Un nuevo impasse entre el Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia vuelve a echar sombras sobre la calidad de las personas a cargo de la administración de justicia. Esta vez el conflicto es la última actualización del cuestionado proceso de selección de vocales de los tribunales departamentales de justicia, que no se ha detenido ni por una sentencia en contra del Tribunal Constitucional.
Se trata de un trámite ejecutado, como manda la norma, por el Consejo de la Magistratura, pero que ha sido constantemente cuestionado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, que llegaron a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la que fue declarada procedente y acompañada de la orden de paralizar el proceso de selección de postulantes al declararse nula la convocatoria.
Mal mirada, la actitud de las y los vocales del Tribunal Supremo de Justicia, que seleccionaron y en el mismo día posesionaron a decenas de abogadas y abogados en los más altos cargos de la administración de justicia de sus respectivas jurisdicciones departamentales, puede verse como manifestación de independencia ante los órganos del Estado controlados por el partido en función de gobierno.
Bien mirado, el conflicto tiene que ver con la hasta ahora irresoluble crisis de la justicia boliviana y que es exitosamente estimulada por los agentes que participan del entramado de la administración de justicia, incluyendo a litigantes y los poderes detrás de éstos, y que, en gran medida, se benefician del desorden y la incompetencia, cuando no de la abierta venalidad, imperantes en los juzgados del país.
Si a simple vista se evidencia que parte de la proverbial retardación de justicia se funda, también, en la ausencia de jueces que tomen decisiones y dicten sentencias y por tanto es urgente llenar las acefalías en el sistema, una mirada más profunda revela que esa urgencia es el mejor aliciente para seleccionar personas que no cumplen los requisitos a cabalidad y que probablemente no tengan la estatura moral para el cargo.
La sospecha es inevitable dadas las numerosas irregularidades cometidas en el trámite de selección de ternas de candidatas y candidatos por parte del Consejo de la Magistratura, que incluyeron, además de la exhibición pública de causales de inhabilitación, suficientes para avergonzar a cualquier profesional que tenga integridad, hasta el caso de una postulante que hizo trampa en el examen anotando las respuestas en la palma de su mano.
Es evidente que el Ejecutivo no solo interfiere en la justicia cuestionando los procesos de selección de las autoridades del Judicial, y esta intervención constante es una de las causas del estado de cosas que desde hace años se deplora en éste y muchos otros espacios de opinión, pero es evidente también que los agentes responsables de la gestión del sistema de administración de justicia tampoco parecen tener mucho interés en dignificar su oficio y la institución para la que trabajan.