Cuando se anunció, semanas atrás, que el Estado chileno finalmente cumpliría su obligación de garantizar el funcionamiento del servicio ferroviario La Paz–Arica, lo que debía ser una noticia positiva para el país y las relaciones con Chile pronto se convirtió en motivo de conflicto con el gremio del transporte de carga. Es posible que el asunto tenga aristas políticas antes que gremiales.
La puesta en marcha del servicio ferroviario interrumpido desde 2005 (cuando la empresa concesionaria del tramo en Chile se declaró en quiebra), tarea iniciada con pruebas en la vía que incluyen el traslado de un cargamento de acero entre el puerto chileno y Santa Cruz de la Sierra, motivó que el gremio del transporte internacional de carga se declarara en emergencia ante la “amenaza” contra la fuente laboral de sus afiliados.
El estado de emergencia se convirtió, desde hace casi una semana, en bloqueos en las carreteras principales del país y obligó al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a plantear un diálogo con los dirigentes del gremio a fin de explicarles que su aprehensión es infundada, pues el mercado de importación y exportación de carga alcanza para ambas modalidades, la carretera y la ferroviaria.
Unánime fue también la opinión de todos los gremios empresariales vinculados con las importaciones y exportaciones: el comercio internacional que pasa a través del puerto de Arica es lo suficientemente grande como para requerir el servicio de ambas modalidades de carga, que en realidad son complementarias y no mutuamente excluyentes, como equivocadamente creen los transportistas. Así se pronunciaron al menos la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre varias otras.
Por su parte, los transportistas accedieron a dialogar con el Gobierno, pero simultáneamente definieron rechazar la intención de la Empresa Ferroviaria Andina de rehabilitar la ruta Arica-La Paz y la ampliación de tramos ferroviarios del oriente, los ramales Argentina-Villazón, Oruro-Potosí, San Cristóbal-Antofagasta, Brasil-Puerto Suárez, Salvador Mazza-Yacuiba-Santa Cruz; es decir: impedir el desarrollo de la capacidad ferroviaria del país, que debe ser el corazón del corredor bioceánico pactado con Brasil y Perú.
Dada la cantidad de argumentos a favor de la coexistencia y complementariedad de ambas modalidades de transporte, y la posición del gremio transportista en contra del desarrollo de las vías de comunicación hacia el exterior, es dificil no percibir intereses ajenos a la reivindicación laboral de los choferes, que en última instancia tienen un muy alto costo para el desarrollo del país. En tiempos cuando Bolivia necesita mecanismos que favorezcan la reactivación económica, es inaceptable que un gremio, supuestamente en defensa de los derechos de los suyos, vulnere los derechos del resto de la población.