Opinión

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 02:49

Hacer trampa

Seguramente a nadie le cabe duda que el Órgano Judicial requiere una transformación seria y profunda.

Por La Razón

/ 17 de mayo de 2021 / 00:42

Seguramente fue muy humillante para la postulante al Tribunal Agroambiental en Trinidad ser encontrada con las respuestas a un examen de competencias que rendía anotadas en la palma de su mano. Se ha pedido una sanción ejemplar para esta profesional del Derecho que pretendía llegar a un elevado cargo de la Justicia haciendo trampa, pero el caso no es más que un síntoma.

Así lo debe haber entendido el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, del Ministerio de Justicia, que hace un mes observó diversas irregularidades en la administración de exámenes de competenecias a las y los postulantes a jueces agroambientales, incluyendo el ya señalado caso de Trinidad. El 10 de mayo se informó oficialmente de la anulación del proceso y días atrás la Viceministra de Transparencia pidió una sanción ejemplar contra la postulante tramposa.

Pero detrás de la anulación del proceso, que no puede quedar simplemente inconcluso por lo que deberá reencauzarse, hay una estructura que revela sus deficiencias y pone en cuestión la ética no solo de quien ese 15 de abril decidió acudir a una práctica propia de los años escolares y no de alguien que pretende dictar justicia, sino de gran parte del gremio y de las autoridades. Solo para comenzar, alguien tiene que haber facilitado a la postulante las respuestas al examen; a ella y quién sabe a cuántas otras personas más.

El caso muestra el tamaño de la erosión moral en este Órgano del Estado, a donde ya no se accede por alcurnia o tradición familiar, como ocurrió durante casi toda la historia republicana, ni mucho menos por mérito profesional, sino a través de una bien lubricada maquinaria de favores y atajos, que seguramente tienen precio, tan alto como el cargo al que se pretende acceder.

Como en otras ocasiones, los cuestionamientos son dirigidos al Consejo de la Magistratura, entidad responsable del funcionamiento y la moral del Órgano Judicial, que a menudo es señalada como incapaz de cumplir su propósito; la Cumbre de Justicia de hace ya varios años sirvió para evidenciar que el problema es mucho más serio que la sola voluntad de quienes trabajan en ese ámbito.

De esa cumbre emergió una serie de recomendaciones, que ni siquiera por ser tan genéricas mereció interés ni mucho menos prisa de las autoridades llamadas a implementarlas. La dificultad para seleccionar personas idóneas para administrar justicia está no solo en la escasez de éstas, sino también en la falta de idoneidad de la forma de selección.

Seguramente a nadie le cabe duda que el Órgano Judicial requiere una transformación seria y profunda; lo que no queda claro es qué tan urgente es hacerlo. Allí donde hay miles de litigantes sufriendo bajo una burocracia corrupta, hay intereses, pocos tal vez, puntuales, que se sirven de la ineficacia de ese sistema y sus contradicciones para lucrar, económicamente, pero también políticamente.

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Empresas sociales

Hasta ahora hay al menos seis empresas que fueron salvadas por sus obreros.

Por La Razón

/ 25 de junio de 2021 / 01:10

Una de las más notables innovaciones introducidas en la Constitución Política del Estado vigente desde 2009 es la disposición que habilita la organización de “empresas comunitarias o sociales” en caso de que los propietarios de éstas se declaren en quiebra o las abandonen de forma injustificada. Hasta ahora hay al menos seis empresas que fueron salvadas por sus obreros.

Se trata de las industrias Polar, famosa por sus frazadas de fibra; Punto Blanco, de confecciones en lana; Inal, fabricante de los helados y otros productos lácteos de la marca Panda; Cerámica Victoria; Sendtex, de confecciones en tela de algodón; y Prossil, que fabrica productos de goma. En la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia tienen el dato de otras dos empresas que se suman a la lista: Mazal e Industrias Lara Bisch.

Todas ellas están en manos de sus trabajadores, algunas desde 2018, y las y los obreros a cargo intentan superar los obstáculos y vacíos jurídicos que dificultan la constitución definitiva de estas empresas sociales. El artículo 54, parágrafo 3 de la CPE establece que las y los trabajadores podrán “reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada” para conformar empresas comunitarias o sociales; la Ley 1055, de Creación de Empresas Sociales, promulgada el 1 de mayo de 2018, establece los mecanismos, aunque éstos, al parecer no son del todo claros ni expeditos.

Según el máximo ejecutivo de la confederación de fabriles, el que las y los trabajadores hayan asumido la administración de estas empresas es una buena señal, sobre todo porque pese a que los propietarios originales aseguraban estar en bancarrota o tener problemas para asumir sus obligaciones, ahora “están sobreviviendo y pagando de manera puntual los salarios y las deudas que han dejado los empresarios”.

Entre los factores de éxito señalados por algunos de los gestores de las empresas a este diario se cita la fidelidad de las y los clientes, el mantenimiento de la calidad en los productos fabricados y que “nadie baja los brazos”. Cabe preguntarse hasta dónde está dispuesto el Estado a cumplir su obligación constitucional de “coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores” que dan el paso de reemplazar a sus patrones en la tenencia y administración de las industrias.

El otro factor de éxito es la solidaridad. Por ejemplo, cuando se hizo pública la quiebra de la fábrica Inal, muchas personas se apresuraron a comprar los helados Panda y algo similar pasó con las fábricas de confecciones, lo cual nos recuerda que es posible escapar a algunas determinaciones del capitalismo cuando se trata de asegurar el sustento de la clase trabajadora y, sobre todo, de favorecer el desarrollo industrial del país, siempre asediado por las importaciones (legales y de contrabando), que con suerte favorecen a los comerciantes, pero a nadie más.

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El video de Evo

La irresoluble disputa ‘fraude’ versus ‘golpe’ tuvo un nuevo y curioso episodio.

Por La Razón

/ 23 de junio de 2021 / 01:34

La irresoluble disputa “fraude” versus “golpe” tuvo un nuevo y curioso episodio con la difusión de un video. En la grabación, Evo Morales justifica ante sus seguidores la opción por “cuidar” la presidencia de Áñez para garantizar las elecciones de 2020, que finalmente se realizaron en octubre con victoria del MAS. El video atizó el debate salpicado con manipulación informativa.

Como gran “revelación”, un portal digital opositor hizo público el video de una conversación del expresidente Morales con un grupo de adherentes. En la ocasión, Evo relata las opciones que se barajaron —o le propusieron— ante el planteamiento de “fuera Áñez”. Si la presidenta del régimen provisorio renunciaba o era derrocada, ¿quién asumiría ese cargo? El jefe del MAS comenta tres caminos: un militar, Eva Copa (entonces presidenta del Senado) o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Tras mencionar las citadas sugerencias presidenciales, Morales expone sus razones para descartarlas. ¿Entonces qué hacer? “Hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones”. El contexto de la charla era el proceso electoral del año pasado, cuando había incertidumbre sobre la fecha de los comicios. Dicho contexto fue crítico en especial en agosto, con un paro y bloqueo de caminos que exigía la votación en septiembre —como estaba prevista— y escaló a la demanda de renuncia de Áñez.

Pronto el video fue viralizado en las redes sociales por actores de la oposición e interpretado por sus operadores mediáticos como la demostración de que Evo “avaló la sucesión de Áñez” (sic), ergo, “no hubo golpe”. Así, en el extremo de la manipulación informativa, un diario paceño sustituyó la palabra “cuidar” por la palabra “poner” (a Áñez). Y su par cruceño llegó a decir que Morales relató en el video “cómo se debatió la sucesión constitucional que tuvo lugar en 2019, tras su renuncia”.

Parece alejado de la ética periodística, o al menos poco profesional, forzar la interpretación de una charla en la que claramente se habla de una estrategia electoral —a la postre victoriosa, con mayoría absoluta de votos—, con la sucesión presidencial de Áñez, cuya constitucionalidad está en cuestión. Son dos lógicas no solo distintas, sino también temporalidades diferentes. El propio Evo aclaró que el video es de mayo de este año, reafirmando que “pedir la renuncia de Áñez que se caía solo era un error”.

Más allá del video de marras, la persistente pugna de relatos sobre los hechos de la coyuntura crítica 2019-2020 sigue distrayendo la atención público-política, que debiera estar concentrada en medidas y acuerdos para superar la crisis sanitaria y avanzar en la necesaria reactivación económica. No se trata de “dar vuelta la página” y olvidar con impunidad la violación de derechos humanos, sino de que la imprescindible exigencia de justicia siga su curso legal e institucional con debido proceso.  

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Ahorro para el futuro

Un experto consultado por este diario afirma que no es buena idea retirar los aportes.

Por La Razón

/ 21 de junio de 2021 / 01:54

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la rentabilidad de los fondos de pensiones muestra una mejoría constante desde febrero de 2019, cuando alcanzó su punto más bajo desde 1997. Es difícil, sin embargo, crear confianza en el ahorro a largo plazo, sobre todo en un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores puede aportar a su AFP.

Fue en enero de 2019 cuando los fondos de pensiones administrados por las empresas BBVA Previsión y Futuro de Bolivia, mejor conocidas por la sigla AFP, reportaron una rentabilidad promedio de apenas 1,48%; la misma fuente indica que, en abril de este año, esa rentabilidad había subido hasta 5,06%, muy lejos, sin embargo, de la obtenida en el momento cumbre: 18,6% en diciembre de 2002; desde entonces. hubo un repunte similar.

La importancia de la rentabilidad de los fondos de pensiones estriba no solo en que de ella depende la expectativa de una renta de vejez digna para quienes hoy son parte de la población económicamente activa, sino también, en parte, el funcionamiento del sistema financiero, pues apenas el 4% de los casi $us 21.000 millones que son administrados por las AFP son invertidos en el extranjero.

Irónicamente, la crisis derivada de la pandemia por el COVID- 19 ha provocado que las tasas de interés suban en el mercado financiero, lo cual explica el incremento de la rentabilidad y, al mismo tiempo, que gran parte de las personas que han aportado al fondo estén movilizadas desde hace al menos un año demandando la devolución de sus aportes, o al menos un porcentaje de éstos.

Fue cuando estaba recién posesionado en el cargo que el Presidente del Estado remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley disponiendo la posibilidad de que quienes tuviesen Bs 100.000 o menos en sus cuentas individuales de las AFP retiren hasta el 15% de sus ahorros; la pugna política logró que el porcentaje que se puede retirar subiese a 20, pero también significó que desde entonces hasta ahora el trámite no haya avanzado nada.

Aunque en Chile y Perú ya se ha puesto a prueba idénticas medidas, un experto consultado por este diario afirma que no es buena idea retirar los aportes, pues quienes lo hagan perderían, por un lado, la fracción solidaria, que mejora las rentas más bajas, y por el otro no podrían gozar del seguro médico asociado con la condición de rentista; quienes exigen la devolución del dinero aportado sostienen que actualmente solo pueden aspirar a una renta de Bs 300.

Es evidente que la administración de ahorros de largo plazo tiene muchos matices que escapan a la comprensión de una persona común, lo cual no significa que sea aceptable dejar el debate únicamente en manos de “expertos”, pues incluso si éstos tienen razón, serán las mayorías movilizadas quienes provoquen la decisión final. Asegurar que más bolivianas y bolivianos accedan a una renta de vejez es el otro problema a resolver.

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El relato de la Iglesia

Claro que se trata de la versión de un actor interesado del 'proceso de pacificación'.

Por La Razón

/ 20 de junio de 2021 / 00:20

Con más de un año de retraso, la jerarquía de la Iglesia Católica decidió elaborar y difundir su Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. El documento, basado en el “intercambio de remembranzas” de los obispos, está hoy en el centro del debate político. Algunos lo celebran y suscriben sin matices; otros lo descalifican por su sintonía plena con el discurso opositor.

En general, la Memoria de los obispos es un insumo valioso para seguir reconstruyendo la coyuntura crítica desarrollada en el país entre octubre de 2019 y enero 2020. El documento, de 25 páginas, detalla de manera cronológica acciones, noticias e interpretaciones de aquel muy difícil e incierto periodo, buscando reivindicar el papel del clero en la “facilitación del diálogo”. Claro que se trata de la versión de un actor interesado del “proceso de pacificación”, lo cual no equivale a “la verdad”.

El tardío relato de los obispos, lejos de contribuir a mitigar la polarización, se situó pronto y de mal modo en el centro de la persistente disputa política. Así, el bloque opositor, incluidos sus activos operadores mediáticos, asumió la Memoria casi como palabra divina y reafirmó, al pie de la letra, el recuento contenido en ella. La versión de la jerarquía católica sería la demostración de que la sucesión presidencial de Áñez y su régimen fueron constitucionales. Y, claro, que “no hubo golpe de Estado”.

En el campo del oficialismo, en tanto, se denunció que el documento eclesiástico contiene falsedades y omisiones. Entienden el relato de la Memoria no como el testimonio de una instancia facilitadora o mediadora, sino como parte del posicionamiento de la oposición. Las dos mujeres del MAS que estuvieron en la línea de sucesión presidencial: Salvatierra y Rivero, aseguran que los obispos mienten al respecto. Así, la versión de la Iglesia expresaría la visión política de quienes “fueron parte del golpe”.

A reserva del irresoluble debate sobre los hechos de 2019, así como las afinidades y discrepancias con la palabra oficial de la Iglesia Católica, resaltan y son discutibles dos cuestiones esenciales. La primera es la afirmación de que, en los espacios propiciados por la Iglesia, en especial las develadas reuniones en la Universidad Católica, “no se tomaron decisiones”. El mismo relato de la Memoria expone lo contrario: el 10 de noviembre ya estaba decidida la opción por Áñez.

La otra cuestión es más sensible y tiene que ver con las masacres de Sacaba y Senkata. En el recuento de los obispos, ambos hechos, que costaron más de una treintena de vidas, son una suerte de daño colateral de la “pacificación”. Con relación a Sacaba, la Memoria habla de “enfrentamientos” (sic). Y respecto a Senkata, cita una noticia con la versión del exministro López en sentido de que “el ataque violento contra la planta de gas pudo haber producido una catástrofe”, hecho ampliamente desmentido.

La Memoria de la Iglesia Católica, y ella misma, no están al medio de la polarización política, sino en primera línea de uno de los extremos.  

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¿A dónde vamos?

El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente.

Por La Razón

/ 19 de junio de 2021 / 01:46

Las urgencias de la pandemia y la polarización política parecen monopolizar todas las discusiones públicas. Sin embargo el resto de la vida continúa y el tiempo pasa: hay necesidad de ir perfilando los contornos de los ineludibles cambios económicos y sociales que se deberán encarar una vez pasada esta terrible coyuntura.

El país está recién saliendo de casi dos años de crisis sucesivas que han modificado sustantivamente las orientaciones de la política, la vida social y las perspectivas económicas. La velocidad de los eventos que se han vivido en este tiempo dificulta una evaluación social serena de sus implicaciones y de los grandes retos que aparecen en el horizonte de la nación.

Un vistazo a las noticias más comentadas de esta semana revela que no se ha salido aún de la tiranía de las emergencias sanitarias cotidianas que agobian a todas las familias y de la tarea ingrata de aclarar y resolver los agudos conflictos políticos que dividieron y enfrentaron a la sociedad desde mediados de 2019. El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente. El futuro aparece muy poco en las conversaciones cotidianas.

Así las cosas, es poco probable que este estado de situación pueda durar mucho tiempo más sin generar malestar social pues cualquier sociedad precisa contar con algún horizonte plausible de su futuro para tranquilizarse, una idea de hacia dónde se está transitando, una luz en el horizonte grande. Esta perspectiva debería además estar enraizada en los escombros de un pasado violento al cual no se volverá y ojalá en los imprescindibles aprendizajes de los meses convulsos y dramáticos que vivieron y siguen experimentando muchos bolivianos y bolivianas.

Se intuye que el principal contenido de ese futuro es socioeconómico dado que la crisis ha desnudado brutalmente las falencias de nuestros sistemas sanitarios, educativos y de protección social, y porque las pérdidas de bienestar e ingresos han sido tan significativas y masivas que sería insensato pensar que se repararán naturalmente.

Es de estas cuestiones que como país deberíamos estar hablando y discutiendo con pasión: ¿cómo será la normalidad que pueda congregar los esfuerzos de toda la nación? ¿Qué debemos modificar en nuestra política social? ¿Cuáles serán los motores de la recuperación económica?

Hay que tener cuidado, los psicólogos sociales observan que mientras la gente está en medio de la crisis, tiende a concentrarse en lo inmediato, que es lo básico, casi de sobrevivencia, dejando pasar los elementos más estructurales. La complicación puede llegar después, cuando se piense y se pida sin postergaciones que la normalidad retorne, algo que ya se sabemos que no responderá a los esquemas anteriores a la pandemia. Los gobernantes y la clase política están ampliamente advertidos.     

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