Opinión

viernes 14 may 2021 | Actualizado a 06:03

Gobiernos divididos

Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria dejó de existir durante los gobiernos del MAS.

Por La Razón

/ 17 de abril de 2021 / 23:31

Entre otros resultados, los comicios subnacionales 2021, cuya segunda vuelta del pasado domingo cierra el actual ciclo electoral, configuraron un mapa diverso de poder en las gobernaciones departamentales. Pero también generaron “gobiernos divididos”, esto es, ejecutivos que no tienen mayoría en las asambleas. Ello puede conducir a situaciones de bloqueo o impulsar pactos.

Uno de los aprendizajes de la transición a la democracia, con la presidencia de la UDP/Hernán Siles Zuazo (1982-85), fue que el gobierno dividido puede generar un escenario de bloqueo y de parálisis institucional. Así ocurrió en ese periodo, cuando los opositores MNR y ADN, mayoritarios en el Congreso Nacional, inviabilizaron todas las leyes propuestas por el Ejecutivo. Se produjo así una crisis de gobernabilidad que, sumada a la hiperinflación y una elevada conflictividad, derivaron en elecciones anticipadas.

Semejante experiencia, que algunos analistas de la época calificaron como “traumática”, sirvió de incentivo para que los partidos políticos optaran por formar coaliciones parlamentarias y de gobierno a fin de evitar, justamente, gobiernos divididos. Esa fue la esencia de la llamada “democracia pactada”, que entre 1985 y 2003 produjo cinco gobiernos de coalición (incluido el acuerdo entre el MIR y la ADN en 1989, que implicó “cruzar ríos de sangre”). Se despejaba así el riesgo de ingobernabilidad.

Tras la crisis de 2003 con renuncia de Sánchez de Lozada y sucesión constitucional, el gobierno de Mesa fue otro caso de gobierno dividido. Sin parlamentarios propios, tuvo que afrontar un Congreso opositor con predominio del conflicto por encima de la concertación. Ese modelo de gobiernos sin bancada mayoritaria, que formaban coaliciones o terminaban estancados, dejó de existir durante los gobiernos del MAS/Evo Morales. Sus victorias electorales con mayoría absoluta le permitieron gobernar en solitario.

Esa lógica en democracia se mantuvo en las elecciones generales 2020, que otorgaron al gobierno de Arce mayoría absoluta de asambleístas en ambas cámaras: no corre riesgo de bloqueo opositor, no necesita coalición política. Ocurre algo distinto a nivel departamental. Las recientes elecciones conformaron solo tres gobiernos mayoritarios, todos del MAS: Oruro, Cochabamba y Potosí. En los otros seis departamentos hay gobiernos divididos. Los gobernadores electos, para garantizar gobernabilidad, tendrán que pactar.

La novedad sin duda son los asambleístas indígenas, elegidos según normas y procedimientos propios. Son esenciales para formar mayoría en tres asambleas departamentales. En Santa Cruz ya se aliaron con el MAS, presidirán la asamblea y harán mayoría opositora. Pronto se sabrá qué carta juegan en los casos de Tarija y Beni. Si bien no es posible “administrar” un departamento desde la asamblea, se puede obstaculizar la agenda legislativa del Ejecutivo. En ese contexto, los acuerdos políticos importan.

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Innecesario conflicto

Se impide el desarrollo de la capacidad ferroviaria, que debe ser el corazón del corredor bioceánico.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2021 / 02:03

Cuando se anunció, semanas atrás, que el Estado chileno finalmente cumpliría su obligación de garantizar el funcionamiento del servicio ferroviario La Paz–Arica, lo que debía ser una noticia positiva para el país y las relaciones con Chile pronto se convirtió en motivo de conflicto con el gremio del transporte de carga. Es posible que el asunto tenga aristas políticas antes que gremiales.

La puesta en marcha del servicio ferroviario interrumpido desde 2005 (cuando la empresa concesionaria del tramo en Chile se declaró en quiebra), tarea iniciada con pruebas en la vía que incluyen el traslado de un cargamento de acero entre el puerto chileno y Santa Cruz de la Sierra, motivó que el gremio del transporte internacional de carga se declarara en emergencia ante la “amenaza” contra la fuente laboral de sus afiliados.

El estado de emergencia se convirtió, desde hace casi una semana, en bloqueos en las carreteras principales del país y obligó al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a plantear un diálogo con los dirigentes del gremio a fin de explicarles que su aprehensión es infundada, pues el mercado de importación y exportación de carga alcanza para ambas modalidades, la carretera y la ferroviaria.

Unánime fue también la opinión de todos los gremios empresariales vinculados con las importaciones y exportaciones: el comercio internacional que pasa a través del puerto de Arica es lo suficientemente grande como para requerir el servicio de ambas modalidades de carga, que en realidad son complementarias y no mutuamente excluyentes, como equivocadamente creen los transportistas. Así se pronunciaron al menos la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre varias otras.

Por su parte, los transportistas accedieron a dialogar con el Gobierno, pero simultáneamente definieron rechazar la intención de la Empresa Ferroviaria Andina de rehabilitar la ruta Arica-La Paz y la ampliación de tramos ferroviarios del oriente, los ramales Argentina-Villazón, Oruro-Potosí, San Cristóbal-Antofagasta, Brasil-Puerto Suárez, Salvador Mazza-Yacuiba-Santa Cruz; es decir: impedir el desarrollo de la capacidad ferroviaria del país, que debe ser el corazón del corredor bioceánico pactado con Brasil y Perú.

Dada la cantidad de argumentos a favor de la coexistencia y complementariedad de ambas modalidades de transporte, y la posición del gremio transportista en contra del desarrollo de las vías de comunicación hacia el exterior, es dificil no percibir intereses ajenos a la reivindicación laboral de los choferes, que en última instancia tienen un muy alto costo para el desarrollo del país. En tiempos cuando Bolivia necesita mecanismos que favorezcan la reactivación económica, es inaceptable que un gremio, supuestamente en defensa de los derechos de los suyos, vulnere los derechos del resto de la población.

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El modelo J.A.LLA.LLA

Además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

Por La Razón

/ 12 de mayo de 2021 / 02:09

La crisis poselectoral de la agrupación ciudadana Juntos al llamado de los pueblos (cuya sigla formal es J.A.LLA.LLA) expresa de manera nítida el tipo de organizaciones políticas que se activan para postular candidaturas y cuya motivación principal son los cargos. No es un caso aislado. El “modelo Jallalla” está presente en varios partidos políticos y agrupaciones ciudadanas del país.

La agrupación Juntos al llamado de los pueblos fue creada como organización política en 2017. Según su estatuto orgánico, asume como principios, entre otros, la democracia y la libertad, comunitaria y descolonizadora. Declara también un listado de fines y objetivos. Su estructura orgánica se basa en congresos, ampliados y direcciones. Y tiene alcance departamental, en La Paz. Con esa estructura su primera participación en procesos electorales fue en los recientes comicios subnacionales 2021.

A la vista de los resultados de la votación, Jallalla surgió como una “fuerza alternativa”, con importantes victorias. Postuló a dos candidatos fuertes: Felipe Quispe (el Mallku), emblemático dirigente aymara (sustituido por su hijo tras fallecer en pleno proceso electoral); y Eva Copa, joven líder alteña. Y ganó, nada menos, la Gobernación de La Paz y la Alcaldía de El Alto, desplazando al MAS-IPSP. Se habló incluso de Jallalla como recomposición en el campo nacionalpopular. Hasta ahí el idilio.

La realidad orgánica es distinta. Como ya es tradición en procesos electorales, la agrupación Jallalla en realidad prestó la sigla (alquiló es la expresión correcta) a Quispe y Copa. En el caso del candidato a gobernador de La Paz se conoce que hubo un documento de compromiso. El deterioro de la alianza fue veloz, hasta con amenazas de muerte. No esperaron ni la posesión de las autoridades electas y se produjo la ruptura. Tanto el gobernador como la alcaldesa electos tomaron rumbo político propio.

¿Qué nos muestra el “modelo Jallalla”, ampliamente extendido en el país? Primero, que son organizaciones políticas en el papel, sin liderazgos, débil estructura orgánica, ausencia de democracia interna. Segundo, que hay un tráfico de siglas para postular candidaturas, carentes de base programática. Tercero, que la motivación esencial de estas alianzas es el acceso a cargos y puestos de representación. Cuarto, que son organizaciones que se repliegan, o desaparecen, cuando no hay elecciones.

Resulta evidente así que Jallalla no es una fuerza política alternativa ni un factor de renovación en el campo nacional-popular. Sus dirigentes, dueños de la sigla, quieren cargos. Y para conseguirlo expulsaron al “traidor” Quispe —que impuso a su esposa como asambleísta— y ahora lo amenazan con juicios y una prematura revocatoria de mandato. Lo acusan de “falta de palabra” (sic). Lo crítico es que además de abonar un débil sistema de representación política, estas experiencias lastiman la gestión pública.

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Alimentos con futuro

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos.

Por La Razón

/ 10 de mayo de 2021 / 01:46

En tiempos cuando la gran agroindustria busca seguir haciendo negocios con el Estado y hasta busca apoyo en exautoridades, mientras expande sus operaciones de soya y otros granos, así como carne vacuna, de gran demanda mundial, hace falta desarrollar alternativas sostenibles para la alimentación. Un reciente estudio muestra que al menos 14 alimentos tienen gran futuro.

Se trata del Mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya gran finalidad es el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los productos alimenticios identificados como poseedores de alto potencial productivo y de generación de empleo son: castaña beneficiada; arroz en grano, azúcar y alcohol, leche fresca y procesada, maíz, café en grano y procesado, maní, aceite comestible, cacao y chocolate, harina de maíz, frejol, quinua, carne bovina y avícola.

Dedicar fuerzas productivas al sector agroalimentario “puede ser la punta de lanza para la recuperación socioeconómica”, tanto desde el punto de vista de la seguridad y soberanía alimentarias, pero también desde el punto de vista de la generación de divisas y de la sustitución de importaciones e incluso un modelo de exportación, afirma el Representante Residente Adjunto del PNUD en Bolivia.

El estudio desarrollado por la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ofrece, además del mapeo de productos, fichas de oportunidad de inversión para todos ellos. Las fichas incluyen diversos indicadores para orientar la inversión en cada rubro, y brindan información tal como tasas y tiempos de retorno de la inversión, posible crecimiento anual, riesgos sociales y ambientales asociados a diversos factores ambientales y humanos, y otros más. Asimismo, brinda consejos para mejorar la productividad bajo prácticas sostenibles, como el uso eficiente de recursos hídricos y energéticos.

El cálculo desarrollado por el PNUD para el sector agroalimentario señala la necesidad de una inversión equivalente a $us 300 millones en el sector, proponiendo alternativas a la tradicional intermediación bancaria para que inversionistas privados aporten al rubro, incluyendo la mesa de finanzas sostenibles, que involucra a instituciones tales como la Bolsa Boliviana de Valores, Asoban, el BDP y las AFP, entre otras.

Es tiempo, pues, de transformar la producción de alimentos, hasta ahora entregada a manos de una gran agroindustria obsesionada con la exportación y poco sensible con las necesidades de la población, y un vasto campesinado sometido a crueles leyes del mercado cuando lleva su producción a las ciudades. Invertir de manera sostenible parece ser un buen camino para mejorar las condiciones en que se producen alimentos esenciales, favoreciendo en el camino a la generación de empleos y la sustitución de importaciones, dos prioridades del Gobierno.

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Ascensos por decreto

Es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan.

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2021 / 00:34

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 4291, mediante el cual el régimen provisorio de Áñez ascendió a generales de las Fuerzas Armadas sin contar con la ratificación de la Cámara de Senadores. La sentencia constitucional otorgó un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa para que sancione una ley regulatoria en la materia.

En el primer semestre de 2020, entre otras disputas, el Gobierno transitorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional (presidida por Eva Copa del MAS) se enfrentaron por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Como establece la Constitución Política del Estado (inciso 8 del artículo 160), el Ejecutivo propuso los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada. Para hacerse efectiva, esta medida debía ser ratificada por el Senado. Pero hubo observaciones, que no fueron subsanadas.

En ese accidentado recorrido, el Ejecutivo llegó a interponer una acción de cumplimiento contra el presidente de la comisión legislativa correspondiente. Lo perdió. El momento más crítico, y también el más bochornoso, se produjo en mayo, cuando el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana (hoy prófugo de la justicia), se presentó en traje de campaña en la Asamblea Legislativa junto con otros militares. Su inaceptable intimidación, propia de regímenes autoritarios, no dio resultado.

En lugar de subsanar las observaciones de la comisión legislativa, el régimen de Áñez, violando la Constitución, impuso los ascensos por Decreto (N° 4291, del 15 de julio de 2020). “Frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad interna y externa”, justificó dramatizando el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López (hoy también prófugo de la justicia). La presidenta del Senado recurrió al TCP con un recurso directo de nulidad.

Transcurridos casi diez meses desde entonces, el TCP finalmente se pronunció sobre los ascensos del año 2020, que estaban “congelados”. La sentencia fue inequívoca: el mencionado Decreto es inconstitucional. Claro que hay un déficit que debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa. Se requiere una ley específica que regule los plazos y procedimientos de los ascensos, que involucran a dos órganos del poder público. El mismo Tribunal Constitucional señaló un plazo de 180 días para sancionar dicha norma.

Más allá del cauce constitucional y legal que siga este episodio, es fundamental asumir que en democracia y en un Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no deliberan, son esencialmente obedientes y están sujetas al ordenamiento normativo en vigencia. En ello no puede haber paréntesis, ni desviaciones autoritarias, ni “estados de necesidad”. La misión constitucional de defensa y conservación de la seguridad, la estabilidad y la soberanía debe cumplirse con pleno respeto a la Constitución y los derechos humanos.

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Liberación de patentes

Hay buenos augurios en medio del temor a nuevas olas de contagio y la desigualdad global en el acceso a las vacunas.

Por La Razón

/ 8 de mayo de 2021 / 03:08

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 ha acelerado el movimiento global en favor de esa histórica decisión. Ese objetivo, que estuvo siendo impulsado activamente por el Gobierno nacional entre otros, parece ahora viable, abriendo un escenario inédito de cooperación global en tiempos de crisis.

Desde que empezó la carrera por la creación y producción de vacunas contra el nuevo coronavirus, fue emergiendo una discusión sobre la necesidad de que esos fármacos sean considerados un “bien público” global, de manera que se democratice y facilite su distribución a todos los seres humanos, debido a que están asociados a un derecho universal esencial como es la preservación de una vida saludable.

Esa visión, para muchos utópica, implicaba, en la práctica, que la fórmula y los procedimientos para su fabricación pudieran estar disponibles para los que las requirieran sin que tengan que pagar para ello. Decisión que iba a contramano de los intereses financieros de las empresas farmacéuticas que los desarrollaron, gracias a subvenciones de los Estados más ricos, y que pretendían rentabilizar ese control.

Hay un debate sobre si esa liberación desincentiva la futura creación de nuevos fármacos. Sin embargo, hay que considerar que en ese proceso no solo intervinieron las farmacéuticas privadas sino un amplio despliegue de recursos e incentivos públicos. Por otra parte, frente a los escalofriantes costos de la pandemia y la imposibilidad de normalizar la economía sin una vacunación masiva en todo el planeta, la flexibilización de las reglas del mercado en este caso parece no solo ética, sino incluso económicamente rentable a mediano plazo.

La decisión estadounidense, acompañada por similares expresiones de la Unión Europea, Rusia y otros países, abre la puerta a un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio que la formalice. Será, si se concreta, un momento histórico de una inédita cooperación internacional frente a un problema global.

Este impulso no hubiera sido posible sin la amplia movilización de científicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de países del sur, entre ellos Bolivia, que fue uno de los que más impulsó la idea en la región. Pero hay que reconocer también el talante del nuevo gobernante de los Estados Unidos que, a contracorriente de su poderosa industria farmacéutica, dio un paso decisivo a tono con su anunciado retorno a una política exterior multilateralista.

Hay, pues, buenos augurios en medio del temor a nuevas olas de contagio y a la desesperante carestía y desigualdad global en el acceso a las vacunas. Si se logra un acuerdo, el camino no será tampoco rápido ni fácil, no bastará con tener las patentes, habrá que crear una capacidad industrial para producirlas masivamente. Habrá que esperar, pero es una buena noticia.

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