirmación de compromisos. En general, la situación en las entidades territoriales autónomas no es la mejor: los recursos son escasos, se heredan deudas abultadas y hay múltiples demandas. Todo ello puede generar conflictos. Es previsible asimismo un periodo de ajustes internos y remoción de funcionarios.

Más allá de disputas y diferencias de estilo, así como de la especificidad de agendas en cada territorio, es evidente que el desafío común radica en impulsar políticas públicas de corto plazo para enfrentar la crisis socioeconómica, así como un esfuerzo especial a fin de adoptar medidas eficaces contra la pandemia del COVID-19. Para ello, los gobiernos departamentales y municipales requieren no solo recursos, sino también acuerdos amplios entre los diferentes actores políticos, sociales e institucionales.

Es claro asimismo que para avanzar en la agenda de gestión pública en las entidades territoriales es fundamental que exista sintonía con las políticas anticrisis del nivel central del Estado. Ello implica voluntad de diálogo, de coordinación y de construcción de acuerdos. Las diferentes solicitudes de reunión con el presidente Luis Arce van en ese sentido. Debe esperarse que el Gobierno central, más allá de diferencias políticas y sin exclusiones, garantice la convergencia de capacidades y esfuerzos.

En general, con la excepción de una bravata marginal de Luis Fernando Camacho en su primer discurso como gobernador de Santa Cruz, las autoridades electas manifestaron disposición para concertar. Es lo que necesita el país. El escenario económico y sanitario es demasiado crítico como para desperdiciar energía en prolongar una inútil polarización política. Se requiere pues que todos los gobiernos (central, departamentales, municipales) concentren trabajo y recursos en afrontar y superar la emergencia.

Cierto que en el horizonte hay temas estructurales que no pueden ignorarse. Ahí está el postergado pacto fiscal, que es uno de los componentes centrales del lento proceso autonómico. Se hace referencia también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y debe lograrse que haya justicia como condición de paz y reconciliación. La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.

  

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Proteger el empleo

En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse

Por La Razón

/ 3 de mayo de 2021 / 00:49

La celebración del Día de las y los Trabajadores, como ya se ha hecho una costumbre en la última década y media (exceptuando 2020, durante el gobierno transitorio), ha llegado con anuncios de diversas medidas en favor de la clase trabajadora, al menos la asalariada. La actual situación de crisis, sin embargo, obliga a mirar la compleja temática de un modo más abarcador.

En efecto, el acto desarrollado el sábado 1 de mayo en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra sirvió para que el Presidente del Estado, además de anunciar el incremento de 2% al salario mínimo nacional, recibiera la reafirmación de la lealtad de la Central Obrera Boliviana (COB), que en su condición de institución miembro del Pacto de Unidad (o lo que queda de él) a menudo antepone los intereses del partido en función de gobierno y los grupos que lo componen a los de la clase trabajadora a la que dice representar.

También sirvió el multitudinario acto para que se anuncie la emisión de la Resolución 431/21, del Ministerio de Trabajo, ratificando lo establecido en normas de rango superior: el derecho de las y los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo a la continuidad y estabilidad laboral; además de estipular que la fuerza mayor y el caso fortuito no constituyen causas legales de retiro, lo cual en los hechos dificulta los procesos de despido y cambio de personal en las empresas privadas.

Otros anuncios importantes fueron la presentación de un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, con el cual se busca proteger a los trabajadores de 12 conductas que impongan los puestos jerárquicos contra los trabajadores y prevenir figuras como el abuso de poder, así como el anteproyecto de Ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo, para ayudar a jueces laborales a tomar decisiones en favor de la clase trabajadora.

Sin embargo, las normas y proyectos de norma presentados cubren únicamente a un porcentaje relativamente pequeño de la población económicamente activa del país. La población que trabaja en las instituciones del Estado, por tratarse de servidoras y servidores públicos, no está protegida por la Ley General del Trabajo, como tampoco lo están las trabajadoras y trabajadores informales, que viven completamente al margen de las garantías y derechos establecidos en la normativa nacional.

De ahí que dos expertos laboralistas consultados por nuestro suplemento Animal Político en su edición de ayer pusieran sobre la mesa de debate el dilema de proteger el empleo ya existente y a la población asalariada o ampliar la base de trabajadoras y trabajadores cubiertos por una legislación incluyente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Es evidente que por lo pronto se asegura la primera opción y queda en el fondo de la lista de pendientes la segunda. En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse.  

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El factor OEP

Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 23:26

Entre otras innovaciones en torno al modelo estatal y sus órganos de poder, la Constitución Política del Estado (2009) estableció cambios de fondo en la institucionalidad electoral en el país. Transcurridos 12 años, hay algunos avances, pero queda todavía un largo camino por recorrer. Un aspecto crítico tiene que ver con sucesivos cambios de sus máximas autoridades.

Desde la transición a la democracia a fines de la década del 70 del siglo pasado, la institucionalidad electoral se fue construyendo en torno a una entidad responsable de administrar elecciones. En principio dicha entidad estaba bajo control de los partidos políticos. Luego se asumió la necesidad de su autonomía e independencia, con avances y retrocesos. Su misión era clara y única: organizar periódicamente eventos de sufragio para la elección, cada vez más extendida, de gobernantes y representantes.

En el marco del proceso constituyente se produjeron dos cambios sustantivos. El primero referido a la estructura institucional: el otrora organismo con potestad del Estado para administrar los procesos electorales en todo el territorio de la República se transformó en un órgano del poder público, nada menos, con igual jerarquía que los otros órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del Estado Plurinacional. Hay entonces un cambio de cualidad, que supone también variaciones en su función y competencias.

El segundo cambio constitucional se refiere precisamente al mandato del nuevo Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Si antes el organismo electoral se ocupaba en esencia de organizar elecciones (además de administrar el registro civil), desde 2009 el OEP tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y complementario de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política: directa y participativa, representativa y comunitaria. Su horizonte es la democracia intercultural.

Luego de 12 años de camino es evidente que el OEP, si bien ha avanzado en su proceso de edificación institucional, aún no termina de asentarse como un órgano del poder público que asuma a plenitud su jerarquía e independencia. En cuanto a su mandato, el nuevo Órgano continúa privilegiando la democracia de elecciones y organizaciones políticas, distante todavía del horizonte de una democracia intercultural. Tiene también asignaturas pendientes en la modernización del servicio de registro cívico.

Para avanzar y consolidarse como OEP, es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral, como máximo nivel de la institucionalidad electoral en el país, garantice la estabilidad de sus autoridades. A la fecha, ninguna de sus sucesivas generaciones de vocales, sea por situaciones de crisis, sea por razones personales, ha concluido el periodo de funciones. Junto con equipos profesionales y técnicos, el ejercicio de la función electoral requiere autoridades con capacidad, autonomía y permanencia.

   

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Agenda económica

Es urgente un diálogo fecundo y contructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad.

Por La Razón

/ 1 de mayo de 2021 / 02:47

El tiempo va transcurriendo y la agenda económica del Gobierno se va precisando. Resaltó desde un inicio el impulso a la demanda interna mediante el Bono Contra el Hambre, las medidas de redistribución y una política de aumento salarial razonable. Se espera ahora un mayor esfuerzo en la reactivación de todos los sectores, entendiendo las difíciles condiciones en que han quedado debido a la pandemia.

 Las orientaciones de la política económica del presidente Arce se van precisando. Entre las medidas más destacables y con impactos positivos hay que resaltar la otorgación del Bono Contra el Hambre que ha beneficiado a más de cuatro millones de personas y una serie de acciones de redistribución del ingreso a sectores vulnerables como los jubilados o las personas con salarios bajos.

La apuesta de la actual administración de inyectar recursos directamente al bolsillo de los ciudadanos para que la demanda interna se reactive con fuerza parece sensata por ahora, considerando la situación de depresión y de falta de liquidez que ha afectado a todos los sectores productivos y servicios del país desde el año pasado. Se trata de políticas que están siendo implementadas tanto en economías desarrolladas, léase las europeas o de Estados Unidos, como en la mayoría de los países en desarrollo.

Es también destacable el esfuerzo gubernamental para recomponer y relanzar la inversión pública, que cayó a niveles muy bajos el año pasado, entendiendo que de esa manera se promueve la recuperación de sectores clave para el empleo como las construcciones o servicios empresariales.

Paralelamente se sigue a la espera de señales claras en torno al apoyo que el Gobierno podría dar a los emprendimientos privados de todo tipo y tamaño para que se reactiven y empiecen a producir y expandir sus actividades. Esto pasa por facilitarles opciones crediticias y por aliviar razonablemente ciertos pesos en sus finanzas, pero sobre todo por entender las limitaciones y pérdidas acumuladas en lo que vamos de la pandemia. En este sentido, se ha recomendado desde este mismo espacio abrir un diálogo más abierto y cooperativo entre el gobierno del MAS y la empresa privada boliviana.

La decisión de congelar el aumento al haber básico este año e incrementar en 2% el salario mínimo nacional es una señal amigable considerando la grave crisis que están enfrentando los grandes, medianos y pequeños empresarios privados. Sin embargo, dicha señal de moderación no es suficiente, se precisan ajustes normativos, mecanismos que faciliten la dinamización de los negocios y mayor comprensión acerca de las limitaciones de muchas empresas.

Por esa razón, en particular en este momento, es urgente establecer un diálogo fecundo y constructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad, para construir una agenda de reactivación realista y esperanzadora para los próximos meses.    

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