Nuevo paro médico
La emergencia sanitaria es demasiado crítica como para dejarla librada a disputas y mezquindades.
Parece una noticia falsa o una broma de muy mal gusto, pero es verdad: la dirigencia médica decidió e instruyó un nuevo paro del sector. Esta vez por 48 horas. Lo hacen en medio de la emergencia sanitaria, con una muy agresiva tercera ola del COVID-19 en curso y ante el complejo reto de la vacunación masiva. Más allá de la legitimidad de sus demandas, tal paro es un abuso.
La relación entre el sector médico (en especial el Colegio Médico de Bolivia creado durante la dictadura de Banzer) y los gobiernos del MAS-IPSP (primero Morales, ahora Arce) ha estado marcada por diferentes momentos de desencuentro y conflicto. El episodio más crítico se produjo a fines de 2017, cuando los médicos pararon 47 días, nada menos, en contra de un artículo del Código del Sistema Penal, a la postre abrogado bajo presión de una fuerte movilización social. Los “mandiles blancos” lideraron la protesta.
Hoy la dirigencia médica y el Gobierno central están nuevamente enfrentados. En febrero de este año, en plena segunda ola del coronavirus, el Consejo Nacional de Salud se lanzó a un paro escalonado en rechazo a otra norma: la Ley de Emergencia Sanitaria. Cuestionan algunos artículos de la norma y exigen su abrogación. Pese al paro, que se extendió por un mes hasta languidecer, la Ley está vigente. Igual a principios de mayo el sector paró 24 horas y a fin de mes dejará de trabajar otras 48 horas.
¿Cuál es la razón del nuevo paro? Según el presidente del Colegio Médico y excandidato opositor a la Alcaldía paceña, Luis Larrea, por el momento no se tocará el tema de la Ley de Emergencia Sanitaria. Ahora la extrema medida del sector es para demandar al Gobierno central que provea recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento para enfrentar la pandemia. El tema no es nuevo. Y las falencias tampoco. Claro que durante el régimen transitorio de Áñez los médicos no pararon ni un solo día.
Más allá del posicionamiento político de la dirigencia médica y de su opción por el reiterado paro en un contexto de emergencia sanitaria, el problema de fondo es la precariedad del sistema de salud pública (ni hablemos de los excesos lucrativos del sector privado). La pandemia del COVID- 19 puso en evidencia que durante el largo ciclo de gobierno del MAS/Morales, la salud no fue una prioridad estratégica ni presupuestaria. Lo fue menos, ciertamente, en las dos décadas previas de gobiernos neoliberales.
Si de verdad tanto las autoridades del Estado, en sus diferentes niveles territoriales, como el Consejo Nacional de Salud, asumen sin excusas el derecho humano a la vida, lo mínimo es que se sienten a dialogar, acuerden una agenda común y concentren sus mejores esfuerzos en cuidar la salud de la población. Los cálculos políticos, los paros y relatos, en fin, los intereses particulares pueden esperar. La emergencia sanitaria es demasiado crítica como para dejarla librada a disputas y mezquindades.