Opinión

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 12:21

El factor Mesa

Seguro brindará información relevante al respecto en su declaración como testigo en el proceso penal.

Por La Razón

/ 16 de junio de 2021 / 01:24

La declaración ante la Fiscalía de la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, así como otras versiones que se van difundiendo, como la de la jerarquía de la Iglesia Católica, permiten reconstruir el tablero de acciones y actores de los hechos de noviembre de 2019. Se está discutiendo el protagonismo del excandidato y hoy jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Diego Mesa.

Denuncias penales, declaraciones de imputados y testigos, memorias, reportes de prensa, entrevistas periodísticas, diversos comunicados, en fin, proveen información y plantean diferentes miradas e interpretaciones sobre la coyuntura crítica que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la sucesión del 12 de noviembre de 2019, cuya legalidad y constitucionalidad están en cuestión. La evidencia muestra que la gestión de la “transición” fue extrainstitucional, incluidos actores externos.

En los últimos días, la disputa política sobre el tema apunta al papel que tuvo, en diferentes momentos de la crisis, el excandidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Se recuerda al respecto que Mesa, derrotado en las elecciones generales 2019 —a la postre declaradas sin efecto legal—, se apresuró a declarar, la misma noche de la votación, que había segunda vuelta. Al día siguiente, sobre la base de resultados preliminares y no oficiales, proclamó “fraude escandaloso”.

Durante los 21 días de paro y movilizaciones urbanas que siguieron a los comicios, con centro decisorio en los cabildos realizados en el Cristo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el actor político Mesa tuvo intervenciones episódicas. Y su discurso fue mutando a tenor de las consignas del entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho. Así, del planteamiento de segunda vuelta electoral, Mesa pasó a la demanda de anulación de las elecciones y, luego, la exigencia de renuncia de Evo Morales.

Más allá de acciones deplorables asociadas a la coyuntura crítica, que se inauguraron con la quema de cinco tribunales electorales departamentales, fueron decisivos los días posteriores a las renuncias del presidente y vicepresidente el 10 de noviembre. Hay diferentes datos e interpretaciones sobre la sucesión presidencial, que correspondía a la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Mesa fue tajante al cerrar esa opción: “Nadie que sea militante del MAS puede continuar ese proceso político”.

En tal contexto de “vacío de poder”, se produjeron las opacas reuniones en la Universidad Católica. Allí, algunos operadores políticos, cívicos y eclesiásticos de oposición trazaron y ejecutaron el plan para la autoproclamación de Áñez. Uno de los principales actores en aquel momento, dada su condición de excandidato, fue precisamente Carlos Mesa. Seguramente brindará información relevante al respecto en su declaración como testigo en el proceso penal en curso contra la exsenadora y otros implicados.

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Sustituir a la OEA

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región.

Por La Razón

/ 28 de julio de 2021 / 02:21

En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en un discurso en ocasión de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por un nuevo horizonte de integración, empezando por la sustitución de la OEA. La propuesta fue respaldada por el presidente boliviano, Luis Arce.

El mensaje de López Obrador tiene que ver con un propósito integracionista de amplio alcance en la región: “construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades”. Claro que la propuesta no es solo de unidad latinoamericana, sino de interpelación al papel hegemónico e intervencionista de Estados Unidos durante los últimos dos siglos. “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”.

En ese espíritu de integración, que encuentra en la CELAC un espejo promisorio, el presidente mexicano propuso de manera categórica que no debe descartarse la sustitución de la OEA. Es un cambio drástico. La OEA fue creada hace más de siete décadas, en 1948, con la suscripción de su Carta constitutiva. Su objetivo declarado por los Estados miembros es “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

La propuesta de sustituir a la OEA por otro organismo regional plantea dos interrogantes. La primera es por qué es necesario tal desplazamiento. La segunda tiene que ver con cuál sería la naturaleza de la entidad que reemplace a la OEA. Es evidente que la posibilidad planteada por López Obrador responde al hecho de que, en esencia, en especial en el último tiempo, la Organización de los Estados Americanos sirve más a los intereses hegemónicos estadounidenses que a la integración en la región.

Con esa premisa, el nuevo organismo, en palabras del presidente de México, debiera ser “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Un organismo —añadió poco después el presidente de Bolivia, Luis Arce— “que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado”. La necesidad y el horizonte son inequívocos.

A reserva de la viabilidad de la propuesta de sustituir a la OEA, quizás hoy los Estados miembros, desde América Latina, debieran impulsar como primer paso un cambio de timón para devolver al organismo su espíritu original de convivencia. Para ello es imprescindible, lo menos, sustituir al actual secretario general, Luis Almagro, que desde su llegada en 2015 ha llevado a la deriva, de manera vergonzante, un modelo desde hace tiempo agotado, “que no tiene futuro, ni salida, (que) ya no beneficia a nadie”.

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Censo 2022

En varios gobiernos subnacionales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán.

Por La Razón

/ 26 de julio de 2021 / 00:44

Días atrás, el Gobierno aprobó un decreto supremo que declara prioridad la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estableciendo que el megaoperativo de conteo de población será el 16 de noviembre. En varios gobiernos municipales y departamentales ya sacaron la calculadora para saber cuánto dinero extra recibirán o cuántos nuevos diputados les representarán.

Fue meses atrás, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que los trabajos preparatorios para el censo estaban retrasados y que el operativo no podría realizarse antes de 2024, que se encendieron las alarmas en algunos departamentos; el principal fue Santa Cruz, donde el Comité Cívico, convertido en una suerte de poder paralelo a la Asamblea Legislativa Departamental, realizó sus habituales amenazas contra el Gobierno y, de ser necesario, contra la democracia.

Pero no fueron los únicos, en La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra también hacen sumas y restas para saber qué pueden ganar esas ciudades. Tras conocerse la determinación del Gobierno, la Alcaldesa alteña anunció que el nuevo censo permitirá saber cuántas personas viven en su ciudad y mejorar, junto con los ingresos, la oferta se servicios públicos; el Alcalde cruceño hizo declaraciones idénticas y el de La Paz no se quedó atrás.

Estos tres alcaldes, y seguramente muchos otros en todo el país, han decidido apostar su estabilidad y sus promesas de desarrollo urbano y humano a la realización de un evento dentro de un año y cuatro meses, cuyos resultados todavía tardarán en conocerse luego del operativo y que apenas si proporcionarán bases para comenzar a discutir la reasignación de diputaciones y, sobre todo, la coparticipación tributaria, suerte de santo grial para los gobiernos municipales aquejados por la crisis.

Olvidan sin embargo quienes están realizando cálculos para adivinar el ingreso extra que les correspondería, que el censo y los resultados que arroje sirven para mucho más que plantear ajustes excluyentes en la representación parlamentaria o llenar las arcas públicas: sirve para diseñar, ajustar e implementar toda clase de políticas públicas ya no sobre la base de buenas intenciones o promesas demagógicas, sino sobre un conocimiento más apropiado del número de habitantes del país y, sobre todo, de las condiciones en que viven.

Hay, pues, un reto enorme detrás del anuncio de la realización del Censo 2022; no se trata tanto de organizar el trabajo de levantamiento de datos, la tarea más difícil de la fase preparatoria, sino sobre todo de crear las condiciones para que el necesario debate nacional sobre la distribución de recursos no caiga en posiciones maximalistas, mutuamente excluyentes y basadas en cálculos de suma cero. La clase política boliviana ha dado numerosas muestras de su incapacidad para imaginar un país más incluyente, por lo que tocará a la sociedad civil aportar en esa dirección; ojalá sea posible.  

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Escaños ‘traidores’

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 23:25

A pocos días del Congreso del MAS-IPSP, convocado para el 4 de agosto luego de haberse postergado por la pandemia, el jefe del partido político oficialista, Evo Morales, anunció que se implementarán medidas “contra los traidores”. No es la primera vez que lo dice. Si bien la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) regula el transfugio político, no menciona la figura de “traición”.

Más allá de las evaluaciones y ajustes de cuentas que seguramente serán objeto del encuentro masista en su máxima instancia decisoria, lo sustantivo tiene que ver con la reforma de sus documentos constitutivos, en especial el estatuto orgánico, a fin de adecuarse a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas. Todas las organizaciones políticas deben hacerlo, por mandato legal, hasta el 31 de diciembre. Y en ello el MAS-IPSP lleva la delantera a los otros nueve partidos reconocidos en el país.

El reto principal de la adecuación estatutaria es la adopción de mecanismos democráticos y paritarios en la estructura interna. Ello alcanza a la elección de sus dirigencias; la nominación de candidaturas, representaciones y delegaciones; la toma de decisiones orgánicas. Incluye asimismo la definición de derechos y deberes de los militantes. Y también el establecimiento de faltas y sanciones, que deben guardar proporcionalidad y ser tratadas en una instancia específica, como un Tribunal de Ética.

¿La adecuación a las disposiciones de la LOP incluye la sanción del transfugio político, que en el caso de los representantes electos puede significar quedarse sin curul? Al respecto, la ley establece con claridad que todos los puestos de representación obtenidos en una elección “corresponden a la organización política”. No es algo extraño en la legislación comparada. El problema son los criterios e instancias para determinar el transfugio de un representante y, en consecuencia, la pérdida de su escaño.

Hay tres causas legales para incurrir en transfugio político. La primera es cuando un representante electo asume una militancia distinta. La segunda es cuando declara públicamente su independencia respecto a la organización que lo postuló. Y la tercera es cuando asume una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o el programa de gobierno de la organización con la cual fue electo. Es verificable en los dos primeros casos y más bien subjetivo en el tercero.

En su estatuto orgánico, el MAS-IPSP establece que cualquier transfugio debe ser denunciado para recuperar el curul a favor del partido. Al parecer por ahí van las medidas disciplinarias anunciadas por Morales “para los traidores”. Si bien todos los partidos adoptan acciones orgánicas para cuidar la disciplina interna, es fundamental que no se confunda la normal y a veces necesaria diversidad de visiones dentro de una organización política, lo cual hace a su democracia interna, con disidencia o “traición”.

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Nueva política de tierra

El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2021 / 01:35

La cuestión de la tierra está generando nuevamente conflictos políticos, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un error enfrentar estos problemas sin considerar los importantes cambios en la estructura de la tenencia y la seguridad jurídica de la tierra que ya se han producido en el país en los últimos años. Hay un nuevo escenario al cual se debe responder con ideas renovadas.

A veces hay conflictos recurrentes que dan la impresión de que nada habría cambiado en el país. Los conflictos por la tierra podrían caer en esa categoría. En las últimas semanas, se ha desatado una aguda controversia entre el oficialismo y las fuerzas que apoyan al gobernador de Santa Cruz en torno a esa cuestión. Se habla de avasallamientos o de ausencia de seguridad jurídica, por un lado, mientras en el otro se llama a una férrea defensa de la política de redistribución de la tierra. Discursos que se parecen a los que se escuchaban allá por 2000 o en los años del conflicto autonómico de 2007-2008.

Sin embargo, este zafarrancho se produce en un contexto profundamente transformado por más de 10 años de aplicación de una política de saneamiento de tierras que ha logrado avances innegables: en 2008 faltaba sanear casi el 70% de la tierra en Santa Cruz, hoy en día solo falta titular el 10% en esa región. A nivel nacional, la superficie saneada y titulada sería del 87%.

Por otra parte, los datos contradicen la idea de que ese proceso habría sido injusto: el 28% de las tierras fueron atribuidas a campesinos e interculturales, el 27% a comunidades indígenas, el 15% a empresarios medianos y el 30% serían tierras fiscales. No únicamente se ha beneficiado a sectores tradicionalmente olvidados por el Estado, sino que también se ha dado seguridad jurídica al sector agroempresarial que obtuvo títulos por cerca de 13,6 millones de hectáreas. Es decir, las razones objetivas de los conflictos en ese sector se han reducido gracias a una acción institucional y pacífica que ha favorecido, dentro de lo que cabe, a todos los sectores.

Por supuesto, eso no quiere decir que no hay problemas. El porcentaje de tierra que falta sanear es posiblemente la que presenta mayores conflictos. Pero, dado su reducido número y su focalización en ciertas zonas, la respuesta parece tener que ver más con reforzar la capacidad institucional del INRA y de las instituciones locales para resolver las controversias caso por caso, en terreno, que con grandes gesticulaciones y discursos políticos.

Los verdaderos desafíos de largo plazo en este ámbito están por otro lado: en mecanismos para garantizar un uso sostenible de esas tierras por productores y comunidades, en el establecimiento de modernos sistemas de catastro o en la ineludible tarea de repensar a partir de esa nueva realidad el ordenamiento territorial de grandes zonas del país.   

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Bolivia (no) Verifica

Preocupa que Bolivia Verifica se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es ‘falsa’.

Por La Razón

/ 23 de julio de 2021 / 01:28

A reserva de cómo evolucionen las investigaciones acerca del material antidisturbios que llegó al país desde Argentina un día después de la autoproclamación presidencial de Áñez, hay la necesidad de un debate sustantivo sobre la veracidad (o falsedad) de los hechos y sus evidencias. En ello, la plataforma Bolivia Verifica cometió un error lamentable que lastima su credibilidad.

En conferencia de prensa, el canciller Rogelio Mayta difundió una carta, de fecha 13 de noviembre, en la que el comandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros agradece al embajador argentino en Bolivia por el envío de “material bélico de agentes químicos” (sic). Y acusa recibo. Para entonces, junto con el Alto Mando, Terceros había puesto su cargo a disposición de Áñez. La carta tiene sello de recepción del 15 de noviembre. Con esa carta, Mayta acusó al gobierno de Macri de haber apoyado la represión.

Mayta hizo pública una carta sin haber contrastado previamente información para verificar su autenticidad. Es un acto de ligereza estatal. Ahora sabemos, ex post, que la carta de marras consta en los archivos de la Fuerza Aérea Boliviana, hay confirmación del diplomático argentino que la recibió y que las armas en efecto llegaron al país. Al respecto, hay una denuncia formal en Argentina contra Macri y los suyos. Del otro lado está el abogado defensor de Terceros, asegurando que la carta es apócrifa.

Más allá del debate político, la precocidad del Canciller y el oportunismo del abogado defensor, preocupa que un muy valioso medio digital como Bolivia Verifica, creado hace más de dos años para verificar noticias y “luchar contra la desinformación”, se haya apresurado a declarar que la carta del general Terceros es “falsa”. La evidencia para esa calificación es tan endeble (el abogado como fuente principal) que la propia Bolivia Verifica tuvo el buen tino de rectificar y “retirar la categoría de falso”.

El problema son los efectos, en especial dos de ellos. El primero es que con el aval de Bolivia Verifica, que en general hace un gran y apreciable trabajo, los operadores mediáticos de la oposición asumieron como “verdad” que la carta es “falsa”. Y lo difundieron ampliamente. No ocurrió lo mismo con la rectificación, asumida tímidamente por esos mismos medios. Es decir, se aprovechó el error de verificación para manejar políticamente la agenda informativa en la disputa de relatos que hoy polarizan el país.

El otro efecto tiene que ver con Bolivia Verifica. El precoz veredicto, sin suficiente contrastación de fuentes, en un asunto sensible y altamente politizado como la carta, tiene un costo en credibilidad. De ahí la interrogante, más allá de versiones interesadas sobre filiación política y fuentes de financiamiento de la plataforma, sobre quién verifica el trabajo de los verificadores de noticias falsas. Ojalá este excepcional traspié contribuya a cuidar la calidad del trabajo periodístico y sus verificaciones.

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