Opinión

martes 3 ago 2021 | Actualizado a 00:08

Administración de justicia

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia.

Por La Razón

/ 7 de junio de 2021 / 00:17

Un nuevo impasse entre el Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia vuelve a echar sombras sobre la calidad de las personas a cargo de la administración de justicia. Esta vez el conflicto es la última actualización del cuestionado proceso de selección de vocales de los tribunales departamentales de justicia, que no se ha detenido ni por una sentencia en contra del Tribunal Constitucional.

Se trata de un trámite ejecutado, como manda la norma, por el Consejo de la Magistratura, pero que ha sido constantemente cuestionado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, que llegaron a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la que fue declarada procedente y acompañada de la orden de paralizar el proceso de selección de postulantes al declararse nula la convocatoria.

Mal mirada, la actitud de las y los vocales del Tribunal Supremo de Justicia, que seleccionaron y en el mismo día posesionaron a decenas de abogadas y abogados en los más altos cargos de la administración de justicia de sus respectivas jurisdicciones departamentales, puede verse como manifestación de independencia ante los órganos del Estado controlados por el partido en función de gobierno.

Bien mirado, el conflicto tiene que ver con la hasta ahora irresoluble crisis de la justicia boliviana y que es exitosamente estimulada por los agentes que participan del entramado de la administración de justicia, incluyendo a litigantes y los poderes detrás de éstos, y que, en gran medida, se benefician del desorden y la incompetencia, cuando no de la abierta venalidad, imperantes en los juzgados del país.

Si a simple vista se evidencia que parte de la proverbial retardación de justicia se funda, también, en la ausencia de jueces que tomen decisiones y dicten sentencias y por tanto es urgente llenar las acefalías en el sistema, una mirada más profunda revela que esa urgencia es el mejor aliciente para seleccionar personas que no cumplen los requisitos a cabalidad y que probablemente no tengan la estatura moral para el cargo.

La sospecha es inevitable dadas las numerosas irregularidades cometidas en el trámite de selección de ternas de candidatas y candidatos por parte del Consejo de la Magistratura, que incluyeron, además de la exhibición pública de causales de inhabilitación, suficientes para avergonzar a cualquier profesional que tenga integridad, hasta el caso de una postulante que hizo trampa en el examen anotando las respuestas en la palma de su mano.

Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia cuestionando los procesos de selección de las autoridades del Judicial, y esta intervención constante es una de las causas del estado de cosas que desde hace años se deplora en éste y muchos otros espacios de opinión, pero es evidente también que los agentes responsables de la gestión del sistema de administración de justicia tampoco parecen tener mucho interés en dignificar su oficio y la institución para la que trabajan.

 

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Tierra de nadie

En la ciudad también se ha visto que cerca de nueve de cada 10 automóviles son indocumentados.

Por La Razón

/ 2 de agosto de 2021 / 00:39

Un reciente reportaje de este diario ha revelado que Guayaramerín, ciudad fronteriza con Brasil al norte del departamento del Beni, se ha convertido en paso privilegiado de mercadería de contrabando desde el vecino país. Según recuento del equipo periodístico, la actividad de los contrabandistas ha superado con creces la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.

“Tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir a esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, afirma la presidenta del Concejo Municipal a modo de explicar por qué la mayoría de la población, a falta de otras opciones laborales, se dedica a la importación y al comercio de mercadería de contrabando.

Súmese a ello la crisis en el vecino país, que hizo caer los precios de todos los bienes, y se tiene condiciones perfectas para el florecimiento de una actividad que no por ilícita es vista como menos aceptable para quienes están dispuestos y dispuestas a cargar mercadería, a menudo en sus brazos y hombros, durante varias horas al día para ganar un poco de dinero para llevar a casa.

Según el dirigente de los estibadores en Guayaramerín, más de 500 jóvenes se dedican a estibar los productos que llegan en las canoas desde el lado brasileño del río Mamoré, hito fronterizo que separa la población boliviana de la microrregión de Guajará-Merim, donde se cargan decenas de chalanas que recorren la distancia entre ambas poblaciones varias veces al día, siempre llenas de productos de industria brasileña.

Según el testimonio del equipo periodístico de este diario, tanto la Policía Boliviana como la Guardia Municipal y la Fuerza Naval han decidido reducir sus actividades de control e interdicción, no solo por el enorme volumen de mercadería, sino sobre todo por la activa oposición de los comerciantes de la región, que fácilmente supera la capacidad de respuesta de los uniformados.

En la ciudad también se ha visto que cerca de nueve de cada 10 automóviles son indocumentados, y sus conductores tienen “tratos” con las estaciones de servicio para obtener combustible a pesar de no tener el registro B-Sisa; una nueva nacionalización sería “la salida más saludable”, según un dirigente del transporte, pero solo para los sindicalizados. La carne de pollo que ingresa desde el Brasil no tiene registro sanitario ni controles de inocuidad, pero consumir pollo boliviano es casi imposible, por la distancia y el costo de llevar la mercadería hasta ese rincón fronterizo.

Guayaramerín es, pues, el mejor retrato de las condiciones en que el país combate al contrabando desde los países vecinos: no solo está la debilidad estructural de las instituciones llamadas a desarrollar esa lucha, sino también la evidente necesidad de quienes se dedican a este ilícito comercio y la falta de alternativas para ellas y ellos. El Estado tiene por delante un reto de enormes y múltiples dimensiones.  

Comparte y opina:

El caso Fraude

A modo de profecía autocumplida, la oposición derrotada en las urnas proclamó ‘fraude monumental’.

Por La Razón

/ 1 de agosto de 2021 / 00:46

El denominado caso Fraude dejó de ser caso esta semana con la decisión de la Fiscalía de optar por el sobreseimiento de los exvocales del TSE. Lo mismo había ocurrido previamente con las exautoridades de los nueve tribunales electorales departamentales. Así se cierra, al menos legal y formalmente, este capítulo de la disputa política en torno a la coyuntura crítica de 2019.

La acción penal sobre un presunto fraude, hoy descartado, en los comicios generales de 2019 se inició el 10 de noviembre de ese año con el respaldo de un informe preliminar y se cerró 20 meses después, nada menos, al amparo de una pericia. En ambos casos con el protagonismo de actores internacionales. El caso se inició con la arbitraria detención de todos los vocales electorales, exhibidos con manillas, como trofeo, por el entonces comandante de la Policía Boliviana. Hoy se cierra con su exculpación.

El antecedente del caso se sitúa antes de los comicios generales, cuando desde la oposición política y mediática se construyó por anticipado la narrativa del “fraude”. La bandera de origen tiene que ver con el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado fue desconocido por el expresidente Morales mediante un atajo operado por el Tribunal Constitucional. Debe recordarse que la semana previa a la votación varios cabildos declararon que no reconocerían el resultado si ganaba el MAS-IPSP.

A modo de profecía autocumplida, la oposición derrotada en las urnas proclamó “fraude monumental”, aprovechando el imperdonable error de los vocales del TSE de suspender la difusión del sistema de resultados preliminares (TREP) la misma noche de los comicios, y habilitarla al día siguiente con un resultado que anticipaba la victoria de Morales en primera vuelta. La movilización opositora contra el “fraude” fue inmediata y se estrenó con la quema de cinco tribunales electorales, dificultando el cómputo oficial.

Por un curioso extravío, el Gobierno solicitó a la OEA una auditoría vinculante del proceso. Dejaba en manos del cuestionado Almagro la decisión sobre la transparencia de los comicios, invalidada por anticipado por su misión de observación electoral. El “análisis de integridad electoral” emitió un informe preliminar la madrugada el 10 de noviembre, como estocada final a los comicios. Así, lo que al principio era demanda de segunda vuelta devino en consigna de nuevas elecciones y renuncia de Evo.

Veinte meses después, una pericia contratada por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca emitió un veredicto terminante: se constata negligencia, pero no manipulación dolosa de datos. En otras palabras: no hubo fraude. Claro que la disputa política y de relatos continúa. El oficialismo celebra, la oposición está empeñada en descalificar al mensajero. El caso Fraude ya no es caso. Queda en agenda judicial el caso Golpe. Y la necesaria reconciliación, de suyo difícil, se hace más distante.  

Comparte y opina:

Relajamiento y pandemia

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad.

Por La Razón

/ 31 de julio de 2021 / 01:27

A veces parece que la sociedad y las autoridades no aprenden de las experiencias pasadas. Aunque el ritmo de contagios se ha reducido y la vacunación avanza, las nuevas variantes del COVID-19 se están expandiendo en gran parte del mundo. Por tanto, no estaría demás que se mantengan ciertas restricciones razonables y que se intensifiquen las medidas de prevención.

Se ha repetido hasta el cansancio que el aumento de contagios se registra en las estadísticas dos o tres semanas después de que el proceso ya se ha desencadenado en la realidad. En consecuencia, la prospectiva de riesgos de una cuarta ola se realiza viendo la dinámica de la enfermedad en los países vecinos y con un monitoreo focalizado de la aparición de variantes en el territorio nacional.

Basta abrir un periódico para percatarse de que algunas de esas variantes se están expandiendo en varias regiones de Europa, Asia y Estados Unidos. Sin ser alarmistas y solo refiriéndonos a lo que ya ha sucedido en las dos anteriores olas, el tiempo entre el crecimiento de los contagios en esos países y su llegada a Sudamérica ha sido de aproximadamente ocho semanas.

Parece que estas nuevas oleadas son muy contagiosas, pero menos mortales entre los vacunados, pero no dejan de representar riesgos, sobre todo, si además se han relajado las medidas de alejamiento social y cuidado sanitario. Los especialistas insisten en que el uso de la mascarilla, la limitación del aforo de lugares y actividades masivas y otras directrices siguen y seguirán siendo esenciales hasta que no haya una inmunidad de rebaño, la cual está lejos aún de nuestro alcance.

El problema es que ha bastado que las cifras de enfermos se reduzcan para que el transporte público se masifique, que los bares y restaurantes se llenen y hasta que se realicen entradas folklóricas, con el argumento de que se exigirá que los bailarines estén vacunados, lo cual es un absurdo porque la inmunización no evita contagiarse y sobre todo contagiar al otro. Lo llamativo es que estos excesos en el relajamiento de las medidas de prevención no mueven una pestaña a las autoridades gubernamentales, algunas incluso las promueven, ni menos aún en la sociedad civil.

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad, pero eso no debería hacernos olvidar que el peligro sigue ahí. Será demasiado tarde cuando reaccionemos, cuando las tasas de contagio suban y nadie sabe al final cuán dañinas serán las siguientes olas de la pandemia. Por tanto, deberíamos seguir manteniendo ciertas restricciones razonables, a las que incluso ya nos habíamos ido acostumbrando.

Cuando el drama llegue, cuidado que todos recurran nuevamente al fácil recurso de echarle la culpa a las autoridades, cuando la responsabilidad por el descuido no ha sido solo de ellas, sino también de todos nosotros. Por tanto, a seguir cuidándonos y a insistir en una política intensa de prevención.  

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El gran cambio en Perú

Los gobiernos de izquierda y progresistas de la región han sido los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo.

Por La Razón

/ 30 de julio de 2021 / 01:13

El miércoles 28, día del bicentenario de la independencia del Perú, juró a la presidencia de ese país el maestro rural Pedro Castillo, vencedor de una elección con segunda vuelta y prolongada polémica por los resultados; y en la posesión, en la sede del Congreso peruano, confirmó su intención de realizar una Constituyente. Aunque de izquierdas, su programa tiene algo de conservador.

Luego de varias semanas de incertidumbre causada por la impugnación de los resultados, hecha por Keiko Fujimori, la perdidosa candidata de derecha e hija del expresidente encarcelado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori, finalmente la Junta Nacional Electoral de ese país allanó el camino a la posesión desestimando las denuncias de fraude por carecer de fundamento, en un proceso que hizo imposible no ver similitudes con lo sucedido en Bolivia en octubre de 2019.

Luego de la posesión, los medios de comunicación del continente y las agencias de noticias se llenaron de notas y artículos relievando el origen campesino del nuevo mandatario peruano, su notable carrera como profesor rural y líder de una movilización, hace cuatro años, en defensa de los derechos adquiridos por su gremio y, sobre todo, el anuncio de que cumplirá su promesa electoral de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar el texto que reemplazará la actual Constitución de ese país, promulgada en 1993 por Fujimori.

Han sido los gobiernos de izquierda y progresistas de la región los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo, y no pocos medios han señalado el nuevo “giro a la izquierda” que se estaría produciendo luego de un desastroso periodo de gobiernos derechistas en Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, destacando el hecho que por primera vez en su historia Perú tiene un “Presidente pobre”, como señaló un comentarista en los medios de ese país.

Sin embargo, del discurso de posesión es posible extraer indicios de que el nuevo Presidente planea ejecutar reformas que pongan límites al neoliberalismo que ha caracterizado al Perú durante las últimas décadas, pero también de fuerte conservadurismo social. “No más pobres en un país rico”, repitió durante su campaña, y ese parece ser su principal propósito, que se lograría con “cambios, no parches o reformas”. Pero también usó en su dicurso inaugural citas bíblicas para justificar su rechazo al aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia; asimismo, ha planteado restablecer la pena de muerte para combatir la inseguridad.

Es previsible que el nuevo mandatario peruano afrontará infinidad de obstáculos que le pondrá la oposición, mayoritaria en el Congreso, tanto como las instituciones del capitalismo nacional y transnacional, que de seguro mucho han aprendido acerca de lidiar con gobiernos progresistas en las últimas dos décadas. Por ello es de desear que esta transformación radical que se promete en Perú no quede en promesas ni se extravíe en el camino.   

Comparte y opina:

Sustituir a la OEA

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región.

Por La Razón

/ 28 de julio de 2021 / 02:21

En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en un discurso en ocasión de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por un nuevo horizonte de integración, empezando por la sustitución de la OEA. La propuesta fue respaldada por el presidente boliviano, Luis Arce.

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región: “construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades”. Claro que la propuesta no es solo de unidad latinoamericana, sino de interpelación al papel hegemónico e intervencionista de Estados Unidos durante los últimos dos siglos. “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”.

En ese espíritu de integración, que encuentra en la CELAC un espejo promisorio, el presidente mexicano propuso de manera categórica que no debe descartarse la sustitución de la OEA. Es un cambio drástico. La OEA fue creada hace más de siete décadas, en 1948, con la suscripción de su Carta constitutiva. Su objetivo declarado por los Estados miembros es “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

La propuesta de sustituir a la OEA por otro organismo regional plantea dos interrogantes. La primera es por qué es necesario tal desplazamiento. La segunda tiene que ver con cuál sería la naturaleza de la entidad que reemplace a la OEA. Es evidente que la posibilidad planteada por López Obrador responde al hecho de que, en esencia, en especial en el último tiempo, la Organización de los Estados Americanos sirve más a los intereses hegemónicos estadounidenses que a la integración en la región.

Con esa premisa, el nuevo organismo, en palabras del presidente de México, debiera ser “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Un organismo —añadió poco después el presidente de Bolivia, Luis Arce— “que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado”. La necesidad y el horizonte son inequívocos.

A reserva de la viabilidad de la propuesta de sustituir a la OEA, quizás hoy los Estados miembros, desde América Latina, debieran impulsar como primer paso un cambio de timón para devolver al organismo su espíritu original de convivencia. Para ello es imprescindible, lo menos, sustituir al actual secretario general, Luis Almagro, que desde su llegada en 2015 ha llevado a la deriva, de manera vergonzante, un modelo desde hace tiempo agotado, “que no tiene futuro, ni salida, (que) ya no beneficia a nadie”.

Comparte y opina: