Opinión

sábado 31 jul 2021 | Actualizado a 20:53

Tres días decisivos

Se constata que se descartó por anticipado el camino de la sucesión constitucional.

Por La Razón

/ 13 de junio de 2021 / 01:36

La declaración realizada el pasado 7 de junio por la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva, aporta información relevante acerca de los tres días decisivos en la coyuntura crítica de noviembre de 2019. Sin duda lo más relevante es que la crisis se gestionó por fuera de la institucionalidad democrática, con participación de la fuerza pública.

Áñez está acusada por varios delitos asociados a su autoproclamación como presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Según el proceso tramitado en el Ministerio Público, Áñez y otros imputados están provisionalmente vinculados a seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. No es poco.

La denuncia, tramitada por la vía ordinaria, se asienta en el relato —rechazado por las oposiciones— según el cual las acciones que derivaron en el derrocamiento de Morales y el posterior régimen transitorio son producto de un “golpe de Estado”. Hay otras cinco denuncias: una desestimada, tres en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una en trámite, sobre cuestiones referidas al ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual siguen el curso previsto para juicio de responsabilidades.

¿Qué dijo Áñez en su declaración ante el Ministerio Público? En algunos aspectos se trata de información confirmatoria de hechos conocidos, en otros hay revelaciones. Así, se reafirma que la gestión y desenlace de la crisis siguió un espacio y un camino extrainstitucional. Como es de conocimiento público, al amparo de jerarcas de la Iglesia Católica y del exembajador de la Unión Europea en Bolivia, algunos actores políticos de la oposición trazaron y viabilizaron el camino de la “transición”.

Las revelaciones de la exsenadora y expresidenta muestran también que su autoproclamación como presidenta ya fue decidida en la Universidad Católica el día de la renuncia de Morales. Y la llamaron para ofrecerle el cargo. Para el efecto, a su arribo a La Paz el 11 de noviembre, se dispuso de helicópteros de la Fuerza Aérea, espacios en el Colegio Militar, espacios en la Academia de Policías y hasta vehículos diplomáticos. Fue decisiva la reunión de Áñez con el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Sin duda la revelación más comprometedora en el caso es la constatación de que se descartó por anticipado el camino de sucesión constitucional, por el cual la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, debió asumir el cargo de presidenta del Estado. En ello la palabra del perdedor de las elecciones, Carlos Mesa, habría sido determinante. Y se procedió a la toma del poder sin leer las renuncias de los exmandatarios, sin quórum, sin mandato legal, en fin, cerca de la Biblia, lejos de la Constitución Política.

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Relajamiento y pandemia

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad.

Por La Razón

/ 31 de julio de 2021 / 01:27

A veces parece que la sociedad y las autoridades no aprenden de las experiencias pasadas. Aunque el ritmo de contagios se ha reducido y la vacunación avanza, las nuevas variantes del COVID-19 se están expandiendo en gran parte del mundo. Por tanto, no estaría demás que se mantengan ciertas restricciones razonables y que se intensifiquen las medidas de prevención.

Se ha repetido hasta el cansancio que el aumento de contagios se registra en las estadísticas dos o tres semanas después de que el proceso ya se ha desencadenado en la realidad. En consecuencia, la prospectiva de riesgos de una cuarta ola se realiza viendo la dinámica de la enfermedad en los países vecinos y con un monitoreo focalizado de la aparición de variantes en el territorio nacional.

Basta abrir un periódico para percatarse de que algunas de esas variantes se están expandiendo en varias regiones de Europa, Asia y Estados Unidos. Sin ser alarmistas y solo refiriéndonos a lo que ya ha sucedido en las dos anteriores olas, el tiempo entre el crecimiento de los contagios en esos países y su llegada a Sudamérica ha sido de aproximadamente ocho semanas.

Parece que estas nuevas oleadas son muy contagiosas, pero menos mortales entre los vacunados, pero no dejan de representar riesgos, sobre todo, si además se han relajado las medidas de alejamiento social y cuidado sanitario. Los especialistas insisten en que el uso de la mascarilla, la limitación del aforo de lugares y actividades masivas y otras directrices siguen y seguirán siendo esenciales hasta que no haya una inmunidad de rebaño, la cual está lejos aún de nuestro alcance.

El problema es que ha bastado que las cifras de enfermos se reduzcan para que el transporte público se masifique, que los bares y restaurantes se llenen y hasta que se realicen entradas folklóricas, con el argumento de que se exigirá que los bailarines estén vacunados, lo cual es un absurdo porque la inmunización no evita contagiarse y sobre todo contagiar al otro. Lo llamativo es que estos excesos en el relajamiento de las medidas de prevención no mueven una pestaña a las autoridades gubernamentales, algunas incluso las promueven, ni menos aún en la sociedad civil.

Todos estamos cansados y deseamos un poco de libertad y normalidad, pero eso no debería hacernos olvidar que el peligro sigue ahí. Será demasiado tarde cuando reaccionemos, cuando las tasas de contagio suban y nadie sabe al final cuán dañinas serán las siguientes olas de la pandemia. Por tanto, deberíamos seguir manteniendo ciertas restricciones razonables, a las que incluso ya nos habíamos ido acostumbrando.

Cuando el drama llegue, cuidado que todos recurran nuevamente al fácil recurso de echarle la culpa a las autoridades, cuando la responsabilidad por el descuido no ha sido solo de ellas, sino también de todos nosotros. Por tanto, a seguir cuidándonos y a insistir en una política intensa de prevención.  

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El gran cambio en Perú

Los gobiernos de izquierda y progresistas de la región han sido los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo.

Por La Razón

/ 30 de julio de 2021 / 01:13

El miércoles 28, día del bicentenario de la independencia del Perú, juró a la presidencia de ese país el maestro rural Pedro Castillo, vencedor de una elección con segunda vuelta y prolongada polémica por los resultados; y en la posesión, en la sede del Congreso peruano, confirmó su intención de realizar una Constituyente. Aunque de izquierdas, su programa tiene algo de conservador.

Luego de varias semanas de incertidumbre causada por la impugnación de los resultados, hecha por Keiko Fujimori, la perdidosa candidata de derecha e hija del expresidente encarcelado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori, finalmente la Junta Nacional Electoral de ese país allanó el camino a la posesión desestimando las denuncias de fraude por carecer de fundamento, en un proceso que hizo imposible no ver similitudes con lo sucedido en Bolivia en octubre de 2019.

Luego de la posesión, los medios de comunicación del continente y las agencias de noticias se llenaron de notas y artículos relievando el origen campesino del nuevo mandatario peruano, su notable carrera como profesor rural y líder de una movilización, hace cuatro años, en defensa de los derechos adquiridos por su gremio y, sobre todo, el anuncio de que cumplirá su promesa electoral de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar el texto que reemplazará la actual Constitución de ese país, promulgada en 1993 por Fujimori.

Han sido los gobiernos de izquierda y progresistas de la región los que más entusiasmo han mostrado por la elección de Castillo, y no pocos medios han señalado el nuevo “giro a la izquierda” que se estaría produciendo luego de un desastroso periodo de gobiernos derechistas en Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, destacando el hecho que por primera vez en su historia Perú tiene un “Presidente pobre”, como señaló un comentarista en los medios de ese país.

Sin embargo, del discurso de posesión es posible extraer indicios de que el nuevo Presidente planea ejecutar reformas que pongan límites al neoliberalismo que ha caracterizado al Perú durante las últimas décadas, pero también de fuerte conservadurismo social. “No más pobres en un país rico”, repitió durante su campaña, y ese parece ser su principal propósito, que se lograría con “cambios, no parches o reformas”. Pero también usó en su dicurso inaugural citas bíblicas para justificar su rechazo al aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia; asimismo, ha planteado restablecer la pena de muerte para combatir la inseguridad.

Es previsible que el nuevo mandatario peruano afrontará infinidad de obstáculos que le pondrá la oposición, mayoritaria en el Congreso, tanto como las instituciones del capitalismo nacional y transnacional, que de seguro mucho han aprendido acerca de lidiar con gobiernos progresistas en las últimas dos décadas. Por ello es de desear que esta transformación radical que se promete en Perú no quede en promesas ni se extravíe en el camino.   

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Sustituir a la OEA

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región.

Por La Razón

/ 28 de julio de 2021 / 02:21

En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en un discurso en ocasión de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por un nuevo horizonte de integración, empezando por la sustitución de la OEA. La propuesta fue respaldada por el presidente boliviano, Luis Arce.

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región: “construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades”. Claro que la propuesta no es solo de unidad latinoamericana, sino de interpelación al papel hegemónico e intervencionista de Estados Unidos durante los últimos dos siglos. “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”.

En ese espíritu de integración, que encuentra en la CELAC un espejo promisorio, el presidente mexicano propuso de manera categórica que no debe descartarse la sustitución de la OEA. Es un cambio drástico. La OEA fue creada hace más de siete décadas, en 1948, con la suscripción de su Carta constitutiva. Su objetivo declarado por los Estados miembros es “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

La propuesta de sustituir a la OEA por otro organismo regional plantea dos interrogantes. La primera es por qué es necesario tal desplazamiento. La segunda tiene que ver con cuál sería la naturaleza de la entidad que reemplace a la OEA. Es evidente que la posibilidad planteada por López Obrador responde al hecho de que, en esencia, en especial en el último tiempo, la Organización de los Estados Americanos sirve más a los intereses hegemónicos estadounidenses que a la integración en la región.

Con esa premisa, el nuevo organismo, en palabras del presidente de México, debiera ser “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Un organismo —añadió poco después el presidente de Bolivia, Luis Arce— “que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado”. La necesidad y el horizonte son inequívocos.

A reserva de la viabilidad de la propuesta de sustituir a la OEA, quizás hoy los Estados miembros, desde América Latina, debieran impulsar como primer paso un cambio de timón para devolver al organismo su espíritu original de convivencia. Para ello es imprescindible, lo menos, sustituir al actual secretario general, Luis Almagro, que desde su llegada en 2015 ha llevado a la deriva, de manera vergonzante, un modelo desde hace tiempo agotado, “que no tiene futuro, ni salida, (que) ya no beneficia a nadie”.

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Censo 2022

En varios gobiernos subnacionales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán.

Por La Razón

/ 26 de julio de 2021 / 00:44

Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.

Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.

Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.

Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.

Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.

Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.  

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Escaños ‘traidores’

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 23:25

A pocos días del Congreso del MAS-IPSP, convocado para el 4 de agosto luego de haberse postergado por la pandemia, el jefe del partido político oficialista, Evo Morales, anunció que se implementarán medidas “contra los traidores”. No es la primera vez que lo dice. Si bien la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) regula el transfugio político, no menciona la figura de “traición”.

Más allá de las evaluaciones y ajustes de cuentas que seguramente serán objeto del encuentro masista en su máxima instancia decisoria, lo sustantivo tiene que ver con la reforma de sus documentos constitutivos, en especial el estatuto orgánico, a fin de adecuarse a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas. Todas las organizaciones políticas deben hacerlo, por mandato legal, hasta el 31 de diciembre. Y en ello el MAS-IPSP lleva la delantera a los otros nueve partidos reconocidos en el país.

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna. Ello alcanza a la elección de sus dirigencias; la nominación de candidaturas, representaciones y delegaciones; la toma de decisiones orgánicas. Incluye asimismo la definición de derechos y deberes de los militantes. Y también el establecimiento de faltas y sanciones, que deben guardar proporcionalidad y ser tratadas en una instancia específica, como un Tribunal de Ética.

¿La adecuación a las disposiciones de la LOP incluye la sanción del transfugio político, que en el caso de los representantes electos puede significar quedarse sin curul? Al respecto, la ley establece con claridad que todos los puestos de representación obtenidos en una elección “corresponden a la organización política”. No es algo extraño en la legislación comparada. El problema son los criterios e instancias para determinar el transfugio de un representante y, en consecuencia, la pérdida de su escaño.

Hay tres causas legales para incurrir en transfugio político. La primera es cuando un representante electo asume una militancia distinta. La segunda es cuando declara públicamente su independencia respecto a la organización que lo postuló. Y la tercera es cuando asume una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o el programa de gobierno de la organización con la cual fue electo. Es verificable en los dos primeros casos y más bien subjetivo en el tercero.

En su estatuto orgánico, el MAS-IPSP establece que cualquier transfugio debe ser denunciado para recuperar el curul a favor del partido. Al parecer por ahí van las medidas disciplinarias anunciadas por Morales “para los traidores”. Si bien todos los partidos adoptan acciones orgánicas para cuidar la disciplina interna, es fundamental que no se confunda la normal y a veces necesaria diversidad de visiones dentro de una organización política, lo cual hace a su democracia interna, con disidencia o “traición”.

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