Opinión

miércoles 19 ene 2022 | Actualizado a 21:33

Tiempo de pesimismo

Hará falta mucho trabajo de parte de las autoridades y de la clase política para cambiar estas percepciones.

Por La Razón

/ 4 de junio de 2021 / 01:36

La opinión pública, o parte de ella al menos, mira el presente con mucho pesimismo, acaba de revelar un estudio de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Líderes de opinión y otras personas notables de todo el país que participaron del estudio aplazan a la democracia boliviana, pero no pierden la esperanza en ella, pues 96 de cada 100 creen que es el mejor sistema de gobierno.

Se trata de la versión del estudio Bolivia: Contexto y escenarios para 2021, que consiste en sucesivas rondas de encuestas a un grupo “plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos” que fueron seleccionados aplicando un “muestreo por conveniencia”, con criterios “de diversidad, pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad”, aunque sus autores reconocen que la mayoría siguen siendo varones y residentes de las ciudades “del eje”.

Los resultados no muestran optimismo: ocho de cada 10 creen que la polarización no se cerró con las elecciones de 2020, pero lo más importante es que una mayoría de ellas y ellos (59%) considera que se debe indagar y sancionar a los autores del “fraude electoral”; ciertamente muchas más personas que las que piden similares medidas contra los responsables del “golpe de Estado”: 45%; eso sí, 97% espera que se investiguen las violaciones a los DDHH, pues “no pueden quedar en la impunidad”.

Hay más datos del pesimismo generalizado: 92,9% de los encuestados siente preocupación por la conflictividad en el país en los próximos 12 meses; al mismo tiempo, el 62,5% de los encuestados cree que “el país está polarizado, pero los/las bolivianos/as podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente”, muy por encima del 25% que asevera que “en el país hay una fuerte polarización política, regional y social”, por lo cual “el enfrentamiento entre bolivianos es inevitable”.

Asimismo, el 58,04% de las personas participantes del estudio atribuye la polarización política al “enfrentamiento político-ideológico”, el 37,50% al “racismo y la discriminación”, el 32,14% a las “disputas regionales, regionalismo”. A la pregunta sobre “el mayor riesgo si la polarización persiste”, el 52,7% de opiniones apunta a la “imposibilidad de acuerdos entre oficialismo y oposición”; el 45,5%, a “conflictos a nivel local/regional”; el 42,9%, a una “convulsión social y represión estatal”; el 17,9%, a un “enfrentamiento violento (hasta guerra civil)”.

Es verdad que los resultados no pueden ser generalizados al conjunto de la población boliviana, ni siquiera a la de las ciudades capitales; sin embargo, por la composición de la muestra, se puede inferir que se trata de personas con alguna influencia sobre la opinión pública o las instituciones que la alimentan, lo que quiere decir que se trata de temas y formas de mirarlos que se repetirán en los medios de comunicación y otras plataformas de discursos públicos. Hará falta mucho trabajo de parte de las autoridades y de la clase política para cambiar estas percepciones.

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Cuatro ‘bloques’

La oposición política y sus operadores mediáticos están empeñados en hablar de división.

Por La Razón

/ 19 de enero de 2022 / 02:38

A medida que se acerca la simbólica fecha del 22 de enero (Día del Estado Plurinacional) y con ella el anunciado cambio de ministros, crecen las voces divergentes en el MAS-IPSP y afines. Se incrementan también las especulaciones sobre el gabinete. Y por supuesto la oposición lanza sus renovadas profecías de “división” en el oficialismo, hoy con supuestos cuatro “bloques”.

La elección del binomio presidencial Luis Arce y David Choquehuanca en los comicios de noviembre de 2020 trajo consigo la interrogante acerca del lugar que ocuparía Evo Morales, expresidente y líder histórico del partido de gobierno. Desde el MAS se habló de una suerte de división de funciones, toda vez que Morales se ocuparía de rearticular internamente su organización política. La oposición, en cambio, declaró —y lo sigue haciendo como bandera política— que Evo sería “el verdadero poder” (sic).

Además de la evidente separación funcional entre el MAS en los órganos del poder público (Ejecutivo y Legislativo) y el MAS en tanto instrumento político en interacción con las organizaciones sociales (en especial el Pacto de Unidad), se plantearon preguntas respecto a la relación entre el Presidente y el Vicepresidente. El supuesto es que el segundo representa el ala más concertadora, expresada en su discurso de posesión. Por si fuera poco, está también el “factor Andrónico”, a la cabeza del Senado.

Es natural que en un proyecto político tan grande como el expresado por el MAS-IPSP en las últimas dos décadas de democracia en el país converjan diferentes sectores, tendencias e intereses. Más todavía si a la figura del partido político se suma la presencia de movimientos sociales y organizaciones indígenas, campesinas e interculturales. Es una estructura no solo amplia, sino compleja. Hasta 2019, Evo Morales concentraba y articulaba el núcleo decisorio en el Gobierno- partido-instrumento.

Transcurrido más de un año del actual gobierno del MAS sin Morales en la presidencia, se predica en diferentes tonos acerca de la situación interna en el campo del oficialismo. La oposición política y sus operadores mediáticos están empeñados en hablar de división, de la existencia de facciones enfrentadas (los “bloques” Evo, Arce, Choquehuanca y Andrónico) y de la falaz subordinación del presidente al jefe del partido. Sin proyecto político ni liderazgos propios, la oposición apuesta por la implosión del MAS.

En el campo del MAS, en tanto, con sus diferentes actores dentro y fuera del Ejecutivo, se reconoce que hay pugnas internas (la disputa por el cambio de ministros lo demuestra), pero en general la premisa indiscutible es la unidad. Estar en el gobierno y controlar recursos de poder es un factor de cohesión. Lo es también la idea de que “la derecha está en afanes golpistas”. La supuesta división parece más bien un deseo opositor. Al menos hasta que llegue el momento de definir el próximo binomio presidencial.

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Educación en 2022

La pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2022 / 01:54

El Ministerio de Educación ha publicado en los primeros días de enero su Resolución número 1, en la que se establecen los lineamientos para el año escolar que debe comenzar el primer lunes de febrero. Este año la Resolución incluye en su primera parte disposiciones sobre la presencialidad (o no) de las clases en los sistemas de educación regular, pero pueden ser problemáticas.

Es un hecho que la pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles, según se está evidenciando desde hace unas pocas semanas con cifras diarias de contagios que no han hecho más que crecer hasta romper todos los récords desde marzo de 2020. De ahí que es probable que la principal preocupación de madres y padres de niñas, niños y adolescentes con respecto al retorno a clases tenga que ver con las modalidades que serán puestas en práctica.

La referida Resolución Ministerial dedica apenas tres de 127 artículos (sin contar las disposiciones finales y las transitorias) a las instrucciones sobre cómo proceder en función de la pandemia y las restricciones a las que obliga. Así, el Artículo 4 señala la obligación constitucional que tienen los gobiernos municipales “de adecuar y dotar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad” a las escuelas y colegios públicos, así como describir las tres modalidades que podrán ejecutarse: presencial, semipresencial y a distancia.

El Artículo 5 señala los criterios para decidir cuándo y cómo adoptar una u otra modalidad educativa delegando a la autoridad educativa departamental y a las y los directores de escuelas tal decisión “en coordinación con la comunidad educativa”. Finalmente el Artículo 6 indica la obligatoriedad de aplicar los protocolos de bioseguridad en las unidades educativas adecuándolos al contexto.

Lo que a simple vista parece una cuestión de sentido común respecto al modo de afrontar las dificultades que impone la pandemia en el ámbito educativo, y la seguridad de las y los educandos y sus maestras y maestros, pronto se demostrará tan complicado como lo ha sido, por ejemplo, la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación: gran parte de la población puede no estar preparada para tomar decisiones colectivas que verdaderamente sean beneficiosas para la comunidad, y las autoridades del sector, especialmente en las unidades educativas no tienen por qué estar mejor preparadas para la tarea.

No se trata simplemente de decidir si abrir o no las aulas, pues en gran parte del país, incluyendo las ciudades capitales, las condiciones para la educación a distancia son paupérrimas, así como los resultados logrados, mas el peligro de contagios y dolor en las familias es una posibilidad que no debe ser descartada. Tiene, pues, que poner más atención al derecho a la educación el Estado, y no presumir que una o un director de escuela podrá tomar decisiones junto con la comunidad de padres y madres, habitualmente más preocupadas de sus problemas personales y familiares que del bienestar de la comunidad a la que pertenecen.

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Juicio por el caso Golpe II

Habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico.

Por La Razón

/ 16 de enero de 2022 / 01:45

Según información oficial, pronto se iniciará el juicio oral en el denominado caso Golpe II. La principal acusada es la exsenadora Jeanine Áñez. Se la acusa por su autoproclamación como presidenta del Estado en noviembre de 2019 por fuera del marco constitucional. La acompañan en el proceso los altos mandos militares y policiales de aquel momento, algunos de ellos hoy prófugos.

El juicio oral contra Áñez, procesada no como expresidenta provisoria sino en su condición de exsenadora, llega diez meses después de su detención preventiva. Los fiscales se tomaron su tiempo para hacer una imputación formal. Llama la atención que el anuncio formal del juicio no haya provenido del Órgano Judicial o del Ministerio Público, sino del Ministerio de Gobierno. Como sea, el hecho ya reavivó el debate entre el oficialismo, que habla de hacer justicia, y la oposición, que alega persecución política.

Un primer aspecto a considerar es que el anunciado juicio oral tiene que ver con el caso Golpe II, cuyo trámite investigativo es posterior obviamente al caso Golpe I. Es necesario e importante que las instancias responsables expliquen con claridad y transparencia a la ciudadanía por qué hay dos procesos por el mismo hecho (supuesto golpe de Estado tras el derrocamiento del expresidente Morales), en qué se diferencian (seguramente en sus tipos penales) y por qué el II precede al I, y no al revés.

Un segundo aspecto que debe dilucidarse de manera inequívoca, en beneficio del debido proceso, son las razones por las cuales la señora Jeanine Áñez está siendo enjuiciada por la vía ordinaria, como exsenadora, de manera diferente al juicio de responsabilidades que le correspondería como expresidenta del Estado (por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, como las masacres de Sacaba y Senkata, en especial). Pareciera estar claro que una vía (ordinaria) no excluye a la otra (de privilegio).

En cuanto al proceso oral que se iniciará pronto y que seguramente, más allá del ámbito judicial, concentrará la atención del debate político y de los medios de comunicación, se espera que el trámite se lleve adelante con estricto apego a las normas y procedimientos, más allá de las previsibles presiones políticas, de actores sociales y de operadores mediáticos y en redes sociales digitales. Es deplorable por ello la acción de la propia Áñez, que difundió imágenes de los jueces que la “sentenciarán”.

En el actual contexto de polarización es previsible que habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico. Peor aún si hay alta desconfianza en los administradores de justicia, tradicionalmente inclinados a favor de los gobiernos de turno. Así, resulta fundamental reiterar las premisas indiscutibles que enseña la experiencia histórica: verdad, reparación, justicia y no repetición. Es la condición para reencontrarnos como sociedad.

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Discusiones inútiles

La población requiere sobre todo información y pedagogía para entender esta fase de la pandemia.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2022 / 00:24

La pandemia es un tema que debería motivar la unidad de todos los bolivianos y la voluntad de un esfuerzo generoso para agregar recursos de todas las administraciones públicas sin importar el signo político de sus autoridades. Lamentablemente, ya empiezan a aparecer polémicas inútiles sobre esta cuestión inspiradas más en la polarización y confrontación partidaria que en solucionar problemas.

Mientras el país y sus habitantes enfrentan una cuarta ola de la pandemia con un muy fuerte ritmo de contagios, aunque con una mortalidad bastante atenuada, el debate público acerca de estos problemas está empezando a degradarse.

Aparecieron grupos anti-vacunas que recurren a argumentos falsos y mistificaciones peligrosas para la salud pública, a los que se agregan dirigentes sociales y algunos políticos deseosos de pescar en río revuelto. Interesados más en reforzar sus pequeños espacios de poder e influencia a costa de un gobierno que vacila con demasiada frecuencia.

Vivimos en el país un clima social poco transparente sazonado, además, por deplorables cruces verbales entre autoridades y líderes políticos de un lado y del otro sobre las responsabilidades reales o imaginarias en esta emergencia, magnificadas por algunos medios y redes sociales que siguen, como ya es una costumbre, privilegiando el sensacionalismo y la estigmatización del adversario.

En un momento en que la población requiere sobre todo información y pedagogía para entender las implicaciones de esta nueva fase de la pandemia, sin exageraciones ni falsedades, estos personajes insisten en dar señales de una increíble incapacidad para entender los reclamos de la gente y el fastidio de la mayoría con las confrontaciones improductivas. Al final, el magullado no será el adversario político, sino todo el sistema.

La dificultad del Gobierno para ordenar su comunicación en general es evidente, sobre todo tomando en cuenta que es el mayor interesado en que el ánimo ciudadano sea más bien de concordia y de comprensión de los esfuerzos del Estado para acompañar a la sociedad en este trance. Más aún, cuando hay señales que indican que la opción por la masificación de las vacunas y un mejor equipamiento de los centros de salud no es equivocada y está permitiendo que los rigores de la cuarta ola se atenúen bastante.

Tampoco parece ser tiempo de meter más leña al conflicto considerando que hay grupos que desean generar desorden con la excusa del carnet sanitario, tema que debería motivar el mayor de los consensos entre autoridades de todos los signos ideológicos si éstas son responsables con la salud pública de sus administrados y electores.

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El costo de la carne

Necesitará el Gobierno mucha claridad a la hora de crear las condiciones.

Por La Razón

/ 14 de enero de 2022 / 00:23

En los últimos años, se ha evidenciado que uno de los sectores productivos con mayor potencial exportador es el de la ganadería. La creciente demanda de China por alimentos producidos en todo el mundo ha significado para el sector una oportunidad que ha sido aprovechada y que ahora es parte del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Pero viene con un costo grande.

Según se evidencia en el PDES 2021-2025, la expectativa del Gobierno es tan grande como la de los ganaderos. En el eje 3 del plan, “Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones y desarrollo turístico”, se propone como una de las metas “diversificar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización con sustitución de importaciones, con miras a la exportación con valor agregado”.

Lograr este último propósito en el sector ganadero implicará incrementar de 10,1 millones de cabezas de ganado contabilizadas en 2020 a 18,3 millones en 2025, un incremento de 81%; incrementar la producción de carne bovina, de 276,4 millones de toneladas (t) a 338,4 millones de t; implementar una industria procesadora de carne; y pasar de las 14.000 t de carne procesada a 30.000 t, un incremento de 114%.

Sin embargo, el éxito de esta proyección implicará, al margen de las utilidades económicas para el Estado y los ganaderos capaces de responder a la demanda, un enorme costo ambiental, pues habrá que habilitar nuevas tierras para los nuevos hatos de ganado, lo cual probablemente exigirá cambio de uso de suelos y los consiguientes desmontes con quemas que muy a menudo se convierten en incendios descontrolados.

Así lo ha advertido la Fundación Solón, cuyo director, exdiplomático boliviano y actor de peso en las consultas que condujeron a incorporar en la Declaración de Río+20 la noción de “armonía con la naturaleza” que Bolivia enarbola en la ONU, teme que la presión sobre la tierra sea incontrolable y que “estaremos en niveles de incendios muy grandes y de deforestación muy grandes”.

El temor del especialista es justificado considerando lo sucedido en 2019, cuando se autorizó la habilitación de nuevas tierras para la industria agropecuaria en el oriente del país. Señala también que más del 80% de los incendios registrados en los últimos años se han producido en tierras tituladas que pertenecen a la agroindustria, “lo que está mostrando que las quemas están más asociadas a grandes propiedades ganaderas”.

Así, además de los previsibles impactos ambientales tanto en el hábitat de grupos humanos y de animales como en la calidad del aire en todo el país, cabe la posibilidad de que se produzca crítica social y protestas, muy a menudo patrocinadas por los mismos beneficiarios de las quemas, como ya ha sucedido. Necesitará el Gobierno mucha claridad a la hora de crear las condiciones para el desarrollo ganadero a fin de evitar los costos ambientales y políticos que podrían producirse.

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