Opinión

domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 14:46

Tiempo de pesimismo

Hará falta mucho trabajo de parte de las autoridades y de la clase política para cambiar estas percepciones.

Por La Razón

/ 4 de junio de 2021 / 01:36

La opinión pública, o parte de ella al menos, mira el presente con mucho pesimismo, acaba de revelar un estudio de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Líderes de opinión y otras personas notables de todo el país que participaron del estudio aplazan a la democracia boliviana, pero no pierden la esperanza en ella, pues 96 de cada 100 creen que es el mejor sistema de gobierno.

Se trata de la versión del estudio Bolivia: Contexto y escenarios para 2021, que consiste en sucesivas rondas de encuestas a un grupo “plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos” que fueron seleccionados aplicando un “muestreo por conveniencia”, con criterios “de diversidad, pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad”, aunque sus autores reconocen que la mayoría siguen siendo varones y residentes de las ciudades “del eje”.

Los resultados no muestran optimismo: ocho de cada 10 creen que la polarización no se cerró con las elecciones de 2020, pero lo más importante es que una mayoría de ellas y ellos (59%) considera que se debe indagar y sancionar a los autores del “fraude electoral”; ciertamente muchas más personas que las que piden similares medidas contra los responsables del “golpe de Estado”: 45%; eso sí, 97% espera que se investiguen las violaciones a los DDHH, pues “no pueden quedar en la impunidad”.

Hay más datos del pesimismo generalizado: 92,9% de los encuestados siente preocupación por la conflictividad en el país en los próximos 12 meses; al mismo tiempo, el 62,5% de los encuestados cree que “el país está polarizado, pero los/las bolivianos/as podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente”, muy por encima del 25% que asevera que “en el país hay una fuerte polarización política, regional y social”, por lo cual “el enfrentamiento entre bolivianos es inevitable”.

Asimismo, el 58,04% de las personas participantes del estudio atribuye la polarización política al “enfrentamiento político-ideológico”, el 37,50% al “racismo y la discriminación”, el 32,14% a las “disputas regionales, regionalismo”. A la pregunta sobre “el mayor riesgo si la polarización persiste”, el 52,7% de opiniones apunta a la “imposibilidad de acuerdos entre oficialismo y oposición”; el 45,5%, a “conflictos a nivel local/regional”; el 42,9%, a una “convulsión social y represión estatal”; el 17,9%, a un “enfrentamiento violento (hasta guerra civil)”.

Es verdad que los resultados no pueden ser generalizados al conjunto de la población boliviana, ni siquiera a la de las ciudades capitales; sin embargo, por la composición de la muestra, se puede inferir que se trata de personas con alguna influencia sobre la opinión pública o las instituciones que la alimentan, lo que quiere decir que se trata de temas y formas de mirarlos que se repetirán en los medios de comunicación y otras plataformas de discursos públicos. Hará falta mucho trabajo de parte de las autoridades y de la clase política para cambiar estas percepciones.

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Gobernador destemplado

La actitud de Luis Fernando Camacho es más propia de jefe de pandilla que de una autoridad electa.

Por La Razón

/ 26 de septiembre de 2021 / 00:12

Los actos conmemorativos de los 211 años de la gesta libertaria cruceña fueron empañados por un destemplado gobernador que negó el uso de la palabra al presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca. Prohibió también la iza de la wiphala. La actitud de Camacho es más propia de jefe de pandilla que de una autoridad electa. La hospitalaria Santa Cruz es mucho más que eso.

“Con mi discurso el acto se da por cerrado”, dijo terminante un autoritario Camacho desconociendo que, por protocolo, correspondía el uso de la palabra a la máxima autoridad presente del Estado Plurinacional, el Presidente en ejercicio. Previamente, la Gobernación había prohibido que los ministros se sentasen en primera fila y ahora dice que la iza de la wiphala “en ningún momento estuvo prevista en la agenda”. Se trataba precisamente de un acto de iza de la bandera. ¿Camacho debe autorizar la iza de la wiphala?

En su discurso, Camacho habló de libertades y democracia, dijo lo que quiso en ejercicio de tales libertades, pero resulta que no fue capaz de escuchar a Choquehuanca. Parece que su idea de democracia termina en el monólogo. Su justificativo es tan torpe como su negación de la palabra: “No vamos a permitir que vengan a humillarnos, si allá en otro lugar (Expocruz y sesión del Concejo Municipal) le han dado la palabra, aquí se equivocó, aquí vamos a hacer respetar nuestra tierra” (sic).

La destemplada actitud del gobernador derivó luego en que un grupo de exaltados baje la wiphala izada poco antes por Choquehuanca junto con la tricolor. “Han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado, a nosotros no nos representa y es una confrontación que ellos hacen”, intentó explicar Camacho. El nuevo ultraje a la wiphala ignora que es un símbolo oficial del Estado reconocido en la Constitución Política, así como un emblema de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

El rudo acto “protocolar” cruceño marca un nuevo capítulo en la persistente disputa de narrativas en torno a los hechos de 2019. En su mensaje en el Concejo, Choquehuanca sostuvo: “La democracia inclusiva se defenderá con todo lo que tiene a su alcance para desterrar todas las formas de fascismo, para desterrar todas las formas de colonialismo interno y externo”. Camacho en tanto habló de “fraude electoral” y de “dictadores”. Y remató con una amenaza: “Vamos a terminar lo que empezamos”.

Más allá del olvidable episodio propiciado por Camacho y los suyos (que incluyó el chicoteo de un indígena de tierras altas), la buena noticia es que el departamento de Santa Cruz constituye un referente ejemplar e ineludible de unidad y de integración nacional; y su gente demuestra cada día, sin exclusiones ni odios, la máxima que dice: “Es ley del cruceño la hospitalidad”. Ninguna autoridad de paso, dirigente cívico o grupo violento y racista podrá impedir que en Santa Cruz habite y conviva toda Bolivia.

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Culpabilidad o inocencia a la carta

Es una muestra más del empobrecimiento intelectual y moral que nos genera la polarización en su versión más simplona.

Por La Razón

/ 25 de septiembre de 2021 / 01:05

La desconfianza en la Justicia se ha extendido a tal extremo que las percepciones de la opinión pública sobre ciertos casos judiciales dependen de la posición política de las personas involucradas y de los que opinan sobre la misma. Todo se vuelve relativo, según el cristal con que se mire. En esa ruta insana, las instituciones y la democracia se van deshilachando poco a poco.

Las recientes novedades en uno de los varios casos judiciales que afectan a Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, están generando polémica y se han vuelto un motivo para exacerbar la polarización política. Para los oficialistas, esa autoridad sería culpable de graves delitos y debería ser destituida de sus funciones; mientras que, para el involucrado y muchos opositores, todo sería una tramoya para precipitar su salida del cargo y desacatar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Esas reacciones son casi automáticas. Simplificando, como el señor es un funcionario de signo contrario al Gobierno, necesariamente debe ser culpable para los masistas y obviamente inocente para los opositores. Pocos se preocupan del fondo de los casos ni reflexionan sobre los argumentos que sustentan las decisiones judiciales. Es una muestra más del empobrecimiento intelectual y moral que nos genera la polarización en su versión más simplona.

Similar fenómeno se ha producido en otras situaciones de gravedad, como las relacionadas con las responsabilidades de la expresidenta Áñez y de varios de sus ministros en las vulneraciones de derechos humanos, ya ampliamente conocidas y demostradas, que dañaron dramáticamente a decenas de familias bolivianas.

Esta decadencia tiene que ver con los enormes problemas del sistema judicial, que en muchos episodios sigue mostrando su falta de ecuanimidad, su deseo de complacer al poderoso de turno y su tendencia a interpretar las leyes siempre desde su lado más punitivo y poco escrupuloso con los derechos humanos de los ciudadanos. Los mismos jueces y fiscales que cometieron abusos en el anterior gobierno con aquellos que percibían que no tenían poder o influencia en esa coyuntura, tienden ahora a actuar de similar forma. Eso sin importar si esas personas son auténticamente culpables o inocentes.

Sin embargo, sería muy fácil solo apuntar a las falencias del Poder Judicial. Los funcionarios, políticos, periodistas e incluso muchos de los ciudadanos de a pie contribuyen activa o pasivamente a esta debacle. Lo hacen utilizando a la Justicia para dañar al adversario sin importar el costo, aunque antes ellos también sufrieron esos excesos, proclamando culpabilidades o inocencias anticipadamente cuando no es su tarea sino de las instituciones especializadas, opinando o titulando las noticias según de quien se trate o simplemente sembrando dudas y sospechas sobre cualquier decisión judicial desde el prejuicio y la animadversión al que piensa diferente a uno mismo.

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Mercado de la coca

Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros.

Por La Razón

/ 24 de septiembre de 2021 / 01:51

El martes último se ha producido una nueva batalla campal por el control del mercado legal de hoja de coca en La Paz. En los últimos años han sido numerosos los enfrentamientos entre bandos que pugnan por controlar la institución cocalera, pero esta vez fue diferente: ya no son dos, sino cuatro los dirigentes que desean controlar el negocio, y un periodista sufrió agresión policial.

Fue a mediados de 2018 que una emboscada cerca de La Asunta terminó con un teniente de policía muerto; inmediatamente las autoridades de gobierno culparon al máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, de ser el autor intelectual del enfrentamiento y responsable del saldo fatal; pocas semanas después fue detenido. Meses antes, el dirigente había anunciado su deseo de ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019.

Dado el vacío de poder, otra dirigente yungueña, supuestamente afín al gobierno del MAS, intentó hacerse con la presidencia de Adepcoca, pretensión que fue resistida por cocaleros afines al dirigente encarcelado. Los enfrentamientos se repitieron una y otra vez, a menudo empleando violencia y, casi siempre, dinamita. Finalmente, ante la imposibilidad de establecer su dominio sobre el edificio ubicado en Villa Fátima, sede del mercado donde se comercia legalmente la hoja de coca, pretendió, a mediados de 2019, transformar la clínica del gremio en una suerte de mercado paralelo, con tácita aprobación gubernamental.

Gutiérrez recuperó su libertad en noviembre de 2019, al igual que muchos dirigentes y líderes políticos que fueron liberados tras el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia. Entonces comenzó una nueva ola de enfrentamientos por el control de la institución y, sobre todo, del codiciado mercado legal. A inicios de 2020, el dirigente anunció que declinaba su pretensión de ser candidato presidencial, supuestamente con el propósito de permitir una candidatura de consenso capaz de hacer frente al candidato del MAS.

A fines de 2020, un frustrado intento de elecciones para la presidencia de Adepcoca dejó ya no solo a los dos dirigentes enfrentados, sino a otros dos más, uno de los cuales decidió nombrarse a sí mismo en el puesto, ampliando y profundizando el conflicto, lo cual explica que en la refriega del martes hayan participado cuatro bandos, además de la fuerza policial, que sin razón aparente agredió y arrestó por unas horas a un periodista del matutino Página Siete, causando justificada indignación en los gremios periodísticos y las instituciones de Derechos Humanos.

Queda ahora la duda de cómo resolverá el Gobierno el entuerto creado en la única institución legalmente habilitada para comercializar la polémica hoja, así como inquietud sobre lo que significa para las y los periodistas lo ocurrido con el colega. Toca hacer los máximos esfuerzos por hallar un punto de encuentro y acuerdo entre los bandos cocaleros. Pero también toca garantizar, en los hechos y no solo en palabras, la seguridad de quienes deben hacer noticias sobre el tema.

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Rentas vitalicias

Estas rentas son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2021 / 02:11

Desde mayo de 2013, la Ley 376 establece un reconocimiento pecuniario a los ciudadanos que ejercieron la presidencia y vicepresidencia constitucional del Estado. Con ocho años de retraso, algunos operadores mediáticos de la oposición descubrieron que un expresidente tiene derecho legal al beneficio. En su momento, el asunto fue objeto de debate político y hubo decisión legislativa.

La mencionada Ley 376 otorga un reconocimiento pecuniario equivalente a 10 salarios mínimos mensualmente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes del Estado. El beneficio se recibe de manera vitalicia. Para acceder al mismo, es necesario hacer una solicitud formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El único requisito es un documento oficial que certifique el periodo correspondiente de ejercicio del mandato constitucional. Parece un trámite sencillo.

Con este aval legal, los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales que hayan realizado la solicitud reciben mensualmente el beneficio. Sería el caso de Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos Diego Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García Linera (los otros expresidentes y exvicepresidentes constitucionales han fallecido y uno fugó del país). Cada uno de ellos puede decidir libremente si accede al reconocimiento pecuniario y cómo lo utiliza.

Así pues, resulta curioso que algunos operadores mediáticos del campo opositor cuestionen el derecho que tiene un expresidente constitucional, como Evo Morales, de acogerse al beneficio. Y hagan “noticia” de ello. Cierto que Morales declaró en 2007 que no iba a “percibir ningún salario” cuando abandone Palacio de Gobierno, pero hay una ley vigente desde 2013 que dispone el beneficio. Y lo que haga el expresidente con su renta, como donarla o no para ollas populares, es decisión propia.

Por otra parte, se cuestiona que la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, no reciba el reconocimiento pese a haberlo solicitado. Al parecer no tiene forma de acreditar su condición de “expresidenta constitucional” luego de su autoproclamación en noviembre de 2019 ante una Asamblea Legislativa sin quórum. Es evidente también que el actual Ministerio de la Presidencia difícilmente otorgará la certificación requerida al considerar que el derrocamiento de Morales fue resultado de un golpe.

Más allá de la obsesión que provoca Evo Morales en algunos actores opositores, el reconocimiento pecuniario para los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales debiera ser objeto de información pública y transparente. Al ser un asunto de interés público e implicar el uso de recursos del Tesoro General, por supuesto también debe ser objeto de deliberación en cualquier momento. Las rentas vitalicias son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.

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Celac versus OEA

El tema principal fue la crítica a la OEA y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico.

Por La Razón

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:06

La semana pasada se ha realizado en México la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde una vez más el tema principal fue la crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico. La existencia de la Celac es evidencia de la voluntad de hacerlo, pero no será fácil.

Previsiblemente, los más vocales en contra de la OEA y su Secretario General fueron los altos dignatarios de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, todos ellos cuestionados por el organismo multilateral con sede en Washington, EEUU. El caso de Bolivia y el triste papel que desempeñó la misión de observación electoral en octubre de 2019 ocupó gran parte del debate en la plenaria, precisamente por ser el más reciente caso de injerencia con efectos en la política interna del país.

También se habló del modo en que las resoluciones de la OEA han afectado sistemáticamente a Cuba desde hace décadas; de hecho, la creación de la Celac hace poco más de un lustro estuvo inspirada en permitir una actuación plena del Estado cubano y excluir a EEUU y Canadá por tener tan pocas coincidencias con los países latinoamericanos y caribeños, en materia de desarrollo económico, pero también ideológicas.

En el caso de países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, la resistencia a la OEA tiene que ver con las críticas que la Asamblea General viene haciendo al modo en que se están transformando y recortando las prácticas democráticas. En Venezuela, la situación llegó a tal punto que un político opositor sin mandato popular fue reconocido como “Presidente en funciones”, pese a que nunca desempeñó actividades de mandatario.

En Nicaragua y El Salvador, la cosa es un poco diferente: en ambos países los presidentes están haciendo importantes esfuerzos por asegurar su continuidad en el poder, incluso si ello requiere transformar la Constitución Política, o al menos ignorar sus mandatos, así como recortar derechos civiles y políticos, a menudo de manera violenta, como viene sucediendo en Nicaragua, donde los líderes opositores han sido encarcelados en nombre de una discutible ley contra el terrorismo y la sedición.

Los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron los encargados de poner estas cuestiones sobre la mesa de debate, cuestionando severamente la falta de libertades en Cuba y Venezuela, al extremo de que el Presidente venezolano retó a ambos a sostener debates públicos sobre democracia en el continente, aunque evidentemente es poco probable que tal cosa suceda.

La Celac tiene, pues, el enorme reto de convertirse en un organismo multilateral que recoja, como hizo la OEA en 1948, las ambiciones de paz y prosperidad de sus Estados miembros, así como visiones compartidas sobre derechos humanos y democracia. No será fácil, ni mucho menos rápido, pero tal vez sea posible que con voluntad política emerjan condiciones para su consolidación.

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