El apoyo del Gobierno de Estados Unidos a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 ha acelerado el movimiento global en favor de esa histórica decisión. Ese objetivo, que estuvo siendo impulsado activamente por el Gobierno nacional entre otros, parece ahora viable, abriendo un escenario inédito de cooperación global en tiempos de crisis.
Desde que empezó la carrera por la creación y producción de vacunas contra el nuevo coronavirus, fue emergiendo una discusión sobre la necesidad de que esos fármacos sean considerados un “bien público” global, de manera que se democratice y facilite su distribución a todos los seres humanos, debido a que están asociados a un derecho universal esencial como es la preservación de una vida saludable.
Esa visión, para muchos utópica, implicaba, en la práctica, que la fórmula y los procedimientos para su fabricación pudieran estar disponibles para los que las requirieran sin que tengan que pagar para ello. Decisión que iba a contramano de los intereses financieros de las empresas farmacéuticas que los desarrollaron, gracias a subvenciones de los Estados más ricos, y que pretendían rentabilizar ese control.
Hay un debate sobre si esa liberación desincentiva la futura creación de nuevos fármacos. Sin embargo, hay que considerar que en ese proceso no solo intervinieron las farmacéuticas privadas sino un amplio despliegue de recursos e incentivos públicos. Por otra parte, frente a los escalofriantes costos de la pandemia y la imposibilidad de normalizar la economía sin una vacunación masiva en todo el planeta, la flexibilización de las reglas del mercado en este caso parece no solo ética, sino incluso económicamente rentable a mediano plazo.
La decisión estadounidense, acompañada por similares expresiones de la Unión Europea, Rusia y otros países, abre la puerta a un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio que la formalice. Será, si se concreta, un momento histórico de una inédita cooperación internacional frente a un problema global.
Este impulso no hubiera sido posible sin la amplia movilización de científicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de países del sur, entre ellos Bolivia, que fue uno de los que más impulsó la idea en la región. Pero hay que reconocer también el talante del nuevo gobernante de los Estados Unidos que, a contracorriente de su poderosa industria farmacéutica, dio un paso decisivo a tono con su anunciado retorno a una política exterior multilateralista.
Hay, pues, buenos augurios en medio del temor a nuevas olas de contagio y a la desesperante carestía y desigualdad global en el acceso a las vacunas. Si se logra un acuerdo, el camino no será tampoco rápido ni fácil, no bastará con tener las patentes, habrá que crear una capacidad industrial para producirlas masivamente. Habrá que esperar, pero es una buena noticia.