La Constitución Política del Estado establece en sus artículos 315 y 398 que la superficie máxima de tierra que un individuo puede poseer en Bolivia es de 5.000 hectáreas (ha) y que cualquier superficie superior debería ser propiedad de la asociación de varios individuos. Al parecer, esta disposición, establecida para evitar la concentración de tierras, hace tiempo que no se cumple.
El escándalo del ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras, descubierto con varios miles de dólares en su poder, fruto, se presume, de un soborno recibido para favorecer a privados, cuya identidad no se ha revelado, en un trámite de propiedad de tierras fiscales ha servido para echar luz nuevamente sobre una institución que aparentemente necesita una nueva intervención tanto para detener una maquinaria de favorecimientos ilícitos como para revisar lo hecho en los últimos años.
El Director Nacional Interino del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ilustra este estado de cosas cuando señala que en 2020, durante el gobierno transitorio, se emitió un Instructivo disponiendo reconocer derechos de propiedad por encima de las 5.000 ha individuales a grupos vinculados con las autoridades de turno: 30 predios legalizados en 2020 concentran 255.000 ha. Otro caso involucra el reconocimiento de 57 predios, clasificados como pequeños y medianos, que suman en total 236.000 ha. Finalmente, también señala como anormal la decisión de anular y reimprimir casi 80.000 títulos de propiedad que estaban a un paso de estar listos para entregarse.
Desde hace más de dos décadas la Fundación Tierra es una de las más confiables fuentes en materia agraria, y sus investigaciones y diagnósticos suelen incomodar tanto a los latifundistas como a las autoridades que permiten la concentración y el tráfico de tierras. Su actual Director encuentra en el caso del exministro dos hechos recurrentes del tráfico de tierras: el involucramiento directo de altas autoridades y la transferencia ilegal de tierras fiscales a favor de privados.
Según el investigador y especialista en la materia, el proceso de saneamiento, a cargo del INRA, “ha perdido su norte” pues en lugar de favorecer la democratización del acceso a la tierra favorece a intereses privados que se apropian de las tierras fiscales, propiedad del pueblo boliviano en su conjunto.
La solución, ha explicado el experto, pasa por congelar las actividades del INRA para evitar que siga operando la corrupción y revisar todos los obrados de los últimos años, que podrían estar viciados de nulidad. Para el Director interino del INRA la solución es evitar cualquier nuevo atisbo de corrupción, tarea en la que se compromete, y concluir el proceso de saneamiento, pues luego habrá que revisar los trámites observados. Mientras tanto, el acceso a la tierra no deja de ser un asunto polémico, que favorece a unos pocos en desmedro de las mayorías, muy a menudo a causa de la corrupción.