Opinión

Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 04:59 AM

Tres días decisivos

Se constata que se descartó por anticipado el camino de la sucesión constitucional.

Por La Razón

/ 13 de junio de 2021 / 01:36

La declaración realizada el pasado 7 de junio por la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva, aporta información relevante acerca de los tres días decisivos en la coyuntura crítica de noviembre de 2019. Sin duda lo más relevante es que la crisis se gestionó por fuera de la institucionalidad democrática, con participación de la fuerza pública.

Áñez está acusada por varios delitos asociados a su autoproclamación como presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Según el proceso tramitado en el Ministerio Público, Áñez y otros imputados están provisionalmente vinculados a seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. No es poco.

La denuncia, tramitada por la vía ordinaria, se asienta en el relato —rechazado por las oposiciones— según el cual las acciones que derivaron en el derrocamiento de Morales y el posterior régimen transitorio son producto de un “golpe de Estado”. Hay otras cinco denuncias: una desestimada, tres en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una en trámite, sobre cuestiones referidas al ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual siguen el curso previsto para juicio de responsabilidades.

¿Qué dijo Áñez en su declaración ante el Ministerio Público? En algunos aspectos se trata de información confirmatoria de hechos conocidos, en otros hay revelaciones. Así, se reafirma que la gestión y desenlace de la crisis siguió un espacio y un camino extrainstitucional. Como es de conocimiento público, al amparo de jerarcas de la Iglesia Católica y del exembajador de la Unión Europea en Bolivia, algunos actores políticos de la oposición trazaron y viabilizaron el camino de la “transición”.

Las revelaciones de la exsenadora y expresidenta muestran también que su autoproclamación como presidenta ya fue decidida en la Universidad Católica el día de la renuncia de Morales. Y la llamaron para ofrecerle el cargo. Para el efecto, a su arribo a La Paz el 11 de noviembre, se dispuso de helicópteros de la Fuerza Aérea, espacios en el Colegio Militar, espacios en la Academia de Policías y hasta vehículos diplomáticos. Fue decisiva la reunión de Áñez con el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Sin duda la revelación más comprometedora en el caso es la constatación de que se descartó por anticipado el camino de sucesión constitucional, por el cual la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, debió asumir el cargo de presidenta del Estado. En ello la palabra del perdedor de las elecciones, Carlos Mesa, habría sido determinante. Y se procedió a la toma del poder sin leer las renuncias de los exmandatarios, sin quórum, sin mandato legal, en fin, cerca de la Biblia, lejos de la Constitución Política.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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Divisiones y primarias

Por La Razón

/ 10 de marzo de 2024 / 00:45

El paisaje actual del campo político boliviano se caracteriza por la división en el MASIPSP y la fragmentación de la oposición, con algunos actores irrelevantes. Son evidentes también las disputas internas en Comunidad Ciudadana y Creemos. En tal escenario, las estrategias y el debate político se orientan hoy hacia las elecciones primarias. El factor tiempo importa.

La accidentada aprobación de seis créditos en la Cámara de Diputados produjo, entre otros efectos, una división en Comunidad Ciudadana, que ya había tenido disidencias y expulsiones. Hoy la alianza cuenta con dos bancadas: una oficial del mesismo y otra alternativa “de dignidad”. Ello limita su peso en la Asamblea Legislativa. Algo similar ocurre en la alianza Creemos, también dividida entre leales al camachismo y adscritos a otras filiaciones e intereses. Se consolida así la debilidad opositora.

La disputa interna en el MAS-IPSP es más crítica. En rigor, se trata ya de una fractura entre dos facciones: la arcista y la evista. El núcleo del desencuentro es la candidatura presidencial para las próximas elecciones. Este quiebre en el partido- instrumento político, que gobernó el país en solitario desde 2006, se ha extendido a las organizaciones sociales que componen el llamado Pacto de Unidad. Hoy la pugna está concentrada en la renovación de directiva en un nuevo congreso orgánico.

A ello se suma la marginalidad de otras fuerzas políticas de la oposición, así como su dispersión expresada en una docena de potenciales candidatos presidenciales en los comicios 2025, muy lejos del discurso de unidad y, peor, de una candidatura única. En ese contexto, el cálculo estratégico parece concentrarse en las elecciones primarias que debieran realizarse a fin de año. CC propuso una reforma normativa para que las primarias sean abiertas a la ciudadanía y se convoquen lo más tarde posible.

La cuestión fundamental, plena de incertidumbre, es si las elecciones primarias (sean cerradas a la militancia o sean abiertas a cualquier votante) resolverán la división interna en el MAS-IPSP y la fragmentación opositora. ¿Los dos candidatos masistas, a estas alturas, competirán en primarias? ¿Quién se quedará finalmente con el partido? ¿El montón de aspirantes presidenciales de la oposición se medirá en primarias para seleccionar un solo candidato? ¿Con qué sigla? ¿Y cuál programa de gobierno?

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Como sea, los tiempos políticos presionan para tomar decisiones. Hasta mayo, siete de los 11 partidos políticos vigentes deben adecuar estatutos y/o renovar directivas. Cualquier cambio en las reglas para las primarias debiera aprobarse hasta septiembre. Hay respaldo opositor a las primarias abiertas, pero no está claro si habrá mayoría en la ALP para aprobarlas. Cuenta también la situación institucional para administrar el próximo ciclo electoral. Es un momento decisorio para la política y las elecciones en el país.

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Cambios en el gabinete

Un mensaje para el resto de las oposiciones, que muestra al Presidente tomando decisiones y ejecutándolas

Por La Razón

/ 7 de marzo de 2024 / 06:09

El martes último, de manera inesperada, el presidente Luis Arce cambió a cinco de sus ministros, un gesto que previsiblemente mereció aplausos de sus áulicos y amargas críticas de sus opositores. Sin embargo, al margen de la retórica política, hubo quien observó un interés en enviar señales tanto hacia adentro del Gobierno como hacia la sociedad y hacia sus adversarios políticos.

Se trata de nuevas autoridades para los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, Minería, Educación, y Culturas. Cuatro varones y una mujer, todos ellos con experiencia en la gestión pública y activa participación o en las organizaciones sociales que sustentan al Movimiento Al Socialismo o en el mismo partido.

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El primero de ellos, Santos Condori, titular de Desarrollo Rural y Tierras, es exconcejal del municipio de Laja, La Paz. En Medio Ambiente y Agua la nueva autoridad es Humberto Alan Lisperguer, biólogo de profesión y exsecretario de la Madre Tierra en la Gobernación de Cochabamba. En Minería, el nuevo ministro es un expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos.

El Ministerio de Educación ahora está en manos de Omar Véliz, exgobernador interino y exasambleísta departamental en Potosí, maestro de formación. Finalmente, Culturas, Descolonización y Despatriarcalización está en manos de Esperanza Guevara, trabajadora social de formación, miembro de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” y exdiputada uninominal suplente.

Apenas conocida la noticia del cambio de gabinete, las fuerzas opositoras al Gobierno se pronunciaron a través de sus portavoces. El ala evista del MAS calificó de “tardía” y “cosmética” la decisión presidencial, en alusión al mandato del Cabildo de El Alto, que instruyó al primer mandatario incorporar en el gabinete a representantes de los movimientos sociales. Analistas y comentaristas coincidieron en señalar que, por un lado, hay un mensaje al ala evista contenido en el desplazamiento de sus representantes y, por otro, un mensaje para el resto de las oposiciones, que muestra al Presidente tomando decisiones y ejecutándolas.

Desde el ala opositora también menudearon los comentarios y reacciones, muchos de ellos teñidos de racismo, expresado en diversas formas de descalificación de los nuevos ministros, incluyendo el hecho de ser “aymara”, como en el caso de los mensajes que publicó el exgobernador de Santa Cruz. Habrá que ver si la nueva ministra de Culturas tiene en su agenda aplicar la Ley 45, que desde su promulgación en 2010 ha servido para amenazar a opositores, pero no para frenar el racismo.

El solo cambio, o los antecedentes de las nuevas autoridades, sirve poco para evaluarles, pero sí sirve para recordarles que son muchas y muy grandes las expectativas en su desempeño, un poco pensando en los comicios de 2025, pero mucho más en sentido de tener una gestión gubernamental eficaz y confiable, atributos a veces difíciles de encontrar.

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La misma piedra

Por La Razón

/ 3 de marzo de 2024 / 00:42

En una sesión nuevamente bochornosa, la Cámara de Diputados, con mayoría circunstancial del arcismo, aprobó seis de los siete créditos que estaban en agenda. Quedaron diferidos en tanto los dos proyectos de ley sobre la autoprórroga de magistrados. Y, una vez más, la oposición se quebró. El saldo es la pérdida de legitimidad de la Asamblea y de todas las fuerzas políticas.

Hay una frase ampliamente conocida que retrata bien lo que ocurrió este tiempo en Diputados: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. En tres ocasiones consecutivas, el oficialismo convocó a sesiones para aprobar los proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica”. Lo hizo sin acuerdo previo y con disputa sobre el orden del día. La oposición y la bancada evista, por su parte, condicionaron todo al cese de los magistrados autoprorrogados.

Hacer lo mismo, está visto, produce siempre los mismos resultados. La primera sesión, la segunda y la tercera fueron igualmente vergonzosas e improductivas. Las diferencias sobre la agenda legislativa, normales en democracia, derivaron en escenas de violencia, agresiones, insultos, tomas de testera, empujones, golpes. Fueron necesarios varios cuartos intermedios para regresar… a lo mismo. La apuesta por la imposición con ausencia de debate y sin ninguna voluntad de acuerdo conduce a la parálisis.

Seguramente el oficialismo celebrará que, al final del día, haya logrado mayoría en la Cámara para la aprobación de los créditos. Es una victoria pírrica. Dichos créditos pudieron ser aprobados como resultado de un acuerdo político más amplio. Pero se optó por la amenaza, la presión y, finalmente, la cooptación de asambleístas de oposición, hoy acusados temerariamente por los suyos como “tránsfugas” y cosas peores. Ahí están los créditos aprobados, pero la derrota estratégica en pérdida de legitimidad permanece.

En la otra vereda, los opositores en especial, así como los evistas, también perdieron. Primero porque, pese a sus acciones desesperadas por impedir o al menos malograr las sesiones, no lograron su propósito de frenar los créditos. Segundo porque, como ocurrió en ocasiones anteriores, terminaron con disidencias y quiebre. Y tercero porque su resistencia testimonial, en algún caso de cara a las redes sociales, no los libera del desgaste y de la condena ciudadana, agotada del espectáculo.

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Hoy tenemos un órgano legislativo con bajo nivel de credibilidad y alta desconfianza, sin agenda clara y persistente lógica de imposición y bloqueo. Quedan también tres organizaciones políticas magulladas y divididas. Y está como saldo un gobierno débil y una oposición intrascendente. En tal escenario, lo más riesgoso es la sensación de hastío en la población, más bien preocupada en sus condiciones de vida que en las peleas de los políticos. Si la ALP sigue tropezando con la misma piedra, terminará por caer.

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