Opinión

jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 14:34

Murillo en rebeldía

Seguramente consciente de lo que le esperaba con el cambio de gobierno, Murillo fugó del país.

Por La Razón

/ 19 de mayo de 2021 / 00:54

El exministro de Gobierno Arturo Murillo sigue acumulando juicios. A la fecha ya es objeto de una decena de procesos penales por su actuación durante el régimen provisorio de Áñez. Murillo fue el hombre fuerte de ese régimen, el rostro más visible y autoritario. Desde noviembre del año pasado está fuera del país. La posibilidad de su enjuiciamiento en rebeldía está en debate.

 Durante los casi 12 meses del gobierno de Áñez, la figura que más destacó en el gabinete por su violencia verbal, sus afanes persecutorios y sus acciones arbitrarias fue el señor Arturo Murillo, quien fuera primero diputado y luego senador de la mano del empresario Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional. En su gestión como titular de Gobierno, Murillo impulsó numerosos juicios contra personas vinculadas al MAS. Los presos a su cargo se cuentan por centenas. Su acusación favorita fue “sedición”.

Con el cambio de gobierno tras las elecciones que ganó Arce con mayoría absoluta de votos, hoy el enjuiciado es el exministro. Las causas son diversas. La más reciente es por “sustitución del objeto del delito”, esto es, desaparición de droga de una incautación. También hay una denuncia de la Unidad de Investigaciones Financieras y, entre otros delitos, se lo acusa por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Murillo tiene incluso una denuncia por no extraditar a un narcotraficante.

Los juicios no solo alcanzan al exministro, sino también a funcionarios que fueron parte de su gestión. Ayer mismo se anunció el inicio de 49 procesos administrativos y cuatro procesos penales por presunta malversación. A reserva de cómo avancen las investigaciones a cargo del Ministerio Público y la posible imputación del señor Murillo por diferentes delitos, sin duda el asunto más crítico tiene que ver con las masacres de Sacaba y Senkata, que podría derivar en un juicio de responsabilidades.

Seguramente consciente de lo que le esperaba con el cambio de gobierno, el extitular de Gobierno fugó del país pocos días antes de la posesión del presidente Arce. Se sospecha que está en algún lugar de Estados Unidos. Otras exautoridades del régimen de Áñez, como el exministro de Defensa, siguieron el mismo camino. Este hecho dificulta o impide el curso de los procesos penales, como ocurrió en su momento con autoridades del gobierno de Morales que abandonaron el país tras la renuncia del expresidente.

Un tema en debate en torno a estos procesos, que algunos ven como persecución política, es si proceden o no juicios en ausencia. En marzo pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el TCP había emitido una sentencia que declara inconstitucional el juicio en rebeldía y en ausencia. Hace poco el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, desmintió a Lima y negó enfáticamente que exista tal fallo, que más bien sigue en trámite. Habrá que esperar la decisión formal y oficial del TCP al respecto.  

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La narrativa cívica

Las organizaciones opositoras apuestan por reactivar la tensión con una agenda más bien política.

Por La Razón

/ 4 de agosto de 2021 / 02:40

En reunión extraordinaria, la Asamblea de la Cruceñidad determinó alentar movilizaciones a partir de este jueves en defensa de su narrativa del “fraude electoral”. Lo hace en coordinación con el Conade. Otros temas de presión son la dotación de tierras y la Ley de Emergencia Sanitaria.

Esperan así rearticular a la oposición cívica en la persistente disputa sobre los hechos de 2019. El detonante para la protesta de las organizaciones opositoras, con centro en la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, fue la decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso Fraude. La renovada acción cívica plantea banderas genéricas como la “defensa de la democracia”, hasta demandas concretas como la renuncia del fiscal Lanchipa, pasando por el rechazo a las acciones judiciales en el caso Golpe. En la agenda cruceña, su evidente interés es intervenir en el régimen de tierras.

Respecto a la narrativa del “fraude”, hay dos mensajes complementarios. El primero es seguir la vía legal, a nivel nacional e internacional, para tratar de revertir la decisión del Ministerio Público y mantener en los juzgados la denuncia sobre las elecciones de 2019. El segundo mensaje es de movilización callejera, como la anunciada marcha urbana de este jueves. Pretenden así influir, bajo presión, en las decisiones de la administración de justicia. Buscan imponer su “verdad” frente a la “mentira” oficial.

Al respecto habrá que señalar que el denominado caso Fraude se cerró luego de 20 meses de investigaciones por cuenta de los fiscales. La mayor parte de ese periodo (un año) fue en el régimen provisorio de Áñez, con reiteradas amenazas del exministro Murillo y el Procurador General del Estado. También debe recordarse que en 20 meses las entidades que hoy convocan a movilizarse para reabrir el caso no presentaron ni una sola prueba que demuestre el delito de “fraude” en los comicios de 2019.

Más allá de la reciclada narrativa que busca rearticular a la oposición, las decisiones de la Asamblea de la Cruceñidad muestran que el tema de fondo no es tanto el “fraude”, sino la dotación de tierras. De las siete resoluciones adoptadas, tres tienen que ver con la agenda de la Gobernación en materia de tierra, dos hablan de democracia, una se refiere al fraude y una se ocupa de leyes: sobre legitimación de ganancias ilícitas y emergencia sanitaria. Es una canasta con varios temas sobrepuestos.

En el trasfondo de las movilizaciones convocadas por los cívicos se percibe también su preocupación por la posibilidad cierta de que en la disputa de narrativas “fraude versus golpe”, se impongan las acciones sancionatorias “del Gobierno central y su justicia servil” en torno al golpe. En un contexto donde la mayoría de la población concentra su atención en la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria, hoy las organizaciones opositoras apuestan por reactivar la tensión con una agenda más bien política.

Comparte y opina:

Tierra de nadie

En la ciudad también se ha visto que cerca de nueve de cada 10 automóviles son indocumentados.

Por La Razón

/ 2 de agosto de 2021 / 00:39

Un reciente reportaje de este diario ha revelado que Guayaramerín, ciudad fronteriza con Brasil al norte del departamento del Beni, se ha convertido en paso privilegiado de mercadería de contrabando desde el vecino país. Según recuento del equipo periodístico, la actividad de los contrabandistas ha superado con creces la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.

“Tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir a esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, afirma la presidenta del Concejo Municipal a modo de explicar por qué la mayoría de la población, a falta de otras opciones laborales, se dedica a la importación y al comercio de mercadería de contrabando.

Súmese a ello la crisis en el vecino país, que hizo caer los precios de todos los bienes, y se tiene condiciones perfectas para el florecimiento de una actividad que no por ilícita es vista como menos aceptable para quienes están dispuestos y dispuestas a cargar mercadería, a menudo en sus brazos y hombros, durante varias horas al día para ganar un poco de dinero para llevar a casa.

Según el dirigente de los estibadores en Guayaramerín, más de 500 jóvenes se dedican a estibar los productos que llegan en las canoas desde el lado brasileño del río Mamoré, hito fronterizo que separa la población boliviana de la microrregión de Guajará-Merim, donde se cargan decenas de chalanas que recorren la distancia entre ambas poblaciones varias veces al día, siempre llenas de productos de industria brasileña.

Según el testimonio del equipo periodístico de este diario, tanto la Policía Boliviana como la Guardia Municipal y la Fuerza Naval han decidido reducir sus actividades de control e interdicción, no solo por el enorme volumen de mercadería, sino sobre todo por la activa oposición de los comerciantes de la región, que fácilmente supera la capacidad de respuesta de los uniformados.

En la ciudad también se ha visto que cerca de nueve de cada 10 automóviles son indocumentados, y sus conductores tienen “tratos” con las estaciones de servicio para obtener combustible a pesar de no tener el registro B-Sisa; una nueva nacionalización sería “la salida más saludable”, según un dirigente del transporte, pero solo para los sindicalizados. La carne de pollo que ingresa desde el Brasil no tiene registro sanitario ni controles de inocuidad, pero consumir pollo boliviano es casi imposible, por la distancia y el costo de llevar la mercadería hasta ese rincón fronterizo.

Guayaramerín es, pues, el mejor retrato de las condiciones en que el país combate al contrabando desde los países vecinos: no solo está la debilidad estructural de las instituciones llamadas a desarrollar esa lucha, sino también la evidente necesidad de quienes se dedican a este ilícito comercio y la falta de alternativas para ellas y ellos. El Estado tiene por delante un reto de enormes y múltiples dimensiones.  

Comparte y opina:

El caso Fraude

A modo de profecía autocumplida, la oposición derrotada en las urnas proclamó ‘fraude monumental’.

Por La Razón

/ 1 de agosto de 2021 / 00:46

El denominado caso Fraude dejó de ser caso esta semana con la decisión de la Fiscalía de optar por el sobreseimiento de los exvocales del TSE. Lo mismo había ocurrido previamente con las exautoridades de los nueve tribunales electorales departamentales. Así se cierra, al menos legal y formalmente, este capítulo de la disputa política en torno a la coyuntura crítica de 2019.

La acción penal sobre un presunto fraude, hoy descartado, en los comicios generales de 2019 se inició el 10 de noviembre de ese año con el respaldo de un informe preliminar y se cerró 20 meses después, nada menos, al amparo de una pericia. En ambos casos con el protagonismo de actores internacionales. El caso se inició con la arbitraria detención de todos los vocales electorales, exhibidos con manillas, como trofeo, por el entonces comandante de la Policía Boliviana. Hoy se cierra con su exculpación.

El antecedente del caso se sitúa antes de los comicios generales, cuando desde la oposición política y mediática se construyó por anticipado la narrativa del “fraude”. La bandera de origen tiene que ver con el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado fue desconocido por el expresidente Morales mediante un atajo operado por el Tribunal Constitucional. Debe recordarse que la semana previa a la votación varios cabildos declararon que no reconocerían el resultado si ganaba el MAS-IPSP.

A modo de profecía autocumplida, la oposición derrotada en las urnas proclamó “fraude monumental”, aprovechando el imperdonable error de los vocales del TSE de suspender la difusión del sistema de resultados preliminares (TREP) la misma noche de los comicios, y habilitarla al día siguiente con un resultado que anticipaba la victoria de Morales en primera vuelta. La movilización opositora contra el “fraude” fue inmediata y se estrenó con la quema de cinco tribunales electorales, dificultando el cómputo oficial.

Por un curioso extravío, el Gobierno solicitó a la OEA una auditoría vinculante del proceso. Dejaba en manos del cuestionado Almagro la decisión sobre la transparencia de los comicios, invalidada por anticipado por su misión de observación electoral. El “análisis de integridad electoral” emitió un informe preliminar la madrugada el 10 de noviembre, como estocada final a los comicios. Así, lo que al principio era demanda de segunda vuelta devino en consigna de nuevas elecciones y renuncia de Evo.

Veinte meses después, una pericia contratada por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca emitió un veredicto terminante: se constata negligencia, pero no manipulación dolosa de datos. En otras palabras: no hubo fraude. Claro que la disputa política y de relatos continúa. El oficialismo celebra, la oposición está empeñada en descalificar al mensajero. El caso Fraude ya no es caso. Queda en agenda judicial el caso Golpe. Y la necesaria reconciliación, de suyo difícil, se hace más distante.  

Comparte y opina:

Relajamiento y pandemia

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad.

Por La Razón

/ 31 de julio de 2021 / 01:27

A veces parece que la sociedad y las autoridades no aprenden de las experiencias pasadas. Aunque el ritmo de contagios se ha reducido y la vacunación avanza, las nuevas variantes del COVID-19 se están expandiendo en gran parte del mundo. Por tanto, no estaría demás que se mantengan ciertas restricciones razonables y que se intensifiquen las medidas de prevención.

Se ha repetido hasta el cansancio que el aumento de contagios se registra en las estadísticas dos o tres semanas después de que el proceso ya se ha desencadenado en la realidad. En consecuencia, la prospectiva de riesgos de una cuarta ola se realiza viendo la dinámica de la enfermedad en los países vecinos y con un monitoreo focalizado de la aparición de variantes en el territorio nacional.

Basta abrir un periódico para percatarse de que algunas de esas variantes se están expandiendo en varias regiones de Europa, Asia y Estados Unidos. Sin ser alarmistas y solo refiriéndonos a lo que ya ha sucedido en las dos anteriores olas, el tiempo entre el crecimiento de los contagios en esos países y su llegada a Sudamérica ha sido de aproximadamente ocho semanas.

Parece que estas nuevas oleadas son muy contagiosas, pero menos mortales entre los vacunados, pero no dejan de representar riesgos, sobre todo, si además se han relajado las medidas de alejamiento social y cuidado sanitario. Los especialistas insisten en que el uso de la mascarilla, la limitación del aforo de lugares y actividades masivas y otras directrices siguen y seguirán siendo esenciales hasta que no haya una inmunidad de rebaño, la cual está lejos aún de nuestro alcance.

El problema es que ha bastado que las cifras de enfermos se reduzcan para que el transporte público se masifique, que los bares y restaurantes se llenen y hasta que se realicen entradas folklóricas, con el argumento de que se exigirá que los bailarines estén vacunados, lo cual es un absurdo porque la inmunización no evita contagiarse y sobre todo contagiar al otro. Lo llamativo es que estos excesos en el relajamiento de las medidas de prevención no mueven una pestaña a las autoridades gubernamentales, algunas incluso las promueven, ni menos aún en la sociedad civil.

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad, pero eso no debería hacernos olvidar que el peligro sigue ahí. Será demasiado tarde cuando reaccionemos, cuando las tasas de contagio suban y nadie sabe al final cuán dañinas serán las siguientes olas de la pandemia. Por tanto, deberíamos seguir manteniendo ciertas restricciones razonables, a las que incluso ya nos habíamos ido acostumbrando.

Cuando el drama llegue, cuidado que todos recurran nuevamente al fácil recurso de echarle la culpa a las autoridades, cuando la responsabilidad por el descuido no ha sido solo de ellas, sino también de todos nosotros. Por tanto, a seguir cuidándonos y a insistir en una política intensa de prevención.  

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El gran cambio en Perú

Los gobiernos de izquierda y progresistas de la región han sido los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo.

Por La Razón

/ 30 de julio de 2021 / 01:13

El miércoles 28, día del bicentenario de la independencia del Perú, juró a la presidencia de ese país el maestro rural Pedro Castillo, vencedor de una elección con segunda vuelta y prolongada polémica por los resultados; y en la posesión, en la sede del Congreso peruano, confirmó su intención de realizar una Constituyente. Aunque de izquierdas, su programa tiene algo de conservador.

Luego de varias semanas de incertidumbre causada por la impugnación de los resultados, hecha por Keiko Fujimori, la perdidosa candidata de derecha e hija del expresidente encarcelado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori, finalmente la Junta Nacional Electoral de ese país allanó el camino a la posesión desestimando las denuncias de fraude por carecer de fundamento, en un proceso que hizo imposible no ver similitudes con lo sucedido en Bolivia en octubre de 2019.

Luego de la posesión, los medios de comunicación del continente y las agencias de noticias se llenaron de notas y artículos relievando el origen campesino del nuevo mandatario peruano, su notable carrera como profesor rural y líder de una movilización, hace cuatro años, en defensa de los derechos adquiridos por su gremio y, sobre todo, el anuncio de que cumplirá su promesa electoral de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar el texto que reemplazará la actual Constitución de ese país, promulgada en 1993 por Fujimori.

Han sido los gobiernos de izquierda y progresistas de la región los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo, y no pocos medios han señalado el nuevo “giro a la izquierda” que se estaría produciendo luego de un desastroso periodo de gobiernos derechistas en Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, destacando el hecho que por primera vez en su historia Perú tiene un “Presidente pobre”, como señaló un comentarista en los medios de ese país.

Sin embargo, del discurso de posesión es posible extraer indicios de que el nuevo Presidente planea ejecutar reformas que pongan límites al neoliberalismo que ha caracterizado al Perú durante las últimas décadas, pero también de fuerte conservadurismo social. “No más pobres en un país rico”, repitió durante su campaña, y ese parece ser su principal propósito, que se lograría con “cambios, no parches o reformas”. Pero también usó en su dicurso inaugural citas bíblicas para justificar su rechazo al aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia; asimismo, ha planteado restablecer la pena de muerte para combatir la inseguridad.

Es previsible que el nuevo mandatario peruano afrontará infinidad de obstáculos que le pondrá la oposición, mayoritaria en el Congreso, tanto como las instituciones del capitalismo nacional y transnacional, que de seguro mucho han aprendido acerca de lidiar con gobiernos progresistas en las últimas dos décadas. Por ello es de desear que esta transformación radical que se promete en Perú no quede en promesas ni se extravíe en el camino.   

Comparte y opina: