Opinión

sábado 12 jun 2021 | Actualizado a 12:20

Diversidad democrática

El panorama diferenciado de la elección de gobernadores y alcaldes muestra un contexto más plural.

Por La Razón

/ 24 de abril de 2021 / 22:32

En el debate político, generalmente malogrado, sobre los resultados de una elección, suelen primar las grandes sentencias y sus “verdades” absolutas. En contraparte, abundan lecturas parciales de los datos y hay escasez de análisis. Así, los actores políticos dan por ciertos sus propios relatos. Y se los creen. El comportamiento electoral, empero, es más complejo que sus portavoces.

Las recientes elecciones departamentales, regionales y municipales, con sus dos tiempos, han generado una intensa danza de cifras, proclamación inequívoca de “ganadores” y “perdedores”, interpretaciones mediáticas y hasta prematuras declaratorias de crisis partidarias. Pese a su simplismo, estas expresiones engrosan bien la disputa en torno a la coyuntura. Pero es necesario detenerse con más calma para analizar los datos de votación en perspectiva comparada, indagar tendencias, explorar escenarios.

Justamente en ese horizonte, nuestra edición de este domingo incluye una separata sobre los comicios subnacionales 2021. En esta publicación especializada, las y los lectores encontrarán datos y análisis de geografía electoral que muestran evidencia de dos cuestiones fundamentales acerca del comportamiento electoral en el país: por una parte, la complejidad territorial del voto; por otra, lo que denominan “diversidad democrática de la representación”. Ello se muestra en valiosos textos, mapas y gráficos.

Respecto a las elecciones del pasado 7 de marzo (y su segunda vuelta el 11 de abril en cuatro departamentos), la separata analiza sus resultados y los compara con los comicios de los años 2010 y 2015. Identifica así tendencias que se ratifican con algunas continuidades, pero expresan también importantes novedades. El mensaje principal es que los comicios municipales, que presuponen variables territoriales y poblacionales, están diversificando, y por tanto enriqueciendo, el campo político boliviano.

La publicación señala también la cualidad de una elección con cinco votos separados, que implica el ejercicio creciente del “voto cruzado”. Es una señal de autonomía de las y los electores, así como un debilitamiento de las lealtades partidarias rígidas. Hay también fragmentación del voto. El panorama diferenciado de la elección de gobernadores y alcaldes muestra un contexto más plural y competitivo, con un MAS-IPSP sin hegemonía, pero con predominancia; y oposiciones fortalecidas, aunque heterogéneas.

Queda pues la invitación a disfrutar de esta separata, que es resultado de una suerte de alianza estratégica entre la Fundación Friedrich Ebert (FES) y LARAZÓN. Esta concurrencia ya produjo una publicación similar sobre la geografía electoral de los comicios generales 2020, y tiene otras expresiones como la difusión periódica de las reflexiones del Foro de Análisis Político de la FES. Reafirmamos así nuestra convergencia en el declarado propósito de alentar la deliberación pública en democracia.

  

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Fines de ciclo

Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo.

Por La Razón

/ 12 de junio de 2021 / 01:06

Los cambios políticos se están acelerando en América Latina. Los dos paradigmas políticos que se impusieron a inicios de siglo se han agotado. Primero se debilitó el neo-desarrollismo de izquierda y ahora se ha desatado la crisis de los neoliberalismos más emblemáticos: Colombia, Perú y Chile. El problema es que las alternativas a ambas orientaciones tampoco han emergido con claridad.

 Indudablemente estamos viviendo tiempos turbulentos en los que hasta lo más sólido parece disolverse. El malestar social con el estado de las cosas ya venía desde hace varios años, presionando a todos los regímenes políticos y desprestigiando a las dirigencias. La pandemia y sus secuelas han solamente exacerbado esas incertidumbres.

Estos procesos de cansancio afectaron primero a varios de los modelos de la izquierda progresista que gobernaron a grandes países latinoamericanos desde inicios del siglo. El Brasil lulista, la Venezuela bolivariana, el kirchnerismo argentino y el correísmo ecuatoriano entraron en crisis y/o fueron alejados del poder. Algún apresurado habló del fin de un ciclo y de una automática predominancia de un neoliberalismo de derecha como nuevo eje ideológico de la región.

Sin embargo, la historia da vueltas inesperadas. Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo. Su agotamiento se reveló primero con sendos estallidos sociales que cambiaron totalmente la agenda política en principio en Chile y luego en Colombia.

En el primer caso, las calles desencadenaron la pérdida de confianza y la capacidad de gobierno no solo de las élites políticas, sino incluso del poder empresarial, militar y religioso. Entre grandes movilizaciones y resultados en urnas que reflejaron el rechazo al establishment, hoy Chile está a las puertas de una Constituyente que parece que modificará la orientación de las políticas socioeconómicas que prevalecieron en ese país desde el fin de la dictadura.

Mientras tanto, Colombia se ha empantanado en una aguda oleada de protestas sociales, severamente reprimidas, que desestabilizaron a los herederos del uribismo y que auguran una elección futura apasionante y polarizada en la que la izquierda tiene una oportunidad de imponerse. Por si esto no fuera poco, la emergencia de Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial peruana y su estrecha victoria, rudamente cuestionada por las élites limeñas, suena un fin de etapa para los tres principales experimentos de política neoliberal de la región.

Son pues varias cosas las que parecen estar agonizando sin que haya tampoco mucha claridad sobre las nuevas orientaciones, políticas públicas y liderazgos que las reemplazarán. En eso, tanto las izquierdas como las derechas latinoamericanas aparecen más bien absortas ante la velocidad del cambio que preocupadas en buscar respuestas. Son tiempos interesantes pero que se pueden volver peligrosos si no hay liderazgos e ideas que reencaucen esta formidable demanda de transformación.

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Política a golpes

Es deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 induzca a la reflexión.

Por La Razón

/ 11 de junio de 2021 / 01:39

La interpelación al Ministro de Gobierno el martes último se convirtió en una discusión de cantina cuando un diputado del oficialismo se trenzó a golpes con un senador de la oposición. Las imágenes de la trifulca circularon rápidamente y sirvieron, nuevamente, para reforzar prejuicios de uno y otro lado. En los hechos, el bochorno del martes simplemente da cuenta del estado de la política.

 Asimismo, las reacciones, muchas y de todos los tonos posibles, hicieron más énfasis en las posibles justificaciones, cuando no elogios, a las habilidades pugilísticas de quienes se vieron envueltos (y envueltas, porque los golpes también salieron de manos femeninas) en la trifulca, que en reflexiones acerca de lo que esa pelea significa para la política y el presente del país. Puede decirse que el diputado Colque y el senador Montero representan el sentir de una parte de la población, y eso es peligroso.

Desde el día mismo de la posesión del nuevo Presidente electo, en noviembre de 2020, fue evidente que la oposición, carente de proyecto, y sobre todo de liderazgo, convertiría a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una tribuna en la que los gritos y las descalificaciones se impondrían sobre cualquier intento de diálogo. El oficialismo no demostró mejor actitud, con un discurso altamente ideologizado que impide acercamientos efectivos.

Se trata, pues, de actitudes mutuamente excluyentes que tienen grandes dosis de racismo y clasismo, como se pudo apreciar en las declaraciones posteriores a la trifulca. En ese contexto es difícil señalar quién comenzó la pelea, pues es posible imaginar la tensión y frustración acumuladas en unos y otros. Lo peligroso es que al preferir los gritos, los insultos y hasta los golpes, las y los asambleístas están olvidando que su tarea es hacer política y no imponer sus puntos de vista a como dé lugar.

Por lo pronto, el Presidente de la Cámara de Diputados pidió disculpas por el desaguisado y en la bancada oficialista se ha considerado la necesidad de enviar a todos los involucrados a la Comisión de Ética; no se ha escuchado reflexiones semejantes de parte de quienes dirigen las bancadas de CC y Creemos. Llama la atención, sin embargo, el silencio del Presidente Nato de la Asamblea y Vicepresidente del Estado, y de otros jerarcas del partido gobernante.

Así, daría la impresión de que no hay posibilidad de encontrar un terreno común, lo cual solo puede ser malo para el futuro inmediato, pues poco a poco se van cerrando las posibilidades de legislar más allá de la razón instrumental, que desde hace tiempo produce e impone normas pensadas en el corto plazo y las necesidades de una parte de la sociedad. Es, pues, deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 de junio induzca a la reflexión y al cambio de actitud, tarea probablemente difícil dada la polarización ideológica y discursiva, pero urgente para resolver los problemas del país.

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Juicios en agenda

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo.

Por La Razón

/ 9 de junio de 2021 / 02:52

El Órgano Legislativo tiene en agenda más de una veintena de trámites de juicios de responsabilidades contra diferentes exautoridades. Algunos se remontan al periodo 1999-2000. Entre los más recientes están tres procesos, por diferentes motivos, contra Jeanine Áñez, expresidenta del régimen provisorio. Son decisivos los dos tercios requeridos para viabilizar estos juicios.

Más allá de cómo avancen los trámites de juicios de responsabilidades engavetados desde hace más de dos décadas tanto en el ex Congreso Nacional como en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, sin duda los procesos de mayor atención y relevancia tienen como protagonista a la señora Áñez y el régimen que presidió tras el derrocamiento del expresidente Morales. Son juicios complicados debido a que todavía están marcados por la disputa política en torno a diferentes relatos sobre la crisis de 2019.

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, hoy en prisión preventiva, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo para su consideración. Se trata de las denuncias por el crédito de $us 327 millones del FMI aprobado por el gobierno provisorio sin el aval de la Asamblea, la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de derechos de libertad de expresión. Los tres tienen que ver con decisiones de gestión y no con la polarización “fraude” versus “golpe”.

Según la normativa vigente, para que un juicio de responsabilidades contra un expresidente prospere en Bolivia, se requiere la autorización de las cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha autorización, previo informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, requiere el voto de al menos dos tercios de los asambleístas presentes. En caso de no existir dicha mayoría especial en dos votaciones, se procede al archivo de obrados.

Al respecto, el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anticipó que su bancada en la Asamblea viabilizará los juicios que estén “adecuadamente fundamentados”. No respaldará, en cambio, procesos que “tengan como sustento la mentira de un inexistente golpe de Estado”. No se conoce una posición oficial del jefe y bancada de la alianza Creemos sobre el tema. La cuestión es relevante dado que hoy la oposición minoritaria tiene poder para viabilizar o vetar un juicio de responsabilidades.

Dada la persistente disputa entre los relatos que buscan explicar la crisis de 2019, no existe ninguna posibilidad cierta de lograr acuerdos políticos para tramitar un juicio contra el régimen provisorio con base en dichos relatos. La bochornosa sesión de interpelación el día de ayer lo demuestra. ¿Pero qué dirán las bancadas de Creemos y de CC cuando deban decidir sobre la autorización de un juicio contra Áñez y los suyos por las masacres de Sacaba y Senkata? El país lo sabrá más temprano que tarde.

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Administración de justicia

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia.

Por La Razón

/ 7 de junio de 2021 / 00:17

Un nuevo impasse entre el Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia vuelve a echar sombras sobre la calidad de las personas a cargo de la administración de justicia. Esta vez el conflicto es la última actualización del cuestionado proceso de selección de vocales de los tribunales departamentales de justicia, que no se ha detenido ni por una sentencia en contra del Tribunal Constitucional.

Se trata de un trámite ejecutado, como manda la norma, por el Consejo de la Magistratura, pero que ha sido constantemente cuestionado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, que llegaron a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la que fue declarada procedente y acompañada de la orden de paralizar el proceso de selección de postulantes al declararse nula la convocatoria.

Mal mirada, la actitud de las y los vocales del Tribunal Supremo de Justicia, que seleccionaron y en el mismo día posesionaron a decenas de abogadas y abogados en los más altos cargos de la administración de justicia de sus respectivas jurisdicciones departamentales, puede verse como manifestación de independencia ante los órganos del Estado controlados por el partido en función de gobierno.

Bien mirado, el conflicto tiene que ver con la hasta ahora irresoluble crisis de la justicia boliviana y que es exitosamente estimulada por los agentes que participan del entramado de la administración de justicia, incluyendo a litigantes y los poderes detrás de éstos, y que, en gran medida, se benefician del desorden y la incompetencia, cuando no de la abierta venalidad, imperantes en los juzgados del país.

Si a simple vista se evidencia que parte de la proverbial retardación de justicia se funda, también, en la ausencia de jueces que tomen decisiones y dicten sentencias y por tanto es urgente llenar las acefalías en el sistema, una mirada más profunda revela que esa urgencia es el mejor aliciente para seleccionar personas que no cumplen los requisitos a cabalidad y que probablemente no tengan la estatura moral para el cargo.

La sospecha es inevitable dadas las numerosas irregularidades cometidas en el trámite de selección de ternas de candidatas y candidatos por parte del Consejo de la Magistratura, que incluyeron, además de la exhibición pública de causales de inhabilitación, suficientes para avergonzar a cualquier profesional que tenga integridad, hasta el caso de una postulante que hizo trampa en el examen anotando las respuestas en la palma de su mano.

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia cuestionando los procesos de selección de las autoridades del Judicial, y esta intervención constante es una de las causas del estado de cosas que desde hace años se deplora en éste y muchos otros espacios de opinión, pero es evidente también que los agentes responsables de la gestión del sistema de administración de justicia tampoco parecen tener mucho interés en dignificar su oficio y la institución para la que trabajan.

 

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Probar el ‘fraude‘

Sigue en impunidad también la quema de cinco tribunales electorales departamentales.

Por La Razón

/ 5 de junio de 2021 / 23:19

La interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima, repuso en escena la disputa política entre los dos relatos que hoy polarizan en el país: “fraude” versus “golpe”. Es una pugna irresuelta y, está visto, irresoluble. En todo caso, es evidente que, a la fecha, en la Justicia boliviana, nadie ha podido probar las altisonantes denuncias de fraude en las elecciones generales de 2019.

El relato del fraude en los comicios del 20 de octubre no se instaló la noche de los comicios, sino mucho antes. Baste recordar que las semanas previas a la votación, cabildos opositores en varios departamentos proclamaron que, si Evo Morales ganaba las elecciones, sería con fraude. No reconocerían, por tanto, el resultado. Algunos operadores mediáticos, encuestas incluidas, asentaron tal imaginario. El antecedente, como bandera, es el deplorable desconocimiento al resultado del referéndum del 21F.

La profecía autocumplida del “fraude” se convirtió en discurso movilizador cuando las autoridades del TSE cometieron el imperdonable y monumental error de suspender la transmisión de resultados preliminares. A partir de esa decisión, se montó la narrativa en torno al TREP y el “cambio de tendencia” (sic) en el último cinco por ciento de la votación. Al día siguiente de los comicios, sin resultados oficiales, la oscura Misión de Observación Electoral de la OEA consagró el relato con un comunicado.

Lo que sigue es historia conocida, pero no por ello menos confusa. Por alguna extraña razón, el gobierno de Morales le regaló a la OEA de Almagro el mecanismo para reafirmar su posicionamiento del 21 de octubre (“cuestionar la integridad del resultado”): una auditoría integral y vinculante. El Informe de la OEA, respaldado por algunos estudios, pero ampliamente refutado por otros, fue exhibido como evidencia. Y sirvió para la “captura” y juicio penal de casi medio centenar de vocales electorales.

Desde entonces han transcurrido veinte meses. Nada menos. Y durante este tiempo, con innumerables diligencias, declaraciones, pruebas periciales, reconstrucciones de hechos y revisión documental, el Ministerio Público no encontró elementos de prueba ni fundamentos para sostener la acusación de fraude. Así, se produjo el sobreseimiento de los exvocales departamentales en los nueve juicios iniciados en noviembre de 2019. Están en fase final dos procesos penales contra los exvocales del TSE.

El dato concreto, pues, es que el sistema judicial del país (que durante un año estuvo bajo presión de la Procuraduría y bajo amenaza del otrora poderoso exministro Murillo) no ha podido sostener los juicios por “fraude”. Quedan responsabilidades, incluso penales, por la suspensión del TREP, que deben ser esclarecidas y sancionadas. Sigue en impunidad también la quema de cinco tribunales electorales departamentales. Lo demás es y seguirá siendo, por mucho tiempo, una malograda disputa de relatos.

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